Cultura
Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías
Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.
El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.
Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera
La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.
La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.
El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.
El sector advirtió por el impacto de la derogación
La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.
Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.
En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.
La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.
Advierten por el futuro de las librerías de barrio
Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.
María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».
En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.
Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.
Cultura
Veinte años de tragamonedas: cómo quedó repartido el juego bonaerense
Del salón al celular, el mismo grupo.
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos adjudicó en mayo la explotación de las máquinas electrónicas de tres casinos bonaerenses por los próximos veinte años. La resolución 677/2026 cerró una licitación abierta durante 2025 y dejó esa porción del negocio presencial en manos de un solo grupo. La misma empresa figura, además, entre las licenciatarias del juego online provincial.
Qué firmó la Provincia en mayo
La adjudicataria es Boldt S.A., y el contrato cubre la operación y el mantenimiento de las máquinas electrónicas de juego en el Anexo III de Mar del Plata, que funciona en el Hotel Hermitage, y en los casinos de Miramar y Tandil. El plazo es de veinte años, con la posibilidad de una prórroga de un año más.
La medida se oficializó por el Boletín Oficial una vez terminado el proceso licitatorio. El pliego no se limita a poner máquinas en una sala: incluye la provisión y el mantenimiento del parque, el control online de los equipos, la remodelación de los salones y una serie de servicios complementarios atados a la actividad. Es, en los hechos, la operación completa de la parte del casino que más recauda.
En Tandil la decisión se leyó, sobre todo, como una señal de continuidad: la Provincia optó por sostener a la misma operadora que ya venía a cargo del casino local en lugar de abrir la sala a un tercero. En Miramar y en el anexo marplatense la lectura es parecida, con la diferencia de que ahí el compromiso de remodelación pesa más que el recambio de máquinas.
Para las ciudades involucradas, el punto no es menor. Un casino provincial es empleo estable, temporada turística y obra sobre un edificio que casi siempre es patrimonio urbano. Veinte años son cuatro mandatos municipales.
La licitación que quedó desierta
No todo el paquete encontró interesados. La licitación para operar las tragamonedas del complejo de Necochea quedó desierta y la Provincia deberá volver a llamarla. En el mismo proceso figuraban también el Anexo I del Hotel Sasso de Mar del Plata, Mar de Ajó y Sierra de la Ventana.
Una licitación desierta no es un trámite. Significa que, con las condiciones ofrecidas, ninguna empresa consideró rentable hacerse cargo de esa sala, y deja a la ciudad esperando una definición que ya se venía demorando.
Del salón al celular, el mismo grupo
La otra mitad del negocio se juega en el teléfono. bplay, la plataforma de juego online del Grupo Boldt, es una de las casas habilitadas por el propio IPLyC para operar en territorio bonaerense.
El organismo mantiene siete licencias de juego en línea, que es el techo que fija la norma, y no emitió nuevas autorizaciones desde la resolución 795/2020: cinco se otorgaron en 2023 y las dos restantes salieron a licitación en 2024. Hoy operan cinco casas con licencia provincial vigente, Betano, Betsson, bplay, bet365 y BetWarrior, todas bajo dominios .bet.ar y sujetas a auditoría de sus porcentajes de pago y a controles contra el lavado de dinero.
La diferencia entre las dos mitades del negocio no es el tamaño, es cuánto se puede mirar desde afuera. De la concesión de un salón se conoce lo que publica el Boletín Oficial y poco más. Del lado online los porcentajes de pago se auditan y se difunden, y alcanza con abrir un ranking de casinos online en Argentina para comparar cifras que en la sala física nadie publica. Esa asimetría explica buena parte de por qué la discusión pública sobre el juego se concentra en las apps y casi nunca en quién opera las máquinas de un casino provincial.
Los que trabajan en el salón
Detrás de cada concesión hay convenio colectivo. ALEARA, el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina, se fundó el 11 de abril de 1946 y agrupa al personal de casinos, bingos, salas de máquinas, hipódromos y agencias oficiales de lotería. El gremio calcula que la actividad reúne más de 250 mil puestos de trabajo en todo el país.
En la provincia el gremio cerró acuerdos salariales en abril y en julio de este año. La estabilidad de esos convenios, sin embargo, depende de quién esté del otro lado de la mesa, y ahí la experiencia reciente en otras jurisdicciones no es alentadora: la crisis salarial en los casinos de Salta dejó a más de doscientos trabajadores sin cobrar sueldos ni aguinaldos, con aportes impagos y sin cobertura de salud, según denunció el propio sindicato.
El convenio de la actividad cubre categorías que no se parecen entre sí. En una misma sala conviven crupieres, cajeros, personal de vigilancia, mantenimiento técnico de las máquinas y atención al público, y cada cambio de operador redefine quién queda dentro del plantel y quién pasa a un contrato tercerizado. Por eso, en el sector, una licitación se discute menos por el canon que paga el privado y más por el anexo que enumera el personal a absorber.
Qué cambia con una concesión de veinte años
Un plazo largo tiene dos lecturas. Para el trabajador de sala, un contrato extendido es previsibilidad: la dotación no queda pendiente de una renovación cada tres años y las obras comprometidas en el pliego tienen tiempo de ejecutarse. Para el Estado provincial, en cambio, significa atarse a un mismo operador durante dos décadas en un negocio que cambió más en los últimos cinco años que en los treinta anteriores.
Cuando se firmó el marco vigente del juego online, en 2020, todavía no existían las plataformas que hoy concentran el consumo. Nadie sabe qué va a ser una tragamonedas física en 2046.
La parte del negocio que no tiene licencia
Alrededor del circuito habilitado se mueve otro, bastante más grande de lo que suele suponerse. En 2024, un operativo coordinado entre personal de Lotería y el Ministerio de Seguridad terminó con cinco detenidos y unos 200 millones de pesos secuestrados en allanamientos en Lanús y Lomas de Zamora, en una causa que también alcanzó a Santa Fe. En ese mismo expediente se bloquearon 237 sitios de apuestas que operaban sin habilitación en territorio bonaerense.
La distinción importa para el usuario porque las obligaciones no son las mismas. Las plataformas habilitadas por el IPLyCdeben verificar la identidad de quien se registra, permitirle fijar límites de depósito y emitir alertas automáticas cuando la sesión se prolonga.
El programa provincial de juego responsable atiende de forma gratuita y confidencial en el 0800-444-4000, y la autoexclusión, que se inicia en el sitio del organismo y se completa de manera presencial, rige por dos años. Nada de eso existe en un sitio sin licencia, que además solo acepta jugadores mayores de 18 años en el papel.
Lo que se define ahora
Quedan dos frentes abiertos. El primero es Necochea, que necesita un nuevo llamado y condiciones distintas si la Provincia quiere que alguien se presente. El segundo son las salas que siguieron su propio camino dentro del mismo proceso licitatorio, entre ellas el Anexo I del Hotel Sasso, Mar de Ajó y Sierra de la Ventana.
En el plano online, en cambio, no hay novedades a la vista: el cupo de siete licencias está fijado desde 2020 y el IPLyC no dio señales de ampliarlo. Mientras el salón se reparte por veinte años, la puerta digital sigue cerrada con la misma llave que se puso hace un lustro.
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