La UBA lo confirma: el escándalo Adorni destruye la promesa anticasta que llevó a Milei al poder

Un informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires reveló que el 97,3% de la población metropolitana ya conoce el caso y que el 62,5% considera que dañó la imagen del Gobierno. La comparación con la «fiesta de Olivos» instala el escándalo como un punto de inflexión moral para la administración libertaria.

El escándalo judicial que rodea al Jefe de Gabinete Manuel Adorni por un presunto esquema de enriquecimiento ilícito superó la esfera judicial para instalarse como un fenómeno de opinión pública de alcance masivo. Así lo reveló el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en un informe publicado esta semana, que encuestó a 4.711 personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El impacto sobre la «promesa anticasta»

Los datos del OPSA son contundentes: el 79,9% de los encuestados sostuvo que el caso afectó «mucho» o «algo» el principal argumento moral con el que Javier Milei llegó al poder, es decir, la lucha contra «la casta» y la corrupción. Al mismo tiempo, el 62,5% consideró que el caso empeoró la imagen del Gobierno y el 74,9% lo percibió como un daño político para la administración nacional.

El informe del OPSA trazó una comparación de peso histórico: el escándalo de Adorni se equipara en términos de negatividad a la célebre «fiesta de Olivos», aquella reunión que el entonces presidente Alberto Fernández organizó en la Quinta Presidencial durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

Ambos episodios, según el análisis universitario, comparten la capacidad de erosionar la legitimidad política al afectar dimensiones morales y generar una percepción de contradicción entre el discurso oficial y la conducta de sus integrantes.

Credibilidad en caída libre

La encuesta también midió la percepción sobre la culpabilidad del funcionario y la credibilidad de sus explicaciones públicas. El 70,3% de los encuestados consideró a Adorni «totalmente culpable» y el 65,8% afirmó no creerle «nada» cuando el Jefe de Gabinete sale a defenderse ante los medios. El 66,5% consideró que los hechos bajo investigación implican casos de corrupción «reales y graves».

La masividad del caso quedó documentada en un dato singular: el 97,3% de los encuestados afirmó haber leído o escuchado sobre el escándalo, lo que evidencia un alcance prácticamente total en la agenda pública del AMBA.

La trama judicial

El estudio del OPSA se produjo en el contexto de una investigación judicial activa. Según informó este medio el 6 de mayo de 2026, el magistrado Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita instruyen una causa por enriquecimiento ilícito que ya tiene bajo la lupa un patrimonio investigado superior a los 840.000 dólares.

El eje de la investigación incluye la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230.000 dólares, con una modalidad que llamó la atención de la Justicia: Adorni declaró haber aportado solo 30.000 dólares iniciales, quedando el resto como deuda con las vendedoras, dos jubiladas. El contratista Matías Tabar declaró que el funcionario gastó además 14 millones de pesos adicionales solo en renovar el mobiliario de la unidad.

En el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, las refacciones declaradas ante la Justicia ascendieron a 245.000 dólares, abonados íntegramente en efectivo y sin factura. Entre las obras figura una pileta con cascada, un quincho con parrilla valuada en 15.000 dólares y baños de lujo con jacuzzi. Por su parte, se investiga el uso del avión presidencial para trasladar a la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, en un viaje a Nueva York, un recurso del Estado destinado estrictamente a funciones gubernamentales.

La situación procesal del Jefe de Gabinete incluye el levantamiento de su secreto fiscal, el peritaje de los teléfonos del contratista Tabar y del productor televisivo Marcelo Grandio (amigo íntimo de Adorni, cuya productora habría obtenido contratos irregulares en la Televisión Pública), y un pedido de detención formulado por la diputada Marcela Pagano, quien alegó que el funcionario intentó presionar a testigos antes de sus declaraciones judiciales. La Justicia también detectó, según trascendidos, movimientos del funcionario vinculados con criptomonedas que complejizan aún más su situación procesal.

Justicia percibida como cómplice

El informe del OPSA registró además una percepción generalizada de impunidad estructural: el 71,8% de los encuestados consideró que el funcionamiento actual de la Justicia favorece la corrupción por la falta de sanción efectiva. El 81,2% sostuvo que penas más severas y efectivas contribuirían a reducir este tipo de hechos.

El estudio del OPSA concluyó que el escándalo del ex vocero presidencial logró perforar la agenda mediática para convertirse en un tema de conversación pública sostenida, con potencial de generar un daño duradero en la confianza hacia el Ejecutivo nacional. La capacidad del caso de instalarse a nivel masivo, con prácticamente la totalidad de la población metropolitana al tanto de sus detalles, convierte a este escándalo en una de las crisis de imagen más graves que enfrenta el Gobierno de La Libertad Avanza desde su llegada al poder en diciembre de 2023.