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Desregulación

El Código Aduanero en la mira del desguace libertario: otro golpe a la soberanía

El Gobierno de Javier Milei avanza con modificaciones que flexibilizan el control sobre el comercio exterior y amenazan con desarticular el rol estratégico del Estado en las fronteras del país.

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El Gobierno quiere modificar el Código Aduanero, pero la reforma facilita la fuga de capitales

★ El Gobierno libertario oficializó su intención de implementar reformas profundas en el Código Aduanero, una medida que generó alarma inmediata en sectores gremiales, industriales y políticos. Según fuentes del ámbito legislativo consultadas por este medio, el proyecto busca reducir la intervención estatal en los procesos de exportación e importación, lo cual facilitaría el ingreso de mercaderías sin los controles exhaustivos que rigen actualmente.

Este movimiento se inscribe en una lógica de desregulación absoluta que, bajo la promesa de modernización, esconde un retroceso en las capacidades de fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La desarticulación del control estatal

Las modificaciones propuestas apuntan directamente al corazón de la soberanía económica. Al habilitar mecanismos de autodeclaración laxa y reducir los canales de inspección física, el Estado pierde la capacidad de combatir de forma eficiente el contrabando, la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones; maniobras históricas utilizadas para la fuga de capitales. De acuerdo a especialistas en comercio exterior de universidades nacionales, estas reformas podrían dejar las fronteras argentinas en una situación de vulnerabilidad extrema frente al crimen organizado y los grandes grupos económicos.

El antecedente inmediato de estas medidas se encuentra en la reciente reestructuración de los organismos de control. Fuentes gremiales de la aduana indicaron que existe una preocupación creciente por la estabilidad laboral y por el vaciamiento de áreas técnicas críticas. La intención del Ejecutivo, según revelaron trabajadores del sector que prefirieron mantener anonimato, es delegar funciones que hoy son exclusivas del servicio público en entidades privadas, lo que representaría una privatización de hecho de las funciones de policía aduanera.

Impacto en la industria y el trabajo

Desde los sectores vinculados a la producción nacional advirtieron que la flexibilización de las normas de importación será el golpe final para las pequeñas y medianas empresas. Al eliminar las barreras de protección que establece el actual Código Aduanero, el mercado local se verá inundado por productos extranjeros que compiten en condiciones de desigualdad; lo cual acelerará el proceso de desindustrialización que ya muestran los indicadores del INDEC.

La entrega de los recursos estratégicos y el debilitamiento de la soberanía alimentaria y energética también forman parte del trasfondo de esta reforma. Al facilitar la salida de materias primas sin controles rigurosos, el país resigna la posibilidad de agregar valor en origen y de garantizar el abastecimiento interno. La política del «Estado ausente» que pregona el Gobierno libertario se traduce en una transferencia directa de recursos hacia los sectores agroexportadores y las multinacionales, profundizando la dependencia con los organismos internacionales de crédito.

El rol de la justicia y el «Partido Judicial»

Mientras el Ejecutivo avanza con decretos y proyectos de ley para desguazar el control aduanero, la mirada se posa sobre la Justicia Argentina. Existen sospechas fundadas en sectores del arco político opositor de que estas reformas cuentan con el aval implícito de sectores de Comodoro Py, que actuarían como blindaje jurídico ante posibles presentaciones judiciales contra la constitucionalidad de los cambios. La falta de un control judicial independiente frente a los atropellos contra el patrimonio público es una de las mayores preocupaciones para la salud democrática de la Argentina.

Puntos clave:

  • El proyecto oficial busca flexibilizar los controles de la AFIP sobre el comercio exterior.
  • Sectores gremiales denuncian un posible vaciamiento y privatización de funciones aduaneras.
  • La industria nacional alerta sobre una apertura indiscriminada de importaciones.
  • Las reformas facilitan maniobras de fuga de capitales mediante subfacturación y sobrefacturación.
  • El debilitamiento aduanero pone en riesgo la soberanía económica y los recursos estratégicos del país.

Desregulación

La motosierra de Sturzenegger no se apaga: el Gobierno planifica una nueva ola de despidos en el Estado

El ministro de Desregulación recorre ministerio por ministerio para determinar nuevos recortes de personal en la segunda mitad del año. Los sindicatos ATE y UPCN advierten sobre el deterioro salarial y amenazan con conflictividad.

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El Argentino Diario-Federico Sturzenegger.
Funcionarios del propio gobierno expresaron dudas sobre el impacto de una ola de despidos en la administración.

Sturzenegger recorre ministerios para planificar nuevos despidos en el Estado en el segundo semestre

★ La administración de Javier Milei prepara una nueva ronda de despidos en el sector público. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mantiene activa la denominada «motosierra» y ejecuta un relevamiento sistemático de la planta de personal en todas las carteras del Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de profundizar el ajuste en la segunda mitad del año.

En las últimas semanas, funcionarios del área de Sturzenegger, ex titular del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, recorrieron distintos ministerios para relevar dotaciones, funciones y eventuales duplicaciones de tareas. El criterio rector es determinar si las mismas funciones pueden cumplirse con menos trabajadores.

El mensaje que llega a cada ministerio

La señal que transmiten los enviados de Sturzenegger es unívoca. «Cada vez que gente de Sturzenegger aparece por las oficinas, se deja bien en claro la necesidad de continuar con más recortes de trabajadores en la segunda mitad de año, en lo posible en cada área estatal», reveló una fuente de alto rango. Desde las propias filas del gobierno libertario, no todos comparten el optimismo oficial: algunos funcionarios advierten que la eliminación masiva de empleados podría generar dificultades concretas en la gestión administrativa del Estado.

ATE promete conflicto abierto

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anticipó que resistirá la avanzada. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, fue contundente: «No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar». Aguiar también exigió la reapertura inmediata de las paritarias del sector. «Si no sucede eso, los vamos a llenar de conflictividad en el Estado», advirtió.

UPCN: preocupación sin definición táctica

En la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, la preocupación es palpable aunque la organización aún no definió medidas de fuerza. «Vemos con mucha preocupación que este gobierno ha generado una política de ajuste muy fuerte, sobre todo en el Estado Nacional», señalaron desde el sindicato.

Los dirigentes de UPCN denunciaron que el Ejecutivo desvinculó a trabajadores con más de diez años de antigüedad, «muy formados y muy preparados», que incluso aprobaron el examen de idoneidad impuesto por el propio gobierno con un índice de aprobación del 95 por ciento. «Siguen echando gente y lo que más preocupa es que el nivel de los ingresos salariales están lamentablemente perdiendo capacidad remunerativa», señalaron.

La posición del gremio apunta a una distinción que el discurso oficial sistemáticamente evita: «El Estado le pertenece a la comunidad, no a un gobierno. Por lo tanto, podemos hablar de eficientizarlo lo que sea necesario, pero nunca de destruirlo o dejarlo en una situación totalmente vulnerable que no logre contener a la gente que más necesita del Estado», concluyeron.

El ajuste como política estructural

El plan de nuevos despidos se inscribe en un proceso de reducción del empleo público que lleva más de dos años. Desde diciembre de 2023, el Gobierno de Milei recortó los salarios reales de los trabajadores estatales en torno al 29 por ciento, según datos del Foro Economía y Trabajo, y redujo el gasto primario total en un 31 por ciento acumulado. La política de ajuste responde a las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado suscripto en abril de 2025 por USD 20.000 millones, cuya segunda revisión fue aprobada en abril de 2026.

La perspectiva de una nueva oleada de cesantías en el Estado agudiza la tensión entre el Ejecutivo y los sindicatos del sector, en un contexto en que los ingresos de los trabajadores estatales aún no recuperaron el poder adquisitivo perdido desde el inicio de la gestión libertaria.

Puntos clave:

  • El ministerio de Sturzenegger recorre carteras para relevar personal y planificar nuevos despidos para el segundo semestre de 2026.
  • Funcionarios del propio gobierno expresaron dudas sobre el impacto en la gestión administrativa.
  • ATE anunció confrontación abierta y exigió la reapertura inmediata de paritarias.
  • UPCN advirtió que el 95% de los trabajadores evaluados aprobó el examen de idoneidad y aun así los despidos continúan.
  • Los recortes se ejecutan en el marco de las metas fiscales acordadas con el FMI.
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