★ Con la firma de tres funcionarios y sin debate parlamentario, el gobierno de Javier Milei liquidó en pocas horas una política de salud pública que había resistido durante más de una década. La Resolución Conjunta 1/2026, suscripta por el ministro de Salud Mario Lugones, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Carlos María Gallo, derogó la normativa 118 vigente desde 2012 que fijaba criterios específicos para el otorgamiento de patentes farmacéuticas. La medida no fue fruto de un diagnóstico sanitario propio: fue, según confirmaron fuentes del sector, una condición explícita del acuerdo comercial con Washington.

Una exigencia de Washington, no una política de salud

La cronología del asunto no deja lugar a dudas sobre quién mandó. La medida había sido reclamada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante su visita a la Argentina. El propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, principal impulsor de la medida aunque su firma no aparece en el documento, lo reconoció sin eufemismos en su cuenta de X: «Con la derogación, Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales, incluyendo Estados Unidos, con quien avanzamos en un acuerdo que, como contraparte de esta normalización, le abre todo su mercado doméstico a nuestra industria farmacéutica.»

La promesa de acceso al mercado estadounidense como compensación es, cuando menos, incierta. El Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocas (ARTI) firmado el 5 de febrero de 2026 fue cuestionado tras un fallo de la Corte que declaró ilegales los aranceles de Trump para todos los países, lo que diluyó la supuesta «ventaja competitiva» que Argentina había negociado. Además, el acuerdo aún requiere ratificación del Congreso argentino para entrar plenamente en vigor.

Qué cambió, qué queda igual (y qué podría cambiar)

La normativa anterior limitaba el patentamiento de ciertos desarrollos, como polimorfos, sales, ésteres, segundas indicaciones médicas o ajustes de dosificación, al considerarlos variantes de sustancias ya conocidas. Con la derogación, estos casos podrán ser evaluados individualmente por el INPI, sin exclusiones automáticas.

El gobierno intentó amortiguar el impacto político con una cláusula de irretroactividad: la resolución determina que, para el caso de patentes vinculadas a productos farmacéuticos que ya estén siendo comercializados por terceros en el país, los titulares de las nuevas patentes no tendrán derecho a impedir la continuación de esa comercialización ni a requerir una retribución. En criollo: los genéricos que hoy están en la góndola no desaparecerán. El problema, advierten especialistas, es todo lo que venga después.

Según expertos consultados por Infobae, el segundo artículo de la norma podría generar cuestionamientos legales por parte de laboratorios que se consideren perjudicados por la imposibilidad de recibir regalías por productos ya presentes en el mercado local.

El evergreening, la amenaza que el gobierno prefiere no mencionar

El punto más delicado del debate es la práctica conocida como evergreening, mecanismo por el cual los grandes laboratorios extienden artificialmente sus monopolios registrando patentes sobre modificaciones menores de un mismo compuesto original. La resolución derogada actuaba como un dique frente a ese abuso.

El régimen derogado funcionaba como una barrera frente al evergreening: estrategias mediante las cuales las empresas extienden la vigencia de sus patentes con modificaciones menores, retrasando la entrada de genéricos más baratos. Sin esas limitaciones, el riesgo es claro: mayor concentración de derechos, menos competencia y, potencialmente, medicamentos más caros.

Desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), que nuclea a los laboratorios de capital nacional, lo dijeron con todas las letras. Citaron el ejemplo de la semaglutida, principio activo del Ozempic: cuando el gigante danés Novo Nordisk lanzó ese producto en el país, la empresa nacional Elea sacó al mercado su versión genérica, el Dutide. El precio de la versión nacional resultó un 63,5% inferior al original. Con el nuevo régimen, esa posibilidad podría quedar acotada para los medicamentos que lleguen en el futuro.

Los números que maneja la cámara no son menores. Según estimaciones de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), los ahorros generados por medicamentos genéricos y biosimilares alcanzaron los 2.214 millones de dólares anuales a precios de septiembre de 2024; sumando nuevos lanzamientos y moléculas no incluidas en ese estudio, el ahorro estimado trepa a 3.321 millones de dólares para 2025. Ese es el piso de lo que está en juego.

La industria nacional, entre la alerta y la resignación parcial

Cilfa reconoció que la derogación no incluyó dos demandas históricas de los laboratorios internacionales: la protección de datos de prueba y la extensión del plazo de las patentes. La cámara valoró que el gobierno argentino haya excluido esos puntos del ARTI, aunque remarcó que la cuestión trasciende el interés privado de las empresas y afecta el interés público en materia de salud y acceso a los medicamentos.

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que representa a los laboratorios multinacionales, celebró la medida. Consideró que la actualización del marco normativo es un paso fundamental para generar un entorno más previsible para la inversión, la investigación y el desarrollo, aunque llamó al acompañamiento de todos los actores del sistema para asegurar una implementación adecuada.

En los hechos, la brecha entre ambas cámaras expresa una tensión estructural irresuelta: para unos, la propiedad intelectual ampliada es sinónimo de innovación; para otros, es un instrumento de monopolio que recae sobre los bolsillos de los pacientes y los presupuestos de las obras sociales.

El contexto que el gobierno omite

La medida implica el fin de un marco normativo que, en la práctica, permitía que los laboratorios farmacéuticos de genéricos argentinos usaran datos de laboratorios extranjeros para vender medicamentos más baratos. Se trata de una larga exigencia de sucesivos gobiernos estadounidenses a la que, finalmente, la administración de La Libertad Avanza terminó cediendo.

El gobierno festeja una supuesta apertura de mercados. Lo que omite es que Argentina acaba de resignar, por decreto y sin debate, una política de salud pública que protegía el acceso a medicamentos esenciales para millones de personas: desde tratamientos oncológicos como el pembrolizumab y el bevacizumab hasta terapias para enfermedades raras y crónicas. El mercado, que Sturzenegger invoca como árbitro supremo, no suele tener en cuenta a quienes no pueden pagar.

Puntos clave

• El gobierno derogó la Resolución Conjunta 118/2012 mediante la Resolución Conjunta 1/2026, firmada por Lugones, Caputo y Gallo.
• La medida fue una condición explícita del acuerdo comercial con Estados Unidos, reclamada por el secretario del Tesoro Scott Bessent.
• Los medicamentos genéricos ya en el mercado no serán afectados; el impacto recaerá sobre los futuros lanzamientos.
• Cilfa advierte que el ahorro generado por genéricos y biosimilares ronda los 3.321 millones de dólares anuales, cifra que podría reducirse.
• El evergreening, práctica por la que los laboratorios multinacionales extienden artificialmente sus patentes, queda con menos restricciones. ★