Gremiales
Avanza la CGT para sumar a gobernadores y legisladores contra la reforma laboral de Milei
La central obrera intensifica contactos con legisladores peronistas y mandatarios provinciales para bloquear la flexibilización. Pullaro y Llaryora pusieron reparos y advierten sobre el impacto fiscal en sus distritos. Mientras el PRO también pone frenos.
★ La CGT desplegó una ofensiva política para obstruir la reforma laboral del gobierno de Javier Milei que incluye reuniones con legisladores del peronismo, conversaciones con gobernadores y un acercamiento estratégico a cámaras empresariales que también cuestionan puntos del proyecto. La central obrera busca acorralar a mandatarios provinciales que podrían aportar votos al oficialismo y aprovechar las dudas que manifestaron aliados clave del Gobierno.
«Estamos convenciendo al sector político, hablamos con gobernadores y senadores», expresó el triunviro Jorge Sola. La semana pasada, la conducción de la CGT mantuvo una cumbre con los jefes de bloque del PJ en Diputados y Senadores, Germán Martínez y José Mayans respectivamente, para coordinar la estrategia legislativa.
Alianza con sectores empresariales
La central sindical destacó que mantiene conversaciones con la UCR y bloques provinciales, y subrayó la coincidencia con cámaras empresariales en varios puntos del proyecto. «Entienden que no hay consenso no sólo con nosotros, los representantes de los trabajadores, sino muy especialmente con las PyMEs», aseguraron desde la CGT.
Efectivamente, entidades como CAME y Adimra manifestaron reparos a algunos artículos de la reforma, lo que fortaleció la posición de quienes rechazan el proyecto. Esta convergencia entre sindicatos y sectores empresariales representa un dato novedoso en la discusión.
Presión en las provincias
En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz se mostró junto a Diego Santilli y pidió «no tenerle miedo al cambio y a avanzar». La respuesta desde la CGT provincial fue inmediata. «No hay que tenerle miedo a los cambios cuando son para el progreso de la patria. Estamos ante una degradación de derechos. Hay que tener coraje para no permitir que esto pase. Hay muchos que dicen ser peronistas y no son peronistas y lo muestran en cada acción. Le pedimos una reunión urgente al gobernador con la cúpula nacional y provincial de la CGT», contestó Jorge Guaymas, secretario general de la filial provincial de Camioneros.
Sáenz reunió ayer a sus diputados y senadores para analizar el proyecto. La semana pasada había confirmado presencia en la cumbre sindical organizada por Luis Barrionuevo en Mar del Plata pero se ausentó.
En Santa Fe, el gobernador radical Maximiliano Pullaro manifestó algunos reparos al proyecto. Desde la CGT regional fueron duros con el mandatario: «Tenemos dos senadores que responden a él y votaron la Ley Bases. No hay forma de reunirse con ellos. Dicen que hacen diálogo, le enviamos 15 notas y nunca nos recibió», reclamó el secretario general Claudio Girardi.
En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil mantiene el silencio y no se expresó sobre la ley laboral. «Hablamos con él (en diciembre) pero algunos legisladores armaron su propio bloque, le dieron quórum a La Libertad Avanza (para aprobar el presupuesto) y luego el Gobierno le transfirió Yacimientos Mineros de Agua de Donisio. Vamos a hablar con cada legislador esta semana», puntualizó el secretario general de la CGT Catamarca, aunque reconoció: «No hay garantías».
Gobernadores dialoguistas marcan distancia
En paralelo, los mandatarios del espacio Provincias Unidas pusieron reparos públicos a la reforma. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, planteó en una rueda de prensa junto a Pullaro: «Que este debate no sea cancelar derechos de los trabajadores». Ambos sostuvieron que el respaldo de los legisladores de sus provincias aún no estaba resuelto.
Los dos gobernadores se reunieron el fin de semana durante el Festival de Cosquín. Según trascendió, coincidieron en que no era el momento para confrontar abiertamente con Milei, que mantiene altos índices de aprobación en sus provincias, pero pusieron distancia con la reforma laboral en público.
«Va a ser muy difícil que tengamos una expresión común», advirtió Llaryora, quien contó que había conversado con los legisladores de su provincia y encontró posiciones diversas. El mandatario cordobés planteó que el debate debía ser «fructífero y hacia adelante» porque «no podemos ceder un centímetro para atrás».
El capítulo fiscal que preocupa a las provincias
Pullaro sumó una advertencia sobre las rebajas tributarias que incluye la reforma. «Acompañamos las bajas impositivas, pero no deben ser sólo de impuestos coparticipables», sostuvo el gobernador santafesino, y planteó la reducción de otras cargas como las retenciones o el impuesto al cheque.
De acuerdo a un trabajo técnico realizado por el sindicato que nuclea a los trabajadores de ARCA, si la reforma laboral se aprueba tal como está redactada, el monto a distribuir entre las provincias se reduciría en 1,9 billones de pesos por las rebajas impositivas. Buenos Aires sería la más perjudicada con una pérdida de casi 400 mil millones de pesos, seguida por Santa Fe (161.673 millones) y Córdoba (160.628 millones). El impacto fiscal explica el rechazo de Pullaro y Llaryora.
La estrategia legislativa de la CGT
La conducción de la central obrera tiene previsto iniciar en los próximos días una gira para conversar con gobernadores, incluidos Pullaro y Llaryora. El oficialismo quiere llevar el proyecto —que ya cuenta con dictamen de comisión— al recinto del Senado el 11 de febrero.
Desde la CGT dan por descontado que los 28 senadores del interbloque Popular estarán por el rechazo, por lo que faltaría sumar otras nueve voluntades para frenar la iniciativa. Llaryora y Pullaro podrían aportar tres de los votos que faltan.
En ese marco, el ministro del Interior Diego Santilli visitará en estos días al gobernador de Corrientes, el radical Juan Pablo Valdés, también de Provincias Unidas, quien le adelantará su postura.
El PRO también pone frenos
De regreso del receso veraniego, los aliados más cercanos al Gobierno en Diputados tampoco aseguraron su respaldo a la reforma en su totalidad. «Hay que analizar el proyecto punto por punto, ver qué herramientas realmente ayudan a generar empleo genuino y cuáles pueden mejorarse», sostuvieron en el despacho de Cristian Ritondo.
El PRO que conduce Ritondo, junto a la UCR y el MID, conforma en la Cámara baja el interbloque Fuerzas del Cambio. Desde ese espacio anticiparon que esperarán a conocer cómo queda la reforma luego de la votación en el Senado para definir su posición.
En la Casa Rosada aseguran tener los votos para aprobar la reforma sin introducir cambios al proyecto. Sin embargo, las declaraciones de aliados clave y gobernadores dialoguistas muestran un escenario más incierto del que el Gobierno intenta transmitir. El oficialismo esperaba un tratamiento veloz y un triunfo sin sobresaltos, pero las nuevas definiciones empiezan a poner en duda que el trámite parlamentario resulte tan sencillo.
Puntos clave:
• La CGT mantiene reuniones con legisladores peronistas, gobernadores y bloques provinciales para frenar la reforma laboral
• Llaryora y Pullaro pusieron reparos públicos y advirtieron que el respaldo de sus legisladores no está resuelto
• Un informe técnico calcula que las provincias perderían 1,9 billones de pesos en coparticipación por las rebajas impositivas
• La central obrera busca sumar nueve votos en el Senado para bloquear el proyecto que se trataría el 11 de febrero
• Cámaras empresariales como CAME y Adimra también manifestaron reparos a algunos artículos de la reforma
Educación
Docentes de San Luis: la UTEP calcula una brecha salarial del 55,75% con Poggi
Un informe técnico del gremio estima que un maestro de grado perdió más de la mitad de su poder de compra entre diciembre de 2023 y agosto de 2026. Apunta a sumas congeladas y a un pase a remunerativo que, con los descuentos, achicó el sueldo de bolsillo.
Un informe técnico de la UTEP calculó una pérdida real del 55,75% en el haber neto de un maestro de grado de San Luis entre diciembre de 2023 y agosto de 2026. Según el método del gremio, esa cifra surge de dividir la brecha entre lo que cobra hoy el cargo y lo que debería cobrar para empatar la inflación ($205.901) por el sueldo neto de diciembre de 2023 ($369.324), por lo que no equivale a la caída estándar del poder adquisitivo. Mientras el gobierno provincial habla de aumentos, el gremio pone la lupa en lo que efectivamente llega al bolsillo de los trabajadores de la educación.
El documento fue difundido por el sindicato docente el jueves 1 de octubre y cuestiona la política salarial del gobernador Claudio Poggi. El relevamiento toma al maestro de grado como cargo testigo para seguir la evolución del sueldo de bolsillo, y la cifra corresponde a un cálculo propio del gremio, que vincula el deterioro con la inflación, con componentes salariales que quedaron congelados y con los descuentos que llegaron junto con la incorporación de sumas a conceptos remunerativos.
Una brecha de más de 205 mil pesos
Según el informe, la brecha negativa para el cargo testigo supera los $205.900. La UTEP advirtió que el impacto no se limita a los maestros de grado: las consecuencias alcanzan también a los docentes que trabajan más horas cátedra, es decir, a quienes sostienen jornadas más largas para completar un ingreso.
El cuestionamiento sindical se concentra en los ingresos efectivamente percibidos y distingue entre los incrementos nominales que anuncia la Provincia y la capacidad de compra real de los haberes.
Las sumas que quedaron congeladas
Dos de los conceptos objetados son la Suma Fija No Remunerativa y el Incentivo Docente Provincial. Para la UTEP, la falta de actualización de esos montos frente a la inflación les quitó su capacidad de compensar la caída del salario. Lo que nació como un refuerzo terminó licuado por la suba de precios.
El pase a remunerativo que achicó el bolsillo
El otro eje del informe es la incorporación escalonada de sumas al salario remunerativo, que el gobierno puntano realizó entre junio de 2024 y septiembre de 2026. Según el sindicato, esa operatoria no incluyó un incremento suficiente para absorber los aportes obligatorios y conservar el monto que el trabajador cobraba antes.
La explicación del gremio es aritmética: cuando se aplican las deducciones jubilatorias y de obra social sobre los importes incorporados, el descuento del 19% reduce el dinero de bolsillo si no se compensa previamente. Por eso la UTEP reclamó que cada pase a remunerativo incluya el ajuste necesario para que el docente no cobre menos que antes.
El informe sumó otro dato que golpea a las familias: una pérdida real estimada del 14,58% en las asignaciones familiares entre febrero y agosto de 2026.
La versión oficial
La posición sindical contrasta con el discurso del Ejecutivo provincial sobre los aumentos de este año. En septiembre, Poggi anunció el adelanto de dos tramos del 5% para completar a fines de octubre el esquema del 30% que había comunicado en julio. La Provincia informó que esas mejoras se financian con el Fondo de Reserva Salarial y Social.
La discusión de fondo es si esos porcentajes alcanzan para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023 o si apenas maquillan una caída que, según el gremio, ya se llevó más de la mitad del salario real.
Lo que tenés que saber:
- Un informe técnico de la UTEP estimó, según su propio método de cálculo, una pérdida real del 55,75% en el haber neto de un maestro de grado de San Luis entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.
- Según el gremio, la brecha negativa para ese cargo testigo supera los $205.900 y el impacto alcanza también a quienes tienen más horas cátedra.
- La UTEP objetó que la Suma Fija No Remunerativa y el Incentivo Docente Provincial no se actualizaron frente a la inflación.
- El sindicato advirtió que el pase a remunerativo, sin compensación previa, redujo el sueldo de bolsillo por el descuento del 19%.
- Poggi anunció en septiembre el adelanto de dos tramos del 5% para completar a fines de octubre un esquema del 30%, financiado con el Fondo de Reserva Salarial y Social.
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