Represión
El Gobierno seguirá reprimiendo jubilados: el protocolo antipiquetes seguirá vigente a pesar del fallo en su contra
La Justicia concedió la apelación del Gobierno contra el fallo que declaró nula la medida. Patricia Bullrich y Manuel Adorni celebraron la decisión que mantiene en pie la resolución cuestionada.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ La Justicia concedió este martes al Gobierno nacional el recurso de apelación contra el fallo que declaraba la nulidad del protocolo antipiquetes, lo que permite que la medida oficial permanezca vigente hasta que la cuestión se resuelva en instancias superiores.
La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich celebró la decisión en su cuenta de X: «Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia».
Lo mismo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: «El protocolo anti-piquetes sigue vigente. Saludos a todos. Fin», escribió en la red social.
El fallo original de Cormick
El fallo inicial, dictado este lunes por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, había hecho lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El magistrado declaró la nulidad de la Resolución 943/2023 –impulsada durante la gestión de Bullrich y mantenida bajo la actual ministra, Alejandra Monteoliva–, argumentando que la cartera carece de facultades para restringir derechos constitucionales por vía administrativa.
La reacción del CELS y organizaciones sociales
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) festejó aquel pronunciamiento inicial y enfatizó que «la sentencia del juez federal Martín Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales».
También celebraron organizaciones sindicales, que emitieron comunicados o utilizaron sus redes para destacar el fallo de Cormick.
El protocolo continúa en pie
Con la concesión del recurso de apelación por parte de la Justicia este martes, el protocolo para el mantenimiento del orden público en casos de cortes de calles permanecerá en vigor hasta que se resuelva definitivamente el caso en instancias superiores.
El Gobierno ya había anticipado que apelaría la decisión inicial, defendiendo la herramienta como necesaria para garantizar la libre circulación y el orden público. Además, aludió a que la iniciativa cuenta con gran respaldo social, argumento que repitieron tanto Bullrich como Monteoliva en sus declaraciones públicas tras conocerse el fallo de nulidad.
La permanencia del protocolo mantiene en suspenso los cuestionamientos judiciales sobre la constitucionalidad de una medida que organizaciones de derechos humanos y sectores sindicales consideran restrictiva del derecho a la protesta.
Puntos clave:
• La Justicia concedió el recurso de apelación del Gobierno contra el fallo que anuló el protocolo antipiquetes
• La medida oficial seguirá vigente hasta que se resuelva definitivamente la cuestión en instancias superiores
• Patricia Bullrich y Manuel Adorni celebraron la decisión judicial
• El fallo original del juez Cormick había declarado nula la Resolución 943/2023 por restricción de derechos constitucionales
• El CELS y organizaciones sindicales habían festejado el pronunciamiento inicial que ahora queda en suspenso
Judiciales ⚖️
Otro revés judicial al protocolo antipiquetes: es incompatible con el Estado de derecho
Un dictamen del Ministerio Público Fiscal cuestionó la validez de la resolución que habilita la intervención automática de fuerzas de seguridad ante protestas. La discusión escala a la Cámara.
El llamado “protocolo antipiquetes” sumó un nuevo traspié judicial. En el marco de una causa que busca declarar su inconstitucionalidad, el Ministerio Público Fiscal dictaminó que la normativa resulta ilegal por violar principios constitucionales básicos, en particular los vinculados al derecho a la protesta, la libertad de expresión y la reunión.
La presentación fue impulsada por organizaciones como Amnistía Internacional Argentina, el CELS y SIPREBA, entre otras, que cuestionaron la Resolución 943/23, instrumento mediante el cual el Gobierno implementó el protocolo.
Un dictamen que pone el foco en derechos fundamentales
El fiscal sostuvo que, frente a conflictos entre derechos, el Estado tiene la obligación de garantizar su ejercicio sin anularlos, y subrayó que el derecho a la protesta social posee una tutela preferencial dentro del sistema constitucional.
En esa línea, el dictamen cuestionó el corazón del protocolo: la habilitación de una intervención policial automática ante cualquier afectación de la circulación. Según el análisis fiscal, ese criterio:
Desconoce las circunstancias concretas de cada manifestación Ignora el carácter legítimo de muchas protestas Viola los principios de razonabilidad y proporcionalidad
Para el Ministerio Público, esa lógica resulta incompatible con el Estado de derecho, ya que prioriza la circulación por sobre derechos fundamentales sin realizar una ponderación adecuada.
La discusión pasa a la Cámara
Con este pronunciamiento, la causa entra en una nueva etapa. Ahora deberá expedirse la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que tendrá la última palabra sobre si confirma el criterio del juez de primera instancia y del fiscal (contrarios al protocolo) o si avala la postura del Estado.
El fallo que surja no será menor: definirá el alcance de la intervención de las fuerzas de seguridad frente a la protesta social y marcará un precedente clave sobre los límites del poder estatal en contextos de conflictividad.
Organizaciones: “La protesta no es delito”
Desde Amnistía Internacional Argentina remarcaron que continuarán litigando para que se confirme la nulidad del protocolo. La organización insistió en que la protesta pacífica es un derecho protegido y que cualquier regulación debe respetar estándares constitucionales e internacionales.
El fallo vuelve a poner en el centro del debate una tensión histórica: orden público versus derechos sociales. El dictamen fiscal, al menos por ahora, inclinó la balanza hacia estos últimos.
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