— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ Durante casi dos décadas, el asesinato de Nora Dalmasso en el exclusivo barrio Villa Golf de Río Cuarto fue catalogado por la opinión pública y gran parte del arco judicial como el «crimen perfecto». Sin embargo, la reciente investigación del fiscal Pablo Jávega sugiere que la perfección no estuvo en el acto criminal, sino en la sistemática desidia de una justicia que tuvo las pruebas frente a sus ojos desde el primer día y prefirió mirar hacia otro lado.

Con la elevación a juicio de Roberto Bárzola, el parquetista que trabajó en la casa de la víctima días antes del crimen, el caso entra en una etapa de definiciones críticas. No se trata solo de la resolución de un homicidio ocurrido en 2006, sino de un examen a la integridad del sistema penal cordobés, que permitió que evidencias genéticas clave durmieran en el expediente mientras se perseguía a la propia familia de la víctima.

Las pruebas: ADN y mentiras que el poder ignoró

El fiscal Jávega es tajante: el ADN de Bárzola fue hallado ocho veces en el cinto de la bata utilizado para asfixiar a Nora y una vez más en su zona íntima. Estas muestras, procesadas en su momento incluso con intervención del FBI, resultan demoledoras. La pregunta que surge es inevitable: ¿Por qué los fiscales anteriores no llegaron a este resultado? La respuesta parece hallarse en la falta de un cotejo sistemático y en el foco inicial puesto en el entorno familiar.

Bárzola no solo está acorralado por la genética. Su propia declaración se convirtió en su trampa. El acusado afirmó que la mañana del crimen no pudo trabajar en otro domicilio porque el piso estaba mojado por la lluvia; sin embargo, el dueño de esa propiedad lo desmintió. Quien sí tenía el parqué mojado aquella mañana, según las fotos de la Policía Científica y testimonios del suegro de Nora, era la casa de los Macarrón. «Nadie miente si no es para encubrir algo», sentencia Jávega, trazando una línea directa entre el sospechoso y la escena del crimen.

El laberinto legal: ¿Prescripción o derecho a la verdad?

El mayor obstáculo para que el caso Dalmasso no termine en el archivo definitivo es la prescripción. Técnicamente, los 15 años de plazo legal han vencido. No obstante, la estrategia del fiscal para salvar la causa se basa en un argumento de derechos humanos: los herederos de Nora (Facundo y Marcelo Macarrón) no pudieron ejercer su derecho a ofrecer prueba durante 12 años porque el propio Estado los mantuvo imputados bajo sospecha.

Para el Ministerio Público, ese intervalo de tiempo debe descontarse del cómputo de la prescripción. Si la Corte Suprema de la Nación valida esta interpretación, Bárzola enfrentará un juicio ordinario por abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte y violación de domicilio. De lo contrario, el proceso podría derivar en un «juicio por la verdad», una instancia que, aunque no conlleva pena de prisión, permitiría finalmente dar una respuesta oficial sobre lo ocurrido en esa trágica madrugada de noviembre de 2006.