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Milei disolvió el Procrear y transfirió los créditos a un banco privado

El régimen libertario cerró definitivamente el histórico programa de acceso a la vivienda lanzado en 2012. Los préstamos vigentes serán administrados por un banco privado, mientras se autorizó la venta de carteras de baja cobrabilidad y el traspaso de inmuebles a la AABE. Críticas por el desmantelamiento de una política pública clave.

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Un nuevo golpe a las políticas de vivienda del Estado

Con la publicación de la Resolución 764/2025 en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei formalizó la disolución del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), un plan que desde su creación en 2012 facilitó el acceso a créditos hipotecarios a miles de familias argentinas. La medida había sido anticipada en noviembre de 2024 mediante el Decreto 1018/2024, bajo el argumento de «reducir el gasto público» y «transparentar» la gestión estatal.

La administración de los créditos otorgados será asumida por el Banco Hipotecario S.A., bajo condiciones contractuales similares a las del fideicomiso original. Sin embargo, el cambio implica una privatización parcial del esquema, dejando en manos del sistema financiero una función históricamente cubierta por el Estado: garantizar el derecho a una vivienda digna.

Argumentos económicos y auditorías cuestionadas

El Ministerio de Economía justificó la medida en base a observaciones de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que señaló demoras en las entregas, falencias en las condiciones de habitabilidad y supuestos incumplimientos contractuales. También se mencionó la falta de actualización de manuales de procedimiento y una administración “no transparente ni eficaz”.

Sin embargo, desde el sector advierten que las críticas parten de una lógica de ajuste fiscal sin considerar el impacto social de este tipo de políticas. “Desarmar el Procrear es borrar de un plumazo una herramienta que permitió que sectores medios y trabajadores accedieran a su vivienda propia en condiciones accesibles”, sostuvo un exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Venta de carteras y transferencia de bienes

La Resolución 764 faculta a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial a instruir al Banco Hipotecario para vender carteras de créditos con bajo rendimiento (menos del 40%), una medida que podría perjudicar a deudores que se atrasaron por motivos económicos. Además, los bienes inmuebles del fondo serán administrados por el Ministerio de Economía y podrán ser transferidos a provincias, municipios o devueltos si habían sido originalmente aportados por esas jurisdicciones.

Los inmuebles que no estén afectados a contratos vigentes serán traspasados a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en una movida que recuerda anteriores procesos de liquidación de activos estatales. La venta o reutilización de esos bienes se hará en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas y el Banco Hipotecario.

Una política que marcó una época

El Procrear fue lanzado durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y se mantuvo, con modificaciones, durante los gobiernos posteriores. Combinaba créditos accesibles, construcción de viviendas y desarrollo urbano en tierras fiscales. En su etapa más activa (2012-2015), se entregaron más de 200.000 créditos y se urbanizaron terrenos en varias provincias. Incluso durante el gobierno de Mauricio Macri, el plan no fue disuelto sino reformulado.

El cierre definitivo del programa bajo la gestión Milei representa un cambio de paradigma: se desarma una política pública orientada al bienestar colectivo para dejar ese rol en manos del mercado. El resultado, según urbanistas y referentes del derecho a la vivienda, será una mayor desigualdad en el acceso a la propiedad y una concentración del suelo urbano.

Puntos clave:

  • El Gobierno disolvió formalmente el Fondo Fiduciario del Procrear y traspasó los créditos al Banco Hipotecario.
  • Se habilitó la venta de carteras de créditos con baja cobrabilidad, lo que podría afectar a familias endeudadas.
  • El Ministerio de Economía controlará los bienes del fondo y podrá transferirlos a provincias, municipios o la AABE.
  • El Procrear benefició a miles de familias desde 2012 y fue sostenido, con cambios, por gobiernos de distinto signo.
  • La medida se enmarca en una política de ajuste estructural que redefine el rol del Estado en materia habitacional.

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Millones de familias al límite: la morosidad se cuadruplica y marca el peor nivel en 20 años

La imposibilidad de afrontar créditos y tarjetas marcó en febrero un 11,2%, cifra no registrada desde 2004 y superior a los registros de la pandemia, en un escenario de ajuste sin precedentes sobre los ingresos populares.

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El Argentino Diario-Salario-Billetes.

Endeudamiento récord: la morosidad familiar llega al nivel más alto en dos décadas

★ El sistema financiero argentino expone con datos duros la fractura entre el relato oficial de estabilización macroeconómica y la realidad que atraviesan millones de familias. Según estadísticas del sistema financiero, la morosidad en el cumplimiento de préstamos y compromisos crediticios de los hogares trepó al 11,2% en febrero, encadenando 16 meses consecutivos de suba y superando incluso los registros de la pandemia de Covid-19. El indicador no alcanzaba ese nivel desde 2004, en plena salida de la crisis del colapso de la convertibilidad.

Un deterioro sostenido que no cede

Lejos de ser un fenómeno aislado, la tendencia se consolida con una profundidad que alerta a analistas y legisladores. El Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) acumula 10 meses consecutivos en alza, con un nivel de 5,1 puntos que ubica a los hogares argentinos dentro del rango técnico de «Fragilidad Familiar». Respecto de los valores mínimos registrados a fines de 2024, la morosidad se multiplicó por cuatro, lo que evidencia una aceleración sin precedentes en el proceso de endeudamiento de los sectores medios y populares.

El diputado nacional Nicolás Trotta, del bloque Primero La Patria, describió el fenómeno con precisión: «La morosidad récord muestra que cada vez más familias tienen dificultades para sostener sus gastos y cumplir con sus compromisos. Detrás de este dato hay hogares que hacen cuentas todos los días, que recortan gastos y que viven con más incertidumbre sobre cómo llegar a fin de mes.»

Los analistas sectoriales señalaron que las carteras irregulares avanzan principalmente en el segmento de financiamiento al consumo corriente y de montos menores, lo que revela que una porción creciente de la ciudadanía recurre al crédito para cubrir necesidades básicas e indispensables de subsistencia.

El ajuste como causa estructural

El contexto en el que se inscribe este dato no es aleatorio ni inexplicable. La gestión de Javier Milei recortó el gasto primario total un 31% en términos reales desde diciembre de 2023, mientras los programas sociales se desplomaron un 61% y las transferencias a provincias cayeron un 66%. En paralelo, los servicios públicos y el transporte acumularon subas de más del 525% desde el inicio de la gestión libertaria, y la Canasta Básica Alimentaria registró una variación interanual del 32,8% según datos del INDEC correspondientes a marzo de 2026.

En ese escenario de contracción sostenida del ingreso disponible, la deuda de las familias creció no por decisión propia sino por necesidad estructural: con salarios que perdieron contra la inflación acumulada y servicios que se multiplicaron por más de cinco veces, el crédito dejó de ser una herramienta de consumo para convertirse en un mecanismo de supervivencia.

La deuda pública como espejo de la deuda privada

El proceso de endeudamiento familiar no opera en un vacío político ni económico. El Foro Economía y Trabajo, integrado por economistas como Roberto Feletti, Noemí Brenta, Ricardo Aronskind y Felisa Miceli, entre una veintena de especialistas, publicó el 4 de mayo de 2026 un diagnóstico que denuncia que el sistema tributario argentino traslada la carga fiscal hacia los sectores de menores ingresos: aproximadamente el 70% de la recaudación proviene de impuestos indirectos, como el IVA, que golpea proporcionalmente con mayor fuerza a quienes menos ganan.

Mientras tanto, la deuda pública con el FMI acumula USD 57.100 millones al cierre de 2025, con vencimientos de capital e intereses que superarán los USD 13.400 millones entre 2026 y 2030, condicionando la política fiscal de los próximos dos gobiernos. El Foro advierte que el ajuste fiscal no es un fenómeno aislado sino la consecuencia directa del compromiso de cumplimiento de las metas acordadas con el organismo, cuyo nuevo programa de Servicio Ampliado, firmado en abril de 2025, comprometió USD 20.000 millones equivalentes al 479% de la cuota argentina.

La fotografía del 11,2% de morosidad es, en definitiva, el reverso doméstico de un modelo que prioriza los compromisos financieros internacionales sobre el bienestar cotidiano de la ciudadanía: el Estado ajusta el gasto social para cumplir las metas del Fondo, mientras las familias ajustan sus propios presupuestos endeudándose para llegar a fin de mes.

Puntos clave

  • La morosidad de las familias argentinas alcanzó el 11,2% en febrero, el nivel más alto desde 2004 y superior a los registros de la pandemia.
  • El indicador encadena 16 meses consecutivos de suba y se multiplicó por cuatro respecto de los mínimos de fines de 2024.
  • El Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) llegó a 5,1 puntos tras 10 meses consecutivos en alza, dentro del rango de «Fragilidad Familiar».
  • Las carteras irregulares crecen principalmente en créditos de consumo básico y montos menores, lo que revela uso del crédito para cubrir necesidades esenciales.
  • El ajuste del gasto social del 61% y el tarifazo acumulado de más del 525% configuran el escenario estructural que explica el endeudamiento masivo de los hogares.

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