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Judiciales ⚖️

De “cárcel o bala” al riesgo de “morir de hambre”: Espert y el embargo judicial por lavado

El exdiputado libertario, acusado de blanquear 200 mil dólares de un presunto narco, enfrenta el congelamiento de su patrimonio. Sus defensores pidieron urgente al juez Mirabelli que levante las medidas. Mientras tanto, el silencio de Milei y sus compañeros de bloque es ensordecedor.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ La escena tiene su cuota de ironía: José Luis Espert, el mismo que repartía amenazas de «cárcel o bala» desde los platós de televisión, hoy implora ante la Justicia Federal de San Isidro para que le devuelvan acceso a sus cuentas bancarias. Sus abogados presentaron esta semana un recurso urgente alegando que las medidas patrimoniales dispuestas por el juez federal Lino Mirabelli podrían dejarlo «morir de hambre».

Aunque parezca un chiste de mal gusto, es literal. «Dejar al Sr. Espert sin el uso de sus cuentas y sin disponibilidad de fondos es condenarlo a morir de hambre», escribió el abogado Alejandro Freeland en su última presentación judicial. El letrado relató que su defendido intentó hacer una transferencia desde su cuenta en el Banco BBVA y le fue imposible. «Ha preguntado por qué y le dicen que sus cuentas están inmovilizadas por oficio del BCRA y por orden de V.S. No se puede depositar, transferir, extraer… ni nada», detalló.

El origen del embargo: 200 mil dólares sin justificar

La orden de no innovar sobre el patrimonio de Espert no es caprichosa. Responde a una investigación del fiscal Fernando Domínguez, que rastrea el pago de al menos 200 mil dólares que el exdiputado recibió en febrero de 2020. El dinero provino de una empresa controlada por Federico Andrés «Fred» Machado, quien hoy está detenido con pedido de extradición a Estados Unidos por presunta participación en operaciones de narcotráfico.

Según la acusación, el pago se justificó formalmente como una asesoría de Espert a una minera guatemalteca. El problema: Espert jamás conoció esa empresa ni pisó Guatemala. La operación tiene todas las características de una maniobra de lavado de dinero, según sostiene la fiscalía.

El expediente incluye una serie de chats entre abogados y contadores del entorno de Espert que dan cuenta de los movimientos apresurados para «limpiar» la operación una vez que Machado cayó preso en 2021. Entre esos mensajes hay uno particularmente revelador, enviado por el contador Mariano Cosentino a su colega Fernando Escobar el 8 de mayo de 2021: «Recordá limpiar WA (WhatsApp), antecedentes operación. Contrato. Y cuando puedas me pasás sueldo de JLE (José Luis Espert) y esposa en Varianza. Abz y buen finde. Portate bien. […]».

El riesgo de fuga de activos y el silencio de sus aliados

Al solicitar la inmovilización del patrimonio, el fiscal Domínguez advirtió sobre el peligro de demorar la medida, dado que se investigan «complejos vínculos informales que incluyen actividades en el extranjero». La complejidad de la maniobra «impacta directamente en la duración del proceso», señaló, y existe «una alta probabilidad de que los acusados realicen maniobras tendientes a procurar un desapoderamiento simulado de activos» para esquivar un eventual decomiso y una pena pecuniaria.

Mientras Espert y sus abogados intentan revertir el embargo, las preguntas políticas flotan en el aire: ¿Dónde está Javier Milei, su compañero de fórmula y amigo de largas batallas mediáticas? ¿Qué pasó con los diputados de La Libertad Avanza, aquellos que compartían bloque con «el profe»? El silencio es, por ahora, la única respuesta.

«Ya todos conocemos el daño que la sola denuncia y la brutal investigación le han infligido a su persona y a su familia. Si este es otro capítulo de la saga, o aquella fuera la intención, al menos lo queremos saber», deslizó Freeland en su presentación, insinuando una posible persecución judicial. El planteo no tiene respaldo en hechos concretos: la investigación avanza con pruebas documentales y conversaciones de WhatsApp que la fiscalía considera sustanciales.

Noventa días sin cuentas

La orden de no innovar tiene una duración inicial de noventa días. Durante ese período, Espert no podrá disponer de su patrimonio mientras la Justicia continúa investigando si efectivamente participó en una operación de lavado de dinero vinculada al narcotráfico. El mismo hombre que prometía mano dura y cero tolerancia con la delincuencia ahora tendrá que explicar ante un tribunal cómo terminó recibiendo 200 mil dólares de un acusado de traficar drogas.

La defensa insiste en que la medida es desproporcionada y que condena a Espert a la indigencia. Pero la realidad es más simple: la Justicia busca asegurar que los activos bajo sospecha no desaparezcan mientras avanza la investigación. Nada más, nada menos.

Mientras tanto, el exdiputado espera. Y en ese silencio bancario forzoso, quizás encuentre tiempo para reflexionar sobre aquellas balas retóricas que alguna vez disparó con tanta ligereza. Hoy vuelven, convertidas en papel sellado y en el eco de sus propias palabras.

Puntos clave:

• La Justicia Federal de San Isidro inmovilizó las cuentas bancarias de José Luis Espert en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero
• Los abogados del exdiputado presentaron un recurso urgente alegando que la medida lo deja sin recursos para subsistir
• La fiscalía investiga el pago de 200 mil dólares que Espert recibió de una empresa ligada a Federico «Fred» Machado, acusado de narcotráfico
• Entre las pruebas figuran chats en los que el contador de Espert pide «limpiar WhatsApp» y borrar antecedentes de la operación
• El fiscal Fernando Domínguez advirtió sobre el riesgo de que se produzca un «desapoderamiento simulado de activos» si no se tomaban medidas preventivas

Desregulación

Sindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil

La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, falsedad ideológica y defraudación al Estado, al cuestionar la tasación oficial de 45 millones de dólares para la empresa estatal de servicios aeroportuarios.

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¿Estafa al pueblo? La denuncia penal que pone en jaque la privatización de Intercargo

★ La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) radicó este jueves una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en el expediente.

Los delitos imputados y el eje de la denuncia

La acusación sindical imputa tres delitos específicos: defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados al proceso que culminó en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo pasado. Esa resolución fijó el precio base de la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares, una cifra que el gremio calificó de «inexplicable» frente a los indicadores económicos y la rentabilidad reciente de la compañía.

La tasación que dio origen a ese valor base fue realizada por el propio BICE, bajo la conducción de Voss, mediante el método de flujo de fondos descontados. Desde APA cuestionaron tanto el resultado de esa valuación como la elección de la entidad para realizarla, al señalar que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición y especialización en tasaciones de activos públicos.

Intercargo: empresa estratégica y 1.500 puestos de trabajo en juego

Intercargo presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases (27742), que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico están vinculados a la empresa.

El gremio denunciante advirtió que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico significativo para el Estado y alertó sobre el riesgo de lo que describió como un «vaciamiento del patrimonio público». En ese sentido, APA anticipó que además de la vía judicial impulsará acciones en el plano gremial para frenar la operación en los términos actuales.

El contexto: privatizaciones, FMI y el desguace del Estado

La denuncia se inscribe en el marco más amplio de la política privatizadora del gobierno de Javier Milei, parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el Ejecutivo suscribió un nuevo Servicio Ampliado con el organismo por USD 20.000 millones, que condicionó la política económica nacional al cumplimiento de metas de reservas y equilibrio fiscal. El Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en documentos públicos que ese esquema subordina las decisiones sobre activos estatales a las exigencias del organismo multilateral.

En ese contexto, la privatización de Intercargo se suma a un proceso de desguace del Estado que, según datos del propio Foro, acumuló recortes reales del 86% en gasto de capital y del 61% en programas sociales desde el inicio de la gestión libertaria, mientras la deuda total con el FMI alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025.

Un nuevo frente judicial para la gestión libertaria

La causa en manos del fuero federal abre un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario donde la administración de Milei ya enfrenta investigaciones por la causa $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni (con un patrimonio investigado que supera los USD 840.000, según la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) y los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso de privatización de Intercargo se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sector aerocomercial, los gremios advierten que la subvaluación de activos públicos constituye un mecanismo de transferencia de riqueza a manos privadas, financiado en definitiva por el conjunto de la sociedad.

Puntos clave:

  • La APA denunció penalmente a Milei, Caputo y el ex titular del BICE por la tasación de Intercargo en USD 45 millones.
  • Los delitos imputados son administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.
  • La causa fue asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3.
  • La Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía fijó el precio base de privatización el 26 de marzo pasado.
  • Cerca de 1.500 trabajadores aeronáuticos están vinculados a la empresa cuya venta se investiga.
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