Gremiales
ATE para el país ante una pérdida salarial acumulada del 44% y exige reapertura de paritarias
La medida de fuerza apunta al corazón del conflicto salarial con el Gobierno de Javier Milei: la reapertura inmediata de las paritarias de la Administración Pública Nacional, congeladas mientras la inflación devora los ingresos de los trabajadores estatales.
ATE realiza un paro nacional por la reapertura de las paritarias en la administración pública
★ La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante este martes un paro nacional con alto nivel de adhesión en todo el territorio, con movilizaciones en aeropuertos, organismos científicos y tecnológicos, y servicios estratégicos del Estado. La medida de fuerza apunta al corazón del conflicto salarial con el Gobierno de Javier Milei: la reapertura inmediata de las paritarias de la Administración Pública Nacional, congeladas mientras la inflación devora los ingresos de los trabajadores estatales.
Protestas desde la madrugada
Las primeras manifestaciones comenzaron en los aeropuertos de Bariloche (Río Negro) y El Calafate (Santa Cruz). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la concentración central fue convocada para las 11 en Costa Salguero, sobre la Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero. A las 12, los dirigentes nacionales del gremio ofrecieron una conferencia de prensa en el Aeroparque Jorge Newbery para fijar la posición del sindicato frente a la política salarial del Ejecutivo.
A partir de las 10 de la mañana, las protestas se extendieron al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y a organismos de ciencia y tecnología, con especial énfasis en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Allí, la medida también apuntó contra el anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la eliminación de más de 900 funciones consideradas vitales por los trabajadores del organismo.
El peso del ajuste: 44% de pérdida acumulada
Los números del conflicto son contundentes. Según informó el propio gremio, los trabajadores estatales acumulan una pérdida superior al 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Milei. El período paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, que abarca de junio de 2025 a mayo de 2026, cerró con aumentos acordados por el Gobierno con la firma de UPCN que ya se ubican 5,4 puntos por debajo de la inflación, aún antes de conocerse los índices de los últimos dos meses.
A esos datos se suma un informe del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que nuclea a más de 140 organizaciones gremiales de distintas centrales obreras. El documento estima que cada trabajador del sector público perdió en promedio 11.917.049 pesos en los últimos dos años, mientras que en el sector privado la pérdida promedio fue de 2.274.545 pesos. La pérdida total de los asalariados en el período asciende, según ese cálculo, a 58 billones de pesos.
Aguiar: «Ya todos se dieron cuenta de que no había ñoquis»
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, tomó la jornada como un punto de inflexión político. «Tenemos que aprovechar este momento porque la sociedad nos empieza a dar la razón. Quedaron atrás la campaña de desprestigio y la estigmatización sobre el empleo público. Ya todos se dieron cuenta de que no había ñoquis y que los recortes sobre el Estado no beneficiaron a nadie, sino que se tradujeron en una fenomenal pérdida de derechos para toda la sociedad», sostuvo el dirigente.
La referencia de Aguiar apuntó directamente al discurso que el oficialismo utilizó durante meses para instalar la imagen del empleado público como símbolo del gasto superfluo. Hoy, ese relato choca con la realidad de un Estado que recortó personal y presupuesto sin que eso se tradujera en beneficios concretos para la población.
Aguiar también fue directo contra el presidente. «Mientras los trabajadores estamos en el país esperando respuestas y un aumento salarial, el presidente se hace el cantante en Israel. Ya no soportamos más las payasadas y los papelones de Milei. Se terminó», expresó. Y advirtió: «Si no hay plata para los trabajadores, no habrá paz para el Gobierno. La conflictividad va a escalar y no será nuestra responsabilidad».
Servicios afectados y guardias mínimas
Durante la jornada de paro se garantizaron únicamente guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Los servicios afectados incluyeron la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, controles sanitarios del Senasa en puertos y aduanas, radiooperadores de medios públicos, brigadas de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el mantenimiento de plantas nucleares. El PAMI y ANSES atendieron exclusivamente emergencias. Solo se aseguraron vuelos sanitarios y de Estado.
Decisión tomada el 9 de abril
La medida fue resuelta en la reunión del Consejo Directivo Nacional de ATE del 9 de abril, con la participación de los 24 secretarios generales provinciales. El gremio anticipó que las protestas continuarán en los distintos organismos mediante asambleas, radios abiertas y ruidazos, y que evaluará un nuevo plan de acción si el Ejecutivo profundiza el ajuste, desfinancia áreas del Estado o avanza en despidos en la administración pública.
Puntos clave
- ATE realizó un paro nacional con alto nivel de adhesión, con movilizaciones en aeropuertos, organismos científicos y servicios estratégicos.
- Los trabajadores estatales acumulan una pérdida de más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión Milei, según el gremio.
- El FreSU estimó una pérdida promedio de 11.917.049 pesos por trabajador del sector público en los últimos dos años.
- El secretario general Rodolfo Aguiar advirtió que la conflictividad escalará si el Gobierno no reabre las paritarias.
- La medida afectó controladores aéreos, mantenimiento de plantas nucleares, Senasa, PAMI y ANSES, entre otros servicios críticos.
Gremiales
Sin remedios ni salarios: Dr. Ahorro cerró y dejó a 330 trabajadores en la calle
El Juzgado Comercial N°23 decretó el 27 de mayo la quiebra de Energía y Vida de Argentina SA, empresa controlante de la cadena de farmacias Dr. Ahorro, a pedido de sus propios socios. El cierre definitivo de 33 sucursales dejó a más de 330 trabajadores sin empleo, sin salarios y sin indemnizaciones, en medio de denuncias por vaciamiento previo de locales.
Quiebra de Dr. Ahorro: 330 empleados sin cobrar reclaman en las calles
★ La caída de Farmacias Dr. Ahorro dejó en la calle a más de 330 trabajadores, muchos de ellos sin cobrar sueldos desde diciembre de 2025 y con apenas el 25% de los haberes de abril de 2026 acreditados. El Juzgado Comercial N°23, a cargo del juez subrogante Federico Mármora, decretó la quiebra de Energía y Vida de Argentina SA, la razón social de la cadena de capitales mexicanos que operó en el país durante más de dos décadas especializándose en medicamentos genéricos de bajo costo.
La resolución judicial llegó después de que la propia compañía, el 26 de mayo, solicitara formalmente al magistrado que declarara la quiebra, en el marco del concurso de acreedores que ya tramitaba ante la misma sede. La decisión dejó sin efecto el proceso preventivo en curso y marcó el cierre definitivo de las bocas de expendio en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta.



El vaciamiento denunciado
Los trabajadores no tardaron en señalar que el colapso no fue sorpresivo ni involuntario. En un comunicado difundido esta semana, advirtieron que durante el fin de semana largo previo a la declaración de quiebra descubrieron que la empresa continuaba vaciando varios de los locales y que al menos dos sucursales ya estaban publicadas en alquiler, incluso antes de que el proceso judicial se formalizara.
«Desde el comienzo denunciamos el vaciamiento forzado y tendía a una quiebra fraudulenta», afirmó uno de los empleados movilizados en la protesta convocada frente a la sucursal del barrio porteño de Chacarita. La denuncia adquiere mayor peso cuando se considera que los trabajadores señalaron además que la empresa aplicó una maniobra similar en su filial chilena antes de retirarse de ese mercado.
Según consignaron medios especializados, Energía y Vida de Argentina SA se negó a realizar una tasación formal de los activos remanentes y solo presentó tres ofertas económicas de otras firmas farmacéuticas interesadas en lo que quedaba de la cadena. Entre los bienes disponibles para afrontar las deudas figuran el inmueble de administración y depósito ubicado en Chacarita, valuado en 1,7 millones de dólares, algunos vehículos, habilitaciones municipales farmacéuticas y medicamentos en stock.
Las voces de los que se quedaron sin trabajo
Las escenas del jueves 29 de mayo en las puertas de la sucursal de Chacarita retrataron la magnitud del golpe. El periodista Claudio Cardoso de C5N recogió los testimonios de quienes perdieron sus puestos de un día para otro, con los candados de los locales cambiados sin previo aviso y sin posibilidad de ingresar a retirar sus pertenencias personales.
«Quieren romper la dignidad, es lo único que nos quedaba, una fuente de trabajo para ganarnos nuestro sustento. Te pisotean, te humillan. ¿Ahora qué hacemos nosotros? Vienen los vencimientos, el alquiler. Es una mezcla de sensaciones: bronca, impotencia, no podemos hacer nada», expresó uno de los empleados frente a las cámaras.
Otra trabajadora, que se identificó como Directora Técnica con 23 años de antigüedad en la empresa, describió una situación aún más crítica en el plano profesional: «Hace un mes y medio que tengo mi título bloqueado. Hasta que el juez no lo libere no puedo buscar trabajo», afirmó.
Los reclamos concretos
Los empleados organizados presentaron un pliego de exigencias que incluye el pago de salarios adeudados, el proporcional de aguinaldo (incluyendo el de diciembre de 2025), las vacaciones no gozadas, las indemnizaciones correspondientes ante la confirmación de la quiebra, y la regularización de la deuda previsional tanto con el personal activo como con quienes fueron despedidos en diciembre de 2025.
También reclamaron la devolución de pertenencias personales que quedaron dentro de los locales, a los que no pudieron reingresar tras el cambio de candados dispuesto por la patronal.
Un colapso con contexto estructural
Dr. Ahorro llegó a la Argentina en 2002 de la mano del empresario mexicano Xavier González Zirión, con un modelo orientado a sectores de ingresos medios y bajos que necesitaban acceso a medicamentos genéricos a precios accesibles. En su mejor momento, la cadena operó 47 sucursales en distintas provincias y en el Gran Buenos Aires. Al momento del cierre definitivo, contaba con 33 bocas de expendio activas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta.
El primer ciclo de despidos masivos se produjo en diciembre de 2025, cuando la empresa desvinculó a cerca de 72 trabajadores sin abonarles ni el mes trabajado, ni el aguinaldo ni la indemnización correspondiente. La presentación en concurso de acreedores revelaba ya entonces una deuda superior a los 10 millones de dólares, acumulada con laboratorios, droguerías, proveedores y el propio personal.
El colapso de Dr. Ahorro se inscribe en un contexto de caída sostenida del consumo y aumento de los costos operativos que el gobierno de Javier Milei atribuye a una «corrección macroeconómica necesaria», pero que en la práctica está empujando al cierre a empresas orientadas a los sectores populares. Una cadena farmacéutica que subsistía vendiendo medicamentos accesibles a quienes no podían pagar las tarifas de las grandes cadenas no sobrevivió al ajuste.
Los acreedores tendrán tiempo hasta el 7 de septiembre de 2026 para presentar sus pedidos de verificación ante el juzgado. Los directivos de la empresa deberán comparecer a una audiencia de explicaciones el 30 de septiembre de 2026. Mientras tanto, el síndico designado avanza con la clausura de los locales y la toma de posesión de mercaderías y documentación.
Puntos clave
- El Juzgado Comercial N°23 decretó la quiebra de Energía y Vida de Argentina SA el 27 de mayo de 2026, a pedido de los propios socios de la empresa.
- Más de 330 trabajadores perdieron sus empleos; la empresa apenas abonó el 25% de los salarios de abril de 2026.
- Los empleados denuncian un proceso de vaciamiento previo a la quiebra, con locales publicados en alquiler antes del fallo judicial.
- Los reclamos incluyen salarios adeudados desde diciembre de 2025, aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones y deuda previsional.
- El cierre se suma a una lista creciente de colapsos empresariales en el marco de la recesión y la caída del consumo bajo la gestión Milei.
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