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Gremiales

Allanaron la sede de la UOM por presunta administración fraudulenta

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Julián Ercoloni a requerimiento del fiscal Eduardo Taiano, quien investiga al secretario general Abel Furlán y a María Soledad Calle por un contrato entre la empresa USEM y el gremio metalúrgico. El allanamiento ocurre días después de que la UOM protagonizara la resistencia más activa contra la Ley de Modernización Laboral.

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★ La sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue allanada este viernes por orden del juez federal Julián Ercoloni, a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano. La investigación apunta al secretario general del gremio, Abel Furlán, y a María Soledad Calle, por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita vinculadas a un contrato entre la empresa USEM y el sindicato metalúrgico.

Según trascendidos judiciales, la pesquisa examina si ese contrato implicó el desvío de fondos provenientes de los afiliados del gremio. De acuerdo a versiones extraoficiales difundidas por medios como Infobae y La Nación, la recaudación bajo análisis ascendería a 100 millones de pesos mensuales, aunque esta cifra no fue confirmada oficialmente por el juzgado ni por la fiscalía al cierre de esta edición.

En esa misma línea extraoficial, trascendió que el control de USEM estaría vinculado a La Cámpora, dato que tampoco fue corroborado por fuentes judiciales con nombre y cargo identificables, por lo que debe consignarse como versión periodística no confirmada.

El timing del allanamiento y su contexto político

El procedimiento judicial no ocurre en el vacío. La UOM es uno de los sindicatos que lideró la resistencia más activa contra la Ley de Modernización Laboral a lo largo de las últimas semanas. Furlán integra el núcleo duro del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el espacio que desafió la conducción dialoguista de la CGT con marchas en Córdoba, Rosario y tres movilizaciones frente al Congreso durante el tratamiento legislativo de la reforma.

El pasado lunes 9 de marzo, referentes del FreSU se reunieron precisamente en la sede porteña de la UOM para definir la estrategia de expansión nacional del frente, con acciones ya confirmadas en Tierra del Fuego y una conferencia de prensa prevista para esta semana.

La coincidencia entre ese protagonismo sindical y el allanamiento de este viernes instala una pregunta que el periodismo tiene la obligación de formular: si la causa judicial tiene sustento propio en evidencias concretas, o si el timing responde a una lógica de presión sobre uno de los dirigentes sindicales más confrontativos con el gobierno de Javier Milei. Esta redacción no puede afirmar ni descartar ninguna de las dos hipótesis con la información disponible al cierre de esta nota; pero el antecedente existe y es relevante.

En la Argentina reciente, la utilización de causas judiciales como herramienta de disciplinamiento político y sindical tiene antecedentes documentados. Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), varios dirigentes gremiales opositores enfrentaron investigaciones que avanzaron con velocidad inusual en momentos de conflicto con el Poder Ejecutivo, según registraron en su momento medios como Página 12 y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Quiénes son los investigados y qué se les imputa

Abel Furlán conduce la UOM desde 2016 y es una de las figuras más visibles del sindicalismo combativo argentino. En los últimos meses lideró las protestas del sector metalúrgico ante la caída sostenida del empleo industrial, agravada por la política de apertura de importaciones del gobierno libertario.

El gremio metalúrgico es uno de los más afectados por la crisis industrial: según datos del Ministerio de Trabajo relevados por medios especializados, el sector registró una caída significativa de puestos de trabajo a lo largo de 2024 y los primeros meses de 2025.

María Soledad Calle figura en la causa como co-investigada en relación con el contrato entre la empresa USEM y la UOM. La naturaleza exacta de ese contrato y el rol específico de Calle en la operatoria no fueron precisados en la información oficial disponible al cierre de esta nota.

La UOM en el centro de la tormenta sindical e industrial

El allanamiento de este viernes se produce en un momento particularmente sensible para el sindicalismo metalúrgico. El sector atraviesa una de sus peores crisis en décadas, con plantas cerradas o en producción reducida en los principales polos industriales del país.

La apertura indiscriminada de importaciones instrumentada por el gobierno de Milei afectó de manera directa la competitividad de la producción nacional de acero, autopartes y bienes de capital, rubros en los que la UOM tiene presencia histórica.

Furlán venía denunciando públicamente esa situación desde la asunción del gobierno libertario y había escalado su postura de confrontación al punto de integrar el FreSU como alternativa a la estrategia moderada de la cúpula cegetista. En ese marco, el allanamiento a la sede del gremio que preside impacta de lleno sobre la capacidad operativa y la imagen pública de uno de los actores centrales de la resistencia sindical a la reforma laboral.

Puntos clave

  • La sede de la UOM fue allanada este viernes 13 de marzo por orden del juez federal Julián Ercoloni, a requerimiento del fiscal Eduardo Taiano (fuente: información judicial confirmada).
  • La investigación apunta a Abel Furlán y María Soledad Calle por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita vinculadas a un contrato con la empresa USEM.
  • La cifra de 100 millones de pesos mensuales y el vínculo de USEM con La Cámpora circularon como versiones extraoficiales y no fueron confirmados oficialmente al cierre de esta edición.
  • La UOM es uno de los sindicatos fundadores del FreSU y su sede fue utilizada el lunes 9 de marzo para la reunión de planificación de la expansión nacional de ese espacio.
  • El contexto de confrontación activa de Furlán con el gobierno de Milei es un dato de relevancia pública que esta redacción consigna sin extraer conclusiones sobre la motivación de la causa judicial. ★

Gremiales

El PAMI en llamas: médicos, jubilados y trabajadores se rebelaron contra el vaciamiento

El cierre del paro de 72 horas de médicos de cabecera coincidió este miércoles con una masiva concentración de jubilados y trabajadores frente a la sede central del organismo, en rechazo a los recortes que impulsa el gobierno de Javier Milei. La columna se desplazó luego hacia el Congreso en la marcha semanal del sector.

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Paro y movilización en el PAMI: médicos y jubilados contra el ajuste de Milei

Los médicos y médicas de cabecera del PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), con el respaldo de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), completaron este miércoles un paro nacional de 72 horas que se extendió desde el lunes. La medida de fuerza generó la suspensión de consultas programadas, la interrupción de la emisión de recetas electrónicas y la falta de órdenes médicas. Solo se mantuvieron sin alteraciones los servicios de guardia y urgencias.

El eje del conflicto es la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el 9 de abril por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) bajo la gestión del gobierno de Milei. La normativa modificó el esquema de pagos a los médicos de cabecera: eliminó los honorarios por consulta presencial como fuente de ingreso y estableció como único pago una cápita fija de $2.100 por paciente por mes, reemplazando así el sistema mixto anterior que combinaba pago por cápita y por prestaciones realizadas.

Lejos de presentarse como un recorte, el gobierno del presidente Javier Milei definió la medida como un «ordenamiento» del sistema. Los médicos rechazaron de plano esa caracterización. Desde APPAMIA advirtieron que el cambio implica una reducción de sus ingresos de entre el 50% y el 52,5%, con estimaciones que indican que un médico que cobraba alrededor de $1.600.000 o $2.100.000 mensuales pasaría a percibir entre $800.000 y $1.400.000. «No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico», señalaron desde el gremio, según consignó MendoVoz.

El portal InfoGremiales detalló además que los médicos de cabecera se desempeñan sin relación de dependencia, con una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales, sujetos a auditorías y asumiendo de su propio bolsillo todos los costos de funcionamiento de sus consultorios. La resolución fue dictada sin renegociación contractual previa, lo que abre la posibilidad de conflictos legales, según señalaron fuentes del sector consultadas por medios especializados.

«Se están muriendo los viejos»: jubilados en la calle

Mientras se desarrollaba el cierre del paro, el Plenario de Trabajadores Jubilados encabezó este miércoles una jornada de protesta frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 11 de la mañana, bajo la lluvia y con el lema «Sin retribuciones dignas y suficientes no hay posibilidad de brindar salud de calidad», los manifestantes instalaron una olla popular y dieron una conferencia de prensa para denunciar el vaciamiento del organismo.

En su comunicado, las organizaciones de jubilados fueron contundentes: «Milei, basta de robar en PAMI. ¡Se están muriendo los viejos! No puede haber un jubilado más sin sus medicamentos, sin su atención en Salud ni sin sus insumos. Rechazamos el vaciamiento del organismo, los despidos masivos y los cierres de las clínicas y exigimos el aumento de haberes», según difundió Ambito Financiero. Además, reclamaron la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y exigieron que la conducción del PAMI sea electa, con una auditoría a cargo de trabajadores y beneficiarios.

A las 15 horas, la columna se trasladó hacia el Congreso de la Nación, en la movilización semanal que el sector realiza todos los miércoles, para reiterar el reclamo por un aumento de emergencia en todas las escalas de las jubilaciones y la restitución del 100% de cobertura en medicamentos crónicos.

El programa Remediar y una deuda que supera los 500.000 millones

El conflicto en el PAMI no se redujo al esquema de pagos a médicos. El portal El Ágora Digital y la agencia Télam informaron que el reclamo de los jubilados se enmarcar en una serie de recortes que impactan directamente sobre sus prestaciones. El más reciente fue la suspensión del programa Remediar, confirmada por el gobierno de Milei la semana pasada. Ese programa, creado hace 24 años, llegó a cubrir el 90% de las patologías frecuentes y crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias. Finalizó el 1° de abril, con una prórroga de dos meses, y será reemplazado por una cobertura de menor alcance, según informó la Dirección Nacional de Medicamentos en la última reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa).

Según reportó el portal Tiempo Argentino, la deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, lo que derivó en restricciones en clínicas y sanatorios, cupos para estudios diagnósticos y demoras de hasta cuatro meses para la asignación de turnos. En la provincia de Misiones, trabajadores denunciaron demoras en la provisión de medicamentos gratuitos y en servicios de oftalmología; ópticas de la provincia suspendieron prestaciones reclamando el pago de deudas acumuladas.

Frente a la escalada del conflicto, el Gobierno nacional anunció en las últimas horas la transferencia de 150.000 millones de pesos para regularizar pagos a prestadores. Sin embargo, el monto fue considerado insuficiente por organizaciones del sector, que advierten que la crisis estructural requiere medidas de fondo y no parches coyunturales.

El Congreso presiona al Ejecutivo

La tensión también llegó al ámbito legislativo. La senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo presentó en el Senado un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique de manera urgente la situación del PAMI, en particular frente al corte de prestaciones médicas que afecta a afiliados en todo el país. En paralelo, impulsó un proyecto de declaración para expresar la preocupación del Congreso por los recortes y la falta de pago de prestaciones que, según advirtió, están dejando sin cobertura a miles de adultos mayores, con impacto especial en la provincia de Córdoba, según informó Parlamentario.

Legisladores nacionales también solicitaron que las autoridades del organismo concurran al Congreso para dar explicaciones sobre los cambios en el sistema de atención.

El ajuste sobre los jubilados, en números

El escenario que expone el conflicto en el PAMI es una radiografía del ajuste estructural impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo y respaldado por el presidente Javier Milei. El portal El Ciudadano de Rosario sintetizó el diagnóstico: con menos recursos, el sistema se debilita, crecen los problemas y el impacto vuelve a caer sobre los jubilados, quienes cada vez tienen más dificultades para acceder a la atención.

Desde APPAMIA, el plan de lucha no descarta avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado si el gobierno no deroga la Resolución 1107/2026, incrementa las retribuciones y reincorpora a los profesionales cesanteados.

Puntos clave

  • Los médicos de cabecera del PAMI completaron un paro nacional de 72 horas contra la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, que según APPAMIA recorta sus ingresos entre un 50% y 52,5%.
  • Jubilados y trabajadores movilizaron este miércoles frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, con olla popular y conferencia de prensa, y luego marcharon al Congreso.
  • El programa Remediar, que cubría el 90% de patologías crónicas frecuentes, fue suspendido por el gobierno de Milei a partir del 1° de abril.
  • La deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, según Tiempo Argentino, con restricciones en clínicas, cupos para estudios y demoras de hasta cuatro meses.
  • La senadora Alejandra Vigo presentó un pedido de informes en el Senado y un proyecto de declaración ante la gravedad del recorte en prestaciones para adultos mayores.

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