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★ El 19 y 20 de diciembre de 2001, la Argentina se quebró en medio de una represión ordenada por el Estado que terminó con 39 personas asesinadas en todo el país. No fue un accidente ni una anomalía histórica: fue el resultado de un modelo económico que durante años había expulsado, empobrecido y reprimido.

Hoy, cuando el ajuste vuelve a presentarse como única salida, cuando la protesta se criminaliza y la desigualdad se naturaliza, recordar esos días no es nostalgia. Es advertencia. Es necesidad de mirar hacia atrás para defender el presente.

El corralito: la gota que rebasó el vaso

El 3 de diciembre de 2001, el entonces presidente Fernando de la Rúa dispuso una restricción general para retirar fondos de los bancos que se conoció como corralito, limitando los retiros a 250 pesos semanales. Pero esa medida fue apenas el desenlace visible de una crisis gestada durante años.

El 29 de noviembre de 2001, el FMI negó un nuevo desembolso y la fuga de capitales terminó de hundir al sistema bancario. El Blindaje Económico, anunciado el 22 de diciembre de 2000 por unos 40 mil millones de dólares, no estabilizó nada. Solo profundizó el ajuste. Los expertos del organismo internacional pedían avanzar en la reestructuración de PAMI y ANSES, poniendo en jaque la edad jubilatoria y la Prestación Básica Universal.

La recesión era prolongada. El desempleo rondaba el 18%, aunque otras fuentes hablan de cifras superiores al 20%. La pobreza alcanzaba al 46% y la indigencia al 13,1%, golpeando sobre todo a niños y jóvenes.

El estallido: cacerolas contra el estado de sitio

El 13 de diciembre, las centrales sindicales convocaron a una huelga general masiva. La noche del 19, De la Rúa decretó el estado de sitio, suspendiendo garantías constitucionales. Aunque luego diría que fue simbólico, millones de personas salieron a las calles. La bronca se estrelló contra el fondo de las cacerolas. El país estaba decidido y se sobrepuso al miedo.

Con el correr de las horas los incidentes fueron creciendo en intensidad y se produjeron muertes de manifestantes que se presumen a manos de la policía. Para el 20 de diciembre, la violencia alcanzó su punto máximo en lo que se conoció como la Masacre de Plaza de Mayo.

Un grupo de Madres de Plaza de Mayo fueron agredidas por agentes de la Policía Montada. Ver a las Madres rodeadas de oficiales que las acechaban aún hiela la sangre.

A la mañana del día jueves 20 de diciembre el Poder Ejecutivo dio la orden de desalojar la Plaza de Mayo. El ex secretario de Seguridad Enrique Mathov ordenó y dirigió la represión policial que el 20 de diciembre ocasionó cinco muertes y decenas de heridos en la ciudad de Buenos Aires.

Esa tarde, De la Rúa firmó su dimisión y se fue. El país entró en un vacío inédito: cinco presidentes en once días.

Las víctimas: nombres que exigen memoria

La represión terminó con 39 personas asesinadas en todo el país y 500 heridos. Decir sus nombres no es un gesto ritual, es memoria activa:

Diego Ávila, Víctor Ariel Enríquez, Julio Hernán Flores, Roberto Agustín Gramajo, Pablo Marcelo Guías, Cristian Legumbre, Damián Vicente Ramírez, Mariela Rosales, Ariel Maximiliano Salas, José Vega, Carlos Manuel Spinelli, Graciela Acosta, Ricardo Álvarez Villalba, Walter Campos, Juan Delgado, Yanina García, Claudio «Pocho» Lepratti, Miguel Pacini, Rubén Pereyra, Sandra Ríos, Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez, Gastón Marcelo Riva, Rubén Aredes, Jorge Cárdenas, Romina Iturain, Rosa Eloísa Paniagua, José Daniel Rodríguez, Sergio Miguel Ferreira, David Ernesto Moreno, Sergio Pedernera, Ramón Alberto Arapi, Juan Alberto Torres, Luis Alberto Fernández, Elvira Avaca. 10 de ellas eran menores de edad.

Impunidad y condenas tardías

Hubo juicios, pero la impunidad terminó imponiéndose en varios casos. El ex presidente Fernando de la Rúa, quien tomó las decisiones que dieron lugar a la brutal represión, fue sobreseído en instancias previas al juicio.

En mayo de 2016, el Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad Interior, a 4 años y 9 meses de prisión. Tras revisión en Casación, la condena quedó fijada en cuatro años y tres meses. Al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos se le impuso una pena de 3 años y 6 meses.

El proceso judicial tardó 23 años en dejar firmes las condenas. Mathov y Santos quedaron detenidos en septiembre de 2024 cuando la Corte Suprema confirmó sus condenas, pero en diciembre de 2024, la jueza Adriana Palliotti les concedió la prisión domiciliaria. Ambos cumplirán sus penas en barrios privados de la provincia de Buenos Aires.

Mathov cumplirá con su pena el 22 de mayo de 2028. Santos, de 78 años, falleció en enero de 2025 mientras cumplía prisión domiciliaria.

El contraste entre la magnitud de la represión y la levedad de las sanciones vuelve a dejar una certeza incómoda: si bien hubo condenas, faltó rigurosidad en las sentencias.

Los que no se fueron y volvieron

Lo más inquietante de esta historia es que muchos responsables políticos del gobierno de la Alianza regresaron al poder en gobiernos posteriores.

Patricia Bullrich integró el gobierno de la Alianza desde el primer día. Su función inicial fue en la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia. Luego, saltó al Ministerio de Trabajo. Bullrich promovió y firmó el decreto que instauró la reducción del 13% en los salarios de los trabajadores estatales y de las jubilaciones.

Federico Sturzenegger, el 19 de diciembre de 2001, era secretario de Política Económica del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo. Sturzenegger no fue noticia en 2001 por su cargo en el gobierno de De la Rúa sino por una palabra que lo marcó: Megacanje. Por el caso se inició una causa penal por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública para investigar la manipulación que los funcionarios del Ministerio de Economía habrían hecho de la selección de bancos para favorecerlos con el canje. En 2016, en pleno gobierno de Macri, Sturzenegger quedó definitivamente desvinculado de la causa.

Varios integrantes del plantel que acompañó al ex presidente Fernando de la Rúa en la gestión de Alianza fueron funcionarios de Cambiemos. Bullrich fue ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, y Sturzenegger, presidente del Banco Central.

Hoy, ambos volvieron a ocupar lugares de poder en el gabinete de Javier Milei. Bullrich como ministra de Seguridad, Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Una advertencia que late

Cuando falta el trabajo y la comida se hace escasa, la calle deja de ser opción y se vuelve destino. El 19 y 20 de diciembre no fueron un desborde, fue un Estado que eligió proteger números antes que vidas. Y cuando eso ocurre, la democracia se vacía, pierde su sentido.

Nombrar a las víctimas, recordar la represión, señalar la impunidad es mirar hacia atrás con el fin de defender el presente. Porque cuando el ajuste vuelve a presentarse como única salida, cuando la protesta se criminaliza y la desigualdad se naturaliza, la historia no avanza: regresa. Y siempre lo hace con el mismo precio.

El país no se cayó solo en diciembre de 2001. Lo empujaron. Y saberlo, decirlo, escribirlo, discutirlo, es la única manera de impedir que, otra vez, nos vuelvan a empujar.

Puntos clave:

• 39 personas fueron asesinadas durante la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 en todo el país
• El corralito bancario del 3 de diciembre fue el detonante de una crisis gestada durante años de recesión y ajuste
• Fernando de la Rúa decretó el estado de sitio el 19 de diciembre, lo que desató manifestaciones masivas
• Solo dos responsables políticos fueron condenados tras 23 años de proceso judicial: Enrique Mathov y Rubén Santos
• Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, funcionarios del gobierno de la Alianza, ocupan hoy cargos en el gabinete de Javier Milei