Energía
Tarifazo sincero: la luz y el gas costarán 35 mil pesos promedio
Estiman que el costo de la canasta energética será de un promedio de $35.000 tras quita de subsidios
La Secretaría de Energía presentó hoy en audiencia pública el nuevo sistema de subsidios para gas y electricidad, cuyo objetivo central será «sincerar y transparentar» el costo real del servicio, lo que una vez implementado podrá representar una canasta energética por hogar de $35.000 promedio.
La audiencia se extendió por poco más de 8 horas con 97 oradores inscriptos, para debatir el nuevo esquema que propone la Secretaría de Energía con el cual se buscará «erradicar la opacidad de las tarifas» y esclarecer el costo real de la energía y el gas en los usuarios residenciales.
«Se buscan corregir las deficiencias detectadas (del actual sistema de segmentación) y proponer un uso más eficiente y equitativo de la energía», afirmó la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, al abrir la audiencia pública que se desarrolló de manera virtual.

Como resultado del análisis que se viene realizando desde la Secretaría de Energía, se destacó que «una porción importante de la sociedad que va a tener necesidad de cubrir la Canasta Básica Energética con ayuda que se va a implementar a través de un subsidio».
Al presentar el impacto que tiene la canasta indispensable según ingresos se estimó que para el decil 1 de la población un costo medio de la canasta de $ 35.000 tendrá un impacto sobre el ingreso del 35%, para el decil 2 del 15% y para el decil 3 del 11%, en una secuencia progresiva que culmina con el decil de mayores ingresos cuya afectación es del 2%.
Así puede verse que en casi 5 millones de hogares los ingresos están por debajo de la canasta básica total, pero a la vez la media de consumo duplica la canasta básica energética.

En números aproximados se presentó que en el caso de la electricidad la tarifa a usuario final es de aproximadamente $/kwh 85, con un rango de CBE de entre 150 y 200 kwh/mes, por lo que el costo se estima entre 15.400 y 20.600 $/mes
En el caso del gas, la tarifa a usuario final es aproximadamente de $/m3 380, con un rango de CBE entre 30 y 40 m3/mes, el costo se puede estimar entre 13800 y 18400 $/mes.
De esta manera, un nucleo cohabitante promedio podría recibir a partir de la reasignación de subsidios un rango de costo aproximado de entre 30.000 y 40.000 $/mes.
Estas cifras son provisorias y a modo de ejemplo, ya que puede tener variaciones de acuerdo con los cuadros tarifarios en las distintas regiones del país y según la región bioclimática que se trate.

No obstate ello, se prevé que tras la audiencia de hoy se podrá contar con el informe final para el 10 de marzo y luego se abre un periodo hasta el 10 de abril para el dictado de la norma con el nuevo régimen.
También se adelantó que se está evaluando cómo se va a hacer el proceso de actualización de esa canasta básica respecto de los ingresos, para que la implementación permita una ocupación progresiva de los costos asociados a la CBE respecto de los ingresos.
Una aclaración importante es que en el futuro esquema «no se va a requerir un nuevo empadronamiento para las personas que ya solicitaron el subsidio», lo que representa a 10 millones de usuarios que completaron la presentación en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), salvo que su situación respecto a lo declarado haya variado.
Finalmente, se aseguró que se contemplará la gradualidad en la implementación del nuevo régimen en el caso de los no alcanzados por el subsidio.

Tal como se había anticipado en las últimas semanas, el nuevo sistema se basará en la conformación de una Canasta Básica Energética, que calculará la cantidad de megavatios y de metros cúbicos de gas que conforman un consumo básico que varía según el mes del año, la zona geográfica del país y la cantidad de convivientes en el hogar.
Del mismo modo, contemplará si ese hogar tiene acceso a gas de red y electricidad, o a sólo uno de los dos.
Como ejemplo, un hogar de tres o cuatro personas de la zona templada cálida, que incluye a la provincia y a la Ciudad de Buenos Aires, tendrá una CBE que promedia los 160 kilovatios por mes.
Si el valor de esos 160 kilovatios no representa más de un porcentaje del ingreso registrado del hogar, el hogar no tendrá subsidios. En tanto, si se lo supera, se subsidiará el excedente, siempre y cuando el hogar no se encuadre dentro de alguno de algunos criterios.

Los funcionarios rechazaron denominar como «criterios de inclusión o exclusión» para los subsidios condiciones como tener una prepaga o viajar al exterior y señalaron que, en realidad, se tratan de «presunciones para la determinación de los ingresos», aunque no dieron mayores precisiones sobre cómo se instrumentará este punto.
Energía tampoco definió aún cuál será el porcentaje de ingresos que se tomará como límite para subsidiar la CBE aunque probablemente esté alrededor del 10%, el cual tradicionalmente se usa como umbral teórico para considerar si un hogar está o no bajo pobreza energética.
Uno de los puntos que se está evaluando es que el porcentaje máximo de la canasta en las familias con menos ingresos sea aún más bajo del 10%, con el fin de otorgarles una mayor asistencia.
«Venimos de un lugar donde hay un subsidio indiscriminado, sin importar la condición social a toda la oferta, y que partía de aportes del Tesoro Nacional que se destinaban a pagar la diferencia entre el precio real y el precio que establecía la Secretaría de Energía», señaló Belijansky.

Entre otros números enfatuados por Energía se encuentra el rojo que arroja la balanza comercial energética con un déficit de US$ 30.000 millones en los últimos 10 años, y un subsidio anual que promedió los US$ 5.000 millones en los últimos 21 años.
«Todo ese dinero representa miles de millones de dólares que la gente no sabía que se estaba pagando con emisión monetaria», señaló la funcionaria.
Por otro lado, si bien el nuevo sistema de segmentación por ingresos implementado en 2022 representó un avance, el mismo «no tuvo en cuenta las zonas climáticas» y sus «límites de consumo subsidiado eran altísimos o infinitos», lo cual hacia que abarcase también los consumos suntuosos.
«Si bien el nuevo sistema eliminó subsidios que eran escandalosos, lejos estuvo de contar con un diseño adecuado para dirigirlos a aquellos que realmente lo necesitan», agregó.

En ese sentido, la subsecretaria ejemplificó que, en la Argentina actualmente, «el consumo per cápita de energía figura entre los más altos de la región», y que, pese a ello, «la proporción del gasto energético respecto de los ingresos totales de los hogares es uno de los más bajos».
El área también indicó que se está contemplando implementar del nuevo régimen de forma gradual, y que evalúa lanzar nuevas líneas de financiamiento para que usuarios residenciales y pymes implementen medidas de eficiencia energética y puedan reducir sus consumos.
Del mismo modo lanzará consejos de buenas prácticas, herramientas simplificadas de cálculo de ahorro y nuevos estándares mínimos obligatorios de eficiencia para artefactos y equipos comercializados a nivel nacional.
Desregulación
El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica
La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.
La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener
★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.
Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.
Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales
Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.
Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.
La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).
La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.
Los socios del poder detrás del consorcio ganador
La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.
Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.
El marco legal y la lógica del desguace
El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.
La obra que se canceló y el proyecto que no llegó
Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.
Puntos clave
- El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
- Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
- El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
- Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
- No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
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