El Gobierno nacional disolvió el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y redistribuyó sus funciones entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Ministerio de Salud, según lo establecido por el Decreto N° 697/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida consolida en un único organismo operativo la fiscalización de alimentos en todo el territorio y elimina décadas de superposición institucional entre el INAL, que funcionaba bajo la órbita de la ANMAT, y el SENASA.

La reforma es la más profunda en materia de control alimentario desde la creación del propio INAL y se enmarca en la política de desregulación y simplificación administrativa del gobierno de Javier Milei. Para el oficialismo, la reorganización elimina burocracia redundante; para una mirada crítica, la pregunta central es si la concentración de funciones en el SENASA, un organismo históricamente orientado a la producción agropecuaria, puede garantizar con la misma eficacia la protección de la salud de los consumidores finales que era el núcleo de la misión del INAL.

SENASA, árbitro único del control alimentario

El decreto le transfiere al SENASA las competencias de registro, control y fiscalización de alimentos que hasta ahora correspondían al INAL, incluyendo la supervisión de importaciones de productos alimenticios. El organismo también quedó facultado para autorizar y supervisar establecimientos oficiales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que verifiquen normas del Código Alimentario Argentino. Se estableció, además, una Base Única de Datos a cargo del SENASA para centralizar los registros de productos y habilitaciones, con el objetivo declarado de reducir tiempos y costos administrativos para las empresas.

Un punto de peso es el reconocimiento por equivalencia de certificaciones de aditivos e ingredientes emitidas por países que aplican el Codex Alimentarius. Esta cláusula agiliza el ingreso de productos ya aprobados en el exterior y reduce la cantidad de evaluaciones técnicas locales requeridas. Para el sector exportador, el decreto también simplifica las certificaciones, estableciendo que los productos deben cumplir los requisitos del país de destino y que las certificaciones serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional.

Salud define la política; SENASA la ejecuta

El Ministerio de Salud no queda vacío de rol, pero sí de funciones operativas. Según el decreto, la cartera sanitaria absorbe dentro de su estructura central las funciones de definición de política alimentaria que ejercía el INAL, con foco en la evidencia científica sobre composición de alimentos. La primera prioridad anunciada es avanzar en la eliminación de colorantes y saborizantes de los alimentos procesados, en línea con estándares internacionales de alimentación saludable.

El esquema propuesto por el Ejecutivo supone que ambas funciones son complementarias y no redundantes: mientras el SENASA fiscaliza que los alimentos cumplan la normativa vigente, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura definen qué debe establecer esa normativa a través del Código Alimentario Argentino. En la práctica, la coordinación entre ambas carteras será el factor determinante del éxito o el fracaso del modelo.

El Código Alimentario, con plazo de actualización por primera vez

Otro cambio relevante que introduce el decreto es la fijación de un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el Código Alimentario Argentino. Se trata de la primera vez que se establece un tope temporal para las modificaciones de esa normativa, que históricamente acumuló demoras de meses o años para incorporar nuevas regulaciones sobre ingredientes, aditivos y estándares de calidad. El Gobierno lo presentó como una medida de previsibilidad y transparencia.

Una reorganización con lógica de mercado

La disolución del INAL se inscribe en el proceso de desregulación que el gobierno de Milei viene ejecutando desde diciembre de 2023, con la eliminación o fusión de organismos de control en distintas áreas. El INAL tenía su razón de ser en la articulación entre la regulación sanitaria y la fiscalización de alimentos para consumo humano; su absorción por el SENASA, que históricamente tuvo su núcleo de acción en la producción primaria y la cadena agroexportadora, implica una reconfiguración del centro de gravedad institucional del sistema.

La medida también modifica el régimen de importaciones para Pequeños Envíos, estableciendo que los envíos de hasta 50 kilogramos y 3.000 dólares de valor FOB para consumo personal quedan exceptuados, entre otras intervenciones, de las normas del INAL. Un detalle que, en el contexto de la disolución del organismo, deviene en un ajuste de nomenclatura con consecuencias regulatorias concretas para el comercio electrónico transfronterizo.

Puntos clave

• El Decreto N° 697/2026 disolvió el INAL y transfirió sus funciones al SENASA y al Ministerio de Salud.
• El SENASA concentra el registro, control, fiscalización e importaciones de alimentos; el Ministerio de Salud define la política alimentaria.
• Se estableció por primera vez un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el Código Alimentario Argentino.
• Se reconocen por equivalencia las certificaciones de países que aplican el Codex Alimentarius, agilizando importaciones.
• La primera agenda sanitaria del Ministerio de Salud es la eliminación de colorantes y saborizantes de alimentos procesados.