Antes de que el Senado le pusiera límites, el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades impulsado por el ministro de Desregulación habilitaba compañías gestionadas íntegramente por inteligencia artificial, sin ningún empleado ni director humano, con participaciones en blockchain y con la posibilidad de dirimir conflictos bajo derecho extranjero. Un repaso por lo que el Gobierno quiso hacer y lo que el debate parlamentario comenzó a frenar.