★ El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Gonzalo Marconi rechazó el viernes pasado el pedido de medida cautelar que había presentado La Rural para frenar la adjudicación del predio de Costa Salguero. Con ese fallo, quedó consolidada, al menos en primera instancia, la concesión a favor del consorcio integrado por los grupos Clarín y La Nación, que ofrecieron 240 millones de pesos mensuales frente a los 310 millones que había propuesto la asociación entre La Rural, el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain y DF Entertainment de Diego Finkelstein.

Pero la batalla recién empieza. Según confirmaron a El Destape fuentes vinculadas a La Rural que pidieron reserva de identidad, la entidad presentará una demanda de nulidad contra las actuaciones administrativas del Gobierno de la Ciudad que determinaron la adjudicación. Además, evalúan iniciar acciones penales contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por lo que califican como «un robo».

Una licitación con decisión política de fondo

La decisión del Gobierno porteño de adjudicar Costa Salguero al consorcio que hizo la oferta más baja —70 millones de pesos menos por mes, lo que equivale a unos 8.400 millones de pesos en los diez años de concesión— se sustentó en un argumento técnico: la supuesta inconsistencia del flujo de fondos presentado por La Rural.

La Comisión Evaluadora del pliego concluyó que «aun destinando el 100% del resultado proyectado a cubrir el diferencial del canon ofrecido, la propuesta presentaría un déficit superior a los 2.990 millones de pesos, lo que comprometería la viabilidad económico-financiera de la oferta». Ese análisis fue respaldado por el juez Marconi en su resolución, donde afirmó que «la Administración no se encuentra obligada a adjudicar la licitación a la oferta de mayor o menor canon, sino a aquella que resulte más conveniente en función del interés público comprometido».

Sin embargo, desde el lado de La Rural cuestionan duramente ese dictamen. «Cuando un perito contable mire los balances de La Rural, se termina el tema. Esto lo vamos a revertir», afirmaron fuentes del sector consultadas por este medio. Sostienen que su propuesta no fue evaluada en profundidad y que hubo una intención política de favorecer al consorcio de medios.

El «interés público» en disputa

El argumento sobre el «interés público» que esgrimió el Gobierno de la Ciudad para justificar la adjudicación al consorcio de Clarín y La Nación será uno de los ejes de la demanda que preparará La Rural. Según el análisis de la entidad, el interés público también debería medirse por la mayor cantidad de recursos que percibiría la Ciudad con su oferta: unos 70 millones de pesos adicionales por mes, que representan aproximadamente 46 mil dólares mensuales al tipo de cambio actual.

En diez años de concesión, la diferencia entre ambas ofertas equivale a más de 8.400 millones de pesos, lo que al precio del dólar actual representa unos 5,5 millones de dólares que la Ciudad dejará de percibir.

Política de hechos consumados y feria judicial

El Gobierno porteño firmó el contrato de concesión con Clarín y La Nación el 9 de enero, apenas dos días después de que La Rural presentara el amparo judicial para evitar precisamente una política de hechos consumados durante la feria judicial de verano.

Dos semanas más tarde, el juez Marconi rechazó ese pedido de amparo, en coincidencia con la recomendación del fiscal Mariano Cordeiro, quien consideró que el gobierno porteño no actuó «de manera manifiestamente ilegítima o arbitraria».

Ahora, con las llaves del predio ya en manos del consorcio de medios, La Rural apelará la decisión ante la Cámara e insistirá con su reclamo de nulidad. Según fuentes del sector consultadas, la entidad está dispuesta a llegar hasta las últimas instancias judiciales, cueste lo que cueste y demore lo que demore.

Incertidumbre en el sector

La judicialización del conflicto abre un panorama de incertidumbre para la gestión de Costa Salguero. Los predios feriales y de congresos requieren contrataciones con meses o incluso años de anticipación, y una demanda judicial que puede demorar unos tres años en resolverse, según estiman operadores del sector, podría generar una situación precaria para la operatoria del lugar.

En el rubro de organización de ferias y congresos consideran que, mientras exista la posibilidad de un fallo judicial que obligue al Gobierno de la Ciudad a revocar la concesión, los organizadores de eventos podrían mostrar reticencias a contratar el predio con la antelación necesaria.

Puntos clave:

• La Rural, IRSA y DF Entertainment ofrecieron 310 millones de pesos mensuales por Costa Salguero, pero el Gobierno porteño adjudicó el predio a Clarín y La Nación, que ofrecieron 240 millones.

• El juez Gonzalo Marconi rechazó la medida cautelar presentada por La Rural, pero la entidad seguirá adelante con una demanda de nulidad y evalúa acciones penales contra Jorge Macri.

• El Gobierno porteño justificó la decisión argumentando inconsistencias en el flujo de fondos de La Rural, aunque la entidad sostiene que su propuesta no fue evaluada en profundidad.

• La diferencia entre ambas ofertas representa más de 8.400 millones de pesos en diez años, dinero que la Ciudad dejará de percibir.

• La judicialización del conflicto genera incertidumbre en el sector de ferias y congresos, que requiere contrataciones con mucha anticipación.