Investigación 🔎
ARCA aprieta a testigo clave: intimó a Tabar por los US$ 245.000 que cobró por la casa de Adorni
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero intimó al contratista Matías Tabar, testigo central en la causa contra el jefe de Gabinete, para que acredite ingresos, facturación y movimientos patrimoniales de 2024 y 2025. En su declaración ante el fiscal Pollicita dijo que cobró esa suma en efectivo y sin emitir una sola factura.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó al contratista Matías Tabar, testigo central en la causa contra el jefe de Gabinete, para que acredite ingresos, facturación y movimientos patrimoniales de 2024 y 2025. Tabar declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que cobró esa suma en efectivo y sin emitir una sola factura.
La presión judicial y fiscal sobre el entorno de Manuel Adorni escala en intensidad. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó formalmente a Matías Tabar, el arquitecto que dirigió las obras de refacción de la casa del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, para que presente en un plazo máximo de diez días la documentación que respalde sus ingresos, su actividad económica y sus movimientos patrimoniales durante 2024 y 2025. La medida convierte a Tabar en blanco simultáneo de la investigación penal a cargo del juez federal Ariel Lijo y del organismo recaudador que conduce el gobierno del que Adorni forma parte.
El testimonio que incomodó al gobierno
A principios de mayo pasado, Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y su relato resultó determinante para la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El contratista confirmó que las obras en la vivienda del funcionario, comprada a fines de 2024 junto a su esposa Bettina Angeletti, costaron 245.000 dólares, una suma que fue cancelada en su totalidad en efectivo y sin que mediara una sola factura.
Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, precisó ante Pollicita que los trabajos se extendieron aproximadamente diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, sobre un lote de 400 metros cuadrados. Las refacciones incluyeron la renovación completa de pisos, baño y cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta. El pago se realizó en dos etapas: 55.000 dólares en 2024 y los 190.000 dólares restantes en 2025.
Durante el mismo período de obras, según reveló el propio Tabar, Adorni alquiló otra vivienda dentro del mismo country por aproximadamente 13.000 dólares adicionales, también abonados en efectivo, gasto que se añade al patrimonio que la justicia intenta reconstruir.
La intimación de ARCA: diez días para explicar el dinero en negro
La intimación cursada por la ARCA exige que Tabar justifique, en el plazo de diez días hábiles, sus ingresos de 2024 y 2025, la actividad real de su estudio, la facturación emitida y los detalles de los trabajos realizados en Indio Cuá, así como las compras a proveedores durante ese mismo período. La medida resulta llamativa porque el propio organismo recaudador depende de la estructura del Estado que encabeza el presidente Javier Milei, cuyo jefe de Gabinete es precisamente el investigado.
Tabar ya entregó a la justicia su teléfono celular a pedido del fiscal Pollicita y brindó detalles sobre todas las personas que participaron en los trabajos. Sus declaraciones no solo confirmaron la existencia de un esquema de evasión fiscal a gran escala, sino que situaron a Adorni como el responsable directo de esos pagos informales. El arquitecto reconoció ante la justicia que la modalidad de cobro en efectivo sin factura es una práctica extendida en el sector, aunque esa justificación no exime ninguna de las responsabilidades penales que ahora se investigan.
Un patrimonio que sigue creciendo bajo la lupa
La causa por enriquecimiento ilícito contra Adorni, que tramita ante el juez federal Ariel Lijo, suma elementos de manera acelerada. El patrimonio bajo sospecha del funcionario supera los 840.000 dólares, cifra que incluye la compra del departamento en el barrio de Caballito (230.000 dólares, con modalidades de pago que también generan sospechas), las refacciones de lujo en Indio Cuá y los gastos de alquiler dentro del mismo predio durante la obra. A eso se suman los viajes de la esposa del funcionario, los contratos bajo investigación vinculados a la Televisión Pública y la conexión con la denominada Causa $Libra.
El juez Lijo ya dispuso el levantamiento del secreto fiscal tanto para Adorni como para Angeletti y ordenó el peritaje de los dispositivos del contratista Tabar y del productor Marcelo Grandio. La intimación de la ARCA a Tabar agrega una nueva capa de presión sobre un testigo cuya declaración resultó hasta ahora la más comprometedora para el titular de la Jefatura de Gabinete.
Puntos clave
- La ARCA intimó a Tabar para que justifique en diez días sus ingresos y facturación de 2024 y 2025.
- Tabar declaró ante el fiscal Pollicita que cobró 245.000 dólares en efectivo y sin factura por las obras en la casa de Adorni en Indio Cuá.
- Los pagos se realizaron en dos tramos: 55.000 dólares en 2024 y 190.000 en 2025.
- El contratista también entregó su teléfono celular a la justicia y detalló quiénes participaron en las obras.
- El patrimonio investigado de Adorni supera los 840.000 dólares sin justificación acreditada.
Femicidio
Femicidio en Junín: la autopsia reveló que Mercedes Errapán estaba embarazada
La necropsia preliminar confirmó que la víctima cursaba un embarazo de entre 22 y 24 semanas al momento de ser asesinada. El acusado, Sebastián Bonafé, tenía antecedentes por violencia de género y enfrentaba una denuncia por grooming que ella misma había presentado días antes del crimen.
La autopsia preliminar de Mercedes Errapán, la mujer de 32 años asesinada el miércoles 8 de julio en su domicilio de la calle Iberlucea en Junín, reveló que cursaba un embarazo de entre 22 y 24 semanas de gestación al momento del crimen.
El informe forense descartó además la hipótesis inicial de que la víctima había recibido un disparo: murió por múltiples heridas de arma blanca y un golpe contundente en la cabeza, compatible con un hacha. Sebastián Daniel Bonafé, de 36 años, imputado por el femicidio y el rapto de la hija de siete años de Errapán, deberá prestar declaración indagatoria este viernes ante la fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N°1 del Departamento Judicial Junín.
Un crimen planificado con semanas de anticipación
La reconstrucción de los hechos que realizaron los investigadores revela la premeditación del ataque con un nivel de detalle que conmueve. Las cámaras de seguridad del barrio registraron a Bonafé saltando el paredón de la vivienda de Errapán a las 5:11 de la mañana del miércoles, apenas cuatro minutos después de que Jonathan Videla, la pareja de la víctima, saliera hacia su trabajo. El acusado permaneció en el interior del inmueble por más de dos horas. A las 7:57 volvió a aparecer en las cámaras, esta vez caminando junto a la niña de siete años, ahijada suya, a quien tomó por la fuerza y utilizó como rehén durante su fuga.
Durante el allanamiento practicado en el domicilio de Bonafé, en la calle Almafuerte al 1400, los investigadores secuestraron cuatro cartas manuscritas dirigidas a su madre que exponen con crudeza la planificación del femicidio. En una de ellas, el acusado escribió con todas las letras: «Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín», en referencia a Mercedes Errapán y a su pareja. Los manuscritos muestran que Bonafé modificó en varias oportunidades la fecha prevista para el ataque, estudió el recorrido de escape con el celular de su abuela y hasta anticipó que, si la Policía lo encontraba, podía matar a la niña. «Espero que leas esto antes que la Policía. Quémalo, porfa», escribió al final de una de las cartas.
Los manuscritos también contienen una referencia directa a la denuncia que Errapán había presentado semanas antes, acusando a Bonafé de haberla filmado mientras se bañaba. «Te juro que jamás filmé a la nena y siempre la respeté como si fuera mi hija», escribió el imputado, aunque a renglón seguido admitió que seguiría adelante con el crimen: «Hoy me estoy equivocando en hacer esto, pero me cansé.»
La autopsia: violencia extrema y un dato que nadie esperaba
El vocero de la investigación, el fiscal Martín Laius, confirmó ante TeleJunín los resultados del informe forense preliminar. La autopsia determinó que Errapán sufrió al menos 12 heridas cortopunzantes, un fuerte golpe en la cabeza y múltiples fracturas. Los peritos concluyeron que las lesiones fueron provocadas con un arma blanca y con un objeto contundente compatible con un hacha. Estas conclusiones contradijeron las primeras versiones del hallazgo, que apuntaban a un disparo como causa de muerte.
El dato que paralizó a la opinión pública fue el del embarazo: al momento del crimen, Mercedes Errapán cursaba entre 22 y 24 semanas de gestación, aproximadamente cinco meses y medio. La información no era conocida hasta que el informe forense la estableció. Laius indicó que restan conocerse los resultados de otros análisis, que permitirán completar el cuadro probatorio.
Frente a la magnitud del caso, la fiscalía analiza incorporar nuevas calificaciones legales a la imputación. Entre ellas figura el agravante de ensañamiento por la violencia ejercida contra la víctima; la tentativa de homicidio en perjuicio de la niña, a quien Bonafé amenazó con matar apoyándole un cuchillo en el cuello cuando fue rodeado por efectivos policiales en un cañaveral de Pergamino; y el delito de resistencia a la autoridad. La causa está actualmente caratulada como femicidio seguido de rapto.
Tres denuncias previas, una investigación por grooming y un sistema que no protegió
El perfil judicial de Bonafé era conocido antes del femicidio. El acusado registraba tres denuncias previas por violencia familiar y de género, y además estaba siendo investigado por grooming, tipificado en el artículo 131 del Código Penal, luego de que Errapán lo denunciara formalmente el viernes 3 de julio por haber ingresado al baño de la vivienda y filmarla con el teléfono mientras su hija se higienizaba. Ese mismo día, personal de la Policía Federal practicó un allanamiento en el domicilio del imputado que no arrojó resultados.
El crimen tuvo lugar apenas cinco días después de aquella denuncia. La secuencia pone sobre la mesa una pregunta que la sociedad argentina viene formulando desde hace años: cuántas alertas deben acumularse antes de que el sistema de protección funcione de manera efectiva. Bonafé era padrino de la hija de la víctima, tenía acceso habitual al entorno familiar y, a pesar de sus antecedentes y de la denuncia reciente, no fue privado de la libertad.
La fuga, el rescate y la indagatoria
Tras el crimen, Bonafé huyó en una motocicleta Honda Titán 150 cc por la Ruta Nacional 188. A la altura de la localidad de Obligado, partido de Rojas, fue captado por cámaras con la niña. Luego abandonó la moto e hizo dedo junto a la menor. Un docente que circulaba por la zona los trasladó hasta el centro de Pergamino. Allí, un operativo de la DDI local los rodeó en la intersección de Alsina y Becerra. Al advertir la presencia policial, Bonafé se internó con la niña en un cañaveral y le apoyó un cuchillo en el cuello mientras amenazaba con matarla. Tras varios minutos de negociación, los efectivos lograron reducirlo y la menor fue rescatada sin lesiones.
La investigación quedó desde el inicio bajo la órbita de la UFI N°1 del Departamento Judicial Junín, a cargo de la fiscal subrogante María Fernanda Sánchez, con la colaboración del fiscal Martín Laius de la UFI N°8. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires activó el protocolo Alerta Sofía para dar con el paradero de la menor. La hija de Mercedes Errapán permanece bajo asistencia y contención de equipos especializados.
Este viernes, Bonafé prestará declaración indagatoria ante la Justicia. La causa avanza con el peritaje de su teléfono celular y la autenticación forense de las cartas manuscritas secuestradas en su domicilio.
Puntos clave
- La autopsia reveló que Mercedes Errapán cursaba entre 22 y 24 semanas de embarazo al momento del femicidio.
- El informe forense descartó el disparo como causa de muerte: la víctima sufrió al menos 12 heridas de arma blanca, fracturas y un golpe contundente en la cabeza.
- Bonafé tenía tres denuncias previas por violencia y estaba investigado por grooming, con un allanamiento sin resultados realizado apenas cinco días antes del crimen.
- En las cartas secuestradas en su domicilio, el acusado describió el plan del femicidio, modificó la fecha en varias oportunidades y anticipó que podía matar a la niña si era interceptado.
- La fiscalía evalúa agravar la imputación con ensañamiento, tentativa de homicidio de la menor y resistencia a la autoridad. La indagatoria de Bonafé está prevista para este viernes.
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