Mientras el Gobierno licúa las jubilaciones hasta el límite de la indigencia, cierra la moratoria previsional y estudia subir la edad de retiro a 70 años, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, creado para proteger el sistema jubilatorio, es redirigido para fondear créditos hipotecarios de la banca privada. El PAMI, sacudido por escándalos de coimas y cajas negras, completa el cuadro de una transferencia que empobrece a los de abajo para beneficiar a los de arriba, incluidos los propios funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza.

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados no es solo un debate legislativo. Es también el escenario en el que convergen tres proyectos que definen con nitidez el modelo de distribución del Gobierno de Javier Milei: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la Ley de Inocencia Fiscal y un plan hipotecario anunciado ese mismo día por el ministro Luis Caputo, que utilizará los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para fondear créditos en la banca privada. El telón de fondo es brutal: las jubilaciones mínimas no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria y la moratoria previsional que permitía acceder al sistema a quienes no completaron 30 años de aportes fue clausurada en marzo de 2025 sin reemplazo.

El FGS: de reaseguro jubilatorio a banca de desarrollo para el sector privado

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en 2007 como reserva financiera para proteger el pago de jubilaciones y pensiones ante eventuales crisis. Hoy administra un patrimonio estimado en más de 70.000 millones de dólares. Este miércoles, Caputo anunció en conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda que el FGS licitará depósitos a plazo fijo de largo plazo entre las entidades bancarias, a plazos de 2 a 5 años y a tasas de UVA más un porcentaje, de modo que los bancos puedan financiar créditos hipotecarios de hasta 30 años con ese fondeo.

El ministro justificó la medida en el descalce estructural del sistema financiero: los bancos captan depósitos a corto plazo, pero las hipotecas son a larguísimo plazo. El problema es que quien pone el dinero de largo plazo no es el Estado ni el mercado de capitales, sino los propios jubilados. El FGS, cuyo mandato legal es actuar como reaseguro del sistema previsional, pasa a funcionar como banca de segundo piso al servicio de la banca privada. Y, según precisó el propio Caputo, el plan está destinado a sectores medios altos, los únicos que califican para una hipoteca en el sistema financiero formal.

El giro es significativo además porque el Decreto 1039/2024 ya había eliminado la posibilidad de que el FGS financiara créditos directos a jubilados y beneficiarios de asignaciones, una línea que había sido suspendida desde fines de 2023. Primero se les quitan los créditos a los jubilados. Después se usa su fondo para prestárselo a los bancos, que se lo prestarán a otros.

La moratoria cerrada y la jubilación que se aleja

El fondo que se redirige es el de un sistema previsional en retirada. El Gobierno no prorrogó la moratoria de la Ley 27.705, que permitía a quienes llegaban a la edad jubilatoria sin 30 años de aportes regularizar su deuda previsional en hasta 120 cuotas descontadas del haber. La moratoria venció en marzo de 2025; el Ejecutivo la vetó y confirmó que no habrá reemplazo. El impacto es cuantificable: según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), en 2026 las altas jubilatorias caerán un 45% respecto de 2024. Quienes no alcancen los aportes requeridos solo podrán acceder a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que paga el 80% del haber mínimo, actualmente por debajo de la línea de indigencia.

Y la situación puede agravarse aún más. Según documentó La Licuadora, el Gobierno evalúa elevar gradualmente la edad jubilatoria a 70 años para hombres y mujeres, con implementación plena hacia 2030. Un funcionario cercano al presidente expresó que el ideal del Gobierno es unificar la edad de retiro en 75 años para ambos géneros, una aspiración que ignoraría que la esperanza de vida en Argentina es de 73 años para los varones.

PAMI: la obra social de los jubilados convertida en caja política

Mientras el sistema previsional se retrae, el PAMI, la mayor obra social de América Latina y principal prestador de salud de los jubilados, acumula escándalos bajo la gestión libertaria. Desde principios de 2025 trascendieron denuncias en Misiones, Santa Cruz, Chaco y La Pampa que señalan pedidos de aportes partidarios a funcionarios del organismo para financiar la campaña electoral de La Libertad Avanza, con porcentajes del salario depositados en cuentas partidarias. La propia conducción del organismo reconoció la existencia de «mafias internas» y lanzó una auditoría por el «uso llamativamente elevado de vías de excepción» para entrega de medicamentos e insumos, mecanismo que permite eludir licitaciones y habilitar desvíos de fondos.

La excoordinadora contable del PAMI Viviana Aguirre, dirigente de La Libertad Avanza, denunció en Radio 10 que le exigieron un millón de pesos a cambio de un cargo jerárquico y la obligaron a firmar documentos ilegales. Esta semana se conoció además que una senadora oficialista amenazó con romper el bloque legislativo si avanzaban contra los negocios de su marido dentro del organismo, quien al parecer le facturaba al PAMI mensualmente más que toda la provincia de Mendoza. El organismo que debe cuidar la salud de los jubilados funciona, según las propias denuncias internas, como un campo de disputa política y una fuente de financiamiento paralelo.

Los autocréditos de la casta: del Banco Nación a la banca privada con fondos de los jubilados

A principios de abril de 2026 se conoció que funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza habían accedido a créditos hipotecarios del Banco Nación de hasta 350.000 dólares, según datos públicos de la Central de Deudores del Banco Central, difundidos por el sitio Cuánto Deben. Entre los beneficiarios figuran el miembro del directorio del BCRA Juan Pedro Inchauspe, el director del BICE y asesor de Caputo Felipe Núñez, el secretario de Finanzas Federico Furiase y el integrante del directorio de YPF Emiliano Mongilardi. El diputado Alejandro Bongiovanni, quien en diciembre de 2025 abandonó el PRO para sumarse al bloque libertario, obtuvo un crédito de 255 millones de pesos en enero de 2026, un mes después del pase.

El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo y al directorio del Banco Nación para determinar si existieron condiciones preferenciales. Los funcionarios beneficiarios rechazaron las críticas argumentando que accedieron a líneas abiertas al público general. Pero el dato que esa defensa omite es que esas líneas requieren ingresos demostrables que la inmensa mayoría de los trabajadores argentinos no puede acreditar. Y ahora, con el plan anunciado hoy por Caputo, el universo de esos créditos se amplía a la banca privada, fondeada con el dinero del FGS, el mismo fondo que debería garantizar las jubilaciones de quienes hoy cobran haberes de indigencia.

El patrón que une todos los puntos

Tomados en forma aislada, cada uno de estos hechos puede presentarse como una política técnica o una irregularidad administrativa. Vistos en conjunto, describen un patrón de transferencia sistemática desde los sectores más vulnerables hacia los sectores más acomodados. Los jubilados reciben haberes por debajo de la canasta alimentaria. La moratoria que los incluía fue eliminada. El fondo que los resguardaba es redirigido a financiar hipotecas para sectores medios altos en bancos privados. La obra social que los atiende fue colonizada políticamente. Y los funcionarios y legisladores del Gobierno que les aplica ese ajuste acceden, mientras tanto, a créditos de hasta 350.000 dólares.

La Cámara de Diputados debatirá y probablemente aprobará este miércoles la reforma del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal, dos instrumentos que el Foro Economía y Trabajo describió como mecanismos para blindar el modelo que financia la deuda con el FMI a expensas de quienes menos tienen. La oposición intentará instalar en el recinto la problemática del sobreendeudamiento de las familias y las pensiones por discapacidad. No alcanzará para cambiar el resultado de la votación. Pero sí para dejar constancia de lo que se debate, y de lo que deliberadamente no se debate.

Puntos clave

• Caputo anunció este miércoles que el FGS de la ANSES fondeará créditos hipotecarios en la banca privada mediante plazos fijos a 2 a 5 años, a tasa UVA más porcentaje.
• El Decreto 1039/2024 ya había eliminado los créditos directos del FGS a jubilados y beneficiarios de asignaciones.
• La moratoria previsional de la Ley 27.705 venció en marzo de 2025 sin prórroga; IDESA proyecta una caída del 45% en las altas jubilatorias de 2026.
• Funcionarios y legisladores libertarios accedieron a créditos del Banco Nación de hasta 350.000 dólares; la oposición presentó pedidos de informe para investigar posibles condiciones preferenciales.
• El PAMI acumula denuncias de venta de cargos, coimas y aportes partidarios forzados en múltiples provincias; la conducción del organismo reconoció irregularidades y abrió una auditoría interna.