Raúl Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra, Estela de Carlotto, Esteban Righi y hasta Hernán Lombardi contribuyeron, según la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA) Victoria Villarruel, con un proceso de «invisibilización» de las víctimas de atentados cometidos entre 1969 y 1979 por «organizaciones paramilitares», como define al ERP y Montoneros.

Así lo sostiene la abogada allegada a represores en un libro de varios autores compilado por un exoficial del Ejército especializado en inteligencia, Alberto Crinigan, un militar que está siendo enjuiciado en La Plata por secuestros y desapariciones en el Regimiento 7 de esa ciudad, tal como reveló la periodista Luciana Bertoia desde Página/12.

«Vivimos en una década del ’70 que nunca concluye, tenemos celulares, laptops, Netflix, pero el discurso político, la visión social, se encuentra anclada en esa década nunca superada», lamenta Villarruel en el capítulo de su autoría «Las víctimas invisibles de la Argentina», escrito para el libro «La Nación dividida» (ediciones Lilium), que en la web está disponible en su formato físico y por e-book.

En una revisión histórica ensayada por la mano derecha del aspirante a la Casa Rosada Javier Milei, el expresidente Alfonsín -en vez de conformar la Conadep- «debería haber creado una Comisión Nacional que investigara los crímenes del terrorismo», pero «no lo hizo y eso fue el primer paso para invisibilizar» a las víctimas del ERP y Montoneros, se lamenta Villarruel en el texto.

«¿Qué ha ocurrido con los miles de ciudadanos que padecieron a Montoneros y al ERP y que están invisibilizados desde hace 4 décadas, bajo gobiernos de facto y democráticos?», es una pregunta repetida -aunque varíe la fórmula- a lo largo del texto.

«Distorsión del pasado, visión parcial, víctimas eliminadas de la historia oficial, desaparecidas de la memoria, Estado cómplice en la negación de estas víctimas inocentes, historia versionada, visión histórica que engendra nuevas violaciones a los derechos humanos, víctimas de primera y de segunda», son las etiquetas a las que apela Villarruel en forma constante.

Como es de esperar, las máximas referentes en la denuncia de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, ambas con reconocimiento internacional, son blanco de cuestionamientos por parte de Villarruel.

«Ha sido uno de los arietes más fuertes que ha tenido el sector de las organizaciones armadas para distraer de los crímenes aberrantes que cometieron en nombre de la revolución», dice la postulante ultraliberal sobre la referente de Abuelas de Plaza de Mayo que impulsó el hallazgo y recuperación de identidad de 133 nietos que habían sido apropiados.

Además, le adjudica a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, como también al Cels, haber «trabajado incansablemente para construir una memoria colectiva donde la historia se cuenta con una puerilidad asombrosa».

En contraste, Villarruel exalta los méritos de la organización que ella misma lidera, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), para -en su visión- repasar la década del ’70 «con rigor científico y verdadera capacidad de análisis».

Para la abogada, el Celtyv «realizó un conteo de la cantidad de víctimas del terrorismo durante esos años» y determinó que hubo «17.380 afectados directos por las acciones terroristas».

«Cuando se investiga y se hace un proceso de inmersión en los hechos, la historia resulta completamente distinta a lo que nos han relatado en las escuelas, universidades, medios masivos de comunicación y en los mismos gobiernos elegidos por el voto popular», señala en el libro de Crinigan.

Pero también orienta sus críticas al Poder Judicial en general, al exintegrante del tribunal que condenó a las juntas militares Gil Lavedra, al fallecido exprocurador Righi y a los «ancianos profesores universitarios de derechos humanos» que según ella fueron «en el pasado violentos terroristas que atentaron contra el Estado».

De Gil Lavedra cuenta lo «escandaloso» que resultó para ella escuchar de boca del jurista un «ensayo de justificación de la impunidad de la que gozan los asesinos de estas víctimas inocentes», durante un debate en el que ambos participaron en el programa televisivo Intratables durante el año 2017.

A Righi, en tanto, Villarruel lo hace responsable de que la justicia «consagrara la discriminación de las víctimas de terrorismo», a partir de una resolución suya (158/2007), que denegó el carácter de lesa humanidad en el caso del secuestro a manos del ERP del excoronel Argentino Larrabure, en 1974.

En el párrafo que le dedica a Righi la candidata a vicepresidenta usa el concepto «terrorismo de Estado», una expresión que aparece apenas dos veces en el capítulo que lleva su firma.

También muestra su contrariedad por el «amañado análisis de los fiscales», por los jueces «garantes de la impunidad», y porque no se sitúe en plano de igualdad a la estructura estatal con las organizaciones armadas, como expone en otras partes del texto.

Las quejas de Villarruel llegan incluso hasta la gestión de Cambiemos: en el libro relata haberse reunido con el entonces titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, para pedirle un espacio en la Televisión Pública «para difundir la problemática de las víctimas del terrorismo».

«Pese a la amabilidad del funcionario, no se pudo avanzar en nada», cuestiona Villarruel.

Ese hecho, junto a otros que la candidata a la Vicepresidencia hilvana a lo largo del capítulo, la llevan a remarcar que en las últimas décadas hubo un «dominio de la dialéctica y las tácticas de comunicación, donde se ha trastocado el significado de las palabras, así como el contenido de tratados internacionales y leyes que amparan a todas las víctimas y no sólo a algunas».

«¿Qué ocurrió en Argentina que unas víctimas muchas veces cuestionadas en su rol durante los ’70 reemplazaron, eliminaron y ocuparon los espacios que pertenecían a 17.380 ciudadanos hasta correrlos de la visión pública?», es una de las máximas recurrentes del libro, publicado en 2019 y en cuya preparación también participaron el historiador de temas militares Guillermo Palombo y el abogado Santiago Sinopoli.

En la portada aparece primero el nombre de Crinigan, quien de acuerdo a su legajo de servicios revistió en la estructura de inteligencia del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, tal como reveló Página/12 y como confirmaron a Télam abogados que participan en causas de derechos humanos en representación de las querellas.

Crinigan está imputado por una serie de hechos ocurridos tras el golpe de Estado de 1976 -privaciones de la libertad, torturas y desapariciones- en el marco de una causa que desde el 18 de mayo último se encuentra en etapa de juicio oral.