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Represión

El Gobierno seguirá reprimiendo jubilados: el protocolo antipiquetes seguirá vigente a pesar del fallo en su contra

La Justicia concedió la apelación del Gobierno contra el fallo que declaró nula la medida. Patricia Bullrich y Manuel Adorni celebraron la decisión que mantiene en pie la resolución cuestionada.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ La Justicia concedió este martes al Gobierno nacional el recurso de apelación contra el fallo que declaraba la nulidad del protocolo antipiquetes, lo que permite que la medida oficial permanezca vigente hasta que la cuestión se resuelva en instancias superiores.

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich celebró la decisión en su cuenta de X: «Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia».

Lo mismo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: «El protocolo anti-piquetes sigue vigente. Saludos a todos. Fin», escribió en la red social.

El fallo original de Cormick

El fallo inicial, dictado este lunes por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, había hecho lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El magistrado declaró la nulidad de la Resolución 943/2023 –impulsada durante la gestión de Bullrich y mantenida bajo la actual ministra, Alejandra Monteoliva–, argumentando que la cartera carece de facultades para restringir derechos constitucionales por vía administrativa.

La reacción del CELS y organizaciones sociales

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) festejó aquel pronunciamiento inicial y enfatizó que «la sentencia del juez federal Martín Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales».

También celebraron organizaciones sindicales, que emitieron comunicados o utilizaron sus redes para destacar el fallo de Cormick.

El protocolo continúa en pie

Con la concesión del recurso de apelación por parte de la Justicia este martes, el protocolo para el mantenimiento del orden público en casos de cortes de calles permanecerá en vigor hasta que se resuelva definitivamente el caso en instancias superiores.

El Gobierno ya había anticipado que apelaría la decisión inicial, defendiendo la herramienta como necesaria para garantizar la libre circulación y el orden público. Además, aludió a que la iniciativa cuenta con gran respaldo social, argumento que repitieron tanto Bullrich como Monteoliva en sus declaraciones públicas tras conocerse el fallo de nulidad.

La permanencia del protocolo mantiene en suspenso los cuestionamientos judiciales sobre la constitucionalidad de una medida que organizaciones de derechos humanos y sectores sindicales consideran restrictiva del derecho a la protesta.

Puntos clave:

• La Justicia concedió el recurso de apelación del Gobierno contra el fallo que anuló el protocolo antipiquetes
• La medida oficial seguirá vigente hasta que se resuelva definitivamente la cuestión en instancias superiores
• Patricia Bullrich y Manuel Adorni celebraron la decisión judicial
• El fallo original del juez Cormick había declarado nula la Resolución 943/2023 por restricción de derechos constitucionales
• El CELS y organizaciones sindicales habían festejado el pronunciamiento inicial que ahora queda en suspenso

DDHH

Presunción de inocencia en crisis: 6 de cada 10 detenidos en prisiones federales esperan sentencia tras las rejas

Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que en el primer semestre de 2026 casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados sin sentencia. El relevamiento también documentó 18 muertes y 41 medidas de fuerza en los dos penales.

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El-Argentino-Presos Rejas Detenidos Cárcel.

Más de la mitad de las personas alojadas en dos de las principales cárceles federales del país permanece detenida sin condena firme. Así lo estableció un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, correspondiente al primer semestre de 2026.

El relevamiento del organismo de control, que tiene rango constitucional y actúa como mecanismo de monitoreo de los lugares de detención, releva la evolución de la población alojada, la situación procesal de los detenidos, las demandas recibidas, los casos de malos tratos físicos, los fallecimientos y las medidas de fuerza documentadas entre enero y junio de este año.

Marcos Paz: casi 6 de cada 10 detenidos sin sentencia

El Complejo Penitenciario Federal N°2 (CPF II) de Marcos Paz, que aloja a varones mayores de 18 años, tenía a junio de 2026 un total de 1.875 personas privadas de libertad distribuidas en sus cinco unidades residenciales. La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 2.000 plazas, con lo cual restaban 125 disponibles al momento del relevamiento.

El informe determinó que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz se encuentra procesado, es decir que más de 5 de cada 10 no cuentan con una condena firme. En el mismo período se relevaron 1.237 reclamos vinculados a salud, acceso a la justicia, condiciones materiales de detención y traslados o cambios de alojamiento.

El organismo registró además tres fallecimientos en el complejo durante los seis meses relevados, ninguno asociado a un hecho violento sino a causas de enfermedad, y 14 medidas de fuerza: nueve por huelga de hambre, tres por ingesta de elementos no consumibles y dos por autolesiones.

Ezeiza: la misma proporción y un dato más grave

El Complejo Penitenciario Federal N°1 (CPF I) de Ezeiza aloja a varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026 tenía 1.905 personas privadas de libertad en sus siete unidades residenciales, sobre una capacidad declarada de 1.947 plazas.

La situación procesal replica el patrón de Marcos Paz: casi el 53% de los detenidos en Ezeiza está procesado, sin condena firme. Entre enero y junio se relevaron 1.472 demandas, con la salud como principal motivo de reclamo, seguida por las condiciones materiales de detención, el acceso a la justicia y los traslados o cambios de alojamiento.

A diferencia de Marcos Paz, Ezeiza registró 15 fallecimientos en el semestre, de los cuales diez fueron por enfermedad y cinco por muertes violentas: cuatro por ahorcamiento y uno por incendio. El complejo también concentró la mayor cantidad de medidas de fuerza, con un total de 27: 21 por huelga de hambre, dos por autolesiones, dos por rechazo de alimentos, una por ingesta de elementos no consumibles y una sin identificar.

Un patrón estructural del sistema penitenciario federal

Los números que arroja el relevamiento de la Procuración Penitenciaria confirman un dato que organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace años en distintos informes: la utilización de la prisión preventiva como regla y no como excepción en el sistema penal federal argentino, en contradicción con el principio constitucional de inocencia. Entre las dos cárceles relevadas suman casi 3.800 personas detenidas, y en ambas la mayoría permanece procesada sin una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia.

Lo que tenés que saber:

  • Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación relevó las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz entre enero y junio de 2026.
  • Casi el 57% de los presos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados, sin condena firme.
  • Entre ambos complejos se registraron 18 fallecimientos en el semestre, cinco de ellos por muertes violentas en Ezeiza.
  • Se documentaron 41 medidas de fuerza en total, la mayoría huelgas de hambre.
  • Entre las dos cárceles suman casi 3.800 personas privadas de libertad.

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