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Milei y Galperín se montaron en un operativo de un lobbista del PRO para escapar del debate sobre las tasas

Un ex asesor del macrismo que hoy trabaja para Mercado Libre difundió un informe que minimiza la mora de la fintech y desvía la atención de las tasas abusivas que cobra. Javier Milei y el propio Galperín lo viralizaron como si la publicación fuera ajena a sus intereses. Todo esto, mientras la empresa recibe decenas de millones de dólares en subsidios en Argentina y tributa casi cero en una zona franca de Uruguay.

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Subsidios, evasión y operaciones encubiertas: el modelo de negocios de Galperín que Milei protege con insultos.

En el marco del debate público sobre la mora récord que registran las familias argentinas que recurren al crédito de consumo para subsistir, el presidente Javier Milei y Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, protagonizaron una operación coordinada para descomprimir el escrutinio sobre las tasas de interés que cobra la empresa. El mecanismo fue el siguiente: Matías Fernández, un ex asesor del macrismo que hoy integra la consultora Pública, cliente de Mercado Libre, publicó un extenso hilo en la red social X titulado «Todo lo que querías saber de la mora (pero tenías miedo de preguntar)», en el que sostuvo que la mora de Mercado Pago es de apenas el 3% y ubicó el problema en los bancos tradicionales. El documento incluye un apartado que lo dice todo: «Mercado Pago es el mejor alumno, no el peor».

Horas después, Galperín calificó el análisis como «serio y bien hecho» y lo recomendó a sus seguidores. Milei, por su parte, lo usó para atacar a los periodistas que cubrieron el fenómeno de la mora: «Deja en evidencia la opereta. Esto muestra que los periodistas que se han dedicado a agitar el tema son imbéciles con déficit de IQ y/o son unas mierdas humanas mentirosas», publicó el Presidente en sus redes. La estrategia fue clásica: el mensaje que los beneficia circuló primero; luego, ambos se montaron en él como si fuera ajeno.

El nexo PRO detrás del informe

Matías Fernández no es un analista independiente. Fue Jefe de Asesores de Francisco «Pancho» Cabrera en el ministerio de Producción y Comercio durante la gestión de Mauricio Macri, y uno de los artífices de la estrategia digital del «Sí se puede» en 2019, cuando el ex presidente intentó revertir su derrota en las PASO. En ese marco impulsó el grupo de WhatsApp «Nuestra Voz», que reunió a empresarios para hacer campaña viral por Macri, y fue allí donde estrechó vínculos con Galperín, figura central de esa iniciativa. Hoy, Fernández es socio de la consultora Pública, cuya cartera de clientes incluye a Mercado Libre y a Globant. Es decir, el mismo hombre que publicó el informe exculpatorio trabaja para la empresa a la que el informe exculpa.

La respuesta del CEPA: diez puntos que el informe no puede rebatir

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) respondió con precisión a cada uno de los argumentos del documento de Fernández. La refutación expone los sesgos y ocultamientos deliberados del informe que Galperín y Milei salieron a amplificar.

El primer problema es estructural: el informe evita mencionar la caída del poder adquisitivo como causa de la morosidad. En los últimos dos años y medio, las tarifas se incrementaron 850%, el transporte público cerca de 1.500% según la jurisdicción y los salarios apenas el 300%. Omitir ese dato no es un descuido; es una elección política. El endeudamiento de los hogares postergó el efecto negativo del ajuste sobre los ingresos, y ese efecto se percibe hoy con más fuerza en la imposibilidad de pago de las personas.

El segundo punto refuta el argumento de que «más gente cumple porque más gente se financia». Según el análisis del CEPA, desde la asunción de Milei los nuevos morosos superan a los nuevos deudores: 2,6 millones de personas dejaron de pagar contra 1,5 millones que tomaron deuda nueva en el mismo período. Con Milei, es más la gente que cayó en mora que la que ingresó al sistema.

El tercer elemento es el más revelador sobre el negocio real de la empresa. El informe de Fernández presenta el sistema de scoring de Mercado Libre como «probablemente el mejor sistema de riesgo de América Latina y uno de los mejores del mundo». El CEPA lo traduce: ese scoring es el mecanismo que le permite a la empresa cobrar más a quien tiene mayor necesidad urgente, no protegerlo. Si el perfil de riesgo es alto, la tasa sube; no baja. Y con tasas de entre 76% y 1.375% de Costo Financiero Total, cualquier incumplimiento queda más que compensado.

El cuarto elemento es la omisión más elocuente del documento: en ningún momento se mencionan los niveles de tasa ni el Costo Financiero Total que cobra Mercado Pago. La razón es obvia: esos números van del 76% al 1.375% anual. Con esos datos a la vista, el relato del «mejor alumno» se derrumba. El CEPA señala además que Mercado Pago controla el 60% del segmento fintech con créditos a 6,5 millones de personas, y opera con prácticas de monopolista de primer grado: cobra a cada usuario el precio máximo que está dispuesto a pagar, capturando todo el excedente del consumidor.

El quinto punto desmonta el argumento demográfico. El informe atribuye parte del problema de mora a los jóvenes que «ingresaron al sistema financiero». El CEPA muestra que los más afectados son personas de entre 24 y 54 años, es decir jefas y jefes de familia que tuvieron que afrontar los gastos cotidianos de un hogar. El 70% de los casos de morosidad corresponde a esa franja etaria, no a jóvenes que se endeudaron para irse de vacaciones o comprar televisores para el Mundial, como el relato oficialista intentó instalar en sucesivas ocasiones.

La refutación territorial también es contundente. Para desligar la morosidad del nivel de ingresos, el informe usa el ejemplo de la ciudad de Concordia como caso testigo. El CEPA responde con datos provinciales: La Rioja, Catamarca, San Luis y Tucumán registran una tasa de morosidad del 36,1%, contra el 29,8% del promedio nacional, y sus salarios medios están un 20% por debajo de la media del país. La vinculación entre ingreso y mora es incontestable, y el ejemplo de Concordia no la refuta.

El CEPA señala también que el bajo ratio de irregularidad que muestra Mercado Libre no refleja necesariamente una cartera más sana: la empresa se deshace rápidamente de su cartera morosa, algo que las fintech más pequeñas no pueden hacer. Esa operación se realiza con empresas del propio grupo, lo que mejora artificialmente los resultados de sus activos. La Cámara Fintech, que comanda Galperín, debería dar explicaciones a sus socios más pequeños al respecto.

Un dato adicional expone la contradicción interna del propio gobierno. El entonces Jefe de Gabinete Manuel Adorni sostuvo ante el Congreso que la alta morosidad en billeteras virtuales se debe a que estas entidades atienden a trabajadores independientes con ingresos informales. Escribió textualmente que «las personas con ingresos menos estables inciden, en virtud de la evaluación de riesgo, en el monto medio de los préstamos otorgados y sobre las tasas de interés, en general, a mayor riesgo de crédito, mayor tasa». Es decir, el propio gobierno reconoció por escrito lo que el informe pagado por Galperín niega.

Subsidios en Argentina, tributación casi cero en Uruguay

La operación comunicacional se desplegó sobre un trasfondo que el relato oficial sistemáticamente omite. Según datos que la propia Mercado Libre publica en la SEC (la Comisión de Valores de los Estados Unidos), la empresa recibió en la primera parte de 2025 unos 51 millones de dólares en beneficios fiscales en Argentina, al amparo de las leyes de empresas tecnológicas y economía del conocimiento. En el mismo período del año siguiente ese monto fue de 42 millones de dólares. El Estado que Milei dice achicar financia con quitas impositivas millonarias a la empresa de su aliado predilecto.

Al otro lado del Río de la Plata, el esquema se completa. Galperín se radicó impositivamente en Uruguay en 2002 y se mudó allí de manera plena en 2019, tras la derrota de Macri. Mercado Libre opera desde la zona franca Aguada Park, frente al puerto de Montevideo, donde también se instaló Globant. Las zonas francas uruguayas ofrecen exención de impuestos sobre importaciones, libre repatriación de utilidades y una garantía legal expresa: si el Estado modifica los beneficios, debe indemnizar a las empresas por los perjuicios generados. En ese esquema, la empresa maximiza beneficios fiscales en Argentina y minimiza su carga tributaria en Uruguay. La combinación es perfecta para quienes diseñan negocios desde la captura estatal, no desde el libre mercado que predican.

El Estado que no controla y avala el negocio

Lo que emergió con el episodio del informe de Fernández no es solo una maniobra de relaciones públicas. Es la expresión de una relación estructural entre el poder político y el poder económico concentrado: un gobierno que desregula, subsidia y protege a las grandes plataformas financieras, y que además sale a defenderlas activamente cuando el periodismo critica sus prácticas. Milei no se limitó a ignorar el debate sobre la mora; utilizó su poder de amplificación para atacar a quienes lo plantearon. Galperín no agradeció el informe en silencio; lo amplificó con su audiencia millonaria. Y el autor del informe trabaja para la empresa beneficiada. El triángulo es cerrado y funcional. El CEPA cerró su respuesta con una pregunta que nadie del oficialismo respondió: ¿qué otra cosa les impide ver el problema de la morosidad; será la billetera de Galperín?

Puntos clave

  • Matías Fernández, ex asesor del ministerio de Macri y socio de una consultora cliente de Mercado Libre, publicó el informe que Galperín y Milei viralizaron como si fuera independiente.
  • El CEPA refutó el documento: con Milei cayeron en mora 2,6 millones de personas, más que los 1,5 millones que tomaron deuda nueva en el mismo período.
  • Mercado Pago cobra tasas de entre el 76% y el 1.375% anual de Costo Financiero Total, dato que el informe de Fernández omite deliberadamente.
  • La empresa recibió en 2025 unos 51 millones de dólares en beneficios fiscales en Argentina, según sus propios reportes a la SEC de Estados Unidos.
  • Mercado Libre opera desde una zona franca uruguaya con tributación mínima y garantías legales de indemnización si el Estado modifica los beneficios.

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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