Investigación 🔎
La causa ANDIS y la sombra de Karina: Spagnuolo rechazó el peritaje de su voz y Beller prepara su testimonio desde Bolivia
La Gendarmería Nacional comenzó este miércoles el análisis forense de los audios que comprometieron al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y al entorno del presidente Javier Milei. El ex funcionario se negó a comparecer para aportar un registro de su voz, en tanto los dichos de Nadia Beller desde Bolivia volvieron a instalar el nombre de la secretaria general de la Presidencia en el centro de la investigación.
La causa por sobreprecios y retornos millonarios en medicamentos e insumos para personas con discapacidad que tramita ante el juez federal Ariel Lijo entró en una nueva etapa este miércoles con el inicio del peritaje forense sobre los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. El estudio quedó a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional y se prevé que sus conclusiones estén disponibles en el transcurso de algunas semanas.
El reactivado tramo judicial llega en un momento de particular tensión para el expediente: la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, el ex asesor del presidente Javier Milei que ya desfiló por Comodoro Py como testigo en los albores del caso, y los dichos de Nadia Beller desde su cama de hospital mantienen encendida una punta del ovillo que apunta hacia la cima del poder.
Spagnuolo se niega: la voz que no se escuchará en el peritaje
Uno de los puntos del peritaje dispuesto por el juez Lijo tras un fallo de la Cámara Federal establecía la convocatoria de Spagnuolo para que aportara un registro de su voz, con el objetivo de verificar la autenticidad de las grabaciones que difundió el canal de streaming Carnaval y que desencadenaron el estallido público del caso. La defensa del ex funcionario, a cargo de los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, formalizó su negativa tiempo atrás, argumentando que presentarse podría equivaler a una autoincriminación.
Cerca de Spagnuolo confirmaron que, si la Gendarmería lo convocara para grabar su voz, el ex titular de ANDIS no se presentaría. La apelación de la defensa contra la negativa del juez Lijo a declarar nulo ese punto del peritaje aún espera resolución en la Sala II de la Cámara Federal. Ante esa circunstancia, los especialistas forenses se valdrán de fragmentos de entrevistas que Spagnuolo dio en distintos programas de streaming para realizar sus análisis comparativos.
En diciembre pasado, la defensa del ex funcionario presentó en el expediente un estudio privado que concluyó que los audios habían sido modificados. Fuentes judiciales con acceso a la causa anticiparon que la pericia oficial podría arribar a una conclusión similar, aunque subrayaron un dato central: los audios no fueron utilizados como prueba en el expediente ni formaron parte de los dictámenes acusatorios del fiscal Franco Picardi. Por esa razón, fuentes ligadas al expediente sostienen que el resultado del peritaje no modificará sustancialmente el rumbo de la investigación.
El esquema investigado: sobreprecios y retornos por 76.000 millones de pesos
Spagnuolo está procesado como presunto líder de una asociación ilícita, por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo. La hipótesis del fiscal Franco Picardi, construida en base a allanamientos, secuestros y análisis de dispositivos tecnológicos, indica que desde el inicio de la gestión de Javier Milei se montó en la ANDIS un esquema de sobreprecios y retornos millonarios mediante la simulación de competencia entre droguerías y empresas de insumos médicos en los procesos de adquisición de medicamentos e instrumental. El perjuicio al Estado fue calculado en 76.000 millones de pesos.
Los audios divulgados por Carnaval incluyeron referencias a droguerías que ajustaban porcentajes de retorno según instrucciones precisas. En uno de los tramos más resonantes, se mencionó que desde la droguería Suizo Argentina habrían indicado que «ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada», frase que los investigadores vincularon con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Las peritos de parte de la defensa de Spagnuolo y de los propietarios de Suizo Argentina, los hermanos Kovalivker, también participaron del peritaje que arrancó este miércoles, junto a representantes del Ministerio Público Fiscal.
Cerimedo desde Bolivia y los dichos de Beller que volvieron a sacudir la causa
La reactivación del peritaje ocurre en el marco de un escándalo de proporciones más amplias. Cerimedo, quien en su momento declaró en Comodoro Py desmintiendo haber sido quien grabó a Spagnuolo y ratificando que el ex titular de ANDIS le había referido detalles del esquema, está actualmente detenido en Bolivia bajo sospecha de haber instigado un ataque armado contra su ex pareja, Nadia Beller.
Beller, desde su cama de hospital tras recibir el alta médica, aportó datos que sacudieron nuevamente el expediente. En declaraciones a El Destape Radio, la activista boliviana afirmó que Cerimedo le reveló que Natalia Basil, ex pareja del consultor y ex funcionaria de ANDIS, fue quien denunció y filtró los audios. Y añadió la afirmación que más resonó en los pasillos de Comodoro Py: «me dijo que la corrupta era la hermana de Javier Milei». Sus dichos motivaron a la diputada nacional Marcela Pagano a presentar un pedido formal para que Beller sea citada como testigo, inclusive mediante videoconferencia desde Bolivia. Beller, a su vez, expresó públicamente su disposición a declarar.
La presentación de Pagano aún no fue respondida formalmente por el juez Lijo. Entre las defensas de los procesados existen lecturas dispares: quienes ven con expectativa la posible declaración de la activista boliviana y quienes advierten que sus dichos se apoyan en palabras de Cerimedo, quien ya prestó declaración. La gran incógnita que abre una eventual comparecencia de Beller es si sus testimonios podrían constituir la puerta de entrada para profundizar la investigación sobre posibles responsabilidades en la cúpula de la Casa Rosada.
Un expediente que no para de crecer
La causa ANDIS no es un caso aislado en el mapa de la corrupción investigada bajo la gestión libertaria. El juez Lijo también tiene sobre su escritorio las ramificaciones que vinculan a Spagnuolo con el entorno de Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete, cuyo patrimonio es objeto de una investigación paralela por enriquecimiento ilícito que ya supera los 840.000 dólares declarados bajo sospecha. Los nexos entre la ANDIS, la Televisión Pública y productoras vinculadas a colaboradores cercanos del Gobierno forman parte de un tejido que los investigadores todavía están desenredando.
El peritaje iniciado este miércoles no modificará la situación procesal de Spagnuolo, que sigue procesado con prisión preventiva, pero sí puede redefinir la narrativa que la defensa intentó construir en torno a los audios. Lo que el expediente deja en claro, más allá del resultado técnico de las pericias, es que la causa ANDIS continúa siendo uno de los puntos de mayor presión judicial sobre el núcleo duro del poder libertario.
Puntos clave
- La Gendarmería Nacional inició este miércoles el peritaje forense sobre los audios atribuidos al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que se negó a aportar su voz para el estudio.
- El perjuicio al Estado calculado por el fiscal Franco Picardi asciende a 76.000 millones de pesos en medicamentos e insumos para personas con discapacidad.
- Los audios mencionan un retorno del 3% «directo a Rosada», frase que los investigadores vinculan con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
- Nadia Beller, ex pareja de Fernando Cerimedo, afirmó que el consultor le reveló que Karina Milei habría tenido participación en el esquema; la diputada Marcela Pagano pidió citarla como testigo.
- Fuentes judiciales sostienen que el resultado del peritaje no afectará los cargos contra Spagnuolo, ya que los audios no fueron utilizados como prueba en los dictámenes fiscales.
Investigación 🔎
Pagaron, pero no saben por qué ni cuándo: el papelón de los testigos de Techint en el caso Cuadernos
Héctor Zavaleta y Luis Betnaza declararon ante el Tribunal Oral Federal 7 y confirmaron pagos de casi un millón de dólares a Roberto Baratta, pero sus versiones se contradijeron entre sí, con sus propias declaraciones de 2018 como arrepentidos y con el testimonio de su colega Pablo Brizzio de la semana pasada. Un capítulo más en la fractura interna del expediente que desde su origen persiguió a Cristina Kirchner.
Lo que debía ser una jornada de ratificaciones terminó siendo una exhibición de contradicciones en cadena. Los exdirectivos del Grupo Techint Héctor Zavaleta y Luis Betnaza declararon este martes como testigos ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio por la causa Cuadernos, y aunque ambos confirmaron haber entregado en pesos el equivalente a casi un millón de dólares al exnúmero dos del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, las inconsistencias afloraron en cada tramo del debate.
Zavaleta: «Me bastaba la palabra de Luis para pagar»
Zavaleta declaró ante el tribunal que realizó seis entregas de dinero a Baratta entre junio y diciembre de 2008, cada una de entre 600.000 y 700.000 pesos, siguiendo instrucciones de Betnaza. Los encuentros, según relató, ocurrían en el estacionamiento del segundo subsuelo de la sede de Techint, un lugar elegido porque, según el propio testigo, «no había cámaras de seguridad». Las fechas que mencionó coinciden con las anotaciones del remisero Oscar Centeno en sus cuadernos.
Sin embargo, cuando se lo presionó sobre los motivos del pago, Zavaleta mostró una versión radicalmente distinta a la que había entregado en 2018 como imputado colaborador. En aquella ocasión había aludido a dichos de Betnaza sobre un «compromiso con el Gobierno» ante un peligro de corte de luz y gas en las plantas de SIDERAR y SIDERCA. Este martes, en cambio, sostuvo: «Yo no sabía por qué le estaba pagando a ese funcionario, sabía que era de nivel, el segundo de De Vido, pero no sabía por qué le estaba pagando, me bastaba la palabra de Luis para pagarle.»
Ante las contradicciones marcadas por las defensas, Zavaleta intentó desactivarlas con una frase que lo dejó más expuesto que cubierto: «Lo que puede pasar es que ahora, ocho años después, me olvide de algo.»
Betnaza y Venezuela: otra versión, otro relato
La declaración de Betnaza, en tanto, corrió por otro carril. El exdirector de Relaciones Institucionales de Techint sostuvo que el dinero entregado a Baratta buscaba «salvar» a los empleados de la empresa que permanecían en Venezuela tras la nacionalización de SIDOR dispuesta por Hugo Chávez en 2008. Es decir que, según su versión, la motivación era humanitaria y respondía a la situación de los trabajadores atrapados en el país caribeño.
El problema es que esa versión choca frontalmente con lo declarado apenas la semana pasada por otro directivo del grupo, Pablo Daniel Brizzio, quien bajo juramento afirmó que «los trabajadores argentinos que estaban en Sidor salieron sin problemas de Venezuela y nadie del gobierno de Cristina Kirchner les pidió dinero». Brizzio aportó además un dato demoledor desde el punto de vista cronológico: los pagos que figuran en los cuadernos de Oscar Centeno se realizaron entre agosto y diciembre de 2008, pero los empleados argentinos ya habían abandonado Venezuela en junio de ese año. Cuando, según la causa, se realizaron los pagos «humanitarios», los supuestos beneficiarios ya estaban de regreso en Argentina.
La defensa exigió el careo; el tribunal primero lo negó y luego cedió
La defensa de Baratta reclamó desde el inicio de la jornada que se confrontaran las declaraciones de los testigos con sus versiones anteriores como imputados colaboradores de 2018. El presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, rechazó el planteo en primera instancia. Pero después de más de una hora de cuarto intermedio, en el que intervinieron casi todas las defensas del juicio, el tribunal terminó cediendo y habilitó la confrontación. El resultado fue una cascada de inconsistencias que quedó expuesta ante la sala.
La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, integrante de las defensas, sintetizó la paradoja jurídica que genera esta situación: «Estamos en un caso inédito para la historia de la Justicia argentina y probablemente del mundo. Tenemos un imputado arrepentido que reconoce delitos y que queda sobreseído en esta misma causa. Pero esos mismos hechos que él declara como arrepentido se van a usar de cargo porque por esos hechos Baratta llega a este juicio. Inédito.»
El expediente que nació viciado y sigue fracturándose
El capítulo Techint dentro de la causa Cuadernos tiene una historia propia que ilumina las grietas del expediente. En 2018, Zavaleta y Betnaza declararon como imputados colaboradores, sin obligación de decir verdad, y reconocieron pagos de sobornos que habrían alcanzado el millón de dólares. En 2020, el juez Marcelo Martínez de Giorgi revocó sus procesamientos. En 2021, el juez Julián Ercolini los sobreseyó, junto al CEO Paolo Rocca, sosteniendo que los pagos existieron pero respondieron a un «estado de necesidad» vinculado a la emergencia de los trabajadores en Venezuela. Sin embargo, la causa prosiguió contra Baratta, quien fue procesado por recibir ese mismo dinero. La paradoja es tan evidente como incómoda para Comodoro Py: los que pagaron son inocentes, el que recibió es culpable.
Este juicio oral, que lleva años en el TOF7, se inició sobre la base de los cuadernos del remisero Oscar Centeno y de declaraciones de arrepentidos que, uno tras otro, han ido contradiciéndose o retractándose. Más de 27 imputados colaboradores ya se desdijeron de sus versiones originales, alegando haber declarado bajo coacción durante la instrucción conducida por el entonces juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. En ese contexto, cada nueva audiencia suma evidencia sobre las irregularidades de origen del expediente, mientras el principal blanco político de toda la causa, Cristina Fernández de Kirchner, sostiene desde el inicio que se trata de la operación de lawfare más feroz de la historia judicial argentina.
Puntos clave
- Zavaleta confirmó seis pagos a Baratta por casi un millón de dólares, pero cambió la justificación respecto a su declaración como arrepentido en 2018.
- Betnaza sostuvo que el dinero buscaba «salvar» a empleados en Venezuela, versión que contradice lo declarado por Brizzio la semana pasada.
- Brizzio afirmó bajo juramento que los trabajadores de SIDOR salieron de Venezuela en junio de 2008, dos meses antes de que comenzaran los pagos registrados en los cuadernos.
- El tribunal primero negó y luego aceptó confrontar las declaraciones actuales con las de 2018, lo que expuso las contradicciones ante la sala.
- La defensa calificó la situación como «inédita»: los que pagaron fueron sobreseídos, pero sus palabras siguen siendo usadas para acusar a quien recibió el dinero.
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