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Negocio redondo: Milei confisca el salario, las fintechs de sus amigos cobran la deuda

Un informe de ATE Capital revela que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5%. La mora crediticia se multiplicó 3,4 veces y ya alcanza al 18,63% de los trabajadores estatales, que debieron recurrir a fintechs y financieras con tasas usurarias para pagar alimentos, alquiler y servicios.

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Casi uno de cada cinco empleados del Estado argentino está en mora con alguna entidad financiera. No por especulación ni por mal manejo del dinero, sino porque el salario que percibe no alcanza para cubrir los gastos básicos del mes.

Ese es el dato central del informe «Endeudados por Milei», elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal (ATE Capital) y difundido en septiembre de 2026, que cruza datos salariales del sector público con la evolución de la mora crediticia registrada por el Banco Central entre 2023 y 2026.

El documento, coordinado por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, establece una correlación directa entre la política salarial del gobierno de Javier Milei y el colapso financiero personal de cientos de miles de trabajadores. El propio Presidente lo reconoció públicamente: «El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo».

40,5% de caída real del salario en dos años y medio

El informe construye una línea de tiempo precisa. En noviembre de 2024, con una inflación acumulada del 166% desde el inicio de la gestión y aumentos salariales otorgados del 87%, el poder adquisitivo de los estatales ya había caído un 29,7% y la mora se ubicaba en el 5,7%. En diciembre de 2025, la brecha se amplió: inflación acumulada del 259,2% contra un incremento salarial del 121,2%, lo que implicó una pérdida del 38,4% del salario real y una mora del 14,4%. En junio de 2026, el cuadro llegó a su punto más crítico: inflación acumulada del 319,8%, aumentos del 149,8% y un salario real que se redujo al 59,5% del valor que tenía al inicio de la gestión. La mora trepó al 18,63%.

La quita acumulada en dos años y medio, señala el informe, supera a la que sufrieron los trabajadores estatales durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, período que ya había sido considerado uno de los más duros para el empleo público en la historia reciente.

Del banco a la fintech: el circuito de la usura

La caída del salario real empujó a los trabajadores estatales fuera del sistema bancario tradicional y hacia alternativas financieras de mayor costo. El Banco Nación concentra 24.407 estatales en mora (8,56% de sus clientes del sector), pero las cifras más alarmantes se registran en las plataformas no bancarias: Tarjeta Naranja tiene 16.766 casos con una tasa de mora del 23,75%; MercadoLibre, 16.349 (13,19%); Naranja Digital, 9.653 (31,86%); y Moni Online presenta el caso más extremo, con 3.531 estatales en mora sobre un total de 5.832 clientes de ese segmento, lo que equivale al 60,53% de incobrabilidad.

Catalano fue contundente al señalar el mecanismo: «El ajuste brutal del gobierno sobre el salario de los estatales no sólo nos endeuda, sino que nos empuja fuera del sistema bancario. Terminamos cayendo en las plataformas que, oh causalidad, pertenecen a amigos del gobierno que hacen un negocio usurario amparado en la desregulación que el propio Milei impulsa. De un lado nos roban confiscando el salario, del otro nos esperan con tasas usurarias. Negocio redondo».

El informe también destaca que el 80,7% de quienes están en situación irregular ya no registra simples atrasos, sino que se encuentra en las categorías de riesgo alto o irrecuperable (Situaciones 4 y 5 del BCRA), lo que hace imposible la regularización o refinanciación de esas deudas con los ingresos actuales.

Fuerzas de seguridad y provincias del norte, los más golpeados

El informe revela una concentración del problema en los sectores de Seguridad y Defensa: el Ejército encabeza el ranking con una mora del 30,1%; el Servicio Penitenciario Federal registra el 28,5%; la Policía Federal, el 24,2%; Gendarmería, el 24,1%; Prefectura, el 21,9%; la Fuerza Aérea, el 21,8%; el Estado Mayor Conjunto, el 21,4%; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el 20,7%. Los organismos civiles se ubican, en general, por debajo del 20%.

La distribución territorial también expone una brecha brutal entre el interior del país y la Ciudad de Buenos Aires. En el norte y la Patagonia la mora supera el 25%: La Rioja lidera con el 29,38%, seguida por Formosa (28,69%), Santa Cruz (28,55%), Corrientes (26,50%), Salta (26,33%), Misiones (26,26%), Neuquén (25,88%), Santiago del Estero (25,51%) y Catamarca (25,12%). En el centro del país, Buenos Aires tiene el 19,35%; Córdoba, el 19,19%; Santa Fe, el 16%; y CABA, el 9,56%. En la Capital la tasa de mora es menos de un tercio que en La Rioja.

El mayor volumen de mora en términos absolutos se concentra en los trabajadores con cargas familiares de entre 36 y 55 años: 5.088 agentes civiles de la franja etaria de 36 a 45 años y 4.730 de 46 a 55 años están en situación irregular.

Las exigencias del gremio

Frente al cuadro documentado, ATE Capital formuló un conjunto de demandas: reapertura libre de las paritarias para recomponer el 40,5% de poder adquisitivo arrebatado, actualización de la canasta de referencia del IPC, condonación de las deudas generadas en condiciones de emergencia salarial, y establecimiento de topes legales a las tasas que las entidades no bancarias aplican sobre los haberes estatales. El reclamo apunta directamente a la política de ingresos del Gobierno, a la que el propio Catalano calificó como «confiscatoria».

  • El salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
  • La mora crediticia en el sector se multiplicó 3,4 veces, pasando del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026.
  • El 80,7% de los estatales en mora está en riesgo alto o irrecuperable según las categorías del BCRA.
  • Moni Online registra el 60,53% de incobrabilidad entre sus clientes estatales; Naranja Digital, el 31,86%.
  • Las fuerzas de Seguridad y Defensa concentran las tasas más altas de mora, con el Ejército encabezando la lista en el 30,1%.

Aduana

La Aduana de Karina: mercadería del Estado para una fundación sin actividad social

La Fundación Gea-Madre Tierra, Mitología Griega, integrada por la esposa, la cuñada y el suegro del diputado libertario Lisandro Almirón, recibió durante 2024 al menos tres envíos de rezago aduanero, según consta en el Boletín Oficial: 21.801 artículos electrónicos, 14 aires acondicionados, 31 repuestos aeronáuticos y 367 prendas de ropa. Las resoluciones llevan la firma de Eduardo Menem y fueron autorizadas bajo la órbita de la Secretaría General que conduce Karina Milei.

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El Argentino Diario-Karina Milei.
Mientras cierran comedores, LLA distribuye bienes del Estado entre sus amigos y sus propias fundaciones.

Más de 21.000 artículos electrónicos, 14 aires acondicionados, repuestos de avión y ropa: todo eso llegó desde la Aduana del Estado nacional a una fundación correntina creada en agosto de 2023, apenas semanas antes de que Javier Milei ganara las elecciones primarias. La entidad no tiene página web, no registra actividades benéficas verificables y se dedica, según sus propias redes sociales, a la organización de cursos y charlas sobre política pública, economía y gestión empresarial. La fundación se llama Gea-Madre Tierra, Mitología Griega, y sus dirigentes son la familia directa del diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón.

Las transferencias quedaron registradas en el Boletín Oficial de la Nación y fueron firmadas en tres fechas distintas por Eduardo «Lule» Menem, subsecretario de Gestión Institucional bajo las órdenes directas de Karina Milei, titular de la Secretaría General de la Presidencia. El canal legal utilizado es la Ley 25.603 de Rezago Aduanero, que permite al Estado donar bienes incautados o no reclamados en los plazos establecidos a organismos públicos u organizaciones sociales, cuando las condiciones de emergencia social del lugar lo justifiquen. La norma otorga a la Secretaría General de la Presidencia la facultad discrecional de decidir a quién se entregan esos bienes.

Una fundación familiar en el corazón del poder libertario

La estructura directiva de Gea-Madre Tierra no es casual. Al momento de recibir los envíos estatales, el consejo de administración incluía a José María Oderda como presidente, veterinario y padre político de Laura Peralta Marcoré, esposa del diputado Almirón, quien a su vez ocupa el cargo de vicepresidente de LLA en Corrientes y de directora regional Nordeste del Ministerio de Capital Humano. Cinthia Almirón, hermana del legislador, figuraba como tesorera. Laura Marcoré había sido secretaria de la fundación hasta junio de 2024, meses después de iniciado el flujo de donaciones.

El diputado Almirón, consultado por una radio local, reconoció tácitamente la vinculación de su familia con la entidad y la recepción del rezago aduanero, aunque intentó minimizar el alcance. «No hay nada que ocultar», dijo el legislador. Sin embargo, sostuvo que se trató de una sola donación, cuando el Boletín Oficial registra tres entregas en fechas distintas. Incluso el propio Oderda, presidente de la fundación y suegro de Almirón, confirmó la existencia de múltiples transferencias.

El inventario del Estado: electrónica, aires acondicionados y repuestos aeronáuticos

El detalle de las donaciones registradas en el Boletín Oficial revela la magnitud del flujo de bienes públicos hacia la organización familiar. En mayo de 2024, mediante la resolución RSG 182/2024, la fundación recibió 14 equipos de aire acondicionado frío-calor y 21.801 artículos electrónicos: auriculares, celulares, tarjetas de memoria y fundas. En otros dos envíos, llegaron 31 repuestos aeronáuticos, entre adaptadores y tapones, y 367 artículos de primera necesidad, incluyendo indumentaria, mochilas y calzado.

La presencia de repuestos aeronáuticos en el inventario de una organización dedicada a cursos de política pública llamó la atención desde el primer momento. La fundación publicó en Instagram una entrega de esos repuestos al Aeroclub Cañada Quirós, un club de pilotos privados sin actividad social comprobable, presentando la transferencia como una iniciativa propia, sin mencionar que los bienes provenían del Estado nacional. El Boletín Oficial, sin embargo, consigna que la cadena de origen empieza en la Aduana y termina en manos de la organización familiar de un diputado oficialista.

El patrón se repite: LLA y las fundaciones amigas

El caso de Gea-Madre Tierra no es un episodio aislado. La misma mecánica de distribución discrecional de rezago aduanero alcanzó a otras organizaciones con vínculos directos con referentes de La Libertad Avanza en distintas provincias. La Fundación Manos Abiertas recibió tres envíos en Córdoba y Mendoza, esta última presidida por un familiar del diputado Facundo Correa Llano. En Entre Ríos, Mauricio Davico, ex integrante del grupo Ráfaga y allegado a Martín Menem, fue beneficiado con doce donaciones para su ciudad, Gualeguaychú. En Misiones, el esquema también incluyó fundaciones con lazos al oficialismo local.

El denominador común es que ninguna de estas transferencias pasó por licitación, concurso público ni evaluación de impacto social: se gestionaron directamente desde la Secretaría de Karina Milei, mediante resoluciones firmadas por Eduardo Menem, y llegaron a manos de organizaciones con conexiones políticas al partido gobernante. La ley exige que las condiciones de emergencia social del lugar justifiquen la donación; sin embargo, entre los ítems transferidos figuran equipos de aire acondicionado y repuestos aeronáuticos, bienes difícilmente encuadrables en una respuesta de emergencia humanitaria.

El doble discurso de la casta que combate a la casta

El escándalo expone una contradicción que resulta difícil de ignorar. Mientras el gobierno de Javier Milei recortó programas sociales, congeló paritarias, redujo subsidios y cerró comedores comunitarios en nombre del «ajuste necesario», la maquinaria de distribución de bienes públicos funcionaba en paralelo hacia adentro del propio espacio político. La misma fuerza política que construyó su identidad electoral atacando a la «casta» y a quienes «viven del Estado» replicó, desde el poder, exactamente los mecanismos que denunciaba: uso discrecional de recursos públicos, cargos y beneficios para el entorno familiar y fundaciones pantalla que canalizan bienes del Estado sin actividad social verificable.

Almirón, cuyo mandato como diputado venció en diciembre de 2025, intentó convertirse en candidato a gobernador de Corrientes en las elecciones del 31 de agosto de ese año. El escándalo de la Aduana lo persiguió durante toda la campaña y las encuestas lo ubicaron en cuarto lugar, detrás del candidato del oficialismo provincial, del peronismo y de la UCR disidente. El Registro Único de Audiencias del Congreso muestra que el diputado mantuvo al menos cuatro reuniones con Eduardo Menem entre febrero y octubre de 2024, período que coincide con las transferencias registradas en el Boletín Oficial.

Puntos clave

  • La Fundación Gea-Madre Tierra, conducida por familiares del diputado libertario Lisandro Almirón, recibió al menos tres envíos de rezago aduanero durante 2024, registrados en el Boletín Oficial.
  • Los bienes transferidos incluyen 21.801 artículos electrónicos, 14 aires acondicionados, 31 repuestos aeronáuticos y 367 prendas de indumentaria.
  • Las resoluciones fueron firmadas por Eduardo «Lule» Menem bajo la autorización de la Secretaría General de Karina Milei, sin licitaciones ni concursos públicos.
  • La fundación no tiene página web, no registra actividades benéficas verificables y publicó en redes sociales una entrega de repuestos de avión a un aeroclub de pilotos privados, presentándola como donación propia sin mencionar el origen estatal.
  • El patrón se repite en otras provincias con fundaciones vinculadas al entorno de La Libertad Avanza, en lo que configura un esquema sistemático de distribución discrecional de bienes públicos hacia aliados políticos.
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