— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a defender en conferencia de prensa el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal aprobado el viernes pasado en el Senado. Según Adorni, la iniciativa «revierte un paradigma de más de 100 años en Argentina» y busca «blindar a los argentinos» ante futuras administraciones que «pretendan volver al régimen persecutorio anterior». Sin embargo, el discurso oficial omitió mencionar los riesgos concretos que la norma genera en materia de lavado de activos y legitimación de dinero proveniente del crimen organizado.

El relato del «Estado persecutorio» vs. la evasión millonaria

Adorni construyó su defensa sobre la premisa de que el Estado argentino habría sometido a los ciudadanos a un «régimen persecutorio» donde «quien ahorraba para resguardarse de los vaivenes económicos era visto como un criminal de guerra». Para ilustrar este supuesto «afán persecutorio», el funcionario mencionó que el Estado llegaba al «extremo» de informarse sobre compras de supermercado que alcanzaban los $100.000.

Este argumento, sin embargo, confunde deliberadamente dos situaciones distintas. Los controles sobre consumos y movimientos bancarios existen en prácticamente todos los países del mundo como herramienta de prevención del lavado de dinero y la evasión fiscal, no como «persecución» al ahorro legítimo. La obligación de informar operaciones por montos significativos es una práctica estándar recomendada por organismos internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para detectar flujos de dinero ilícito.

La Ley de Inocencia Fiscal, en cambio, eleva de $1,5 millones a $100 millones el umbral para que exista persecución penal por evasión simple, y de $15 millones a $1.000 millones para evasión agravada. Esto significa que quien evada $99 millones en impuestos quedará completamente fuera del alcance de la justicia penal, una cifra 990 veces superior a las «compras de supermercado» que Adorni utilizó como ejemplo de persecución estatal.

La omisión deliberada: lavado y narcotráfico

Lo que el discurso oficial no mencionó es el riesgo concreto que esta normativa genera para la legitimación de dinero proveniente de actividades ilícitas. Al eliminar la obligación de justificar el origen de los consumos personales para quienes ingresen al Régimen Simplificado de Ganancias y al elevar drásticamente los umbrales de persecución penal, la ley crea condiciones ideales para que organizaciones criminales, narcotraficantes y estructuras de corrupción utilicen el sistema financiero argentino sin controles efectivos.

Especialistas en prevención del lavado de dinero consultados por diversos medios han advertido que la combinación de estos elementos genera un «agujero negro» en materia de trazabilidad de fondos. A diferencia del blanqueo de capitales de 2024, que al menos obligaba a declarar los activos ante ARCA, este proyecto permite directamente usar dinero no declarado sin necesidad de regularizar su situación tributaria ni explicar su procedencia.

La Unidad de Información Financiera (UIF) y los organismos de control perderán capacidad operativa para detectar operaciones sospechosas, ya que la nueva normativa elimina uno de los principales indicadores de alerta: la desproporción entre ingresos declarados y consumos realizados. Un narcotraficante o un funcionario corrupto podrá ahora efectuar compras millonarias, inversiones inmobiliarias o transferencias sin que ningún organismo esté facultado para cuestionar el origen de esos fondos, siempre que los montos no superen los $100 millones por operación.

El mito de la «simplificación» tributaria

Adorni explicó que el Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias permitirá a cada ciudadano «normalizar su situación patrimonial, pagando Ganancias solo por la facturación efectuada, independientemente de su variación patrimonial». Esta descripción oculta que el verdadero beneficio de este régimen es precisamente eliminar la obligación de explicar cómo una persona puede consumir más de lo que declara haber ganado.

En la práctica, esto significa que alguien con ingresos declarados de $10 millones anuales podrá realizar consumos por $50 millones sin que ARCA pueda investigar de dónde salió esa diferencia. La «simplificación» a la que alude el funcionario es, en realidad, una desregulación que favorece exclusivamente a quienes poseen fondos no declarados de magnitud significativa.

Los asalariados y pequeños contribuyentes, cuyos ingresos son retenidos automáticamente, no obtienen ningún beneficio de esta «simplificación», ya que sus ingresos ya están completamente declarados y no tienen capacidad de subdeclarar o de acumular patrimonios ocultos que necesiten «normalizar».

Informalidad: ¿culpa del Estado o de la evasión?

Adorni enumeró como causas de la informalidad en la economía argentina «los años de cepo, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante», y remató: «Fue culpa del Estado depredador el nivel récord de informalidad de la economía argentina y la necesidad de la gente de resguardar sus ahorros por fuera del sistema».

Este argumento invierte causa y efecto. La informalidad laboral y la economía en negro no son consecuencia de un «Estado persecutorio», sino precisamente de la falta de controles efectivos y de la impunidad de grandes evasores. Cuando empresas y sectores de altos ingresos evaden masivamente sin consecuencias, se genera un esquema de competencia desleal que obliga a pequeños contribuyentes a elegir entre cumplir con sus obligaciones tributarias y quebrar, o sumarse a la informalidad para poder subsistir.

La solución a la informalidad no es eliminar los controles sobre grandes evasores, sino garantizar que todos los sectores económicos tributen en proporción a su capacidad contributiva. La Ley de Inocencia Fiscal hace exactamente lo contrario: mantiene controles automáticos sobre asalariados y pequeños contribuyentes, mientras libera de persecución penal a quienes evadan hasta $100 millones.

El mensaje a la provincia de Buenos Aires

En el cierre de su intervención, Adorni invitó a la provincia de Buenos Aires a inscribirse al convenio de intercambio de información con ARCA. Esta mención no es casual: Buenos Aires es la única provincia que aún no adhirió al sistema de intercambio automático de datos fiscales, lo que limita la capacidad del gobierno nacional de fiscalizar operaciones en el principal distrito económico del país.

La invitación encubre una tensión política entre la Nación y la provincia gobernada por Axel Kicillof, quien ha manifestado públicamente sus reparos al proyecto de Inocencia Fiscal por considerarlo funcional a grandes evasores y estructuras de lavado de dinero. El convenio de intercambio, presentado por Adorni como una herramienta técnica de transparencia, es en realidad un mecanismo que el gobierno nacional pretende utilizar para ejercer presión fiscal sobre contribuyentes de la provincia sin que las autoridades bonaerenses tengan capacidad de fiscalizar las operaciones que se realicen bajo el nuevo régimen simplificado.

La falacia del «mundo del revés»

«A partir de ahora, los inocentes dejaron de ser tratados injustamente como culpables. Y los culpables serán perseguidos con todo el peso de la ley», sentenció Adorni al finalizar su conferencia. La frase resume la operación discursiva del oficialismo: presentar como víctimas de persecución a quienes poseen fondos no declarados de magnitud millonaria, mientras se elimina la capacidad del Estado de investigar y sancionar la evasión sistemática.

La realidad es inversa a la que plantea el funcionario. Los verdaderos inocentes, aquellos trabajadores y pequeños contribuyentes que pagan sus impuestos mediante retenciones automáticas, no obtienen ningún beneficio de esta ley. Los únicos favorecidos son quienes tienen capacidad de acumular patrimonios no declarados superiores a los $100 millones y que, hasta ahora, enfrentaban el riesgo de ser investigados penalmente.

La afirmación de que «los culpables serán perseguidos con todo el peso de la ley» es directamente contradictoria con el contenido del proyecto: si se eleva el piso de persecución penal a $100 millones, quienes evadan $99 millones no serán «culpables» ante la justicia, sino contribuyentes que operan dentro del marco legal establecido por esta normativa.

Puntos Clave

• Adorni defendió la Ley de Inocencia Fiscal argumentando que revierte «100 años de Estado persecutorio»
• El funcionario omitió mencionar que la norma facilita el lavado de dinero del narcotráfico al eliminar controles sobre el origen de fondos
• El proyecto eleva a $100 millones el piso para perseguir penalmente la evasión, beneficiando a grandes evasores
• La «simplificación tributaria» elimina la obligación de justificar consumos superiores a los ingresos declarados
• El discurso oficial invierte la lógica: presenta como víctimas a quienes evaden millones y como «persecutorio» el control sobre grandes contribuyentes