Judiciales ⚖️
La mansión de Adorni en el country bajo lupa judicial: investigan el origen de las refacciones
El fiscal Pollicita citó al contratista que ejecutó las obras y reclamó toda la documentación de pagos, materiales y comunicaciones del jefe de Gabinete en el country de Exaltación de la Cruz.
La Justicia sigue excavando en la corrupción de Adorni
★ La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó una nueva arista este jueves. El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lidera la causa desde su imputación el 27 de marzo, citó a declarar al contratista que ejecutó las refacciones de la propiedad que Adorni posee a través de su esposa, Bettina Angeletti, en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.
La citación fue dirigida a Matías Tabar, representante de la empresa Grupo AA, que deberá presentarse ante la justicia el 24 de abril a las 9:00 en Comodoro Py. Junto a él, Pollicita también convocó a declarar a Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, las dos jubiladas que financiaron en noviembre pasado la compra del departamento que Adorni posee en Caballito, así como a Pablo Martín Feijoo, hijo de una de ellas, y Juan Consentino, el vendedor original de la propiedad ubicada en el country.
La búsqueda de un rastro financiero
La estrategia de Pollicita apunta a reconstruir minuciosamente cómo fue financiada cada etapa de las refacciones y quién aportó realmente los fondos. Para ello solicitó documentación exhaustiva: presupuestos, cotizaciones, contratos, órdenes de servicio, facturación, comprobantes de pago, así como todo registro de comunicaciones entre Adorni y su esposa.
El fiscal también requirió que se acredite cómo se pagaron los 5.000 dólares en concepto de tasa de ingreso que abonó el matrimonio Adorni-Angeletti el 30 de noviembre de 2024 al barrio privado. La solicitud incluye «recibos, transferencias, comprobantes de depósito, cheques o pagos en efectivo» que acrediten la procedencia de esos fondos.
En particular, Pollicita buscará determinar con qué modalidades se efectuaron los pagos (transferencias, efectivo, cheques, permutas) y cuál fue el origen de los mismos, utilizando los datos que aporte la administración del country sobre cuentas bancarias, billeteras virtuales, CBU-CVU y otros instrumentos de pago que hayan intervenido.
El country como capítulo más de una saga fiscal
La casa en el country Indio Cuá no es un detalle menor en el expediente. Como adelantó El Argentino Diario hace una semana, esta propiedad ha sido un punto de conflicto desde el inicio de la investigación: está registrada a nombre de la esposa de Adorni pero no figura en ninguna declaración jurada del funcionario. El valor de mercado del predio oscila entre USD 129.000 y USD 249.000, mientras que las expensas mensuales alcanzan los $700.000, una cifra que contrasta notoriamente con los ingresos que Adorni declaró hasta marzo de 2025.
En la investigación anterior quedó de relieve que la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino tanto en la compra del departamento de Caballito como en la inscripción de la casa en el country, visitó la Casa Rosada en siete ocasiones entre julio de 2024 y septiembre de 2025 para reunirse con Adorni. La profesional fue citada a declarar el 8 de abril pasado; en su comparecencia ante Pollicita negó haber facilitado operaciones sospechosas y caracterizó todas las transacciones como «normales» desde su perspectiva profesional.
Las jubiladas que financiaron a Adorni
Claudia Sbabo (64 años) y Beatriz Viegas (72 años) vuelven a ser protagonistas involuntarias de este capítulo. Ambas habían comprado el departamento de Caballito al exjugador de fútbol Hugo Morales por USD 200.000 en noviembre de 2023. Apenas seis meses después, en noviembre de 2024, le vendieron el inmueble a Adorni por USD 230.000. El 87% de esa operación fue financiado a través de una hipoteca privada, sin intereses y con vencimiento en noviembre de 2025, según documenta la causa.
Ninguna de las dos mujeres confirmó conocer a Adorni cuando fue consultada por la prensa. Viegas respondió que no lo conocía; en el celular de Sbabo atendió otra persona que tampoco aclaró vínculo alguno con el funcionario. Por ello, Pollicita investiga si actuaron como testaferros de un inversor oculto o si la operación buscó evadir gravámenes y disimular el origen real de los fondos.
Ahora deberán presentarse con documentación que acredite el origen de los fondos que afectaron a las operaciones inmobiliarias. Se les exigirán copias de sus declaraciones juradas impositivas ante la ARCA correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025, así como cualquier comprobante que acredite su situación fiscal.
Secreto bancario levantado y un panorama más amplio
La causa ya ha avanzado en otros frentes. Pollicita logró que se levantara el secreto bancario de Adorni para investigar el financiamiento de gastos como vuelos privados hacia Nueva York y Punta del Este. Los testimonios indican que fue el periodista Marcelo Grandio quien gestionó y pagó esos viajes, circunstancia que generó un conflicto de interés dado que Grandio mantuvo contratos con la Televisión Pública durante la gestión de Adorni como vocero presidencial.
Asimismo, la fiscalía investiga un presunto viaje a Aruba que no habría sido informado públicamente, así como registros migratorios que incluyen destinos en Perú y Ecuador sin coincidencia con declaraciones del funcionario.
Puntos clave
- El fiscal Pollicita citó a Matías Tabar, representante de Grupo AA, y a las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, entre otros, para declarar sobre el financiamiento y origen de fondos en operaciones inmobiliarias de Adorni.
- Pollicita solicitó documentación exhaustiva sobre las refacciones del country: presupuestos, contratos, órdenes de servicio, facturas, comprobantes de pago y comunicaciones de Adorni y su esposa.
- La casa en el country de Exaltación de la Cruz, a nombre de Bettina Angeletti, no figura en ninguna declaración jurada del jefe de Gabinete pese a que sus expensas mensuales ($700.000) superan los ingresos declarados.
- Las dos jubiladas que vendieron el departamento de Caballito a Adorni por USD 230.000 negaron conocerlo; Pollicita investiga si actuaron como testaferros o si la operación buscó evadir gravámenes.
- La causa también investiga vuelos privados pagados por el periodista Marcelo Grandio y un presunto viaje a Aruba no informado públicamente.
Salud 🩺
Monteoliva confirmó que los suicidios en las Fuerzas subieron un 30% y apuntó al endeudamiento de los efectivos
La ministra de Seguridad reconoció que en 2025 hubo un 30% más de suicidios en las Fuerzas que en 2024, vinculó el fenómeno al endeudamiento formal e informal de los efectivos y admitió que los bajos salarios son una deuda pendiente que depende del «equipo económico».
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, admitió este miércoles que la tasa de suicidios dentro de las Fuerzas de Seguridad aumentó de manera significativa y señaló al endeudamiento formal e informal de los efectivos como uno de los factores que explican el fenómeno. Las declaraciones, vertidas en una entrevista radial, constituyen el primer reconocimiento oficial explícito de una crisis que se encuadra en un cuadro social más amplio: según los propios datos que citó la funcionaria, los suicidios en Argentina casi se duplicaron en la última década.
El 30% de aumento que el Gobierno ya no puede ignorar
Consultada sobre el tema, Monteoliva no esquivó el dato: «En el año 2025 hubo un 30% más que en 2024. La tasa en Argentina, que está en el informe que publicamos, es de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes«, afirmó. La ministra contextualizó el incremento dentro de una tendencia nacional que, según sus propias palabras, pasó de unas 2.300 muertes anuales por suicidio hace diez años a las actuales 5.300, más del doble en una sola década.
La funcionaria señaló que las Fuerzas «no le escapan a esa realidad» y que el aumento dentro de las instituciones de seguridad debe leerse en ese contexto general. Sin embargo, la dimensión del incremento anual, un 30% en un solo año, excede cualquier promedio estadístico y sugiere que los factores propios de la vida en las Fuerzas agravan una tendencia que ya de por sí resulta alarmante.
El endeudamiento: la herida que el discurso oficial no cierra
Lo más revelador de la entrevista fue el reconocimiento de Monteoliva sobre los niveles de endeudamiento que afectan a los efectivos. «Hace mucho tiempo trabajamos en medidas con las que podamos explicar cuestiones de ayudas financieras porque existen niveles de endeudamiento formal e informal al interior de las Fuerzas», admitió la ministra, quien describió situaciones en las que el agente de seguridad es con frecuencia «el único que tiene un recibo de sueldo y sirve de garante en el seno familiar».
La referencia al endeudamiento «informal» abre un capítulo especialmente delicado: implica la existencia de mecanismos de crédito por fuera del sistema regulado, con condiciones que pueden volverse insostenibles para quienes perciben salarios que la propia ministra calificó como insuficientes. «Yo quisiera que todos nuestros efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo», reconoció Monteoliva, antes de derivar la responsabilidad al «equipo económico» y a la Jefatura de Gabinete, con quienes dijo trabajar «fuertemente» junto al ministro de Defensa, Carlos Presti.
Salud mental en las Fuerzas: capellanías como respuesta a una crisis estructural
Ante la magnitud del problema, la ministra describió las medidas en curso: un análisis detallado de cada caso, una intensificación del «acompañamiento» y la incorporación de la salud mental como «eje de trabajo» dentro de las políticas de bienestar institucional. Entre los recursos mencionados, Monteoliva destacó las capellanías como instancia de «escucha directa», una respuesta que contrasta con la escala del problema y que no equivale a una política de salud mental con infraestructura profesional sostenida.
La mención de las capellanías como herramienta central de contención genera interrogantes sobre la capacidad real del Estado para abordar la crisis desde una perspectiva clínica y psicosocial. Mientras el Ministerio de Seguridad apela a la fe y al acompañamiento espiritual, el presupuesto destinado a salud mental en Argentina acumula recortes reales desde el inicio de la gestión libertaria, tal como documentó este medio en una investigación publicada en mayo de 2026.
El ajuste que se cobra vidas: el contexto que la ministra no mencionó
Lo que Monteoliva no dijo, pero que los propios datos que citó permiten inferir, es que el deterioro salarial sostenido de los efectivos de seguridad bajo la gestión de Javier Milei configura un factor de riesgo específico. En una institución jerárquica donde la vulnerabilidad económica se vive en silencio y el pedido de ayuda puede percibirse como debilidad, la combinación de salarios insuficientes, deudas impagables y ausencia de recursos de salud mental profesionales es una mezcla de consecuencias previsibles.
La ministra admitió que el alivio salarial está condicionado a lo que resuelva el «equipo económico», es decir, que las vidas de los efectivos dependen de variables macroeconómicas que el Gobierno subordina al cumplimiento de las metas del FMI. En ese esquema, el ajuste no es solo un número fiscal: tiene nombre, rango y uniforme.
Puntos clave
- La ministra Monteoliva confirmó que los suicidios en las Fuerzas de Seguridad crecieron un 30% en 2025 respecto a 2024.
- La tasa nacional de suicidios ascendió a 22,7 cada 100.000 habitantes, según el informe oficial del Ministerio de Seguridad.
- Los suicidios en Argentina pasaron de 2.300 a 5.300 anuales en la última década, según datos citados por la propia funcionaria.
- Monteoliva reconoció la existencia de endeudamiento formal e informal al interior de las Fuerzas como factor asociado.
- La ministra admitió que la mejora salarial de los efectivos depende del «equipo económico», sin comprometer plazos ni montos.
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