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Avanza la CGT para sumar a gobernadores y legisladores contra la reforma laboral de Milei

La central obrera intensifica contactos con legisladores peronistas y mandatarios provinciales para bloquear la flexibilización. Pullaro y Llaryora pusieron reparos y advierten sobre el impacto fiscal en sus distritos. Mientras el PRO también pone frenos.

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★ La CGT desplegó una ofensiva política para obstruir la reforma laboral del gobierno de Javier Milei que incluye reuniones con legisladores del peronismo, conversaciones con gobernadores y un acercamiento estratégico a cámaras empresariales que también cuestionan puntos del proyecto. La central obrera busca acorralar a mandatarios provinciales que podrían aportar votos al oficialismo y aprovechar las dudas que manifestaron aliados clave del Gobierno.

«Estamos convenciendo al sector político, hablamos con gobernadores y senadores», expresó el triunviro Jorge Sola. La semana pasada, la conducción de la CGT mantuvo una cumbre con los jefes de bloque del PJ en Diputados y Senadores, Germán Martínez y José Mayans respectivamente, para coordinar la estrategia legislativa.

Alianza con sectores empresariales

La central sindical destacó que mantiene conversaciones con la UCR y bloques provinciales, y subrayó la coincidencia con cámaras empresariales en varios puntos del proyecto. «Entienden que no hay consenso no sólo con nosotros, los representantes de los trabajadores, sino muy especialmente con las PyMEs», aseguraron desde la CGT.

Efectivamente, entidades como CAME y Adimra manifestaron reparos a algunos artículos de la reforma, lo que fortaleció la posición de quienes rechazan el proyecto. Esta convergencia entre sindicatos y sectores empresariales representa un dato novedoso en la discusión.

Presión en las provincias

En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz se mostró junto a Diego Santilli y pidió «no tenerle miedo al cambio y a avanzar». La respuesta desde la CGT provincial fue inmediata. «No hay que tenerle miedo a los cambios cuando son para el progreso de la patria. Estamos ante una degradación de derechos. Hay que tener coraje para no permitir que esto pase. Hay muchos que dicen ser peronistas y no son peronistas y lo muestran en cada acción. Le pedimos una reunión urgente al gobernador con la cúpula nacional y provincial de la CGT», contestó Jorge Guaymas, secretario general de la filial provincial de Camioneros.

Sáenz reunió ayer a sus diputados y senadores para analizar el proyecto. La semana pasada había confirmado presencia en la cumbre sindical organizada por Luis Barrionuevo en Mar del Plata pero se ausentó.

En Santa Fe, el gobernador radical Maximiliano Pullaro manifestó algunos reparos al proyecto. Desde la CGT regional fueron duros con el mandatario: «Tenemos dos senadores que responden a él y votaron la Ley Bases. No hay forma de reunirse con ellos. Dicen que hacen diálogo, le enviamos 15 notas y nunca nos recibió», reclamó el secretario general Claudio Girardi.

En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil mantiene el silencio y no se expresó sobre la ley laboral. «Hablamos con él (en diciembre) pero algunos legisladores armaron su propio bloque, le dieron quórum a La Libertad Avanza (para aprobar el presupuesto) y luego el Gobierno le transfirió Yacimientos Mineros de Agua de Donisio. Vamos a hablar con cada legislador esta semana», puntualizó el secretario general de la CGT Catamarca, aunque reconoció: «No hay garantías».

Gobernadores dialoguistas marcan distancia

En paralelo, los mandatarios del espacio Provincias Unidas pusieron reparos públicos a la reforma. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, planteó en una rueda de prensa junto a Pullaro: «Que este debate no sea cancelar derechos de los trabajadores». Ambos sostuvieron que el respaldo de los legisladores de sus provincias aún no estaba resuelto.

Los dos gobernadores se reunieron el fin de semana durante el Festival de Cosquín. Según trascendió, coincidieron en que no era el momento para confrontar abiertamente con Milei, que mantiene altos índices de aprobación en sus provincias, pero pusieron distancia con la reforma laboral en público.

«Va a ser muy difícil que tengamos una expresión común», advirtió Llaryora, quien contó que había conversado con los legisladores de su provincia y encontró posiciones diversas. El mandatario cordobés planteó que el debate debía ser «fructífero y hacia adelante» porque «no podemos ceder un centímetro para atrás».

El capítulo fiscal que preocupa a las provincias

Pullaro sumó una advertencia sobre las rebajas tributarias que incluye la reforma. «Acompañamos las bajas impositivas, pero no deben ser sólo de impuestos coparticipables», sostuvo el gobernador santafesino, y planteó la reducción de otras cargas como las retenciones o el impuesto al cheque.

De acuerdo a un trabajo técnico realizado por el sindicato que nuclea a los trabajadores de ARCA, si la reforma laboral se aprueba tal como está redactada, el monto a distribuir entre las provincias se reduciría en 1,9 billones de pesos por las rebajas impositivas. Buenos Aires sería la más perjudicada con una pérdida de casi 400 mil millones de pesos, seguida por Santa Fe (161.673 millones) y Córdoba (160.628 millones). El impacto fiscal explica el rechazo de Pullaro y Llaryora.

La estrategia legislativa de la CGT

La conducción de la central obrera tiene previsto iniciar en los próximos días una gira para conversar con gobernadores, incluidos Pullaro y Llaryora. El oficialismo quiere llevar el proyecto —que ya cuenta con dictamen de comisión— al recinto del Senado el 11 de febrero.

Desde la CGT dan por descontado que los 28 senadores del interbloque Popular estarán por el rechazo, por lo que faltaría sumar otras nueve voluntades para frenar la iniciativa. Llaryora y Pullaro podrían aportar tres de los votos que faltan.

En ese marco, el ministro del Interior Diego Santilli visitará en estos días al gobernador de Corrientes, el radical Juan Pablo Valdés, también de Provincias Unidas, quien le adelantará su postura.

El PRO también pone frenos

De regreso del receso veraniego, los aliados más cercanos al Gobierno en Diputados tampoco aseguraron su respaldo a la reforma en su totalidad. «Hay que analizar el proyecto punto por punto, ver qué herramientas realmente ayudan a generar empleo genuino y cuáles pueden mejorarse», sostuvieron en el despacho de Cristian Ritondo.

El PRO que conduce Ritondo, junto a la UCR y el MID, conforma en la Cámara baja el interbloque Fuerzas del Cambio. Desde ese espacio anticiparon que esperarán a conocer cómo queda la reforma luego de la votación en el Senado para definir su posición.

En la Casa Rosada aseguran tener los votos para aprobar la reforma sin introducir cambios al proyecto. Sin embargo, las declaraciones de aliados clave y gobernadores dialoguistas muestran un escenario más incierto del que el Gobierno intenta transmitir. El oficialismo esperaba un tratamiento veloz y un triunfo sin sobresaltos, pero las nuevas definiciones empiezan a poner en duda que el trámite parlamentario resulte tan sencillo.

Puntos clave:

• La CGT mantiene reuniones con legisladores peronistas, gobernadores y bloques provinciales para frenar la reforma laboral
• Llaryora y Pullaro pusieron reparos públicos y advirtieron que el respaldo de sus legisladores no está resuelto
• Un informe técnico calcula que las provincias perderían 1,9 billones de pesos en coparticipación por las rebajas impositivas
• La central obrera busca sumar nueve votos en el Senado para bloquear el proyecto que se trataría el 11 de febrero
• Cámaras empresariales como CAME y Adimra también manifestaron reparos a algunos artículos de la reforma

Economía 💲

El blanqueo laboral de Milei premia a los que mantuvieron trabajadores informales con condonaciones millonarias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó este jueves el Programa de Promoción del Empleo Registrado, que ofrece a los empleadores privados condonaciones de deuda de hasta el 90% para regularizar trabajadores mantenidos en negro. La medida, enmarcada en la reforma laboral de Milei, llega en un contexto en que el 43% de los trabajadores argentinos opera en la informalidad y la CGT denuncia ante la OIT la “aniquilación” de los derechos laborales.

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La Resolución General 5862/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el director de ARCA, Andrés Vázquez, reglamenta el capítulo laboral de la Ley 27.802 de Modernización Laboral e inaugura una ventana de regularización que se extenderá hasta el 28 de noviembre de 2026.

El programa habilita a los empleadores del sector privado a blanquear relaciones laborales no declaradas o incorrectamente registradas iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y que permanezcan vigentes al momento de la adhesión. También alcanza situaciones detectadas por fiscalizaciones laborales con deuda pendiente, incluso cuando se encuentren en disputa administrativa o judicial.

Quiénes pueden adherirse y hasta cuándo

El primer paso que deben dar los empleadores es registrar o corregir los datos de los trabajadores a través del servicio Simplificación Registral de la plataforma digital de ARCA, utilizando los códigos de modalidad de contratación 704, 705 o 706 según el tamaño de la empresa. Las herramientas para iniciar el trámite quedarán habilitadas desde el 16 de junio. Quienes tenían salarios subdeclarados deberán ingresar las diferencias en las declaraciones juradas correspondientes. La norma también aclara explícitamente que quienes hayan adherido al régimen de la Ley Bases (27.742) no podrán acogerse al PER por los mismos empleados ya regularizados en ese marco.

Las quitas: hasta el 90% para microempresas, del 70% para grandes firmas

El incentivo central del programa es la condonación parcial de los aportes y contribuciones a la seguridad social adeudados por la registración deficiente. Los porcentajes de quita varían según el tamaño de la empresa: las micro y pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro obtienen una reducción del 90%; las empresas medianas, del 80%; y las grandes firmas, del 70%. Además, la normativa condona en forma total las deudas vinculadas al Seguro de Salud, al sistema de Riesgos del Trabajo y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio de los trabajadores incorporados.

Para quienes opten por cancelar el saldo remanente en un único pago, la resolución agrega una reducción adicional del 50%. Para los que necesiten financiar el monto restante, ARCA habilitó planes de facilidades con una tasa del 1% mensual: las micro y pequeñas empresas y las entidades sin fines de lucro pueden extender el plan hasta 72 cuotas; las medianas, hasta 48; y las grandes, hasta 36.

El escenario: 43% de informalidad y una reforma laboral con impugnación judicial

El contexto en que se lanza este programa dista del optimismo oficial. Según el último informe del INDEC basado en la Encuesta Permanente de Hogares del cuarto trimestre de 2025, el 43% de las personas ocupadas en los 31 aglomerados urbanos relevañdos trabaja en condiciones informales, sin cobertura de seguridad social ni acceso pleno a derechos laborales. Según datos del organismo, más de 5,6 millones de personas trabajan sin registración, y desde el inicio de la gestión de Javier Milei la proporción de empleo informal creció 0,3 puntos porcentuales, impulsada principalmente por la pérdida de puestos asalariados registrados en el sector privado.

La propia Ley 27.802 de Modernización Laboral, que da sustento al PER, atraviesa una seria crisis de legitimidad. A pedido de la CGT, el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 a cargo del juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar que suspendió más de 80 artículos de la norma por indicios de inconstitucionalidad. Aunque esa cautelar no alcanzó directamente los artículos del blanqueo laboral, la central obrera rechazó también el decreto reglamentario publicado la semana pasada, por considerar que el Ejecutivo “pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales”.

La CGT ante la OIT: “aniquilación” de derechos

El tenso escenario llegó a la escena internacional. El cotitular de la CGT, Jorge Sola, denunció ante la Conferencia de la OIT en Ginebra “graves violaciones a los derechos laborales” y acusó al gobierno por la “demolición” de las protecciones laborales. Por su parte, Roberto Baradel, de la CTA y CTERA, denunció el deterioro de la institucionalidad y el debilitamiento de las capacidades estatales de control. Los dirigentes sindicales incluso se negaron a asistir a la recepción protocolar que ofreció el embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra, en un gesto de repudio explícito.

El debate de fondo: ¿bienestar de los trabajadores o amnistía para los patrones?

El gobierno presenta el PER como una herramienta de formalización laboral, pero la arquitectura del beneficio revela su orientación real: son los empleadores quienes acumularon la deuda al no registrar a sus trabajadores, y son ellos quienes reciben las quitas más generosas. La condonación del 90% implica que una empresa que adeuda diez años de aportes previsionales por un trabajador en negro pagará apenas el 10% de esa deuda, en hasta 72 cuotas, con una tasa mensual del 1%. El trabajador, mientras tanto, no recibió durante todo ese tiempo cobertura médica, no acumuló años para su jubilación y quedó excluido del sistema de asignaciones familiares.

El Foro Economía y Trabajo, en su reciente documento de reforma tributaria publicado el 4 de mayo de 2026, ya advirtió que el sistema impositivo y regulatorio argentino tiende sistemáticamente a trasladar las cargas sobre los sectores más vulnerables mientras protege a los sectores concentrados. El blanqueo laboral del gobierno libertario encaja con precisión en ese patrón: no es una sanción al empleador que incumplió, sino una ventaja económica para quienes ya se beneficiaron de pagar salarios sin carga social.

Lo que tienes que saber del blanqueo

  • La Resolución General 5862/2026 de ARCA reglamenta el blanqueo laboral de la Ley 27.802, con plazo hasta el 28 de noviembre de 2026.
  • Las condonaciones oscilan entre el 70% (grandes empresas) y el 90% (micro y pequeñas), con planes de pago a tasa del 1% mensual.
  • El 43% de los trabajadores argentinos opera en la informalidad, según datos del INDEC del cuarto trimestre de 2025.
  • La CGT rechazó la ley y su decreto reglamentario, y denunció al gobierno ante la OIT por “aniquilación” de derechos laborales.
  • El régimen beneficia económicamente a quienes incumplieron la ley, mientras los trabajadores afectados no reciben compensación por años sin cobertura ni aportes previsionales acumulados.

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