Presidencia
Alberto anunció la expansión de la AUH y criticó a la Justicia
«Evita vivió en un país en el que los únicos privilegiados eran los niños, hoy estamos en un país en el que los únicos privilegiados son los jueces», dijo el presidente.
El presidente Alberto Fernández sostuvo que hoy Argentina es un país «en el que los únicos privilegiados son los jueces” y afirmó que, siguiendo el ejemplo de Eva Perón, su gobierno trabaja para hacer un país «donde los niños y las niñas sean tratados como sujetos de derecho».
Junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y a la titular de Anses, Fernanda Raverta, el jefe de Estado anunció hoy la puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para niños y niñas sin cuidados parentales y la recuperación edilicia del Instituto Saturnino Unzué de Mar del Plata.
«Evita vivió en un país en el que los únicos privilegiados eran los niños, hoy estamos en un país en el que los únicos privilegiados son los jueces. Pero vamos a ser un país donde los privilegiados sean los niños y las niñas para que sean sujetos de derecho», explicó Fernández.

La actividad se realizó en los jardines del ex Palacio Unzué, edificio marplatense que fue convertido en un espacio para las niñeces que fue recuperado parcialmente durante el gobierno de Néstor Kirchner y que, según las palabras del Jefe de Estado, «estuvo abandonado a la buena de Dios» durante la administración de Mauricio Macri.
Fernández comentó que la medida adoptada hará posible que cerca de «9 mil chiquitos y chiquitas» que están alojados en instituciones de cuidado perciban la AUH más allá de su situación parental.
Fernández había repasado una serie de obras que el Gobierno nacional realiza en la ciudad balnearia, entre las que destacó la recuperación de los hoteles sociales de Chapadmalal y la restauración patrimonial de «La Casa sobre el Arroyo», una construcción diseñada por Amancio Williams y Delfina Gálvez Bunge y que se encontraba en estado de abandono.

«Por más que nos digan que vivimos en un país de cuarta, vivimos en un país maravilloso. Tenemos los mejores hombres y mujeres. Pese a quien le pese«, concluyó el mandatario.
Anuncio de medida para el acceso a la seguridad social de NNyA sin cuidados parentales
A partir de esta medida se busca efectivizar el derecho a la seguridad social de los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, que estén atravesados por medida excepcional, y se encuentren alojados en dispositivos de cuidado residencial (que pueden ser de gestión pública o privada) o familiar (familias de acogimiento, de tránsito, solidaria, etc.). A esta población se le abonará el pago mensual de un monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del valor general de la Asignación Universal por Hijo/a para los niños, niñas y adolescentes, o del CIEN POR CIENTO (100%) de la Asignación Universal por Hijo/a con discapacidad, si cuentan con Certificado Único de Discapacidad vigente.
Para ello:
- La SENAF suscribirá convenios bilaterales con las 24 jurisdicciones del país, en los que establecerá la modalidad de intercambio de información y el procedimiento administrativo correspondiente.
- A instancia de la SENAF, la ANSES solicitará a las Entidades Financieras con las que tenga convenios de pago vigentes, la apertura de una cuenta bancaria para el depósito de la prestación mencionada.
- En el caso de niños o niñas hasta los DOCE (12) años de edad inclusive, la cuenta bancaria estará a nombre de un referente designado por el órgano administrativo competente local, único habilitado para administrar y disponer de los fondos. Preferentemente, la persona designada para la administración y disposición de los fondos será un referente afectivo del niño, niña o adolescente.
- A partir de los TRECE (13) años, si el órgano administrativo competente local considerase que él o la adolescente cuenta con el grado de madurez suficiente para percibir y administrar por sí mismo/a la asignación correspondiente, se procederá a poner el pago a su nombre.
- Si él o la adolescente se encontrase incluido/a en el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales, según Ley N° 27.364 y su Decreto reglamentario N° 1050/18, el/la referente para la apertura y administración de la cuenta bancaria será la misma persona que cumple la función de acompañante en el marco del citado Programa.
- Una vez recibida la solicitud, la ANSES suspenderá el pago de la asignación a quien lo estaba efectuando.
- En ningún caso los fondos económicos podrán ser aplicados a rubros que, por imperio legal, deban ser afrontados por el dispositivo residencial o familiar de cuidado, como ser: alimentación, salud, vestimenta, acceso a servicios públicos, traslados ordinarios y otros ítems relacionados con la satisfacción de necesidades básicas.
- La SENAF establecerá las directrices sobre el modo en que deberán ejercerse el monitoreo y la supervisión por parte de los organismos administrativos competentes locales.
Presidencia
Adorni acorralado por su patrimonio, gastos y cripto: ¿Avanza la causa judicial?
El expediente sobre el jefe de Gabinete suma nuevas revisiones sobre operaciones económicas, consumos, inmuebles y registros digitales. En tribunales aguardan información oficial para comparar documentación incorporada a la pesquisa con los datos patrimoniales del funcionario.
Puntos Clave
- La Justicia analiza movimientos económicos, bienes y gastos atribuidos a Manuel Adorni.
- El fiscal Gerardo Pollicita impulsa medidas para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario.
- La declaración jurada correspondiente al período 2025 deberá presentarse antes del 31 de julio de 2026.
- La investigación revisa operaciones inmobiliarias, préstamos, consumos en moneda extranjera y viajes familiares.
- También se incorporó información proveniente de billeteras virtuales y plataformas de activos digitales.
- El expediente busca determinar si existe correspondencia entre ingresos declarados y erogaciones observadas.
- La causa $LIBRA aparece en el radar judicial por movimientos digitales que permanecen bajo análisis.
- Desde el oficialismo mantienen el respaldo político al jefe de Gabinete.
La declaración jurada de Adorni, en el centro de la investigación patrimonial
La situación judicial de Manuel Adorni volvió a ocupar un lugar central en la agenda política. El jefe de Gabinete enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pone bajo revisión distintos aspectos de su patrimonio, incluyendo movimientos financieros, inmuebles y gastos que forman parte de la documentación analizada por la Justicia.
La pesquisa está encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien dispuso medidas orientadas a reconstruir la evolución económica del funcionario. El objetivo consiste en contrastar los ingresos formalmente registrados con diversas erogaciones detectadas durante su desempeño dentro de la administración nacional.
Uno de los elementos más esperados dentro del expediente es la declaración jurada patrimonial correspondiente al período 2025. La Oficina Anticorrupción extendió el plazo de presentación hasta el 31 de julio de 2026, aunque la situación judicial incrementó la atención sobre ese documento.
Qué operaciones revisa la Justicia en el expediente
En Comodoro Py esperan utilizar la información declarada oficialmente para compararla con la evidencia reunida durante la investigación.
Entre los movimientos incluidos en la documentación judicial y periodística figuran:
- Pagos relacionados con una propiedad ubicada en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz.
- Una operación inmobiliaria por un departamento situado sobre la calle Miró.
- Préstamos instrumentados mediante hipotecas.
- Trabajos de remodelación abonados al contratista Matías Tabar.
- Viajes familiares al exterior.
- Consumos efectuados en moneda extranjera.
Fuentes vinculadas al expediente indicaron que el análisis técnico apunta a establecer si esos movimientos encuentran respaldo en los ingresos declarados por el funcionario. En este tipo de investigaciones, la revisión busca determinar el origen de los bienes y fondos observados por los investigadores.
La defensa de Adorni, representada por el abogado Matías Ledesma, siguió las distintas declaraciones incorporadas a la causa. Mientras tanto, desde el Gobierno sostienen que las denuncias responden a una ofensiva política y mediática.
El foco sobre las billeteras virtuales y el caso $LIBRA
Otro de los aspectos que concentra atención dentro de la investigación surge de la información aportada por billeteras virtuales y plataformas vinculadas con activos digitales.
Según trascendió en el ámbito público, esos registros contienen movimientos realizados antes y después de la aparición del caso $LIBRA, expediente que investiga presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con el token promocionado por Javier Milei.
Por el momento, cualquier vínculo entre la investigación patrimonial de Adorni y la causa $LIBRA permanece bajo análisis judicial. No existe una determinación firme que conecte esos movimientos con pagos ilegales o mecanismos de financiamiento irregular.
Sin embargo, los registros digitales incorporados obligan a los investigadores a examinar la trazabilidad de fondos y eventuales operaciones con criptoactivos.
Reclamos políticos y expectativa por la presentación oficial
La demora en la presentación de la declaración jurada también generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición, que reclaman conocer el patrimonio informado por el funcionario.
En ese contexto, la vicepresidenta Victoria Villarruel expresó públicamente: “Todos estamos esperando la declaración jurada”.
Dentro del oficialismo también surgieron planteos vinculados con la necesidad de completar la documentación patrimonial. Pese a ello, Javier Milei y Karina Milei mantuvieron el respaldo político hacia el jefe de Gabinete.
Desde el entorno de Adorni señalaron que la presentación podría concretarse antes del vencimiento fijado por la Oficina Anticorrupción. Mientras tanto, los investigadores continúan examinando la documentación reunida para compararla con la información patrimonial que incorpore el funcionario.
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