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La SIDE en el Congreso descartó amenazas terroristas, pero esquivó responder 120 preguntas de legisladores

El titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadra, compareció ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia en una reunión de tres horas que se desarrolló a puertas cerradas. El organismo negó la existencia de amenazas terroristas de extrema izquierda o de organizaciones islámicas en el país, confirmó que no hubo aprehensiones bajo el DNU 941/2025 e informó sobre el operativo previsto para la visita de León XIV. La oposición, sin embargo, no obtuvo respuestas a los 120 interrogantes presentados diez días antes.

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El Argentino Diario-Cristian Auguadra-SIDE.
Sin amenazas que justifiquen el DNU 941 y sin respuestas a 120 preguntas: el kirchnerismo en la Bicameral desnuda el vacío del control sobre la SIDE.

El titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadra, compareció ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia en una reunión de tres horas que se desarrolló a puertas cerradas. El organismo negó la existencia de amenazas terroristas de extrema izquierda o de organizaciones islámicas en el país, confirmó que no hubo aprehensiones bajo el DNU 941/2025 e informó sobre el operativo previsto para la visita de León XIV. La oposición, sin embargo, no obtuvo respuestas a los 120 interrogantes presentados diez días antes.

Auguadra se presentó ante los legisladores en el Congreso acompañado por los subsecretarios Diego Kravetz y José Lago Rodríguez, y los directores Alejandro Cecati, de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), y Alejandro Colombo, del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA). La reunión, presidida por el senador de La Libertad Avanza Sebastián Pareja, fue convocada para recibir un informe sobre los gastos reservados y los lineamientos del Plan de Inteligencia Nacional.

Sin amenazas, sin aprehensiones

Las autoridades de la SIDE transmitieron a los legisladores que no existe actualmente ninguna amenaza terrorista proveniente de sectores de extrema izquierda ni de organizaciones islámicas en la Argentina. El dato no es menor: el DNU 941/2025, que facultó al organismo a realizar aprehensiones y declaró «encubiertas» todas sus actividades, fue dictado bajo el argumento de la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta frente a eventuales amenazas de esa naturaleza. La propia SIDE confirmó ante la Bicameral que, en el marco de esas facultades extraordinarias, no se registró ninguna aprehensión.

La información actualiza el debate en torno a las atribuciones que el Gobierno otorgó al organismo mediante ese decreto. Si no hay amenazas concretas de los perfiles invocados para justificarlo, la pregunta que emerge es cuál es la utilidad real de unas facultades de detención que, según el propio Ejecutivo, aún no se activaron.

El operativo para la visita del Papa León XIV

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la coordinación del operativo de seguridad para la visita de León XIV a la Argentina, prevista entre el 9 y el 11 de noviembre próximo. Auguadra destacó la responsabilidad que recaerá sobre el Estado argentino para garantizar que el evento se desarrolle sin incidentes. «Argentina es un ejemplo concreto de la responsabilidad que tenemos por delante. Todos queremos que la visita sea un éxito y estamos trabajando para que así sea», afirmó el titular de la SIDE.

En un comunicado difundido tras el encuentro, Auguadra valoró el mecanismo de control ejercido por la Bicameral y afirmó que resulta «necesario para garantizar la transparencia del organismo». Calificó la jornada como «una reunión muy positiva, en la que primó la defensa de los intereses de la Argentina» y señaló que las máximas autoridades del organismo se pusieron «a disposición de los integrantes de la Comisión para responder sus consultas y abordar los principales desafíos que enfrenta el Sistema de Inteligencia Nacional». En ese marco, el funcionario extendió una invitación formal a todos los integrantes de la Bicameral para visitar el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), con el objetivo de que conozcan sus instalaciones y el trabajo de coordinación en materia de prevención y lucha contra el terrorismo.

La oposición reclamó por 120 preguntas sin respuesta

Pese al tono conciliador del comunicado oficial, la reunión no transcurrió sin rispideces. Los diputados del bloque Unión por la Patria reclamaron por la falta de respuestas a las 120 preguntas que habían presentado diez días antes y que, al momento del encuentro, seguían sin ser contestadas. La denuncia pone en evidencia una tensión estructural en el funcionamiento de la Bicameral: el oficialismo controla su presidencia a través de Pareja, lo que le permite regular el ritmo y el alcance del control parlamentario sobre un organismo que, desde la sanción del DNU 941/2025, acumula atribuciones inéditas en la historia democrática reciente.

Los legisladores opositores también requirieron explicaciones sobre la eventual postulación de Kravetz como intendente de Lanús, una situación que genera interrogantes sobre la compatibilidad entre la función de subsecretario de inteligencia y una candidatura electoral en ciernes. Además, solicitaron precisiones sobre los acuerdos firmados entre la Secretaría de Inteligencia y el FBI en el marco de la presentación del Centro Nacional Antiterrorismo.

Por la Cámara de Diputados participaron Cristian Ritondo (PRO), Gabriel Bornoroni y César Treffinger (La Libertad Avanza), y Rodolfo Tailhade, Ramiro Gutiérrez y Agustín Rossi (Unión por la Patria). Por el Senado estuvieron presentes Agustín Coto (LLA), Martín Goerling Lara (PRO), Edith Terenzi, el radical Maximiliano Abad y Carolina Moisés, de Convicción Federal.

Puntos clave

  • La SIDE descartó ante la Bicameral la existencia de amenazas terroristas de extrema izquierda o islámicas en el país.
  • El organismo confirmó que no realizó ninguna aprehensión bajo las facultades del DNU 941/2025.
  • Auguadra presentó el plan de seguridad para la visita de León XIV, programada entre el 9 y el 11 de noviembre.
  • La oposición denunció que 120 preguntas elevadas diez días antes de la reunión no obtuvieron respuesta.
  • Diputados de Unión por la Patria también pidieron precisiones sobre los acuerdos con el FBI y la eventual candidatura electoral del subsecretario Kravetz.

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Astiz, Acosta y Von Wernich: la Corte abre la puerta para que los últimos represores salgan de la cárcel

Mediante la Acordada 21/2026, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti encomendaron al Cuerpo Médico Forense elaborar un protocolo para evaluar si los detenidos por delitos de lesa humanidad pueden recibir tratamiento médico en la cárcel. La medida abre una puerta para ampliar las prisiones domiciliarias, en un universo donde ya hay 440 represores fuera de las rejas sobre un total de 519 imputados.

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El Argentino Diario-Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia dio un paso que encendió las alarmas en el campo de los derechos humanos. A través de la Acordada 21/2026, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti encomendaron al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un protocolo médico destinado a sistematizar los criterios de evaluación de la salud de los detenidos en establecimientos penitenciarios.

El objetivo declarado es brindar a los magistrados «mejores elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de una prisión domiciliaria por razones de salud». Aunque la medida no se circunscribe formalmente a los casos de lesa humanidad, su impacto más inmediato recaerá sobre ese universo de imputados.

Qué establece el protocolo

Según la resolución, el protocolo deberá incluir un examen médico general de cada persona detenida y una verificación de las «condiciones concretas de detención y de las posibilidades de tratamiento dentro del establecimiento». La Corte fundamentó su decisión en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dispone que «las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas». La herramienta jurídica es, en apariencia, garantista.

Sin embargo, su aplicación práctica en el contexto de las causas de crímenes contra la humanidad genera un interrogante político y ético de primer orden: ¿quiénes serán los principales beneficiarios de un mecanismo diseñado para facilitar las domiciliarias?

El mapa de la impunidad: 440 sobre 519

Los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad iluminan el contexto con una precisión que no admite ambigüedades. De las 519 personas detenidas en causas por delitos de lesa humanidad, 440 ya cuentan con arresto domiciliario. Solo 18 permanecen en el sistema penitenciario federal y 61 en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Campo de Mayo. En términos porcentuales, casi el 85% de los imputados por crímenes de la dictadura cumplen su detención fuera de la cárcel.

El nuevo protocolo de la Corte apunta precisamente al universo que permanece detenido en prisión. Entre los nombres más conocidos que aún se encuentran en establecimientos penitenciarios figuran Alfredo Astiz, el ex agente de la Armada apodado «Ángel de la Muerte», responsable de infiltrar y entregar a las Madres de Plaza de Mayo; Jorge Eduardo «El Tigre» Acosta, ex jefe de inteligencia de la ESMA y figura central del exterminio durante la última dictadura; y Christian Federico von Wernich, ex capellán policial condenado por homicidio, privación ilegal de la libertad y torturas en la provincia de Buenos Aires.

Una decisión en un clima político que no es neutro

La acordada se conoce en un contexto político cargado. El actual gobierno de Javier Milei ha mostrado gestos reiterados de acercamiento simbólico con sectores que reivindican o relativizan el terrorismo de Estado, incluyendo la imagen pública de legisladores de La Libertad Avanza en encuentros con represores condenados. En ese marco, la iniciativa de la Corte de sistematizar criterios médicos para la prisión domiciliaria no puede leerse en abstracto.

Organismos de derechos humanos y sectores de la abogacía vinculados a las causas de lesa humanidad advierten que la medida, aunque formalmente enmarcada en garantías constitucionales, puede convertirse en un instrumento para acelerar la salida del sistema carcelario de los pocos represores que aún permanecen en prisión. La brecha entre el enunciado garantista y sus efectos concretos sobre condenados por crímenes contra la humanidad es el nudo político central del debate que viene.

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