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Desregulación

El Código Aduanero en la mira del desguace libertario: otro golpe a la soberanía

El Gobierno de Javier Milei avanza con modificaciones que flexibilizan el control sobre el comercio exterior y amenazan con desarticular el rol estratégico del Estado en las fronteras del país.

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El Gobierno quiere modificar el Código Aduanero, pero la reforma facilita la fuga de capitales

★ El Gobierno libertario oficializó su intención de implementar reformas profundas en el Código Aduanero, una medida que generó alarma inmediata en sectores gremiales, industriales y políticos. Según fuentes del ámbito legislativo consultadas por este medio, el proyecto busca reducir la intervención estatal en los procesos de exportación e importación, lo cual facilitaría el ingreso de mercaderías sin los controles exhaustivos que rigen actualmente.

Este movimiento se inscribe en una lógica de desregulación absoluta que, bajo la promesa de modernización, esconde un retroceso en las capacidades de fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La desarticulación del control estatal

Las modificaciones propuestas apuntan directamente al corazón de la soberanía económica. Al habilitar mecanismos de autodeclaración laxa y reducir los canales de inspección física, el Estado pierde la capacidad de combatir de forma eficiente el contrabando, la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones; maniobras históricas utilizadas para la fuga de capitales. De acuerdo a especialistas en comercio exterior de universidades nacionales, estas reformas podrían dejar las fronteras argentinas en una situación de vulnerabilidad extrema frente al crimen organizado y los grandes grupos económicos.

El antecedente inmediato de estas medidas se encuentra en la reciente reestructuración de los organismos de control. Fuentes gremiales de la aduana indicaron que existe una preocupación creciente por la estabilidad laboral y por el vaciamiento de áreas técnicas críticas. La intención del Ejecutivo, según revelaron trabajadores del sector que prefirieron mantener anonimato, es delegar funciones que hoy son exclusivas del servicio público en entidades privadas, lo que representaría una privatización de hecho de las funciones de policía aduanera.

Impacto en la industria y el trabajo

Desde los sectores vinculados a la producción nacional advirtieron que la flexibilización de las normas de importación será el golpe final para las pequeñas y medianas empresas. Al eliminar las barreras de protección que establece el actual Código Aduanero, el mercado local se verá inundado por productos extranjeros que compiten en condiciones de desigualdad; lo cual acelerará el proceso de desindustrialización que ya muestran los indicadores del INDEC.

La entrega de los recursos estratégicos y el debilitamiento de la soberanía alimentaria y energética también forman parte del trasfondo de esta reforma. Al facilitar la salida de materias primas sin controles rigurosos, el país resigna la posibilidad de agregar valor en origen y de garantizar el abastecimiento interno. La política del «Estado ausente» que pregona el Gobierno libertario se traduce en una transferencia directa de recursos hacia los sectores agroexportadores y las multinacionales, profundizando la dependencia con los organismos internacionales de crédito.

El rol de la justicia y el «Partido Judicial»

Mientras el Ejecutivo avanza con decretos y proyectos de ley para desguazar el control aduanero, la mirada se posa sobre la Justicia Argentina. Existen sospechas fundadas en sectores del arco político opositor de que estas reformas cuentan con el aval implícito de sectores de Comodoro Py, que actuarían como blindaje jurídico ante posibles presentaciones judiciales contra la constitucionalidad de los cambios. La falta de un control judicial independiente frente a los atropellos contra el patrimonio público es una de las mayores preocupaciones para la salud democrática de la Argentina.

Puntos clave:

  • El proyecto oficial busca flexibilizar los controles de la AFIP sobre el comercio exterior.
  • Sectores gremiales denuncian un posible vaciamiento y privatización de funciones aduaneras.
  • La industria nacional alerta sobre una apertura indiscriminada de importaciones.
  • Las reformas facilitan maniobras de fuga de capitales mediante subfacturación y sobrefacturación.
  • El debilitamiento aduanero pone en riesgo la soberanía económica y los recursos estratégicos del país.

Desregulación

La motosierra dejó 68.561 estatales en la calle y hoy llegó a la CNEA

En dos años y medio, el Gobierno de Javier Milei eliminó 68.561 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional, una caída del 20%, según el último informe del CEPA. El dato se conoce horas después de que ATE ocupara la sede de la CNEA por la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

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ATE ocupó la sede central de la CNEA tras la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

En dos años y medio de gestión, el Gobierno de Javier Milei eliminó 68.561 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional, una caída del 20%, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos del INDEC. El dato se conoció horas después de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupara la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en rechazo a la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

Según el informe titulado “La dotación de personal del Sector Público Nacional”, correspondiente a abril de 2026 y publicado el 31 de mayo por el CEPA en base a estadísticas oficiales del INDEC, la planta total de la Administración Pública Nacional (APN) y de las empresas y sociedades del Estado se redujo en 68.561 puestos entre diciembre de 2023 y abril de 2026; es decir, 75 personas despedidas o no renovadas por día desde que el actual Presidente asumió el cargo. La dotación total se ubicó, según el propio INDEC, en 274.793 personas.

El derrumbe, sector por sector

El recorte no impactó de manera pareja en toda la estructura estatal. En términos absolutos, la administración descentralizada (organismos con autonomía técnica, administrativa y financiera) concentró la mayor pérdida de puestos, con 23.511 empleos menos (caída del 17,19%). Le siguieron las empresas y sociedades del Estado, con 22.237 bajas (20,17%), y la administración centralizada, que perdió 17.176 cargos (30,75%), el porcentaje más alto de toda la administración pública. La administración desconcentrada restó 3.914 puestos (15,70%) y los “otros entes” perdieron 1.722 (11,08%).

Correo Argentino, a la cabeza del ranking de despidos

Entre las empresas estatales, el Correo Argentino encabeza el ranking con 5.449 despidos, según el CEPA, lo que compromete funciones como la distribución de documentos de identidad, medicamentos y materiales educativos en zonas donde no llegan los operadores privados. Le siguen el Banco Nación, con 2.368 desvinculaciones, en momentos en que el Gobierno avanza con su plan de privatización de la entidad, y Aerolíneas Argentinas, con 1.983 bajas. La Casa de Moneda perdió 715 puestos (una caída proporcional del 51% de su dotación), mientras que la Agencia de Publicidad del Estado y Belgrano Cargas y Logística sumaron 638 y 594 desvinculaciones respectivamente. En Fabricaciones Militares se desvincularon 450 trabajadores, lo que el CEPA describe como un golpe directo a la capacidad del Estado de producir material militar.

El ajuste también golpeó a la ciencia y la fiscalización

Dentro de la Administración Pública Nacional, el organismo con más bajas nominales fue ARCA (ex AFIP), con 3.398 puestos eliminados, lo que el informe vincula con un debilitamiento de la capacidad de fiscalización y recaudación del Estado. El CONICET perdió 1.953 trabajadores entre investigadores, técnicos y personal de apoyo, y el ANSES, 1.844 agentes. También sufrieron recortes significativos la Dirección Nacional de Vialidad (1.436 puestos), los Estados Mayores de la Armada (1.374), el Ejército (964) y la Fuerza Aérea (780), el ENACOM (881), el INTI (833) y el INTA (824).

La jornada de hoy: ATE ocupó la CNEA

El informe del CEPA se conoció horas después de que estallara un nuevo foco de conflicto en el sector científico y tecnológico estatal. Este martes, la CNEA notificó a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que no renovaría los contratos a plazo fijo que vencían el 30 de junio, lo que afectó, según la denuncia de los gremios, a cerca de un centenar de profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado, varios de ellos con más de diez años de antigüedad en el organismo. La comunicación llevó la firma de Alejandro Lemos, gerente de Recursos Humanos de la CNEA.

En respuesta, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió ocupar pacíficamente la sede central del organismo, en la avenida del Libertador, en reclamo por la reincorporación de los despedidos. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la medida del Gobierno como un intento de “vaciar” la CNEA y desmintió versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta retención del presidente del organismo, Martín Porro, a quien describió como “atrincherado por decisión propia”. Los gremios advirtieron que los despidos afectan áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nuclear argentino, como el reactor multipropósito RA10 y el desarrollo del reactor CAREM.

Un Estado que se repliega

El informe del CEPA concluye que el proceso de ajuste no responde a una lógica de modernización administrativa, sino a una reducción cuantitativa y sostenida que, mes a mes, debilitó la capacidad operativa del Estado en áreas tan diversas como la ciencia, la fiscalización tributaria, la seguridad social, la producción de contenidos públicos y la conectividad territorial. El caso más extremo en términos proporcionales sigue siendo el de la ex Télam (hoy Agencia de Publicidad del Estado), con una caída del 78,8% de su personal, que la dejó en una situación de virtual extinción operativa.

Puntos clave

  • El Sector Público Nacional perdió 68.561 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y abril de 2026, una caída del 20%, según el CEPA.
  • El Correo Argentino lidera el ranking de despidos con 5.449 bajas, seguido por el Banco Nación (2.368) y Aerolíneas Argentinas (1.983).
  • ARCA, CONICET y ANSES encabezan los recortes dentro de la Administración Pública Nacional, con 3.398, 1.953 y 1.844 puestos eliminados respectivamente.
  • Este martes, ATE ocupó la sede central de la CNEA tras la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.
  • La ex Télam, hoy Agencia de Publicidad del Estado, registra el recorte proporcional más severo, con una caída del 78,8% de su personal.
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