El Gobierno Nacional confirmó la desclasificación total de los archivos relacionados con el accionar de las fuerzas armadas durante la última dictadura cívico-militar. Además, en un nuevo intento por reinstaurar la “teoría de los dos demonios”, declarará como delito de lesa humanidad el asesinato del capitán Humberto Viola y su hija, atribuido al ERP.

La medida, dada a conocer por el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue presentada en el marco del 49° aniversario del golpe de Estado de 1976, lo que generó fuertes críticas de las organizaciones de derechos humanos y reacciones en el ámbito político y social.

Desclasificación: ¿transparencia o estrategia política que busca profundizar grietas?

Adorni anunció que los archivos en manos de la SIDE serán transferidos al Archivo General de la Nación, con el objetivo de garantizar su conservación y consulta pública. “Durante décadas, estos documentos permanecieron en las sombras y fueron utilizados como un botín de guerra por los gobiernos de turno”, afirmó el vocero presidencial, quien destacó que la medida busca poner los archivos “al servicio de la memoria y no de la manipulación política”.

La decisión, sin embargo, no está exenta de polémicas. Mientras algunos sectores alineados con el régimen libertario celebran la iniciativa como un avance hacia la “transparencia”, otros cuestionan las intenciones del gobierno, liderado por Javier Milei. Organismos de derechos humanos, como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, expresaron su preocupación por el contexto en el que se realiza este anuncio y señalaron que podría ser utilizado para relativizar los crímenes de la dictadura.

La memoria bastardeada: el rol de Agustín Laje y la narrativa del odio de la ultraderecha

El anuncio fue acompañado por un lamentable video producido por la Casa Rosada, en el que el “escritor” de ultraderecha Agustín Laje cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos y acusó al kirchnerismo de haber “hecho negocios con los derechos humanos”. La pieza audiovisual cargada de odio, dirigida por el “cineasta” libertario Santiago Oria, refuerza la narrativa oficialista que busca “completar la memoria” con una visión crítica hacia los gobiernos democráticos.

Laje sostuvo que “no podemos acomodar la historia a un relato creado para apuntalar un proyecto político”, en referencia al kirchnerismo, y calificó la cifra de desaparecidos como parte de una “manipulación histórica”. Estas declaraciones han sido repudiadas por amplios sectores de la sociedad, que consideran que relativizar el número de víctimas es una forma de negar el genocidio perpetrado por el Estado.

Reconocimiento del atentado al capitán Viola: un giro en la política de derechos humanos

En un movimiento inédito, el gobierno también anunció que reconocerá como crimen de lesa humanidad el atentado del ERP contra el capitán Humberto Viola y su hija, ocurrido en 1974. Este reconocimiento, que será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, marca un cambio en la política de derechos humanos del país, al incluir en esta categoría hechos cometidos por organizaciones políticas armadas.

Si bien el asesinato de Viola fue históricamente condenado, su inclusión como delito de lesa humanidad genera un fuerte rechazo, ya que esta decisión busca equiparar los crímenes de la dictadura con los cometidos por grupos insurgentes, diluyendo la responsabilidad del Estado en las violaciones sistemáticas de derechos humanos.

El anuncio se produce en un clima de alta tensión política, con movilizaciones masivas convocadas por organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de izquierda, el peronismo y el kirchnerismo bajo la consigna de “Memoria, Verdad y Justicia”. Las marchas, que culminarán en Plaza de Mayo, buscan reafirmar el compromiso en la lucha por los derechos humanos, al tiempo que rechaza cualquier intento de relativizar los crímenes de la dictadura.

Por su parte, el Gobierno defiende la medida como un paso hacia la “reconciliación” nacional, aunque en realidad el efecto es de división y de profundización de la grieta. “La Argentina no puede quedar rezagada en los procesos de desclasificación que ya se han realizado en otros países”, afirmó Adorni, quien insistió en que “lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia, no en los de inteligencia”.

Sin embargo, la presencia de figuras como Laje en el centro de la narrativa oficial, con un evidente discurso de odio, encendió las alarmas de quienes creen inequívocamente que este proceso intenta ser utilizado para reescribir la historia desde la perspectiva revisionista de la ultraderecha.

Un debate que trasciende fronteras

La desclasificación de archivos de la dictadura no es un fenómeno exclusivo de Argentina. Países como Chile, Brasil y Sudáfrica llevaron a cabo procesos similares, aunque con resultados dispares. En muchos casos, la apertura de archivos permitió avanzar en juicios y reparaciones, pero también generó tensiones políticas y sociales.

En Argentina, donde la memoria histórica ocupa un lugar central en la identidad nacional, este anuncio tiene un impacto engañoso, ya que no intenta contribuir a fortalecer la memoria, la democracia y la justicia, sino que planean utilizarlo como una herramienta de confrontación política.