Judiciales ⚖️
Los chats que incriminan a Machado: el avión con 1.700 kilos de cocaína, el lavado y los millones
Los documentos incorporados a la causa revelan alertas formales de lavado, instrucciones millonarias desde cuentas de garantía y la presencia de Machado en Guatemala en los mismos días en que el expediente describe movimientos de aeronaves, drogas y documentación registral sensible.
Los chats del expediente de Texas que muestran a Machado al tanto del avión con 1.700 kilos de cocaína en Guatemala
★ Una segunda entrega del expediente federal de Texas expone los mensajes entre el empresario argentino Federico «Fred» Machado y su socia Debra Mercer-Erwin tras la incautación de un avión con 1.700 kilos de cocaína en Guatemala.
El expediente federal U.S. v. Mercer-Erwin, tramitado en el Eastern District of Texas, no se limita a registrar aviones incautados con cocaína. También contiene chats, correos y planillas financieras que reconstruyen cómo se movía el dinero alrededor de esas operaciones, y cómo los papeles continuaban circulando incluso después de los decomisos.
En uno de los intercambios más comprometedores incorporados a la causa, el empresario argentino Federico «Fred» Machado le envió a su socia estadounidense Debra Mercer-Erwin un video del avión rescatado de una pista en Guatemala, horas después de una incautación con aproximadamente 1.700 kilos de cocaína, según documentos del expediente.
Esta es la segunda entrega de una investigación que este medio viene siguiendo. En la primera, publicada el 17 de mayo de 2026, se reconstruyó el entramado de fideicomisos aeronáuticos de Aircraft Guaranty Corporation (AGC), la condena de 16 años de prisión a Mercer-Erwin, la incautación de un segundo avión en Belice con 2.310 kilos de cocaína y la aparición, en las planillas del expediente, de una transferencia de US$ 200.000 referenciada a nombre del diputado nacional José Luis Espert, presidente del bloque de La Libertad Avanza. Ahora, la nueva documentación baja al detalle operativo: los correos y planillas muestran cómo se pedían, justificaban y ejecutaban parte de esos movimientos.
El avión de Guatemala y el chat que no deja dudas
La aeronave en cuestión era el N305AG, un British Aerospace BAE 125-800A, serial 258013, que según Homeland Security Investigations (HSI) fue incautado el 27 de enero de 2020 en Guatemala con paquetes de cocaína y una matrícula falsa. Las fotos del expediente muestran bultos con sello Ferragamo, armas y otros elementos incorporados como prueba.
En ese contexto, Machado le envió a Mercer-Erwin un video con el mensaje: «Tu avión fue rescatado de la pista de aterrizaje en Guatemala». Ella respondió con una referencia de matrícula y agregó que la aeronave ya no estaba registrada. Ese intercambio es una de las piezas que permiten entender la lógica del expediente: el problema no era solo la droga en la pista, sino qué pasaba después, cuando los papeles seguían circulando ante la Federal Aviation Administration (FAA).
Cuatro días después del decomiso, Kayleigh Moffett, hija de Mercer-Erwin, firmó un formulario de compraventa aeronáutica por el cual AGC, como fiduciaria, transfería el N305AG a Arrendadora THH S.A. de C.V., según HSI, pese a que el avión seguía bajo custodia del Gobierno guatemalteco.
Las alertas formales de lavado
La segunda capa del caso aparece en los correos financieros. Un memo incorporado al expediente describió «Money Laundering Red Flags» (alertas de lavado de dinero) en operaciones vinculadas a Machado, South Aviation, CCUR y Wright Brothers Aircraft Title (WBAT).
El memo señaló retornos inusuales, depósitos sobredimensionados, estructuras poco habituales y brokers ubicados en ambos lados de la operación. Pero el punto más sensible era otro: el documento sugería que Machado no parecía ser necesariamente el comprador real ni el verdadero broker, sino una suerte de intermediario para otro actor de la operación. En lenguaje llano: Machado aparecía en los papeles, pero el propio documento interno advertía que quizás no era quien realmente compraba, decidía o ponía el dinero final.
El mismo paquete de correos incorpora un dato territorial de valor: el 15 de enero de 2020, Wayne Barr Jr., CEO de CCUR, escribió que había hablado con Machado la noche anterior, cuando el empresario asistía a la asunción presidencial de Guatemala. La referencia coincide con la toma de posesión de Alejandro Giammattei, realizada el 14 de enero de 2020. Ese dato no prueba por sí solo una presencia física ligada a un delito, pero ubica a Machado en Guatemala en el mismo período en que el expediente describe movimientos de aeronaves, cocaína y documentación registral sensible.
El dinero que no debía moverse
La parte financiera del expediente gira en torno a una palabra técnica: escrow. En el mundo aeronáutico, una cuenta escrow funciona como cuenta de garantía: el dinero entra para asegurar una operación, pero no debería circular libremente. Si la compraventa se concreta, los fondos se liberan según condiciones pactadas. Si no, deben volver al depositante. En varios contratos incorporados a la causa, las cláusulas eran terminantes: los fondos no podían ser desembolsados a nadie distinto del depositante.
Sin embargo, los correos, planillas y comprobantes bancarios muestran otra dinámica: fondos que entraban para operaciones aeronáuticas y luego salían hacia terceros, financistas y sociedades vinculadas al circuito de Machado. Un correo del empresario a Mercer-Erwin del 18 de mayo de 2020 muestra instrucciones directas: pedía confirmar si había llegado una transferencia y ordenaba enviar US$ 75.000 a South Aviation (su propia compañía), además de mencionar pagos a otras firmas, una transferencia de US$ 768.000 y la expectativa de que ingresaran US$ 10.000.000 adicionales.
En otro correo del 14 de agosto de 2020, Machado instruyó que ese día entrarían US$ 20 millones de Metrocity y detalló transferencias a múltiples destinos: US$ 10 millones a CCUR, US$ 2,4 millones a Slome Capital, US$ 10 millones a RustyPop, US$ 85.000 a South Aviation y una retención de US$ 50.000 como fee de escrow. La instrucción literal suma más que los US$ 20 millones mencionados como ingreso, lo que exige leerla en conjunto con saldos previos y comprobantes asociados; pero el valor periodístico es claro: Machado daba instrucciones directas sobre transferencias millonarias desde el circuito administrado por Mercer-Erwin.
Los wires y el patrón que se repite
Los comprobantes bancarios de Bank of America muestran que la cuenta trust de WBAT recibió y envió fondos vinculados a operaciones aeronáuticas hacia South Aviation, Harris Air, JDS1, CCUR, RustyPop y otras firmas. Algunos movimientos están atados a números de serie de aeronaves; entre ellos aparecen Boeing 767, Boeing 777 y tres Bombardier DHC-8.
Los contratos revelan un patrón repetido: una firma aportaba un depósito millonario para una operación; South Aviation figuraba como compradora; WBAT actuaba como escrow agent; y el contrato estipulaba que el dinero era reembolsable al depositante. Ese esquema aparece en operaciones con CCUR, JDS1, CMG, Metrocity, RustyPop y otras entidades, con depósitos de entre US$ 2 millones y US$ 30 millones por paquete de aeronaves. La tesis del expediente la resume sin rodeos uno de sus exhibits: «WBAT no mantenía todos los fondos depositados en escrow».
La nota madre de este medio documentó que desde cuentas de garantía de WBAT salieron US$ 75.660.400,62 hacia entidades identificadas por los investigadores como vinculadas a Federico Machado entre 2016 y 2020. El rastro documental abarca al menos 17 aeronaves o números de serie en operaciones donde aparecen South Aviation, Machado o sociedades de su circuito; si se incorporan operaciones vinculadas por notas de deuda y el ledger WBAT/Machado, el universo documentado asciende a unas 25 aeronaves o seriales.
La frase que sobrevive al acuerdo
En una entrevista realizada a finales de 2025, Machado negó ser narco. Sin embargo, reconoció: «Yo movía toda mi guita por Aircraft Guaranty», una frase que hoy dialoga de forma directa con la prueba documental del expediente federal.
Según documentos judiciales presentados en Texas y publicados por la Agencia NA, Machado aceptó declararse culpable de lavado de dinero y fraude, mientras la fiscalía dejaría caer la imputación por narcotráfico en el marco del acuerdo, sujeto a la homologación del tribunal. Ese acuerdo, sin embargo, no borra la dimensión narco de la causa: los aviones fueron incautados con cocaína, los formularios se presentaron después de los decomisos, y la condena de 16 años de prisión contra Debra Lynn Mercer-Erwin permanece firme. Kayleigh Moffett y Carlos Rocha Villaurrutia se declararon culpables en abril de 2023.
La droga estaba en la pista. Pero la maniobra también estaba en los papeles.
Puntos clave
- Chats incorporados al expediente federal de Texas muestran a Machado enviando a Mercer-Erwin un video del avión incautado en Guatemala con 1.700 kilos de cocaína.
- Un memo de la causa describe alertas formales de lavado de dinero en operaciones vinculadas a Machado y sugiere que podría no ser el actor real detrás de las operaciones.
- Los registros ubican a Machado en Guatemala el 14 de enero de 2020, durante la asunción presidencial de Giammattei, días antes del decomiso del avión.
- Correos del expediente muestran instrucciones directas de Machado sobre transferencias millonarias desde cuentas de garantía que, según los investigadores, no debían moverse.
- Machado aceptó declararse culpable de lavado de dinero y fraude ante la justicia federal de EE.UU.; la condena de 16 años a Mercer-Erwin permanece firme.
Elecciones
Cómo funciona Indra: la empresa que maneja el voto argentino desde las sombras
Una multinacional española con antecedentes de irregularidades en más de una docena de países volvió a quedarse con el escrutinio provisorio argentino en 2025, esta vez sin licitación pública, sin Boletín Oficial y con plazos reducidos a la mitad. El mismo método opaco que el gobierno de Milei podría reproducir para las presidenciales de 2027.
Un contrato de más de 21.000 millones de pesos, adjudicado sin publicidad oficial, con ofertas presentadas en papel dentro de cajas y sin digitalizar, y cuyo resultado se conoció únicamente por una comunicación informal a los medios. Así fue como la empresa española Indra se quedó, en 2025, con el negocio del escrutinio provisorio de las elecciones legislativas argentinas del 26 de octubre, las primeras bajo la nueva Boleta Única de Papel impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Indra no es un actor nuevo en el sistema electoral argentino. La empresa española lleva contando votos en el país de forma prácticamente ininterrumpida desde 1997, casi tres décadas de monopolio sobre la información electoral más sensible de una noche de elecciones. Solo fue desplazada en 2019, cuando el gobierno de Mauricio Macri le cedió el contrato a Smartmatic. Pero el dato que más incomoda no es su larga presencia, sino el modo en que el gobierno libertario resolvió su contratación esta vez: en las sombras.
La licitación que se hizo en secreto
En las elecciones de 2021 y 2023, las licitaciones para el escrutinio provisorio fueron públicas e internacionales, convocadas por la Dirección Nacional Electoral (DINE) con difusión en el Boletín Oficial, participación de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y empresas del sector. El proceso de 2023, en particular, incluyó 75 observaciones y sugerencias de distintos actores antes de la adjudicación definitiva a Indra.
En 2025, el gobierno de Milei eligió otro camino. La contratación quedó en manos del Correo Argentino, una sociedad anónima estatal que tiene facultades para convocar concursos privados sin las restricciones de las licitaciones públicas. El pliego se envió por correo electrónico a un puñado de empresas seleccionadas, sin publicación oficial y sin acceso ciudadano. Los plazos para presentar ofertas, habitualmente de 30 días para contratos de esta magnitud, se redujeron a 15. Las propuestas llegaron en papel, dentro de cajas, sin digitalizar. Y el resultado de la adjudicación nunca fue publicado en ningún portal oficial: se conoció únicamente por un comunicado informal del propio Correo.
El senador nacional Wado de Pedro denunció el carácter opaco del proceso y reclamó «mayor transparencia y participación en el proceso electoral», señalando que era «urgente publicar las condiciones y el pliego técnico para garantizar la confiabilidad del recuento provisorio».
Una licitación hecha a medida
La opacidad del procedimiento no fue el único elemento que generó cuestionamientos. El pliego incorporó un requisito técnico que, en la práctica, eliminó a casi todos los posibles competidores antes de que abrieran los sobres: solo podían participar empresas que, en los últimos seis años, hubieran realizado escrutinios en elecciones con al menos 90.000 mesas de votación. Esa condición dejó automáticamente fuera a empresas locales y a la mayoría de los actores regionales del sector, reduciendo la competencia real a apenas dos firmas: Indra y Smartmatic. La tercera empresa invitada, MSA (ligada a Daniel Angelici y habitualmente contratada para elecciones porteñas), desistió de participar.
Indra ganó con una oferta de 21.169 millones de pesos. El Correo informó que el contrato resultó un 38% más barato que en 2023, aunque los especialistas electorales señalaron que comparar ambas contrataciones es problemático porque el proceso de 2023 fue una licitación pública internacional con condiciones completamente distintas.
Además, aunque el contrato fue formalmente limitado a las elecciones de ese año, el pliego incluía una cláusula que habilitaba al ganador a licitar por separado cualquier elección provincial o municipal realizada en el mismo período, incluyendo las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que por sí sola representa cerca del 40% del volumen electoral nacional. Y dado que el requisito de los 90.000 mesas seguirá vigente, la empresa que gane en 2025 queda posicionada con ventaja estructural para las presidenciales de 2027.
Quién es Indra y qué dicen sus antecedentes
Indra Sistemas es una multinacional tecnológica española cuya propiedad está distribuida entre la familia Escribano, el Estado español y JP Morgan, que en 2023 adquirió el 10,58% de su capital, convirtiéndose en el segundo mayor accionista. La coincidencia que no pasó desapercibida en los círculos políticos y periodísticos: el día anterior a las elecciones argentinas del 26 de octubre de 2025, Jamie Dimon, CEO global de JP Morgan, visitó Buenos Aires y mantuvo reuniones privadas con el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El historial internacional de Indra en materia electoral acumula cuestionamientos en varios países. En 2016, la Junta Central Electoral de República Dominicana documentó fallos masivos, opacidad en el software y pérdida de control estatal durante las elecciones generales: los votos se transmitían primero a los servidores de Indra y luego a la autoridad electoral, impidiendo la supervisión directa de los técnicos locales. El software era propiedad privada de la empresa, lo que imposibilitaba auditorías del código fuente. El Estado dominicano pagó 26,9 millones de dólares por ese proceso. También se registraron denuncias o cuestionamientos vinculados a procesos electorales en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Angola.
En España, Indra obtuvo en 2015 una calificación D en el índice anticorrupción para empresas del sector defensa elaborado por Transparencia Internacional, lo que significa «evidencia limitada» de compromiso ético. Ese mismo año, el Consejo de la Judicatura de Ecuador inició una demanda contra la empresa por 32 millones de dólares por incumplimiento de contrato. Años después, una investigación en Brasil señaló a Indra por el pago de comisiones a políticos para conseguir contratos estatales.
En Argentina, los antecedentes tampoco son tranquilizadores. En las elecciones legislativas de 2017 en la provincia de Buenos Aires, Unidad Ciudadana, el espacio encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó severamente a Indra por demoras y un manejo turbio del tránsito y contabilización de sufragios. En 2011, el ex candidato presidencial Eduardo Duhalde había denunciado un «fraude informático escandaloso» en las PASO, señalando a la empresa española. En 2005, según trascendió judicialmente, un asesor del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime habría ofrecido a Indra contratos estatales a cambio de aportes a la campaña electoral del kirchnerismo.
El camino hacia 2027
La pregunta que recorre los pasillos del mundo electoral es si el mecanismo de opacidad que el gobierno libertario instaló para los comicios de octubre de 2025 se reproducirá para las presidenciales de 2027. Hasta ahora, no hay ninguna señal oficial de que el Ejecutivo vaya a volver a una licitación pública internacional como las de 2021 y 2023. El precedente creado por la licitación privada vía Correo Argentino, combinado con los requisitos técnicos que prácticamente blindan a Indra como único oferente viable, configura un escenario donde el principal insumo informativo de una noche de elecciones seguirá siendo manejado por una empresa extranjera cuyo software es auditado solo por ella misma.
El escrutinio provisorio no tiene validez legal: el oficial lo realiza la Justicia Electoral. Pero es el que llena las pantallas de televisión, el que genera el clima político de la noche electoral y el que, en la práctica, determina qué candidatos dan discursos de victoria y cuáles de derrota antes de que se cuente el último voto. Qué empresa procesa esa información, bajo qué condiciones y con qué nivel de transparencia no es un detalle técnico. Es una decisión política de primer orden.
Puntos clave
- Indra opera el escrutinio provisorio argentino de forma prácticamente ininterrumpida desde 1997, con excepción de las presidenciales de 2019.
- En 2025, el gobierno de Milei la contrató a través del Correo Argentino mediante una licitación privada sin publicación oficial, con plazos reducidos a la mitad y ofertas en papel sin digitalizar.
- Un requisito técnico excluyente de 90.000 mesas redujo la competencia real a dos empresas y deja a Indra posicionada para las presidenciales de 2027.
- JP Morgan, accionista de Indra, mantuvo reuniones con Milei y Caputo el día anterior a las elecciones de octubre de 2025.
- La empresa acumula cuestionamientos electorales en República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Angola, Brasil y Argentina, y obtuvo calificación D en el índice anticorrupción de Transparencia Internacional en 2015.
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