★ Javier Milei firmó el Decreto 864/2025 que establece la «Política de Inteligencia Nacional», un documento de 34 páginas que define los objetivos estratégicos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) bajo el lema «Inteligencia Nacional, vigilia permanente por la Seguridad Estratégica de la República Argentina». La medida, publicada en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, representa según el propio texto oficial la primera definición formal de política de inteligencia en más de dos décadas.

El decreto llega apenas dos días después del desplazamiento de Sergio Neiffert y la designación de Cristian Auguadra como nuevo titular de la SIDE, y a pocos días de la aprobación de una nueva partida de fondos millonarios para el organismo que incluía rubros como sueldos y utensilios de cocina.

Un diagnóstico que apunta contra el pasado

El documento parte de un diagnóstico crítico sobre el estado del Sistema de Inteligencia Nacional, al que describe con «un deterioro relevante» de más de tres décadas que «socava el funcionamiento de las instituciones democráticas y vuelve vulnerable a la República Argentina frente a diversos riesgos y amenazas».

El texto menciona expresamente los atentados terroristas de 1992 contra la Embajada de Israel y de 1994 contra la AMIA, «cuyos hechos aún no han sido del todo esclarecidos», así como la muerte del fiscal Alberto Nisman, que «constituyó un hecho de suma gravedad institucional».

También apunta contra las sucesivas intervenciones que sufrió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desde 2019, que según el Gobierno «implicó un notorio retroceso institucional». La AFI fue disuelta mediante el Decreto 614/24 y reemplazada por la actual SIDE, que cuenta con cuatro órganos desconcentrados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).

Los cinco intereses estratégicos

La Política de Inteligencia Nacional define cinco intereses estratégicos que orientarán todas las actividades del sistema: asegurar la soberanía y autonomía de la Nación, proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado, proteger la vida, libertad, bienes y derechos de los habitantes, asegurar la vigencia del sistema democrático republicano y federal, y preservar los recursos estratégicos.

En relación con la soberanía, el documento establece la necesidad de identificar amenazas, detectar oportunidades de protagonismo internacional, proteger el conocimiento nacional y monitorear la influencia externa en procesos decisionales que puedan «condicionar la autonomía institucional».

Sobre la integridad territorial, se propone detectar «dinámicas de fragmentación territorial, conflictividad latente y presencia extranjera en espacios sensibles, incluyendo zonas de frontera, áreas marítimas y regiones de proyección antártica».

Diez lineamientos: de la «influencia externa» al litio

El anexo del decreto desarrolla diez lineamientos estratégicos que abarcan las principales áreas de interés para la inteligencia nacional.

El primero aborda la «disputa de poder en el escenario de política exterior», donde se reconoce que la competencia entre potencias globales «impacta directamente en regiones periféricas como América Latina». El segundo eje se refiere a la «superioridad de la información y riesgo de influencia externa», con foco en operaciones de desinformación que «buscan erosionar la cohesión social, condicionar procesos electorales, alterar percepciones sobre proyectos estratégicos y debilitar la legitimidad institucional».

El tercer lineamiento analiza el «poder integral de la Nación», advirtiendo sobre riesgos como «la captura de talento altamente calificado por actores extranjeros» y «la dependencia tecnológica de plataformas extranjeras».

Malvinas, Antártida y recursos estratégicos

Los lineamientos 4.a y 4.b abordan respectivamente la proyección antártica nacional y la presencia extranjera en el Atlántico Sur, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Respecto a la Antártida, el documento destaca que Argentina mantiene presencia ininterrumpida desde 1904 con 13 bases activas, y se propone monitorear las acciones de actores estratégicos con interés geopolítico o económico en ese espacio.

Sobre el Atlántico Sur, el texto señala que «la intensificación de actividades científicas, logísticas y militares por parte de potencias extrarregionales» generó «un entorno de competencia silenciosa con implicancias geopolíticas». Se menciona expresamente «la ocupación ilegítima del territorio nacional» en referencia a las Islas Malvinas.

El quinto lineamiento aborda los recursos naturales estratégicos, destacando que Argentina «por su dotación estratégica de litio, gas no convencional, acuíferos y biomas de alto valor ecológico, enfrenta escenarios de presión simultánea por parte de actores estatales y corporativos».

Ciberespacio, tecnología y vigilancia

El sexto eje estratégico se centra en las «amenazas dentro y desde el ciberespacio», definiendo a este dominio como «vector de influencia y superficie de ataque» que permite a actores estatales y no estatales «proyectar poder de forma encubierta, transnacional y con bajo costo relativo».

El séptimo lineamiento aborda las «ventajas estratégicas del dominio de tecnologías de frontera», incluyendo inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología avanzada y sistemas autónomos, que «redefinen los umbrales operativos en defensa, inteligencia y logística».

Terrorismo, crimen organizado y contrainteligencia

Los lineamientos octavo y noveno se enfocan en terrorismo y crimen organizado respectivamente.

Sobre terrorismo, el documento advierte que Argentina enfrenta «exposición a redes trasnacionales vinculadas a Medio Oriente, particularmente en zonas de frontera y circuitos informales», mencionando «el precedente de atentados con impacto regional».

En cuanto al crimen organizado, se lo describe como «una estructura de poder paralela» que en Argentina se beneficia de «la convergencia de rutas estratégicas, zonas de frontera permeables y circuitos financieros informales» que favorecieron «la consolidación de redes criminales con vínculos regionales y extrarregionales».

El décimo y último lineamiento corresponde a la contrainteligencia, definida como «herramienta crítica para detectar interferencias, negar vectores de cooptación y preservar la integridad de los procesos estratégicos del Estado Nacional».

Timing político: nueva conducción y más fondos

La aprobación de esta Política de Inteligencia Nacional se produce en un momento de reconfiguración del organismo. Apenas dos días antes, el Gobierno desplazó a Sergio Neiffert y designó a Cristian Auguadra, contador público que venía de conducir la División de Asuntos Internos de la SIDE, como nuevo titular del servicio de inteligencia.

La medida también llega a pocos días de la aprobación de una nueva partida de fondos millonarios para la SIDE, que incluía rubros destinados a sueldos y utensilios de cocina, en un contexto de creciente asignación presupuestaria al organismo.

El decreto instruye además a la SIDE a dictar una «Estrategia de Inteligencia Nacional» que determinará los cursos de acción concretos para implementar los objetivos establecidos en el documento marco.

Puntos clave:

• El Decreto 864/2025 establece por primera vez en más de 20 años una Política de Inteligencia Nacional de 34 páginas

• Define cinco intereses estratégicos y diez lineamientos que incluyen ciberseguridad, Malvinas, recursos naturales y monitoreo de «influencia externa»

• Sale dos días después de la designación de Cristian Auguadra como nuevo jefe de la SIDE

• Se aprobó a pocos días de la asignación de fondos millonarios para el organismo

• El documento critica las gestiones anteriores mencionando los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, y la muerte de Nisman