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El ARG-01, Adorni, su esposa y la causa Aviones: el decreto que él mismo celebró ahora se le volvió en contra

El viaje de Bettina Angeletti en el avión presidencial reavivó la «Causa de los Aviones» contra Cristina Kirchner, anulada en 2023 por falta de imparcialidad del juez Bonadío. El dato más incómodo para el oficialismo: fue el propio Gobierno de Milei el que en 2024 prohibió por decreto el uso de aeronaves oficiales para trasladar familiares de funcionarios, una medida que Adorni celebró públicamente.

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El escándalo por el viaje del jefe de Gabinete Manuel Adorni junto a su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial ARG-01 hacia Nueva York instaló en el debate público una comparación que el oficialismo preferiría evitar: la «Causa de los Aviones», el expediente judicial que investigó el presunto uso irregular de aeronaves oficiales durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner entre 2007 y 2015, y que fue anulado de manera definitiva en 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal por falta de imparcialidad del juez instructor.

La «Causa de los Aviones»: qué fue y cómo terminó

El expediente investigó si durante las presidencias de Cristina Kirchner se utilizaron aviones de la flota presidencial para transportar objetos personales y mobiliario hacia hoteles de la familia Kirchner en El Calafate, provincia de Santa Cruz. La causa fue impulsada originalmente por el juez federal Claudio Bonadío, fallecido en 2020, y generó procesamiento de la entonces expresidenta. Sin embargo, en junio de 2023, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar y Ángela Ledesma declararon la nulidad de todo lo actuado desde el inicio del expediente, al verificar que Bonadío fue simultáneamente denunciante de las supuestas irregularidades y el juez que llevó adelante la investigación, una violación elemental al principio de imparcialidad judicial. En el mismo acto, se apartó a los camaristas que habían confirmado el procesamiento. Dos meses después, el mismo tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por el Ministerio Público Fiscal y dejó firme la nulidad de la causa. No obstante, en 2024 el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la reapertura del expediente con fundamento en la aparición de supuestos «nuevos hechos» vinculados a un total de 194 vuelos realizados durante el período investigado, que a su criterio configurarían el delito de «peculado», tipificado en el artículo 261 del Código Penal como un ilícito contra la Administración Pública. Al cierre de esta edición, aún no se confirmó si esa solicitud de reapertura prosperó ni en qué estado procesal se encuentra.

El decreto que Adorni festejó y ahora lo persigue

El dato que encierra la mayor contradicción política de toda la semana es el siguiente: en agosto de 2024, el Gobierno de Javier Milei dictó un decreto que restringió y prohibió expresamente el uso de aviones oficiales para actividades privadas o el traslado de familiares de funcionarios. La medida fue presentada por el oficialismo como una señal de transparencia y diferenciación respecto de gestiones anteriores. El propio Adorni la celebró públicamente en su momento. Ese decreto es el que ahora le enrostraron desde la oposición y desde sectores del propio espacio libertario, a raíz del viaje de Angeletti en el ARG-01. La esposa del jefe de Gabinete no tenía funciones oficiales en la delegación que participó del «Argentina Week» en Nueva York, según surge del material de base de esta nota. Las explicaciones de Adorni, formuladas el martes en una entrevista en A24, sostuvieron que el viaje no tuvo costo adicional para el Estado; sin embargo, esas afirmaciones siguen sin contar con respaldo documental verificable independiente, tal como informó este medio desde el inicio de la cobertura.

Cinco días de escándalo y una interna que llegó a la Justicia

Como informó este medio en detalle a lo largo de la semana, la polémica acumula múltiples capas. La vicepresidenta Victoria Villarruel utilizó el episodio para marcar distancia del Ejecutivo al difundir publicaciones irónicas sobre el viaje. El diputado socialista Esteban Paulón y la bancada de Unión por la Patria (UxP) presentaron pedidos de informes e interpelación en el Congreso. El club Sacachispas, de la Primera C, viralizó un mensaje irónico que sintetizó el estado de la opinión pública. Y el propio presidente Milei salió a defender a Adorni en redes con un argumento de teoría económica, el concepto de «costo marginal», que no respondió a ninguna de las preguntas institucionales abiertas. En paralelo, la interna dentro de La Libertad Avanza escaló al terreno judicial: Villarruel presentó este jueves una denuncia penal contra el diputado Luis Petri en Comodoro Py (expediente CFP 985/2026), por calumnias e injurias y amenaza de rebelión, luego de que Petri la calificara de «golpista». El contraste entre la «Causa de los Aviones», construida durante años sobre la base de un expediente que la propia Justicia anuló por haber sido instruido por un juez parcial, y el episodio del ARG-01, que involucra una norma dictada por el propio Gobierno que lo protagoniza, no requiere inferencia: está en los hechos reconocidos por el propio gobierno.

Puntos clave:

  • El viaje de Angeletti en el ARG-01 reavivó comparaciones con la «Causa de los Aviones» contra Cristina Kirchner, anulada en 2023 por nulidad procesal debido a la falta de imparcialidad del juez Bonadío.
  • En junio de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal declaró nula toda la causa; dos meses después rechazó el recurso del Ministerio Público Fiscal y dejó firme esa nulidad.
  • En 2024, el fiscal Pollicita solicitó la reapertura por 194 vuelos bajo el delito de peculado; el estado procesal de ese pedido aún no se confirmó.
  • El Gobierno de Milei dictó en agosto de 2024 un decreto que prohibió el uso de aviones oficiales para trasladar familiares de funcionarios; Adorni lo celebró públicamente en su momento.
  • Las afirmaciones de Adorni sobre el costo cero para el Estado por el viaje de su esposa siguen sin respaldo documental verificable independiente.

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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