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Judiciales ⚖️

De “cárcel o bala” al riesgo de “morir de hambre”: Espert y el embargo judicial por lavado

El exdiputado libertario, acusado de blanquear 200 mil dólares de un presunto narco, enfrenta el congelamiento de su patrimonio. Sus defensores pidieron urgente al juez Mirabelli que levante las medidas. Mientras tanto, el silencio de Milei y sus compañeros de bloque es ensordecedor.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ La escena tiene su cuota de ironía: José Luis Espert, el mismo que repartía amenazas de «cárcel o bala» desde los platós de televisión, hoy implora ante la Justicia Federal de San Isidro para que le devuelvan acceso a sus cuentas bancarias. Sus abogados presentaron esta semana un recurso urgente alegando que las medidas patrimoniales dispuestas por el juez federal Lino Mirabelli podrían dejarlo «morir de hambre».

Aunque parezca un chiste de mal gusto, es literal. «Dejar al Sr. Espert sin el uso de sus cuentas y sin disponibilidad de fondos es condenarlo a morir de hambre», escribió el abogado Alejandro Freeland en su última presentación judicial. El letrado relató que su defendido intentó hacer una transferencia desde su cuenta en el Banco BBVA y le fue imposible. «Ha preguntado por qué y le dicen que sus cuentas están inmovilizadas por oficio del BCRA y por orden de V.S. No se puede depositar, transferir, extraer… ni nada», detalló.

El origen del embargo: 200 mil dólares sin justificar

La orden de no innovar sobre el patrimonio de Espert no es caprichosa. Responde a una investigación del fiscal Fernando Domínguez, que rastrea el pago de al menos 200 mil dólares que el exdiputado recibió en febrero de 2020. El dinero provino de una empresa controlada por Federico Andrés «Fred» Machado, quien hoy está detenido con pedido de extradición a Estados Unidos por presunta participación en operaciones de narcotráfico.

Según la acusación, el pago se justificó formalmente como una asesoría de Espert a una minera guatemalteca. El problema: Espert jamás conoció esa empresa ni pisó Guatemala. La operación tiene todas las características de una maniobra de lavado de dinero, según sostiene la fiscalía.

El expediente incluye una serie de chats entre abogados y contadores del entorno de Espert que dan cuenta de los movimientos apresurados para «limpiar» la operación una vez que Machado cayó preso en 2021. Entre esos mensajes hay uno particularmente revelador, enviado por el contador Mariano Cosentino a su colega Fernando Escobar el 8 de mayo de 2021: «Recordá limpiar WA (WhatsApp), antecedentes operación. Contrato. Y cuando puedas me pasás sueldo de JLE (José Luis Espert) y esposa en Varianza. Abz y buen finde. Portate bien. […]».

El riesgo de fuga de activos y el silencio de sus aliados

Al solicitar la inmovilización del patrimonio, el fiscal Domínguez advirtió sobre el peligro de demorar la medida, dado que se investigan «complejos vínculos informales que incluyen actividades en el extranjero». La complejidad de la maniobra «impacta directamente en la duración del proceso», señaló, y existe «una alta probabilidad de que los acusados realicen maniobras tendientes a procurar un desapoderamiento simulado de activos» para esquivar un eventual decomiso y una pena pecuniaria.

Mientras Espert y sus abogados intentan revertir el embargo, las preguntas políticas flotan en el aire: ¿Dónde está Javier Milei, su compañero de fórmula y amigo de largas batallas mediáticas? ¿Qué pasó con los diputados de La Libertad Avanza, aquellos que compartían bloque con «el profe»? El silencio es, por ahora, la única respuesta.

«Ya todos conocemos el daño que la sola denuncia y la brutal investigación le han infligido a su persona y a su familia. Si este es otro capítulo de la saga, o aquella fuera la intención, al menos lo queremos saber», deslizó Freeland en su presentación, insinuando una posible persecución judicial. El planteo no tiene respaldo en hechos concretos: la investigación avanza con pruebas documentales y conversaciones de WhatsApp que la fiscalía considera sustanciales.

Noventa días sin cuentas

La orden de no innovar tiene una duración inicial de noventa días. Durante ese período, Espert no podrá disponer de su patrimonio mientras la Justicia continúa investigando si efectivamente participó en una operación de lavado de dinero vinculada al narcotráfico. El mismo hombre que prometía mano dura y cero tolerancia con la delincuencia ahora tendrá que explicar ante un tribunal cómo terminó recibiendo 200 mil dólares de un acusado de traficar drogas.

La defensa insiste en que la medida es desproporcionada y que condena a Espert a la indigencia. Pero la realidad es más simple: la Justicia busca asegurar que los activos bajo sospecha no desaparezcan mientras avanza la investigación. Nada más, nada menos.

Mientras tanto, el exdiputado espera. Y en ese silencio bancario forzoso, quizás encuentre tiempo para reflexionar sobre aquellas balas retóricas que alguna vez disparó con tanta ligereza. Hoy vuelven, convertidas en papel sellado y en el eco de sus propias palabras.

Puntos clave:

• La Justicia Federal de San Isidro inmovilizó las cuentas bancarias de José Luis Espert en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero
• Los abogados del exdiputado presentaron un recurso urgente alegando que la medida lo deja sin recursos para subsistir
• La fiscalía investiga el pago de 200 mil dólares que Espert recibió de una empresa ligada a Federico «Fred» Machado, acusado de narcotráfico
• Entre las pruebas figuran chats en los que el contador de Espert pide «limpiar WhatsApp» y borrar antecedentes de la operación
• El fiscal Fernando Domínguez advirtió sobre el riesgo de que se produzca un «desapoderamiento simulado de activos» si no se tomaban medidas preventivas

Investigación 🔎

Allanamientos por Tandanor: secuestran US$ 367.110 por presuntas coimas

La Policía Federal realizó cinco procedimientos ordenados por Sebastián Casanello. La investigación busca establecer si un exgerente del astillero ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.

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La investigación por presuntas coimas busca reconstruir el circuito del dinero en Tandanor.

La Policía Federal secuestró US$ 367.110 en cinco allanamientos vinculados a una investigación por presuntas coimas en el astillero estatal Tandanor. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata, según informaron fuentes judiciales y policiales.

El expediente puso bajo la lupa a Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor. La Justicia busca determinar si le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda que la compañía mantenía con el astillero estatal.

La hipótesis que sigue la Justicia

La deuda rondaba los USD200.000. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra bajo análisis alcanzaría al menos los USD220.000, aunque la pesquisa todavía debe reconstruir el circuito del dinero y establecer las responsabilidades de cada involucrado.

El dinero fue encontrado entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. En los procedimientos también aparecieron un recibo manuscrito por USD100.000 y otro por $12,7 millones, además de cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y contratos.

Una denuncia nacida dentro del astillero

La causa se inició luego de una auditoría interna realizada en Tandanor tras un cambio de autoridades. Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia presentada por la propia empresa, un dato que ahora queda en el centro de la trama judicial y que deberá ser contrastado con la documentación secuestrada.

Además del dinero y los comprobantes, los investigadores secuestraron una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. El material será analizado para determinar si respalda la hipótesis de los pagos exigidos y cómo se habría desplegado el vínculo entre el exgerente y el empresario.

El juez delegó la pesquisa en una unidad anticorrupción

Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. Esa dependencia intenta reconstruir el circuito de los pagos bajo sospecha, mientras el expediente avanza sobre una pregunta incómoda para la administración de una empresa estatal: si una deuda podía convertirse, según la hipótesis acusatoria, en la puerta de entrada a un pedido de dinero.

Puntos clave

  • La Policía Federal secuestró USD367.110 durante cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello.
  • Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata.
  • La Justicia investiga si Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor, ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
  • La pesquisa también incorporó un recibo manuscrito por USD100.000 y $12,7 millones, junto con documentación y dispositivos electrónicos.
  • La causa surgió de una auditoría interna de Tandanor y fue denunciada por la propia empresa.
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