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Denuncia

“Tictac”: Evo ya sabía que Cerimedo era peligroso y denunció la trama que lo conecta con el gobierno de Paz, la CIA y el oro boliviano

El expresidente boliviano publicó en su cuenta de X que el consultor argentino lo amenazó en dos oportunidades; la más explícita, el 14 de mayo, con la palabra «tictac» al pie de una cita de su publicación. Mientras tanto, la Fiscalía boliviana imputó a Cerimedo por tentativa de femicidio y anunció que pedirá su detención preventiva por peligro de fuga. Nadia Beller declaró desde el hospital que el asesor gestionaba negocios con combustible y oro vinculados a la CIA y planeaba una operación policial en el Trópico de Cochabamba.

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Evo Morales denunció amenazas de Cerimedo y exigió investigar los negocios del Gobierno de Paz con el combustible, el oro boliviano y la CIA.

El caso Cerimedo dejó de ser un episodio policial de Santa Cruz de la Sierra para convertirse en una crisis de Estado en Bolivia. En pocas horas, la detención del consultor argentino vinculado al entorno de Javier Milei sumó una imputación formal por tentativa de femicidio, una denuncia pública del expresidente Evo Morales por amenazas previas, y una serie de revelaciones de la víctima, Nadia Beller, que salpican al presidente Rodrigo Paz, a su esposa, a funcionarios de la petrolera estatal YPFB y a supuestos vínculos con la CIA estadounidense.

Evo Morales: «Ahora entendemos por qué»

El expresidente Evo Morales publicó este martes en su cuenta verificada de X un mensaje en el que denunció haber sido amenazado por Cerimedo en dos oportunidades. «Una de las dos amenazas fue el 14 de mayo, cuando en su cuenta de la red X, citando una publicación mía, emite un mensaje agresivo donde escribe al final la palabra: ‘tictac’, como si a mi vida se le estuviera acabando el tiempo. Ahora entendemos por qué», escribió Morales. El mensaje del expresidente líder del movimiento EVO Pueblo conectó el perfil amenazante del consultor con el ataque a balazos contra Beller y pidió una investigación que alcance también los hechos de corrupción denunciados por la víctima.

«Exigimos que el fiscal general del Estado garantice una investigación inmediata, transparente y que brinde todas las garantías para resguardar la vida de la víctima. Esta investigación debe alcanzar a los hechos irregulares y de corrupción denunciados por Nadia Beller, que involucran al presidente, su esposa y otras autoridades«, reclamó Morales. El exmandatario también mencionó que Beller señaló en su testimonio que Cerimedo tenía planificada una intervención de un grupo especial de élite policial en el Trópico de Cochabamba, zona de base histórica del apoyo a Morales, en los próximos días.

La Fiscalía imputa a Cerimedo y pide detención preventiva

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este martes que Fernando Cerimedo pasó de la calidad de arrestado a aprehendido y que la Comisión de Fiscales que investiga el atentado emitió una imputación formal por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Mariaca anunció que el Ministerio Público solicitará ante un juez la detención preventiva del consultor argentino por existir «peligro de fuga» y riesgo de «obstaculización» de la investigación. «Se ha determinado emitir una resolución de aprehensión y su respectivo mandamiento por el delito de tentativa de feminicidio en contra del señor Cerimedo», declaró el fiscal.

Mariaca también advirtió que la investigación no se limita a determinar la responsabilidad de Cerimedo: la Justicia boliviana evaluará si existen otros autores intelectuales detrás del atentado. Beller, según el informe médico del Ministerio Público, recibió tres impactos de proyectil de arma de fuego calibre 9 milímetros en el cuello, el tórax y el brazo derecho. Fue intervenida quirúrgicamente de urgencia y permanece en terapia intensiva en una clínica privada de Santa Cruz, consciente y en estado estable.

Las revelaciones de Beller: combustible, oro y la CIA

Desde la cama del hospital, Beller amplió sus denuncias en una entrevista con la red televisiva boliviana DTV. Afirmó que Cerimedo gestionaba negocios con combustible vinculados a personas con conexiones con la CIA estadounidense, y señaló también irregularidades relacionadas con el comercio de oro. «Lo filtré hace unos días y tenía pruebas de otras situaciones, sobre el oro», declaró la abogada, en referencia a documentación que, según sostuvo, habrían intentado incautarle al robarle el celular durante el ataque.

Beller afirmó que fue el propio Cerimedo quien le recomendó hospedarse en el hotel donde ocurrió el atentado, y que le prometió que tendría custodia policial, promesa que resultó falsa. «Me mintió de que me mandó con escoltas. Me dijo que estaba escoltada por policías, lo cual es falso», denunció. También aseguró haber visto «cajones llenos de billetes» en poder del consultor y señaló que el resto del dinero lo maneja un testaferro que vive en el mismo edificio de La Paz donde residían. La víctima afirmó que Cerimedo tenía más poder real que el propio presidente Paz y que hacía negocios directamente con la primera dama, Bibi Urquidi, y con autoridades de YPFB.

Una crisis política que se acelera

El caso estalló en un momento de extrema debilidad para el gobierno de Rodrigo Paz. Este mismo martes, dos tercios de la Asamblea Plurinacional votaron la destitución del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, por corrupción. El gobierno de Paz no cuenta con mayoría propia y perdió hace dos semanas el apoyo del bloque Unidad Nacional que lidera el empresario Samuel Doria Medina, lo que lo dejó con el respaldo apenas del Partido Demócrata Cristiano. El vicepresidente Edman Lara, que ya había roto con Paz antes de asumir, salió a condenar el ataque y a respaldar la actuación policial, en un gesto que profundizó la lectura de que el Ejecutivo boliviano está fracturado.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, pidió «una investigación seria y profunda» y declaró que «en Bolivia nadie está por encima de la ley». El gobierno intentó tomar distancia de Cerimedo, aunque el propio vicepresidente Lara confirmó públicamente que el consultor se desempeñaba como «asesor personal» del presidente Paz, aunque sin cargo oficial.

Villarruel, desde Argentina: «Qué mal que envejeció todo»

La repercusión del caso también llegó a la política argentina. Victoria Villarruel, presidenta del Senado y figura que Cerimedo había atacado públicamente en 2024 cuando Milei la marginó del círculo de poder, respondió con ironía a una publicación que recordaba esas críticas del consultor. «Qué mal que envejeció todo», escribió Villarruel en su cuenta verificada de X, en un mensaje que fue leído como una señal de distancia respecto del consultor detenido.

Puntos clave

  • Evo Morales denunció en su cuenta de X que Cerimedo lo amenazó en dos oportunidades, la más reciente el 14 de mayo con la palabra «tictac» al pie de una cita de su publicación.
  • El fiscal general Roger Mariaca imputó a Cerimedo por feminicidio en grado de tentativa y anunció que pedirá su detención preventiva por peligro de fuga y riesgo de obstaculización.
  • Beller denunció desde el hospital que Cerimedo gestionaba negocios con combustible vinculados a personas con conexiones con la CIA, comercio de oro irregular y tenía planificada una operación policial en el Trópico de Cochabamba.
  • El vicepresidente boliviano Edman Lara confirmó que Cerimedo era «asesor personal» del presidente Paz, pese a no tener cargo oficial.
  • El caso se agrava en un contexto de crisis política en Bolivia: la Asamblea Plurinacional destituyó ese mismo martes al ministro de Economía por corrupción.

Buenos Aires

El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección

Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.

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La golpearon en video, al agresor lo identificaron, y la Justicia todavía no actuó.

Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.

La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.

El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial

La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.

«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión

La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.

El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.

Lo que tenés que saber:

  • Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
  • La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
  • La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
  • La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
  • La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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