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★ El proyecto de «Compromiso y Estabilidad Fiscal y Monetaria» impulsado por el Gobierno enfrenta un escenario crítico en la Cámara de Diputados, donde legisladores opositores y hasta aliados del oficialismo cuestionaron duramente la iniciativa y reclamaron más tiempo para su análisis. Fuentes legislativas consultadas anticiparon que la norma podría caer por falta de quórum o volver a comisión antes de ser tratada en el recinto.

La propuesta, que obtuvo dictamen de comisión, prohíbe la sanción de leyes sin financiamiento asegurado y establece penas de prisión de hasta 6 años para funcionarios que apliquen normas que violen el equilibrio fiscal. Esta disposición generó alarmas incluso en sectores que inicialmente apoyaban el espíritu de orden fiscal del proyecto.

Críticas desde el radicalismo y el PRO

El diputado radical Lisandro Nieri reconoció la necesidad de «dejar escrito» el orden monetario y fiscal, pero advirtió que la iniciativa debe «trabajarse con más seriedad» y reclamó «un tiempo de trabajo más importante». Su postura refleja la incomodidad de parte de la UCR con el apuro oficialista.

Más dura fue la posición de la diputada del PRO Karina Banfi, quien sostuvo que el proyecto «no respeta los principios básicos de la división de poderes». Según Banfi, la norma «delega atribuciones al Poder Ejecutivo que son propias del Congreso y crea tipos penales que no resisten el análisis de constitucionalidad, entre otros tantos errores técnicos-jurídicos».

Unión por la Patria exige tratamiento en Legislación Penal

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que la iniciativa sea analizada también en la comisión de Legislación Penal, dado que incluye modificaciones al Código Penal. El planteo expone una irregularidad en el trámite parlamentario, ya que las modificaciones penales requieren dictamen específico de esa comisión.

El rechazo de UxP, la izquierda y Provincias Unidas es de plano, mientras que sectores del PRO y la UCR manifestaron reparos técnicos y constitucionales que podrían derivar en abstenciones o incluso ausencias estratégicas para evitar el quórum.

Un proyecto que limita al Congreso y penaliza severamente

El texto establece que «queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario». Además, cualquier ley que autorice gastos no contemplados en el presupuesto sólo comenzará a regir una vez que las partidas sean incluidas en el ejercicio fiscal siguiente, salvo que cuente con financiamiento asegurado mediante «recursos concretos, específicos, actuales y suficientes».

Uno de los aspectos más polémicos es la sanción penal: será reprimido con prisión de uno a seis años el funcionario que viole las normas establecidas en la ley. Esta penalización genera interrogantes sobre su constitucionalidad y su impacto en la gestión pública.

El proyecto también habilita al jefe de Gabinete a adoptar «medidas necesarias» para restablecer el equilibrio fiscal si los recursos caen o los gastos aumentan por encima de lo previsto. Esta facultad discrecional del Ejecutivo fue interpretada por la oposición como una delegación de atribuciones que corresponden al Congreso.

Futuro incierto en el recinto

Según fuentes parlamentarias consultadas por la agencia NA, el proyecto figura en el último punto del temario de la sesión, lo que incrementa las chances de que caiga por falta de quórum. Otra posibilidad es que un grupo de legisladores solicite formalmente su vuelta a comisión para un análisis más exhaustivo.

La norma establece además que todos los proyectos deberán contar con un informe de impacto presupuestario en el mediano plazo, elaborado por el Ministerio de Economía en el caso de iniciativas del Ejecutivo, y por la Oficina de Presupuesto del Congreso en el caso de proyectos legislativos.

Finalmente, el texto determina que cualquier norma dictada en violación a estas disposiciones será declarada nula, lo que abre interrogantes sobre la seguridad jurídica de leyes futuras y el margen de acción del Poder Legislativo.

Puntos clave

• El proyecto prohíbe leyes sin financiamiento asegurado y penaliza con hasta 6 años de prisión a funcionarios que las apliquen
• Diputados del PRO y la UCR, además de toda la oposición, cuestionaron la iniciativa por violar la división de poderes
• Unión por la Patria reclamó que el proyecto sea tratado en la comisión de Legislación Penal
• Fuentes parlamentarias anticipan caída por falta de quórum o pedido de vuelta a comisión
• La norma habilita al jefe de Gabinete a adoptar medidas discrecionales para restablecer el equilibrio fiscal