Investigación 🔎
El juez Ercolini y el fiscal Taiano: el dúo que allanó la UOM concentra las causas más sensibles de Comodoro Py
Los funcionarios judiciales ordenaron este viernes el allanamiento a la sede del gremio metalúrgico que lidera Abel Furlán, uno de los sindicalistas más activos contra la reforma laboral de Milei. El dúo concentra algunas de las causas más polémicas y sensibles de la Justicia federal argentina de los últimos 20 años.
★ El allanamiento a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de este viernes lleva las firmas del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, dos figuras que ocupan un lugar central en el mapa del poder judicial de Comodoro Py.
Su intervención en la causa contra el secretario general Abel Furlán, uno de los dirigentes sindicales más confrontativos con el gobierno de Javier Milei y referente del FreSU, no es un dato menor: se trata del mismo binomio que instruyó algunas de las causas más resonantes y polémicas de la política argentina en las últimas dos décadas.
Ercolini: el juez del Lago Escondido que condenó a Cristina
Julián Ercolini es titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 10 desde 2004, cuando fue designado por el entonces presidente Néstor Kirchner para cubrir una vacante en los juzgados federales de Comodoro Py. La paradoja de ese origen quedó sepultada por un historial de causas que golpearon con dureza al kirchnerismo durante los años siguientes.
Su actuación más emblemática fue como juez instructor de la Causa Vialidad, el único expediente en que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada; en ese caso a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en un fallo que la expresidenta y vastos sectores jurídicos calificaron como un ejemplo de lawfare. Ercolini también elevó a juicio oral las causas Hotesur y Los Sauces, donde Cristina figura como principal acusada por presunto lavado de dinero a través de hoteles en la Patagonia.
En la causa Oil Combustibles, ordenó la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por presunta administración fraudulenta vinculada a una deuda millonaria con la AFIP. En la causa Papel Prensa, en cambio, sobreseyó a los propietarios de los diarios Clarín y La Nación sin siquiera indagarlos, y procesó en su lugar al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno. Y en la causa abierta a partir de la denuncia de Fabiola Yáñez, reabrió el expediente contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género y le impuso prohibición de acercamiento y de salida del país.
Pero hay un episodio que define con especial nitidez el perfil del magistrado fuera de los expedientes. En 2022, Ercolini participó de un viaje a la residencia del magnate británico Joe Lewis en las costas del Lago Escondido, en tierras que rodean un lago de acceso público vedado en los hechos por cercas ilegales. El magistrado estuvo acompañado por otros jueces federales, funcionarios del gobierno porteño, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín. El entonces presidente Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Justicia para denunciarlo penalmente y presentarlo ante el Consejo de la Magistratura.
La propia Cristina Kirchner lo bautizó públicamente como «el mutante» durante su declaración en el juicio oral por Vialidad, al describir cómo su perfil judicial cambió con la llegada de Mauricio Macri al poder. «Debería jugar a la lotería. Tengo una suerte. Siempre me tocan Bonadio y Ercolini. Siempre me tocan los que me van a condenar», declaró la expresidenta en esa instancia, según consta en el registro del juicio.
Taiano: del juicio a la ESMA al expediente Nisman
Eduardo Taiano llegó a la Fiscalía Federal N° 3 en abril de 1993 y acumuló en sus primeros años una credencial institucional de peso: fue el fiscal de la megacausa por los crímenes cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar, una de las investigaciones de derechos humanos más extensas y complejas de la historia judicial argentina.
Su trayectoria posterior, sin embargo, lo alejó de esa imagen. Taiano impulsó la elevación a juicio oral de la causa en que Cristina Kirchner fue procesada por el presunto encubrimiento de ciudadanos iraníes acusados del atentado a la AMIA, vinculado a la firma del Memorándum con Irán durante su presidencia. Y lleva delegada desde el juzgado de Ercolini la investigación por el homicidio del fiscal Alberto Nisman, en cuyo marco determinó en 2017 que la muerte no había sido un suicidio sino un asesinato. En agosto de 2025, en esa misma causa, Taiano imputó a la exfiscal Viviana Fein y al juez Manuel De Campos por presuntas irregularidades en la preservación de la escena del crimen.
Pero hay en su historial un episodio de singular gravedad que el periodismo tiene la obligación de registrar. En 2005, el hijo del fiscal Taiano fue secuestrado durante dos horas en el mismo día en que vencía el plazo para apelar el sobreseimiento que Ercolini había dictado a favor de Néstor Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito. Taiano no apeló. Nunca se estableció judicialmente ninguna vinculación entre ambos hechos, pero la coincidencia fue consignada en su momento por medios nacionales y constituye un dato de contexto que no puede omitirse al trazar el perfil del funcionario.
La pregunta que el allanamiento a la UOM instala
Con ese historial documentado, la intervención del dúo Ercolini-Taiano en la causa contra Abel Furlán y la UOM adquiere una dimensión que va más allá del expediente en sí. El gremio metalúrgico fue, en las últimas semanas, uno de los actores centrales de la resistencia sindical a la Ley de Modernización Laboral impulsada por el gobierno de Milei. Furlán integra el núcleo duro del FreSU y la sede de la UOM fue el lugar de reunión donde ese espacio definió, apenas el lunes pasado, su estrategia de expansión nacional.
Esta redacción no puede afirmar, con la información disponible al cierre de esta nota, que el allanamiento responda a una motivación política antes que probatoria. Pero tampoco puede ignorar que el mismo juzgado y la misma fiscalía que instruyeron las causas más gravosas contra el kirchnerismo, que frecuentaron la residencia de Lago Escondido junto a empresarios del Grupo Clarín y que concentran el poder judicial más sensible de Comodoro Py, son los que decidieron irrumpir en la sede del sindicato más combativo contra el oficialismo libertario en el día en que la semana laboral cerraba y la atención pública estaba en otro lugar.
La pregunta sobre si la Justicia federal actúa con objetividad institucional o como un instrumento de presión política no es nueva en la Argentina. Lo nuevo es quién está, esta vez, del otro lado del allanamiento.
Puntos clave
- El juez Ercolini es titular del Juzgado Federal N° 10 desde 2004; instruyó la Causa Vialidad, Hotesur, Los Sauces, Oil Combustibles y la causa contra Alberto Fernández por violencia de género.
- Ercolini participó del viaje al Lago Escondido en 2022 junto a directivos del Grupo Clarín, jueces y exagentes de inteligencia; Alberto Fernández lo denunció penalmente ante el Consejo de la Magistratura.
- Taiano fue fiscal de la megacausa ESMA, impulsó el juicio por el Memorándum con Irán y determinó en 2017 que Nisman fue asesinado.
- En 2005, el hijo de Taiano fue secuestrado el mismo día en que vencía el plazo para apelar el sobreseimiento de Kirchner; Taiano no apeló. No existe condena judicial que vincule ambos hechos.
- El vínculo de USEM con La Cámpora y la cifra de 100 millones de pesos mensuales permanecen como versiones extraoficiales no confirmadas judicialmente al cierre de esta edición. ★
Denuncia
Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.
La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.
El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.
Lo que dijo el fiscal
Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.
Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.
La oposición: “ES JODA”
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.
En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.
El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.
Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.
Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.
Qué viene
Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.
Lo que tenés que saber:
- El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
- El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
- Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
- Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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