Causa Adorni: declararon las jubiladas que le financiaron el departamento millonario

★ La causa por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó este miércoles dos testimonios centrales: las jubiladas Beatriz Alicia Viegas (72 años) y Claudia Bibiana Sbabo (64 años), quienes le vendieron y financiaron el departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, declararon ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py. En ambas audiencias estuvo presente el abogado del funcionario, Matías Ledesma.

Como parte de las medidas dispuestas por la fiscalía, las dos mujeres entregaron sus teléfonos celulares para que los investigadores accedan a sus registros de llamadas, mensajes, audios, correos electrónicos e imágenes vinculadas a la operación bajo análisis. La escribana Adriana Nechevenko, que intervino en la misma causa, no había podido mostrar su celular en las dos oportunidades anteriores en que compareció ante Pollicita, lo que motivó que la fiscalía extremara los recaudos con las nuevas testigos.

Los hijos al frente del negocio

De acuerdo a fuentes judiciales, Viegas declaró ante Pollicita que fue su hijo, Pablo Martín Feijoo, quien se encargó de toda la operación junto a un socio. Dijo no conocer a Adorni y afirmó haberlo visto por primera vez el día en que se realizó la escritura.

Feijoo había sido señalado por la propia Nechevenko como el impulsor del negocio, en virtud de su vínculo personal con el funcionario; según la escribana, sus hijos concurren al mismo colegio. Registros oficiales de la Casa Rosada indican que Feijoo estuvo en sede de gobierno el 22 de octubre de 2025, exactamente un mes antes de que se concretara la operación inmobiliaria. Deberá presentarse a declarar ante la fiscalía el próximo miércoles 22 de abril.

Sbabo, por su parte, confirmó que el negocio fue gestionado por su hijastro, Leandro Miano, en sociedad con Feijoo. Afirmó que el dinero que aportó para adquirir su parte del departamento era propio, procedente de ahorros, y declaró percibir una jubilación de 350.000 pesos mensuales.

La operación de Miró: números que no cierran

La transacción se concretó el 18 de noviembre de 2025: Adorni adquirió el inmueble de casi 200 metros cuadrados con cochera por un precio declarado de 230.000 dólares. Pagó únicamente 30.000 dólares al momento de la escritura y quedó debiendo 200.000 dólares, financiados por las propias vendedoras, sin intereses, con vencimiento en noviembre próximo.

Viegas y Sbabo habían comprado ese mismo departamento apenas meses antes al exfutbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa y sostuvo haber vendido la propiedad por 200.000 dólares. El circuito resultante es el que la fiscalía busca reconstruir: las mujeres adquirieron el bien, lo cedieron al funcionario en cuestión de meses y, además, le financiaron casi la totalidad del precio sin cobrar un solo peso de intereses, en una operación que la investigación considera atípica dado el perfil económico de las prestamistas.

Sobre el origen de los fondos, tanto Viegas como Sbabo declararon que el dinero provenía de otras operaciones de compraventa que habrían realizado con anterioridad.

La otra deuda: las policías y los 70.000 dólares

La semana pasada, en el marco de la misma causa, habían declarado ante Pollicita Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía Federal, y Victoria María José Cancio, su hija y contadora en la misma fuerza. Ambas figuran como prestamistas de 100.000 dólares que Adorni obtuvo con garantía hipotecaria sobre su departamento en la avenida Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco. El dinero habría sido utilizado para adquirir una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, y que no figura en su declaración jurada.

Según lo declarado por Molina y Cancio, Adorni ya devolvió 30.000 dólares y todavía les debe otros 70.000, más los intereses pactados a una tasa del 11% anual. El saldo vence en noviembre. Las mujeres indicaron que fue la primera vez que realizaron una operación de este tipo con Nechevenko y que no tenían vínculo previo con el funcionario.

El expediente, en plena expansión

En paralelo a las declaraciones, el fiscal Pollicita aguarda las respuestas a una serie de pedidos de informes cursados a distintos organismos públicos, habilitados después de que el juez federal Ariel Lijo levantara el secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y sus cuatro acreedoras. Las medidas permitirán acceder a declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, movimientos de cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio ante ARCA (ex AFIP).

La semana próxima continuará la ronda de testimonios: el lunes 20 declararán los dueños de la inmobiliaria que intervino en la compraventa, Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi. La investigación también avanzará sobre la adquisición y refacción de la propiedad en el country Indio Cuá, con la declaración del ex dueño Juan Ernesto Cosentino y del contratista Matías Tabar, quien deberá presentar presupuestos, órdenes de trabajo y toda la documentación vinculada a la remodelación del inmueble.

Como informó este medio en entregas anteriores, la imputación formal de Adorni por enriquecimiento ilícito fue dispuesta por Pollicita el 27 de marzo de 2026. La causa incluye, además del circuito inmobiliario descripto, irregularidades en las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y el uso de vuelos privados al exterior cuyo financiamiento se investiga.

Puntos clave

• Las jubiladas Viegas y Sbabo declararon este miércoles ante el fiscal Pollicita y entregaron sus celulares para peritaje forense.
• Ambas dijeron no haber intervenido personalmente en la operación: Viegas señaló a su hijo Feijoo y Sbabo a su hijastro Miano como quienes gestionaron el negocio.
• La transacción involucra 200.000 dólares financiados sin intereses por las vendedoras a Adorni, con vencimiento en noviembre de 2026.
• Las policías Molina y Cancio declararon la semana pasada que Adorni aún les debe 70.000 dólares de un préstamo de 100.000 dólares con garantía hipotecaria.
• El juez Lijo levantó el secreto fiscal y bancario del funcionario y su esposa; la causa suma nuevos testimonios la semana próxima.