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Legislativo

Proyecto de Ley de Compromiso Fiscal naufraga en Diputados por rechazo opositor y de aliados

La iniciativa que penaliza con hasta 6 años de prisión a funcionarios y limita la facultad presupuestaria del Congreso enfrenta pedidos de vuelta a comisión y riesgo de caída por falta de quórum en el recinto.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El proyecto de «Compromiso y Estabilidad Fiscal y Monetaria» impulsado por el Gobierno enfrenta un escenario crítico en la Cámara de Diputados, donde legisladores opositores y hasta aliados del oficialismo cuestionaron duramente la iniciativa y reclamaron más tiempo para su análisis. Fuentes legislativas consultadas anticiparon que la norma podría caer por falta de quórum o volver a comisión antes de ser tratada en el recinto.

La propuesta, que obtuvo dictamen de comisión, prohíbe la sanción de leyes sin financiamiento asegurado y establece penas de prisión de hasta 6 años para funcionarios que apliquen normas que violen el equilibrio fiscal. Esta disposición generó alarmas incluso en sectores que inicialmente apoyaban el espíritu de orden fiscal del proyecto.

Críticas desde el radicalismo y el PRO

El diputado radical Lisandro Nieri reconoció la necesidad de «dejar escrito» el orden monetario y fiscal, pero advirtió que la iniciativa debe «trabajarse con más seriedad» y reclamó «un tiempo de trabajo más importante». Su postura refleja la incomodidad de parte de la UCR con el apuro oficialista.

Más dura fue la posición de la diputada del PRO Karina Banfi, quien sostuvo que el proyecto «no respeta los principios básicos de la división de poderes». Según Banfi, la norma «delega atribuciones al Poder Ejecutivo que son propias del Congreso y crea tipos penales que no resisten el análisis de constitucionalidad, entre otros tantos errores técnicos-jurídicos».

Unión por la Patria exige tratamiento en Legislación Penal

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que la iniciativa sea analizada también en la comisión de Legislación Penal, dado que incluye modificaciones al Código Penal. El planteo expone una irregularidad en el trámite parlamentario, ya que las modificaciones penales requieren dictamen específico de esa comisión.

El rechazo de UxP, la izquierda y Provincias Unidas es de plano, mientras que sectores del PRO y la UCR manifestaron reparos técnicos y constitucionales que podrían derivar en abstenciones o incluso ausencias estratégicas para evitar el quórum.

Un proyecto que limita al Congreso y penaliza severamente

El texto establece que «queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario». Además, cualquier ley que autorice gastos no contemplados en el presupuesto sólo comenzará a regir una vez que las partidas sean incluidas en el ejercicio fiscal siguiente, salvo que cuente con financiamiento asegurado mediante «recursos concretos, específicos, actuales y suficientes».

Uno de los aspectos más polémicos es la sanción penal: será reprimido con prisión de uno a seis años el funcionario que viole las normas establecidas en la ley. Esta penalización genera interrogantes sobre su constitucionalidad y su impacto en la gestión pública.

El proyecto también habilita al jefe de Gabinete a adoptar «medidas necesarias» para restablecer el equilibrio fiscal si los recursos caen o los gastos aumentan por encima de lo previsto. Esta facultad discrecional del Ejecutivo fue interpretada por la oposición como una delegación de atribuciones que corresponden al Congreso.

Futuro incierto en el recinto

Según fuentes parlamentarias consultadas por la agencia NA, el proyecto figura en el último punto del temario de la sesión, lo que incrementa las chances de que caiga por falta de quórum. Otra posibilidad es que un grupo de legisladores solicite formalmente su vuelta a comisión para un análisis más exhaustivo.

La norma establece además que todos los proyectos deberán contar con un informe de impacto presupuestario en el mediano plazo, elaborado por el Ministerio de Economía en el caso de iniciativas del Ejecutivo, y por la Oficina de Presupuesto del Congreso en el caso de proyectos legislativos.

Finalmente, el texto determina que cualquier norma dictada en violación a estas disposiciones será declarada nula, lo que abre interrogantes sobre la seguridad jurídica de leyes futuras y el margen de acción del Poder Legislativo.

Puntos clave

  • El proyecto prohíbe leyes sin financiamiento asegurado y penaliza con hasta 6 años de prisión a funcionarios que las apliquen
  • Diputados del PRO y la UCR, además de toda la oposición, cuestionaron la iniciativa por violar la división de poderes
  • Unión por la Patria reclamó que el proyecto sea tratado en la comisión de Legislación Penal
  • Fuentes parlamentarias anticipan caída por falta de quórum o pedido de vuelta a comisión
  • La norma habilita al jefe de Gabinete a adoptar medidas discrecionales para restablecer el equilibrio fiscal

Elecciones

Bullrich, la aliada incómoda: el ajuste en discapacidad agrieta el armado 2027

La senadora libertaria cuestionó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027 y en Casa Rosada ya temen una ruptura que fragmente a la derecha. El karinismo minimiza el riesgo, pero otras tribus del oficialismo admiten que hay que contenerla.

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El Argentino Diario-Patricia Bullrich.
Bullrich no discute el ajuste, discute su costo electoral: la trastienda del desmarque por discapacidad.

El recorte en discapacidad que el Gobierno de Javier Milei metió en el Presupuesto 2027 no solo golpea a miles de familias que dependen de esas prestaciones: también abrió una grieta en la propia coalición oficialista, que a menos de un año de las presidenciales ya hace cuentas sobre qué pasaría si Patricia Bullrich decide irse. En Casa Rosada reapareció un fantasma conocido: la fragmentación del electorado de centroderecha.

La protagonista es la senadora nacional Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, que en los últimos días se desmarcó públicamente del capítulo VI del proyecto presupuestario. Ese apartado, que abarca los artículos 36 a 41, plantea modificaciones y derogaciones sobre distintos puntos de la legislación vinculada con discapacidad, incluido el esquema con el que se fijan y actualizan los aranceles del sistema de prestaciones.

«Nadie dijo nada de esto»

La primera señal llegó cuando Bullrich admitió que desconocía los cambios. «Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz. El Presupuesto llegó con cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos», explicó en una entrevista con Radio Rivadavia. Días después subió el tono en el canal de noticias A24: «Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto».

En esa misma entrevista apuntó contra la cartera que conduce Luis «Toto» Caputo como responsable del envío del texto al Congreso y definió el episodio como «un error no forzado» que «te puede hacer perder el partido». Luego fue más lejos: «Si cometemos un error no forzado, ¿qué van a pensar? Que somos crueles».

El cruce escaló cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que la senadora se había retirado antes de que la mesa política abordara el tema. Bullrich lo desmintió de plano: «Cuando se habló del Presupuesto yo estaba», afirmó, y agregó que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco conocía las modificaciones. «Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es», disparó, aunque aclaró que no pretende pelearse con nadie.

La crítica que no toca el ajuste

Conviene leer la letra chica del desmarque. Bullrich no cuestiona el rumbo económico: en sus intervenciones remarcó que el superávit fiscal y las metas de inflación son pilares no negociables del plan oficial, y sostuvo que el tema de discapacidad requiere una definición que no altere los objetivos fiscales de la administración libertaria. Su reproche no apunta al recorte en sí, sino al costo político de que la sociedad perciba al Gobierno como insensible.

La preocupación que la senadora expresa es, en esencia, electoral. «El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad», recordó, en referencia a las derrotas legislativas que sufrió el oficialismo. Para las personas con discapacidad y sus familias, lo que está en juego no es la imagen de un gobierno, sino el acceso a tratamientos, transporte y rehabilitación.

Las tribus libertarias y el temor a la ruptura

Si bien buena parte de la plana mayor del oficialismo cree que Bullrich repite un patrón conocido y no romperá con La Libertad Avanza, algunas voces del espacio siguen de cerca cada paso y plantean que el Gobierno debe esforzarse por retenerla. «El Gobierno tiene que impedirlo y tiene las herramientas para hacerlo», precisó una voz de una de las tribus libertarias, según trascendió.

El temor se alimenta de otro movimiento: el extitular de la Unión Cívica Radical Ernesto Sanz planteó la necesidad de impulsar un espacio opositor similar a Juntos por el Cambio. En el oficialismo le bajan el precio a la idea, pero reconocen que la ecuación cambiaría si la senadora se fuera. «Quieren poder darle cierto cuerpo a una potencial candidatura del PRO. Cuando hablan de Juntos por el Cambio es porque Sanz le sumaría ‘el tono radical’ para hablar de algo más amplio, pero no lo veo viable. Excepto que rompa Patricia», afirmó una fuente oficial.

En el karinismo, el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, descartan que la senadora tome distancia del partido al que se afilió en último término, aunque admiten que Bullrich se considera «una aliada» de la administración libertaria. «Es lógico. Ella ganó una PASO y fue candidata de otro espacio», la justifican. «Patricia es Patricia», resumió un funcionario del círculo íntimo de la hermana del Presidente.

Una candidatura en disputa

Con la reelección de Milei como objetivo declarado, toma fuerza la posibilidad de que Bullrich integre la fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta en 2027. La propia senadora lo dejó entrever sin nombrar al mandatario: «Es muy importante que el proyecto reelija». En su entorno evitan precisar a qué lugar de las listas aspira, pero anticipan que «hará lo necesario para que el peronismo no gane».

La escena revela la fragilidad de una coalición que se sostiene más por el espanto compartido que por un programa común. Mientras la interna libertaria discute lugares en las listas, el ajuste sobre los sectores más vulnerables sigue su curso en el Congreso.

Lo que tenés que saber:

  • El capítulo VI del Presupuesto 2027 (artículos 36 a 41) modifica y deroga normas vinculadas con discapacidad.
  • Bullrich admitió que desconocía esos cambios y los calificó como «un error no forzado».
  • La senadora desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre el tratamiento del tema en la mesa política.
  • Bullrich sostiene que el superávit fiscal y las metas de inflación no son negociables.
  • En el oficialismo crece la posibilidad de que sea candidata a vicepresidenta en 2027, mientras Ernesto Sanz impulsa reeditar un frente similar a Juntos por el Cambio.
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