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Avanza la CGT para sumar a gobernadores y legisladores contra la reforma laboral de Milei

La central obrera intensifica contactos con legisladores peronistas y mandatarios provinciales para bloquear la flexibilización. Pullaro y Llaryora pusieron reparos y advierten sobre el impacto fiscal en sus distritos. Mientras el PRO también pone frenos.

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★ La CGT desplegó una ofensiva política para obstruir la reforma laboral del gobierno de Javier Milei que incluye reuniones con legisladores del peronismo, conversaciones con gobernadores y un acercamiento estratégico a cámaras empresariales que también cuestionan puntos del proyecto. La central obrera busca acorralar a mandatarios provinciales que podrían aportar votos al oficialismo y aprovechar las dudas que manifestaron aliados clave del Gobierno.

«Estamos convenciendo al sector político, hablamos con gobernadores y senadores», expresó el triunviro Jorge Sola. La semana pasada, la conducción de la CGT mantuvo una cumbre con los jefes de bloque del PJ en Diputados y Senadores, Germán Martínez y José Mayans respectivamente, para coordinar la estrategia legislativa.

Alianza con sectores empresariales

La central sindical destacó que mantiene conversaciones con la UCR y bloques provinciales, y subrayó la coincidencia con cámaras empresariales en varios puntos del proyecto. «Entienden que no hay consenso no sólo con nosotros, los representantes de los trabajadores, sino muy especialmente con las PyMEs», aseguraron desde la CGT.

Efectivamente, entidades como CAME y Adimra manifestaron reparos a algunos artículos de la reforma, lo que fortaleció la posición de quienes rechazan el proyecto. Esta convergencia entre sindicatos y sectores empresariales representa un dato novedoso en la discusión.

Presión en las provincias

En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz se mostró junto a Diego Santilli y pidió «no tenerle miedo al cambio y a avanzar». La respuesta desde la CGT provincial fue inmediata. «No hay que tenerle miedo a los cambios cuando son para el progreso de la patria. Estamos ante una degradación de derechos. Hay que tener coraje para no permitir que esto pase. Hay muchos que dicen ser peronistas y no son peronistas y lo muestran en cada acción. Le pedimos una reunión urgente al gobernador con la cúpula nacional y provincial de la CGT», contestó Jorge Guaymas, secretario general de la filial provincial de Camioneros.

Sáenz reunió ayer a sus diputados y senadores para analizar el proyecto. La semana pasada había confirmado presencia en la cumbre sindical organizada por Luis Barrionuevo en Mar del Plata pero se ausentó.

En Santa Fe, el gobernador radical Maximiliano Pullaro manifestó algunos reparos al proyecto. Desde la CGT regional fueron duros con el mandatario: «Tenemos dos senadores que responden a él y votaron la Ley Bases. No hay forma de reunirse con ellos. Dicen que hacen diálogo, le enviamos 15 notas y nunca nos recibió», reclamó el secretario general Claudio Girardi.

En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil mantiene el silencio y no se expresó sobre la ley laboral. «Hablamos con él (en diciembre) pero algunos legisladores armaron su propio bloque, le dieron quórum a La Libertad Avanza (para aprobar el presupuesto) y luego el Gobierno le transfirió Yacimientos Mineros de Agua de Donisio. Vamos a hablar con cada legislador esta semana», puntualizó el secretario general de la CGT Catamarca, aunque reconoció: «No hay garantías».

Gobernadores dialoguistas marcan distancia

En paralelo, los mandatarios del espacio Provincias Unidas pusieron reparos públicos a la reforma. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, planteó en una rueda de prensa junto a Pullaro: «Que este debate no sea cancelar derechos de los trabajadores». Ambos sostuvieron que el respaldo de los legisladores de sus provincias aún no estaba resuelto.

Los dos gobernadores se reunieron el fin de semana durante el Festival de Cosquín. Según trascendió, coincidieron en que no era el momento para confrontar abiertamente con Milei, que mantiene altos índices de aprobación en sus provincias, pero pusieron distancia con la reforma laboral en público.

«Va a ser muy difícil que tengamos una expresión común», advirtió Llaryora, quien contó que había conversado con los legisladores de su provincia y encontró posiciones diversas. El mandatario cordobés planteó que el debate debía ser «fructífero y hacia adelante» porque «no podemos ceder un centímetro para atrás».

El capítulo fiscal que preocupa a las provincias

Pullaro sumó una advertencia sobre las rebajas tributarias que incluye la reforma. «Acompañamos las bajas impositivas, pero no deben ser sólo de impuestos coparticipables», sostuvo el gobernador santafesino, y planteó la reducción de otras cargas como las retenciones o el impuesto al cheque.

De acuerdo a un trabajo técnico realizado por el sindicato que nuclea a los trabajadores de ARCA, si la reforma laboral se aprueba tal como está redactada, el monto a distribuir entre las provincias se reduciría en 1,9 billones de pesos por las rebajas impositivas. Buenos Aires sería la más perjudicada con una pérdida de casi 400 mil millones de pesos, seguida por Santa Fe (161.673 millones) y Córdoba (160.628 millones). El impacto fiscal explica el rechazo de Pullaro y Llaryora.

La estrategia legislativa de la CGT

La conducción de la central obrera tiene previsto iniciar en los próximos días una gira para conversar con gobernadores, incluidos Pullaro y Llaryora. El oficialismo quiere llevar el proyecto —que ya cuenta con dictamen de comisión— al recinto del Senado el 11 de febrero.

Desde la CGT dan por descontado que los 28 senadores del interbloque Popular estarán por el rechazo, por lo que faltaría sumar otras nueve voluntades para frenar la iniciativa. Llaryora y Pullaro podrían aportar tres de los votos que faltan.

En ese marco, el ministro del Interior Diego Santilli visitará en estos días al gobernador de Corrientes, el radical Juan Pablo Valdés, también de Provincias Unidas, quien le adelantará su postura.

El PRO también pone frenos

De regreso del receso veraniego, los aliados más cercanos al Gobierno en Diputados tampoco aseguraron su respaldo a la reforma en su totalidad. «Hay que analizar el proyecto punto por punto, ver qué herramientas realmente ayudan a generar empleo genuino y cuáles pueden mejorarse», sostuvieron en el despacho de Cristian Ritondo.

El PRO que conduce Ritondo, junto a la UCR y el MID, conforma en la Cámara baja el interbloque Fuerzas del Cambio. Desde ese espacio anticiparon que esperarán a conocer cómo queda la reforma luego de la votación en el Senado para definir su posición.

En la Casa Rosada aseguran tener los votos para aprobar la reforma sin introducir cambios al proyecto. Sin embargo, las declaraciones de aliados clave y gobernadores dialoguistas muestran un escenario más incierto del que el Gobierno intenta transmitir. El oficialismo esperaba un tratamiento veloz y un triunfo sin sobresaltos, pero las nuevas definiciones empiezan a poner en duda que el trámite parlamentario resulte tan sencillo.

Puntos clave:

• La CGT mantiene reuniones con legisladores peronistas, gobernadores y bloques provinciales para frenar la reforma laboral
• Llaryora y Pullaro pusieron reparos públicos y advirtieron que el respaldo de sus legisladores no está resuelto
• Un informe técnico calcula que las provincias perderían 1,9 billones de pesos en coparticipación por las rebajas impositivas
• La central obrera busca sumar nueve votos en el Senado para bloquear el proyecto que se trataría el 11 de febrero
• Cámaras empresariales como CAME y Adimra también manifestaron reparos a algunos artículos de la reforma

Economía 💲

Sturzenegger celebra despidos de 81.000 estatales mientras los salarios del sector perdieron hasta 40,5%

Dos secretarios de Sturzenegger presentaron en Diputados el recorte de 81.000 empleados estatales, mientras los salarios del sector perdieron entre 29% y 40,5% de poder de compra y el nuevo retiro voluntario paga hasta 25 sueldos con prohibición de volver al Estado por ocho años.

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El Argentino Diario-Federico Sturzenegger.

El Gobierno celebra haber recortado 81.000 empleados del Estado, pero el ahorro que exhibe descansa en salarios que perdieron entre 29% y 40,5% de su poder de compra y en retiros que pagan hasta 25 sueldos por persona. La cifra fue presentada este martes ante la Cámara de Diputados por dos secretarios del ministro Federico Sturzenegger, en la recta final del dictamen del Presupuesto 2027.

El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y el de Desregulación, Alejandro Cacace, expusieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, para poner en valor el ajuste sobre la Administración Pública Nacional y las “reformas estructurales”. Fariña destacó que los ministerios pasaron de 18 en diciembre de 2023 a ocho, defendió que no se trata solo de un Estado más chico sino de uno con otro rol, y rechazó que el ahorro sea “temporal” porque, según dijo, no se crearon puestos nuevos para reemplazar los eliminados. Cacace fue más lejos en la autocelebración: “Valemos por los ahorros que generamos”.

Qué dijeron los funcionarios

Fariña explicó que parte de la reducción se canalizó mediante el régimen de disponibilidad de la Ley de Empleo Público, que según indicó no se usaba desde hacía dos décadas, y mediante retiros voluntarios, a los que se adhirieron más de 5.254 personas. Anunció que habrá una nueva convocatoria entre el 1 y el 30 de noviembre. Como ejemplo de las estructuras heredadas, mencionó que Vialidad Nacional tenía 1.543 cargos jerárquicos para una planta de 5.300 empleados.

Las diputadas de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva cuestionaron el planteo. Tolosa Paz sostuvo que a la idea de un Estado eficiente le falta mirar para qué se toman las medidas y a quién afectan, y acusó al Gobierno de ser “culpable y cómplice del industricidio”. Selva atribuyó la apuesta por el transporte fluvial a la desinversión en rutas nacionales y afirmó que los fondos para su mantenimiento se desvían para “maquillar” el superávit.

Cuántos puestos se perdieron, según cada fuente

Los números no coinciden porque miden universos distintos. Según el INDEC, la dotación de la Administración Pública Nacional, las empresas y las sociedades del Estado pasó de 341.465 trabajadores en diciembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026, una caída de 72.440 puestos, de alrededor del 21%. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado informó 77.515 puestos menos en el mismo período, e incluye a personal militar y de seguridad, y Fariña habló este martes de 81.000. ATE Capital, por su parte, denunció en su último informe más de 100.000 despidos en la administración pública.

Los salarios: el ahorro que pagan los que se quedan

Los sueldos estatales no están congelados en términos nominales, pero perdieron poder de compra de forma sostenida. El Foro Economía y Trabajo estimó un recorte real de 29% en los salarios públicos desde 2023. El Observatorio Salarial de ATE-INDEC calculó una pérdida del 32,4% entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, equivalente a más de nueve sueldos completos, y señaló que se necesitaría un aumento inmediato del 48% para recuperar el nivel de noviembre de 2023. ATE Capital estima que el salario real de la Administración Pública Nacional cayó 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.

La caída tiene un correlato en el bolsillo: según ATE Capital, la mora crediticia entre los trabajadores estatales escaló del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026. La oferta salarial del Gobierno para el segundo semestre, de entre 1,5% y 1,9% mensual, representa apenas $19.000 sobre un salario de un millón de pesos, según el sindicato, que rechazó la propuesta anterior (2,4%, 2,2% y 1,9% más un bono de $50.000) por considerarla “absolutamente insuficiente”. Una parte del ahorro que el Gobierno exhibe sale de salarios que se licuaron mientras los precios subían.

La trampa de los retiros voluntarios

El Decreto 1203/2026, publicado el 19 de octubre y firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y Sturzenegger, habilita un régimen de retiro para la Administración Pública Nacional centralizada. La compensación puede llegar a 25 sueldos brutos según edad, antigüedad y situación previsional, o al 60% del salario bruto durante 36 meses para quienes estén cerca de jubilarse. Quienes adhieran no podrán volver al Estado nacional durante ocho años, sus cargos se eliminan del presupuesto y esas vacantes no pueden usarse para justificar nuevas incorporaciones. La adhesión está sujeta a la aprobación de cada dependencia, que tiene 40 días corridos para responder tras el cierre de la inscripción.

Sturzenegger estimó unos 20.000 empleados en condiciones de adherir y ATE habla de 21.187. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “no es retiro voluntario, es despido extorsivo” y denunció que en algunos organismos se presiona a los agentes con pasarlos a disponibilidad si no firman. También advirtió que quienes tengan mandato sindical vigente o sean candidatos a delegados deberían renunciar al mismo para adherir y cuestionó que el Estado contrate después consultoras para cubrir las mismas tareas. Esas denuncias son del sindicato y el Gobierno las niega al afirmar que no se crean puestos nuevos.

El ahorro bajo la lupa

Cada retiro implica un desembolso inmediato de hasta 25 sueldos, que se suma al costo de las desvinculaciones previas, mientras la planta que queda cobra menos en términos reales y el Estado pierde capacidades. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) advirtió que el 95% de los trabajadores evaluados aprobó el examen de idoneidad impuesto por el propio Gobierno y, aun así, los despidos continúan. En la Comisión Nacional de Energía Atómica, Aguiar sostuvo que el organismo es superavitario y que no hay argumento que justifique el recorte que derivó en cerca de 100 despidos. Un ahorro que depende de salarios licuados, retiros que cuestan hasta 25 sueldos y organismos vaciados no equivale a un Estado más eficiente.

Lo que tenés que saber:

  • Funcionarios de Sturzenegger presentaron en Diputados un recorte de 81.000 empleados estatales y la baja de 18 a ocho ministerios.
  • El INDEC registra 72.440 puestos menos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, y ATE Capital denuncia más de 100.000 despidos.
  • Los salarios estatales perdieron entre 29% (Foro Economía y Trabajo) y 40,5% (ATE Capital) de poder de compra.
  • El Decreto 1203/2026 («retiros voluntarios») paga hasta 25 sueldos, elimina el cargo y prohíbe volver al Estado por ocho años.
  • ATE denuncia presiones y habla de un universo de 21.187 trabajadores alcanzados.


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