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“No damos abasto”: nuevo paro en el Garrahan por salarios congelados y servicios colapsados

El personal del hospital pediátrico más importante del país llevó adelante una nueva jornada de paro por salarios dignos y advirtió sobre la pérdida de profesionales y el colapso de servicios esenciales. Las declaraciones de Milei agravaron la tensión.

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Trabajadores del Hospital Garrahan realizaron este miércoles un nuevo paro de 24 horas para reclamar una recomposición salarial urgente y denunciar la falta de respuestas del Gobierno nacional. La protesta se enmarca en un conflicto que se profundizó en los últimos meses por el deterioro de los ingresos y la pérdida de personal altamente capacitado.

El paro fue ratificado en asamblea a pesar de la conciliación obligatoria convocada por el Ministerio de Trabajo, que tendrá su tercera audiencia este jueves. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital denunciaron que en las primeras instancias “la patronal no presentó ninguna propuesta” y que incluso “en la segunda audiencia ni siquiera se presentó”.

Junto a la medida de fuerza, el personal anunció una bicicleteada desde el Obelisco y un paro parcial de franqueros el próximo domingo de 7 a 14. El objetivo es visibilizar una situación que, según los trabajadores, se volvió “insostenible”.

El hospital se vacía: renuncias y recorte de servicios

Una de las consecuencias más graves del conflicto es la pérdida de personal. Según detalló la pediatra Rita Fernández, integrante de la Asociación de Profesionales, el Garrahan perdió cerca de 200 cargos en los últimos dos años. “Se fueron del hospital porque no podían sostener su vida cotidiana con el salario que tenían. Es gravísimo porque se trata de personal de altísima formación”, señaló.

El impacto ya se siente en la atención diaria: varios servicios suspendieron la demanda espontánea y otros redujeron horas por falta de personal. “Se corta la cadena de enseñanza, se pierde la experiencia. El Garrahan está dejando de atender especialidades”, afirmó Fernández.

Según los registros del hospital, actualmente hay 4.728 trabajadores, de los cuales 3.190 asisten a pacientes. La fuga de profesionales al sector privado es constante, atraídos por remuneraciones más altas: mientras en el Garrahan se paga $6.000 la hora profesional, en el sector privado los valores oscilan entre $11.000 y $27.000.

Salarios por debajo de la pobreza

El salario de un médico con dedicación completa y guardias incluidas ronda los $1.800.000, según la Asociación de Profesionales. Para el Gobierno de Javier Milei, esa cifra no justifica una recomposición significativa: solo otorgó una suba del 1% desde diciembre.

Fernández alertó que también hay enfermeros y administrativos con ingresos inferiores a $1.000.000, en un contexto donde la canasta básica total superó los $828.000 en mayo, según el INDEC. “Nosotros pedimos una recomposición del 100% y que ningún salario esté debajo de la línea de pobreza”, remarcó.

El ataque de Milei y los datos falsos

Lejos de mostrar predisposición al diálogo, el presidente Javier Milei redobló las críticas contra los trabajadores del Garrahan. En una entrevista con La Nación, acusó al hospital de tener una “sobreplanta de militantes políticos” y aseguró que “el 70% de la nómina es administrativa”.

Sin embargo, según los registros del propio hospital, solo el 10% del personal cumple tareas administrativas. En total, son 473 empleados. El resto son médicos, enfermeros, técnicos y personal de atención directa.

Además, el mandatario firmó el Decreto 425/2025 para modificar el Presupuesto Nacional y prometió redistribuir partidas hacia hospitales. No obstante, desde el hospital indicaron que los fondos asignados se destinaron a insumos, no a salarios, y que el presupuesto prorrogado de 2023 mantiene congelados los ingresos.

Silencio oficial y una imputación que enrarece el clima

A pesar del conflicto prolongado, el Ministerio de Salud no se comunicó con los trabajadores. “Nunca tuvimos una respuesta. Es la primera vez que pasa en 30 años”, aseguró Fernández, quien también recordó conflictos anteriores que siempre lograron destrabarse con diálogo.

La tensión política se incrementó luego de que el fiscal Guillermo Marijuan imputó a Mario Lugones, presidente del Consejo de Administración del hospital, tras una denuncia de Elisa Carrió por presuntas irregularidades. Carrió también acusó al ministro de Salud de “abandono de persona” y pidió su procesamiento.

Mientras tanto, el bloque Democracia para Siempre, con respaldo de diputados de la UCR, solicitó una sesión especial en la Cámara baja para el 2 de julio con el fin de declarar la emergencia en pediatría.

Apoyo popular y una lucha que no se detiene

A pesar del desgaste, los trabajadores del Garrahan sostienen la protesta con respaldo social. “La gente nos apoya porque sabe lo que representa este hospital. Hacemos lo posible por asistir a todos los pacientes, pero ya no damos abasto”, confesó Fernández.

La situación ya desbordó el ámbito hospitalario: el personal se sumó a la marcha de los jubilados del pasado 4 de junio junto a científicos, migrantes y organizaciones feministas. Para los médicos, el Garrahan es un símbolo de salud pública y formación, y no permitirán que se degrade sin dar pelea.

Política 📢

Solicitan a la UIF investigar a Adorni por lavado de dinero

La presentación fue realizada por una organización especializada en delitos económicos luego de la difusión de la declaración jurada del jefe de Gabinete. El planteo también alcanza a su esposa y solicita un análisis integral sobre bienes, movimientos y operaciones financieras.

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Las claves

  • El CIPCE presentó un pedido formal ante la UIF.
  • La solicitud alcanza a Manuel Adorni y a Bettina Angeletti.
  • La entidad pidió la apertura de un expediente de inteligencia financiera.
  • El objetivo es analizar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.
  • También solicitó que se evalúe una eventual denuncia penal si surgen elementos suficientes.
  • Entre los argumentos figuran operaciones inmobiliarias, movimientos financieros y declaraciones públicas del funcionario.
  • El organismo remarcó la obligación de aplicar controles reforzados sobre Personas Políticamente Expuestas.

Solicitan una investigación financiera sobre el patrimonio de Adorni

La controversia en torno a la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentara un pedido formal ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

La organización solicitó la apertura de un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti.

Además, requirió que, en caso de surgir elementos que lo justifiquen, se evalúe la presentación de una denuncia penal por presunto lavado de activos.

Qué reclama el CIPCE ante la UIF

Según la presentación, el organismo pidió que la UIF utilice las herramientas previstas dentro de sus facultades legales para monitorear de manera exhaustiva la situación patrimonial de Adorni y Angeletti.

El planteo sostiene que ambos se encuentran alcanzados por la categoría de Personas Políticamente Expuestas (PEP), condición que implica controles específicos sobre el origen y la consistencia económica de los bienes declarados.

Entre las medidas solicitadas figura el análisis de la trazabilidad de fondos, la verificación del origen de los activos y el cruce de información con organismos estatales y entidades financieras.

Los argumentos incluidos en la presentación

Uno de los puntos señalados por el CIPCE se relaciona con la adquisición de inmuebles realizada durante los últimos años.

La organización menciona la compra de una vivienda en un barrio privado durante noviembre de 2024 y la posterior adquisición de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2025.

También incorporó observaciones vinculadas a sumas de dinero en efectivo, operaciones crediticias realizadas fuera del sistema bancario tradicional y viajes en aviones privados junto a contratistas estatales.

El impacto de las declaraciones públicas de Adorni

La presentación también hace referencia a las declaraciones brindadas recientemente por el jefe de Gabinete respecto de los ahorros familiares.

Durante una entrevista televisiva, Adorni afirmó: «Ahorramos en negro como todos los argentinos».

El CIPCE considera que esos dichos generan interrogantes vinculados a los estándares de transparencia que deben observar los funcionarios públicos y respecto del origen de los fondos involucrados.

Asimismo, recordó que el funcionario reconoció omisiones en declaraciones juradas correspondientes a años anteriores.

Operaciones inmobiliarias bajo análisis

Otro de los aspectos incluidos en el planteo está relacionado con testimonios incorporados en expedientes judiciales federales.

Según indicó la organización, algunas declaraciones sugieren que al menos una operación inmobiliaria podría no haberse escriturado por el valor efectivamente abonado.

El CIPCE sostuvo que una eventual confirmación de esa situación podría derivar en evaluaciones vinculadas a posibles maniobras de simulación patrimonial.

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La referencia a la Ley de Inocencia Fiscal

La entidad también se refirió a la adhesión de Adorni y Angeletti al régimen simplificado de Ganancias previsto por la Ley de Inocencia Fiscal.

En ese sentido, señaló que dicha normativa no modifica las facultades de control de la UIF ni limita las obligaciones relacionadas con la prevención del lavado de activos.

Además, recordó que las Personas Políticamente Expuestas continúan sujetas a mecanismos reforzados de supervisión.

El contexto internacional mencionado por la organización

La presentación firmada por el director ejecutivo del CIPCE, Pedro Biscay, incluyó referencias al seguimiento internacional que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la Argentina.

Según expuso la entidad, los estándares internacionales impulsan medidas orientadas a fortalecer la prevención, detección e investigación de delitos económicos vinculados con hechos de corrupción.

Por ese motivo, el organismo sostuvo que una actuación rápida y efectiva de la UIF resulta relevante en casos que involucran a funcionarios de alta jerarquía.

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