Un contrato de más de 21.000 millones de pesos, adjudicado sin publicidad oficial, con ofertas presentadas en papel dentro de cajas y sin digitalizar, y cuyo resultado se conoció únicamente por una comunicación informal a los medios. Así fue como la empresa española Indra se quedó, en 2025, con el negocio del escrutinio provisorio de las elecciones legislativas argentinas del 26 de octubre, las primeras bajo la nueva Boleta Única de Papel impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Indra no es un actor nuevo en el sistema electoral argentino. La empresa española lleva contando votos en el país de forma prácticamente ininterrumpida desde 1997, casi tres décadas de monopolio sobre la información electoral más sensible de una noche de elecciones. Solo fue desplazada en 2019, cuando el gobierno de Mauricio Macri le cedió el contrato a Smartmatic. Pero el dato que más incomoda no es su larga presencia, sino el modo en que el gobierno libertario resolvió su contratación esta vez: en las sombras.

La licitación que se hizo en secreto

En las elecciones de 2021 y 2023, las licitaciones para el escrutinio provisorio fueron públicas e internacionales, convocadas por la Dirección Nacional Electoral (DINE) con difusión en el Boletín Oficial, participación de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y empresas del sector. El proceso de 2023, en particular, incluyó 75 observaciones y sugerencias de distintos actores antes de la adjudicación definitiva a Indra.

En 2025, el gobierno de Milei eligió otro camino. La contratación quedó en manos del Correo Argentino, una sociedad anónima estatal que tiene facultades para convocar concursos privados sin las restricciones de las licitaciones públicas. El pliego se envió por correo electrónico a un puñado de empresas seleccionadas, sin publicación oficial y sin acceso ciudadano. Los plazos para presentar ofertas, habitualmente de 30 días para contratos de esta magnitud, se redujeron a 15. Las propuestas llegaron en papel, dentro de cajas, sin digitalizar. Y el resultado de la adjudicación nunca fue publicado en ningún portal oficial: se conoció únicamente por un comunicado informal del propio Correo.

El senador nacional Wado de Pedro denunció el carácter opaco del proceso y reclamó «mayor transparencia y participación en el proceso electoral», señalando que era «urgente publicar las condiciones y el pliego técnico para garantizar la confiabilidad del recuento provisorio».

Una licitación hecha a medida

La opacidad del procedimiento no fue el único elemento que generó cuestionamientos. El pliego incorporó un requisito técnico que, en la práctica, eliminó a casi todos los posibles competidores antes de que abrieran los sobres: solo podían participar empresas que, en los últimos seis años, hubieran realizado escrutinios en elecciones con al menos 90.000 mesas de votación. Esa condición dejó automáticamente fuera a empresas locales y a la mayoría de los actores regionales del sector, reduciendo la competencia real a apenas dos firmas: Indra y Smartmatic. La tercera empresa invitada, MSA (ligada a Daniel Angelici y habitualmente contratada para elecciones porteñas), desistió de participar.

Indra ganó con una oferta de 21.169 millones de pesos. El Correo informó que el contrato resultó un 38% más barato que en 2023, aunque los especialistas electorales señalaron que comparar ambas contrataciones es problemático porque el proceso de 2023 fue una licitación pública internacional con condiciones completamente distintas.

Además, aunque el contrato fue formalmente limitado a las elecciones de ese año, el pliego incluía una cláusula que habilitaba al ganador a licitar por separado cualquier elección provincial o municipal realizada en el mismo período, incluyendo las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que por sí sola representa cerca del 40% del volumen electoral nacional. Y dado que el requisito de los 90.000 mesas seguirá vigente, la empresa que gane en 2025 queda posicionada con ventaja estructural para las presidenciales de 2027.

Quién es Indra y qué dicen sus antecedentes

Indra Sistemas es una multinacional tecnológica española cuya propiedad está distribuida entre la familia Escribano, el Estado español y JP Morgan, que en 2023 adquirió el 10,58% de su capital, convirtiéndose en el segundo mayor accionista. La coincidencia que no pasó desapercibida en los círculos políticos y periodísticos: el día anterior a las elecciones argentinas del 26 de octubre de 2025, Jamie Dimon, CEO global de JP Morgan, visitó Buenos Aires y mantuvo reuniones privadas con el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El historial internacional de Indra en materia electoral acumula cuestionamientos en varios países. En 2016, la Junta Central Electoral de República Dominicana documentó fallos masivos, opacidad en el software y pérdida de control estatal durante las elecciones generales: los votos se transmitían primero a los servidores de Indra y luego a la autoridad electoral, impidiendo la supervisión directa de los técnicos locales. El software era propiedad privada de la empresa, lo que imposibilitaba auditorías del código fuente. El Estado dominicano pagó 26,9 millones de dólares por ese proceso. También se registraron denuncias o cuestionamientos vinculados a procesos electorales en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Angola.

En España, Indra obtuvo en 2015 una calificación D en el índice anticorrupción para empresas del sector defensa elaborado por Transparencia Internacional, lo que significa «evidencia limitada» de compromiso ético. Ese mismo año, el Consejo de la Judicatura de Ecuador inició una demanda contra la empresa por 32 millones de dólares por incumplimiento de contrato. Años después, una investigación en Brasil señaló a Indra por el pago de comisiones a políticos para conseguir contratos estatales.

En Argentina, los antecedentes tampoco son tranquilizadores. En las elecciones legislativas de 2017 en la provincia de Buenos Aires, Unidad Ciudadana, el espacio encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó severamente a Indra por demoras y un manejo turbio del tránsito y contabilización de sufragios. En 2011, el ex candidato presidencial Eduardo Duhalde había denunciado un «fraude informático escandaloso» en las PASO, señalando a la empresa española. En 2005, según trascendió judicialmente, un asesor del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime habría ofrecido a Indra contratos estatales a cambio de aportes a la campaña electoral del kirchnerismo.

El camino hacia 2027

La pregunta que recorre los pasillos del mundo electoral es si el mecanismo de opacidad que el gobierno libertario instaló para los comicios de octubre de 2025 se reproducirá para las presidenciales de 2027. Hasta ahora, no hay ninguna señal oficial de que el Ejecutivo vaya a volver a una licitación pública internacional como las de 2021 y 2023. El precedente creado por la licitación privada vía Correo Argentino, combinado con los requisitos técnicos que prácticamente blindan a Indra como único oferente viable, configura un escenario donde el principal insumo informativo de una noche de elecciones seguirá siendo manejado por una empresa extranjera cuyo software es auditado solo por ella misma.

El escrutinio provisorio no tiene validez legal: el oficial lo realiza la Justicia Electoral. Pero es el que llena las pantallas de televisión, el que genera el clima político de la noche electoral y el que, en la práctica, determina qué candidatos dan discursos de victoria y cuáles de derrota antes de que se cuente el último voto. Qué empresa procesa esa información, bajo qué condiciones y con qué nivel de transparencia no es un detalle técnico. Es una decisión política de primer orden.

Puntos clave

• Indra opera el escrutinio provisorio argentino de forma prácticamente ininterrumpida desde 1997, con excepción de las presidenciales de 2019.
• En 2025, el gobierno de Milei la contrató a través del Correo Argentino mediante una licitación privada sin publicación oficial, con plazos reducidos a la mitad y ofertas en papel sin digitalizar.
• Un requisito técnico excluyente de 90.000 mesas redujo la competencia real a dos empresas y deja a Indra posicionada para las presidenciales de 2027.
• JP Morgan, accionista de Indra, mantuvo reuniones con Milei y Caputo el día anterior a las elecciones de octubre de 2025.
• La empresa acumula cuestionamientos electorales en República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Angola, Brasil y Argentina, y obtuvo calificación D en el índice anticorrupción de Transparencia Internacional en 2015.