Una jueza de Lomas de Zamora suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y desató una reacción en cadena dentro de La Libertad Avanza bonaerense que va mucho más allá del debate jurídico: el partido ya anunció que pedirá el juicio político de la magistrada y abrió una mesa de trabajo para definir el mecanismo concreto de destitución.

La jueza Marta Elba Pascual dictó la medida cautelar que pone en suspenso la norma aprobada por el Congreso de la Nación, al entender que su aplicación inmediata generaría un daño irreparable. La decisión fue inmediatamente rechazada por Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza bonaerense, quien convocó a sus equipos técnicos y políticos para diseñar los pasos legales que permitan destituirla.

La respuesta política: juicio político como herramienta de presión

Pareja no escatimó en calificaciones hacia la magistrada. «Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama», sostuvo. El titular de LLA bonaerense también afirmó que «siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes» y acusó al peronismo de haber actuado del mismo modo durante la pandemia.

La embestida contra la jueza incluyó además una acusación directa contra el gobernador Axel Kicillof. Según Pareja, Pascual «actúa como un peón» del mandatario provincial y «no cumple con las características básicas» que debe reunir un magistrado, porque «no puede anteponer una mirada política» a una ley «demandada por la gente». La operación política de LLA convierte así una decisión judicial técnica en un frente de batalla contra el gobierno de Kicillof.

La voz de los bloques legislativos

El presidente del bloque de senadores bonaerenses de LLA, Carlos Curestis, fue en la misma dirección y afirmó que la decisión judicial «deja más que en claro de qué lado están», acusando a la jueza de defender a «delincuentes». «La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien», añadió.

El jefe del bloque de Diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, fue quien cerró la postura de manera más contundente: «Es inadmisible que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil dándole la espalda a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad. Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión».

El trasfondo: una ley con resistencias judiciales y sociales

El nuevo Régimen Penal Juvenil, aprobado por el Congreso en febrero de 2026, establece la imputabilidad de menores a partir de los 13 años en casos de delitos graves, en una reforma que el oficialismo nacional presentó como una respuesta a la inseguridad. Desde su sanción, la norma enfrentó cuestionamientos de organismos de derechos humanos, colegios de abogados, defensorías y sectores académicos, que advirtieron sobre su incompatibilidad con estándares internacionales de derechos de la niñez.

La propia jueza Pascual, al fundamentar la suspensión, expresó que la aplicación apresurada de la norma «no va a crear más seguridad», señalando que la problemática de la delincuencia juvenil requiere abordajes integrales que la ley no contempla. El argumento judicial choca de frente con la narrativa de LLA, que reduce el debate a una dicotomía entre víctimas y delincuentes, ignorando la complejidad social del fenómeno.

El anuncio del juicio político a una magistrada por dictar una medida cautelar en el marco de sus atribuciones constitucionales abre un interrogante sobre los límites entre la crítica legítima a las decisiones judiciales y la presión institucional sobre el Poder Judicial. En Argentina, la independencia judicial frente a las presiones del poder político es una discusión histórica; que un partido de gobierno la protagonice en nombre de la «voluntad popular» añade una capa de ironía a un espacio que construyó parte de su identidad en la denuncia del lawfare.

Puntos clave

• La Libertad Avanza bonaerense anunció el juicio político de la jueza Marta Elba Pascual por suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil durante 60 días.
• Sebastián Pareja, titular de LLA bonaerense, convocó una mesa técnico-política para definir el mecanismo de destitución de la magistrada.
• Pareja acusó a la jueza de actuar como «un peón» del gobernador Axel Kicillof y de anteponer intereses políticos a una ley votada en el Congreso.
• Los bloques de senadores y diputados bonaerenses de LLA respaldaron la iniciativa con declaraciones que calificaron la decisión judicial de «garantista de la impunidad».
• La jueza Pascual justificó la suspensión al señalar que la aplicación apresurada de la norma «no va a crear más seguridad».