★ Agostina Páez, la abogada santiagueña que se convirtió en un símbolo de las tensiones diplomáticas entre Argentina y Brasil, fue condenada a dos años de prisión en suspenso por el delito de injuria racial. La sentencia, dictada por la Justicia de Río de Janeiro, puso fin a una saga judicial que comenzó en 2023 con un episodio de discriminación en un supermercado carioca.

El fallo, sin embargo, no significó el regreso inmediato de Páez a la Argentina. La jueza impuso como condición para evitar el cumplimiento efectivo de la pena la realización de tareas comunitarias y el pago de una indemnización a la víctima, Guilherme Schilling Pollo Duarte, el joven afrobrasileño que denunció los insultos racistas.

El revés judicial que postergó el regreso

A pesar de la condena en suspenso, la defensa de Páez enfrentó un obstáculo inesperado: la imposición de una tobillera electrónica que debía ser instalada antes de que la abogada pudiera abandonar territorio brasileño. La medida, solicitada por el Ministerio Público, generó una nueva controversia sobre los términos de la libertad condicional.

La Cancillería argentina, liderada por Gerardo Werthein, intentó gestionar una solución diplomática que permitiera el regreso de Páez sin la tobillera, argumentando cuestiones de soberanía y principios de reciprocidad internacional. Brasil mantuvo firme su posición: la sentencia debía cumplirse en su totalidad antes de cualquier trámite de expulsión o extradición.

La pulseada política entre Bullrich, Pagano y Fernández

El caso Páez no solo expuso las complejidades del sistema judicial brasileño: también desnudó las grietas del lawfare latinoamericano y el oportunismo político de actores locales. Marcela Pagano, diputada del PRO y una de las principales impulsoras de la defensa de Páez, protagonizó un enfrentamiento público con Patricia Bullrich, quien desde su posición en el gobierno de Milei mantuvo una postura más cautelosa.

Pagano acusó a Bullrich de «abandonar» a la abogada argentina y de no ejercer la presión diplomática necesaria. Bullrich, por su parte, señaló que el caso debía resolverse dentro del marco legal brasileño y que las injerencias externas podían perjudicar la posición de Páez. Alberto Fernández, expresidente y abogado, ofreció asesoramiento legal gratuito, sumando una nueva variable a la disputa política.

El lawfare como espejo de las tensiones regionales

El caso Páez reavivó el debate sobre el lawfare en América Latina. Para algunos sectores, la condena representó un ejemplo de judicialización política: una abogada argentina convertida en chivo expiatorio de tensiones diplomáticas entre gobiernos. Para otros, el fallo constituyó una aplicación legítima de la legislación brasileña contra el racismo, un delito que en Brasil cuenta con penas significativamente más severas que en Argentina.

La injuria racial en Brasil no es un delito menor: la legislación carioca, producto de siglos de esclavitud y discriminación estructural, establece penas de dos a cinco años de prisión para quienes discriminen por motivos de raza, color o etnia. La condena de Páez, aunque en suspenso, reflejó la rigurosidad de un sistema judicial que ha priorizado la protección de víctimas de racismo.

El episodio que desencadenó todo

El incidente ocurrió en noviembre de 2023, cuando Páez se encontraba de vacaciones en Río de Janeiro. Según la denuncia de Guilherme Schilling Pollo Duarte, la abogada argentina lo insultó con términos racistas tras una discusión en la fila de un supermercado. El joven, estudiante de derecho y activista contra el racismo, grabó parte del episodio y lo difundió en redes sociales.

La viralización del video generó una reacción inmediata de la sociedad brasileña. Páez fue detenida preventivamente, iniciándose un proceso judicial que se extendió por más de un año. La defensa argentina intentó sin éxito demostrar que los insultos no tuvieron connotación racial, argumento rechazado por los peritajes y testimonios presentados por la fiscalía.

Los costos humanos de un conflicto diplomático

Más allá de las disputas políticas y jurídicas, el caso Páez dejó en evidencia los costos humanos de un conflicto que trascendió lo personal. La abogada santiagueña pasó meses lejos de su familia, sin poder ejercer su profesión y enfrentando un sistema judicial desconocido en un idioma que dominaba apenas de manera básica.

Guilherme Schilling Pollo Duarte, por su parte, se convirtió en un referente del activismo antirracista en Brasil, aunque también enfrentó críticas por la exposición mediática del caso. La resolución judicial, con suspenso de la pena y tareas comunitarias, intentó equilibrar la reparación a la víctima con la posibilidad de reinserción de la condenada.

Un precedente incómodo

El caso Páez estableció un precedente incómodo para la diplomacia argentina. Por primera vez en décadas, una ciudadana argentina enfrentó una condena penal significativa en Brasil por un delito de discriminación, desnudando las diferencias legislativas entre países vecinos y las dificultades de asistencia consular en casos de alta exposición mediática.

La resolución definitiva del caso dependía de la cumplimentación de las tareas comunitarias y el pago de la indemnización. Hasta entonces, Páez permanecería en Brasil, con tobillera electrónica y prohibición de salida del país, mientras en Argentina los políticos seguían disputándose la bandera de su defensa.

Puntos clave

• ¿Quién es Agostina Páez? Abogada santiagueña condenada en Brasil por injuria racial.
• ¿Cuál fue la sentencia? Dos años de prisión en suspenso, con tareas comunitarias y tobillera electrónica.
• ¿Quién la denunció? Guilherme Schilling Pollo Duarte, joven afrobrasileño estudiante de derecho.
• ¿Qué es el lawfare? Uso político del sistema judicial para perseguir adversarios, según denuncian sectores opositores.
• ¿Quiénes intervinieron políticamente? Marcela Pagano, Patricia Bullrich y Alberto Fernández, entre otros.