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Buenos Aires

Bianco denunció un “plan sistemático de extranjerización” y alertó por el cierre de 30.000 empresas

El ministro de Gobierno bonaerense trazó un sombrío diagnóstico de la gestión Milei: caída industrial, pérdida de 141.700 empleos registrados y un proyecto de ley que, según advirtió, busca entregar el territorio argentino a capitales extranjeros sin límites. El jueves 6 de agosto el Senado definirá el destino de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, mientras crece la movilización popular en todo el país.

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El Argentino Diario-Carlos Blanco.
Bianco alertó por el cierre de 30.000 empresas y denunció que la ley de tierras entrega el territorio a capitales extranjeros.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, encabezó una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense donde presentó un diagnóstico crítico sobre el impacto de la gestión libertaria en la economía productiva del país. Con datos duros y sin eufemismos, el funcionario alertó sobre el cierre de más de 30.000 empresas desde el inicio de la administración de Javier Milei y denunció que el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se debatirá este jueves en el Senado de la Nación, constituye un «plan sistemático de extranjerización» del territorio argentino.

El mapa del desastre productivo

Bianco respaldó sus afirmaciones en informes de la Unión Industrial Argentina (UIA), que registraron una caída del 1,8% en la actividad industrial solo en junio. También citó datos del consultor Orlando Ferreres, que marcaron un desplome de la inversión real del 7,6% durante la primera mitad del año. El funcionario subrayó que la mortandad empresarial afectó con particular dureza a la provincia de Buenos Aires, que concentra más del 50% de la industria nacional.

En materia de empleo, el ministro alertó sobre la pérdida de 141.700 puestos de trabajo registrados en lo que va del año. Precisó que ese fenómeno se acompañó de un proceso de precarización acelerada: los nuevos ocupados son mayoritariamente monotributistas que realizan changas o trabajan en plataformas digitales, sin acceso a derechos laborales ni cobertura social.

El cuadro que trazó Bianco coincide con lo que el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, también señaló días atrás: «La inversión extranjera directa y la inversión productiva están por el piso, producto de la caída del consumo, de la demanda y de este esquema macroeconómico». Lejos de generar la prometida lluvia de inversiones, la desregulación libertaria profundizó la contracción del tejido productivo.

Soberanía en peligro: la extranjerización de la tierra

El punto más álgido de la conferencia fue la crítica al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y cuya presidenta de bloque en el Senado es Patricia Bullrich. La iniciativa busca derogar la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que estableció un límite del 15% de tierras rurales en manos de capitales extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal, con un tope del 30% para ciudadanos de una misma nacionalidad.

Bianco comparó la situación argentina con la de otros países, como Brasil, México o Estados Unidos, donde existen regulaciones estrictas para proteger el territorio y los recursos naturales. Afirmó que el gobierno de Milei va a contramano del mundo y que el proyecto en cuestión no impulsa inversiones productivas, sino que habilita la apropiación especulativa del suelo argentino por parte de grandes capitales privados extranjeros, incluidos fondos de inversión radicados en paraísos fiscales.

La sesión del 6 de agosto llega después de que el oficialismo evitara una derrota el 16 de julio, cuando la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, debió solicitar un cuarto intermedio al comprobar que no reunía los votos necesarios para aprobar el proyecto. La oposición se encuentra, según distintas fuentes legislativas, a solo dos votos de voltear el capítulo de tierras, y cuenta con una aliada inesperada: la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien expresó públicamente su rechazo a la iniciativa.

Kicillof y la movilización del 6 de agosto

Bianco anunció que el gobernador Axel Kicillof convocó a su espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro, a sumarse a la movilización pacífica frente al Congreso nacional este jueves 6 de agosto, en coincidencia con la sesión del Senado. Kicillof ya había adelantado su posición durante un acto en Avellaneda el 19 de julio, donde señaló: «Hoy, en el Congreso Nacional, están queriendo votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor», vinculando el debate legislativo con el espíritu soberanista que despertó en la sociedad la campaña mundialista de la Selección.

La convocatoria del 6 de agosto no es solo peronista. Organizaciones sindicales, sociales, ambientalistas, eclesiásticas, de pueblos originarios y de derechos humanos de todo el país se sumaron al llamado para defender la soberanía territorial. En Misiones, Neuquén, San Juan y Tierra del Fuego, entre otras provincias, se articularon radios abiertas, clases públicas y concentraciones previas para explicar los alcances del proyecto. El propio kirchnerismo bonaerense presentó en la Legislatura provincial un proyecto paralelo que crea un Registro Provincial de Tierras Rurales y mantiene los límites vigentes de la Ley 26.737 para el territorio bonaerense, con un tope máximo de mil hectáreas en la zona núcleo agrícola para titulares extranjeros.

Cuenta DNI como escudo frente al ajuste nacional

En la misma conferencia, Bianco presentó los nuevos descuentos de la billetera digital del Banco Provincia para el mes de agosto. Destacó que un uso inteligente de la aplicación permite ahorrar hasta 169.000 pesos por mes, cifra que equivale al 44,9% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), actualmente fijado en 376.600 pesos. Entre los beneficios, subrayó el 40% de descuento en garrafas, un insumo crítico para las familias bonaerenses en plena temporada invernal, junto al mantenimiento de reintegros en comercios de cercanía, carnicerías y ferias bonaerenses. La iniciativa fue presentada por el funcionario como una respuesta concreta de la provincia frente a la pérdida de poder adquisitivo impuesta por las políticas nacionales.

Puntos clave

  • Más de 30.000 empresas cerraron en Argentina desde el inicio de la gestión Milei, según datos expuestos por Bianco.
  • Se perdieron 141.700 puestos de trabajo registrados en lo que va del año, con fuerte precarización de los nuevos empleos.
  • La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada busca derogar los límites del 15% a la tenencia extranjera de tierras rurales establecidos por la Ley 26.737 de 2011.
  • El Senado sesionará el 6 de agosto; el oficialismo no tiene aún los votos asegurados y la oposición lo está a dos bancas de voltear el capítulo de tierras.
  • Una movilización multisectorial frente al Congreso, convocada por organizaciones sindicales, sociales, ambientales, eclesiásticas y políticas, acompañará la jornada legislativa.

Buenos Aires

El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección

Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.

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La golpearon en video, al agresor lo identificaron, y la Justicia todavía no actuó.

Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.

La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.

El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial

La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.

«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión

La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.

El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.

Lo que tenés que saber:

  • Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
  • La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
  • La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
  • La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
  • La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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