Un nuevo golpe a las políticas de vivienda del Estado

Con la publicación de la Resolución 764/2025 en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei formalizó la disolución del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), un plan que desde su creación en 2012 facilitó el acceso a créditos hipotecarios a miles de familias argentinas. La medida había sido anticipada en noviembre de 2024 mediante el Decreto 1018/2024, bajo el argumento de «reducir el gasto público» y «transparentar» la gestión estatal.

La administración de los créditos otorgados será asumida por el Banco Hipotecario S.A., bajo condiciones contractuales similares a las del fideicomiso original. Sin embargo, el cambio implica una privatización parcial del esquema, dejando en manos del sistema financiero una función históricamente cubierta por el Estado: garantizar el derecho a una vivienda digna.

Argumentos económicos y auditorías cuestionadas

El Ministerio de Economía justificó la medida en base a observaciones de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que señaló demoras en las entregas, falencias en las condiciones de habitabilidad y supuestos incumplimientos contractuales. También se mencionó la falta de actualización de manuales de procedimiento y una administración “no transparente ni eficaz”.

Sin embargo, desde el sector advierten que las críticas parten de una lógica de ajuste fiscal sin considerar el impacto social de este tipo de políticas. “Desarmar el Procrear es borrar de un plumazo una herramienta que permitió que sectores medios y trabajadores accedieran a su vivienda propia en condiciones accesibles”, sostuvo un exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Venta de carteras y transferencia de bienes

La Resolución 764 faculta a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial a instruir al Banco Hipotecario para vender carteras de créditos con bajo rendimiento (menos del 40%), una medida que podría perjudicar a deudores que se atrasaron por motivos económicos. Además, los bienes inmuebles del fondo serán administrados por el Ministerio de Economía y podrán ser transferidos a provincias, municipios o devueltos si habían sido originalmente aportados por esas jurisdicciones.

Los inmuebles que no estén afectados a contratos vigentes serán traspasados a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en una movida que recuerda anteriores procesos de liquidación de activos estatales. La venta o reutilización de esos bienes se hará en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas y el Banco Hipotecario.

Una política que marcó una época

El Procrear fue lanzado durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y se mantuvo, con modificaciones, durante los gobiernos posteriores. Combinaba créditos accesibles, construcción de viviendas y desarrollo urbano en tierras fiscales. En su etapa más activa (2012-2015), se entregaron más de 200.000 créditos y se urbanizaron terrenos en varias provincias. Incluso durante el gobierno de Mauricio Macri, el plan no fue disuelto sino reformulado.

El cierre definitivo del programa bajo la gestión Milei representa un cambio de paradigma: se desarma una política pública orientada al bienestar colectivo para dejar ese rol en manos del mercado. El resultado, según urbanistas y referentes del derecho a la vivienda, será una mayor desigualdad en el acceso a la propiedad y una concentración del suelo urbano.

Puntos clave:

• El Gobierno disolvió formalmente el Fondo Fiduciario del Procrear y traspasó los créditos al Banco Hipotecario.
• Se habilitó la venta de carteras de créditos con baja cobrabilidad, lo que podría afectar a familias endeudadas.
• El Ministerio de Economía controlará los bienes del fondo y podrá transferirlos a provincias, municipios o la AABE.
• El Procrear benefició a miles de familias desde 2012 y fue sostenido, con cambios, por gobiernos de distinto signo.
• La medida se enmarca en una política de ajuste estructural que redefine el rol del Estado en materia habitacional.