Legislativo
Senado brasileño aprueba reducir penas a Bolsonaro por intento de golpe, pero Lula adelantó su veto
El proyecto que beneficiaría a Bolsonaro y otros condenados por los ataques del 8 de enero de 2023 fue aprobado con 48 votos a favor. El presidente brasileño anticipó que no permitirá que se reduzcan las condenas por «intentar destruir la democracia».
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El Senado de Brasil aprobó este miércoles el Proyecto de Ley de Sentencias con 48 votos a favor y 25 en contra, una iniciativa que permitiría reducir las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Entre los beneficiados estaría el expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión, cuya condena se reduciría a aproximadamente dos años más de cárcel.
Sin embargo, el proyecto ahora debe pasar al escritorio del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva para su sanción definitiva, y todo indica que el mandatario utilizará su poder de veto. El respaldo del Supremo Tribunal Federal (STF) a esta posición presidencial hace prever que el proyecto no prosperará en su forma actual.
Lula reafirma su postura contra la impunidad
Lula Da Silva, quien fue la víctima directa del intento golpista que incluyó la toma violenta de organismos públicos en Brasilia poco antes de su asunción, se mostró categórico respecto al tema. «Tiene que pagar por el intento de destruir la democracia que llevó a cabo en este país. Él lo sabe. No tiene sentido quejarse ahora», declaró el presidente en referencia a Bolsonaro.
El mandatario brasileño enfatizó la gravedad de los hechos: «Fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión porque intentó hacer algo muy serio». Esta posición del presidente se alinea con la del STF, que ha mantenido una línea firme en el juzgamiento de los responsables del ataque a las instituciones democráticas.
Un golpe que marcó la transición democrática
Los acontecimientos del 8 de enero de 2023 representaron uno de los episodios más graves contra la democracia brasileña en las últimas décadas. Cientos de partidarios de Bolsonaro, que no aceptaron su derrota electoral en los comicios de 2022, asaltaron y vandalizaron el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia.
Además de Bolsonaro, otros siete excolaboradores de su gobierno (2019-2022) fueron condenados por el Supremo por participar de la trama golpista destinada a impedir la asunción de Lula y mantener al expresidente en el poder. Asimismo, cientos de partidarios que participaron directamente en la toma de edificios públicos en la capital también recibieron condenas.
El proyecto de ley y sus implicancias
El Proyecto de Ley de Sentencias aprobado por el Senado establecería mecanismos de reducción de penas que beneficiarían a todos los condenados por los hechos del 8 de enero. La iniciativa, impulsada por sectores políticos afines al bolsonarismo, fue criticada por organizaciones de derechos humanos y sectores políticos progresistas como un intento de minimizar la gravedad del intento golpista.
La probable sanción de un veto presidencial, respaldado por el máximo tribunal del país, reflejaría la decisión del gobierno de Lula de no ceder ante presiones políticas que buscarían debilitar las condenas contra quienes atentaron contra el orden constitucional brasileño.
Puntos clave:
• El Senado brasileño aprobó con 48 votos a favor un proyecto para reducir penas de los condenados por el golpe del 8 de enero de 2023
• Bolsonaro, sentenciado a 27 años, vería reducida su condena a aproximadamente dos años más bajo este proyecto
• El presidente Lula Da Silva anticipó que vetará la iniciativa con respaldo del Supremo Tribunal Federal
• Además de Bolsonaro, siete excolaboradores de su gobierno y cientos de partidarios fueron condenados por el intento golpista
• Los ataques del 8 de enero de 2023 incluyeron la toma violenta del Congreso, el Palacio de Planalto y el STF en Brasilia
Legislativo
Tierras sin límite: avanza el proyecto que pone en jaque nuestra soberanía territorial
El oficialismo impulsa la derogación de los topes a la extranjerización mientras la Patagonia sigue bajo fuego; la iniciativa genera fuertes cruces con los bloques aliados en el Congreso por el control de recursos estratégicos.
Soberanía en remate: el impacto de la reforma que libera el mercado el territorio argentino
★ El bloque de La Libertad Avanza profundizó esta semana su ofensiva legislativa para eliminar las restricciones a la venta de campos a ciudadanos de otros países; una medida que busca derogar la Ley de Tierras Rurales (26.737). La iniciativa; que apunta a borrar el límite del 15 por ciento de titularidad foránea sobre el territorio nacional; provocó una fractura expuesta con sectores de la oposición aliada que advierten sobre el riesgo de entregar el control de reservorios de agua y zonas de seguridad de fronteras.
El fin de la protección territorial
La propuesta oficialista pretende desmantelar el andamiaje legal que desde 2011 regula la concentración de tierras en manos extranjeras. Según confirmaron fuentes legislativas consultadas por este medio; el proyecto elimina no solo los topes provinciales y municipales; sino también la prohibición de que personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad superen el 30 por ciento del total de las hectáreas permitidas. Esta desregulación total se presenta bajo la premisa de atraer inversiones (una retórica que choca con la realidad de los recursos estratégicos en disputa).
Un escenario de cenizas y especulación
El debate parlamentario ocurre en un contexto crítico para el sur argentino. Mientras los legisladores discuten la propiedad privada; la Patagonia atraviesa una emergencia por incendios que ya afectaron más de 3.500 hectáreas en zonas como Puerto Patriada y El Hoyo. Investigaciones previas documentaron que la devaluación de las tierras quemadas facilita su adquisición por capitales concentrados; un patrón que se repite en áreas linderas a los glaciares y nacientes de ríos. La fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer confirmó en peritajes recientes el hallazgo de combustibles en los focos; lo que ratifica la intencionalidad en el inicio del fuego.
El agua en el centro de la disputa
La preocupación central de las organizaciones sociales y los especialistas en soberanía territorial radica en el control del agua dulce. La derogación de la Ley 26.737 permitiría que enclaves estratégicos (como el ya paradigmático caso de Lago Escondido controlado por el magnate Joe Lewis) se multipliquen sin fiscalización estatal. Al privatizar la tierra en zonas de cordillera; se privatiza de hecho el acceso a los recursos hídricos; vitales para la supervivencia humana y el desarrollo productivo local.
Divisiones en el bloque aliado
No todo es consenso para el Poder Ejecutivo. Algunos sectores del PRO y bloques provinciales manifestaron su resistencia a una apertura irrestricta. El punto de conflicto principal es la Zona de Seguridad de Fronteras; donde la presencia de capitales extranjeros genera suspicacias en términos de seguridad nacional. Según trascendidos de las últimas reuniones de comisión; los aliados exigen mantener salvaguardas mínimas para evitar que áreas sensibles queden bajo control de potencias externas o fondos de inversión opacos.
Puntos clave:
- El oficialismo busca derogar la ley que limita la venta de tierras a extranjeros.
- La medida elimina el tope del 15 por ciento de territorio nacional en manos foráneas.
- El debate coincide con incendios intencionales en zonas estratégicas de la Patagonia.
- Hay fuertes cruces con aliados por la seguridad en zonas de frontera y recursos hídricos.
- Organizaciones sociales denuncian un modelo de saqueo y especulación inmobiliaria.
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