La crisis de endeudamiento que atraviesan las familias argentinas tiene una cara visible y una oculta. La visible la miden las consultoras: según datos de Analytica, unos 5,3 millones de argentinos registraron algún tipo de mora tardía en mayo de 2026, con una irregularidad de cartera que alcanza el 12,6% en el sistema bancario y trepa al 21,6% en las fintech. La cara oculta es el mecanismo de presión que se activa cuando alguien deja de pagar: llamadas incesantes a cualquier hora, mensajes amenazantes por WhatsApp, contactos a familiares, compañeros de trabajo y exparejas, y avisos de embargos que en la mayoría de los casos no tienen respaldo jurídico real.

No se trata de prácticas nuevas ni marginales. Son el negocio establecido de las agencias de recuperación de crédito extrajudicial, un eslabón del sistema financiero que opera en una zona gris entre la presión legítima y la violación de derechos, y que encontró en el contexto de ajuste del gobierno de Javier Milei un terreno fértil para expandirse.

El circuito de la deuda incobrable

El funcionamiento del sistema tiene una lógica propia. Cuando un cliente deja de pagar por más de un año, los bancos y entidades financieras clasifican esa cartera como incobrable y la venden a estudios de cobranza especializados a una fracción del valor nominal. Una entidad bancaria consultada por este medio lo explicó con crudeza: si el cliente debe $100 y la entidad sabe que no lo recuperará, vende esa deuda por $20. El estudio comprador gestiona de manera intensiva y puede llegar a recuperar $40, quedándose con la diferencia como ganancia.

El mismo mecanismo se aplica en empresas de medicina prepaga, telecomunicaciones, supermercados y planes de ahorro. El problema es que la «gestión intensiva» que realizan muchas de estas agencias cruza con frecuencia los límites que fija la ley. Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia de Buenos Aires y titular de la Dirección de Defensa de los Derechos de los Consumidores, describió el patrón denunciado: llamadas reiteradas en horarios hábiles e inhábiles, incluyendo fines de semana; mensajes por WhatsApp y correo electrónico; y el mismo hostigamiento dirigido a familiares, compañeros de trabajo y vecinos del deudor, a quienes se divulgan datos personales y sensibles.

Las denuncias se triplicaron en un año

Los números del organismo bonaerense son contundentes. En 2024 se registraron 393 reclamos por prácticas abusivas bajo el submotivo «acoso». En 2025 esa cifra ascendió a 1.064 reclamos. Y solo entre el 1° de enero y el 31 de mayo de 2026 ya se acumularon 1.237 denuncias, superando en menos de cinco meses el total del año anterior.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires advirtieron que el aumento de la mora potencia pero no explica por sí solo el problema: «No son consecuencia de ella», señalaron, dado que el hostigamiento de agencias extrajudiciales es una práctica que lleva décadas. Lo que sí cambia con la crisis es su escala y su impacto sobre sectores que nunca antes habían estado en el circuito de la mora.

Entre los mensajes que reciben los consumidores, según pudo constatar este medio, figuran avisos de «visita de escribano sobre bienes en domicilio y su débito en cuenta bancaria» o «visita programada en el domicilio del empleador». Amenazas que en la mayoría de los casos no tienen sustento legal: las agencias de cobranza extrajudicial suelen ser centros de atención telefónica sin facultades jurídicas reales para ejecutar embargos.

La ley existe, pero no alcanza

El marco normativo prohíbe estas prácticas con claridad. La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor exige un trato digno y equitativo y prohíbe colocar a los clientes en situaciones «vergonzantes, vejatorias o intimidatorias». En la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 6171, sancionada en 2019, regula específicamente las agencias de cobranza extrajudicial: prohíbe el hostigamiento como método de cobro, las llamadas fuera de horario hábil, la notificación en el ámbito laboral del deudor y el envío de comunicaciones que queden a la vista de terceros.

Sin embargo, como remarcó Aguilar, la práctica persiste y se adapta: «Si bien es incuestionable el derecho del acreedor a gestionar el cobro de deudas en mora, dicho derecho no resulta ilimitado y debe ejercerse dentro de los marcos legales, encontrando su límite infranqueable en la prohibición de incurrir en prácticas abusivas y de hostigamiento.» El juicio judicial también dejó precedente: a finales de 2025, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ordenó indemnizar a un hombre que denunció hostigamiento por el cobro de una deuda con un supermercado que afirmó nunca haber contraído, luego de recibir mensajes, llamadas, correos electrónicos y panfletos en su domicilio, con contactos extendidos a su exesposa e hijas, una de ellas con discapacidad.

El ajuste como caldo de cultivo

El trasfondo estructural no puede soslayarse. Como señaló Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, «el aumento de la mora tiene como causa principal la caída de los ingresos de las familias», a lo que se suman factores como el cambio de régimen de inflación, las altas tasas de interés reales y el incremento del juego online. El ajuste del gasto social ejecutado por el gobierno de Milei, que según datos recabados por este medio acumuló una caída real del 61% en programas sociales y del 29% en salarios públicos, junto con el tarifazo que elevó el costo de los servicios más del 525% desde diciembre de 2023, configuran el escenario en que millones de familias cayeron en mora por primera vez.

El 24,1% de los morosos ya se encuentra en situación 4 o 5 del Veraz del Banco Central, es decir con retrasos de más de 180 días o más de un año. Para ellos, el sistema no solo cierra el acceso al crédito futuro: también habilita el circuito del hostigamiento extrajudicial como respuesta. «A veces la gente cree que ‘dejo de pagar y chau’. Pero la deuda no se extingue porque seas incobrable, un estudio jurídico va a seguir intentando cobrarte», admitió una fuente del sistema financiero.

Ante la escalada de denuncias, la Defensoría del Pueblo porteña recomendó a los consumidores no efectuar ningún pago sin verificar previamente que la agencia reclamante tenga facultades legales para hacerlo, y denunciar ante los organismos de Defensa del Consumidor cuando los métodos sean abusivos. Mientras tanto, el mercado del hostigamiento sigue creciendo.

Puntos clave

• La mora familiar alcanzó al 12,9% de las familias en el sistema bancario y afecta a 5,3 millones de argentinos, según Analytica.
• Las denuncias por hostigamiento de agencias de cobranza en la provincia de Buenos Aires pasaron de 393 en 2024 a 1.237 solo en los primeros cinco meses de 2026.
• La Cámara Nacional en lo Civil ordenó indemnizar a un hombre víctima de hostigamiento por el cobro de una deuda que afirmó nunca haber contraído.
• La Ley 24.240 y la Ley porteña 6171 prohíben las prácticas abusivas, pero las agencias extrajudiciales reinciden y se adaptan a nuevas formas de presión.
• El ajuste del gobierno de Milei, con caída del 61% en programas sociales y tarifazos del 525%, configuró el escenario estructural que disparó el endeudamiento masivo.