La comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados se convirtió este martes en el escenario de una de las denuncias más contundentes contra la política vial del Gobierno nacional: intendentes de distintas provincias, legisladores opositores, gremialistas y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, describieron con datos precisos el deterioro sistemático de la red vial federal y el mecanismo por el cual el Ministerio de Economía de Luis Caputo retiene fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que, por mandato legal, deberían destinarse al mantenimiento y construcción de carreteras. Los representantes de La Libertad Avanza no asistieron al encuentro.

El vaciamiento en números: 85% de caída real en los recursos viales

La primera oradora, Patricia Mazzitelli, representante de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), sintetizó el escenario con una cifra que no admite eufemismos: tomando las partidas presupuestarias asignadas desde 2017, los recursos para las rutas cayeron un 85% en términos reales en el corriente año. No se trata de una reducción gradual sino de un desguace acelerado bajo la gestión libertaria.

Mazzitelli precisó que el ajuste presupuestario ejecutado en mayo de 2026 redujo los fondos de Vialidad Nacional de 396.000 millones a 296.000 millones de pesos, con impacto directo sobre programas críticos como Rutas Seguras y Puentes y Alcantarillas. A ese recorte se suman 3.300 desvinculaciones de profesionales y técnicos especializados en el organismo, lo que compromete la capacidad institucional incluso para ejecutar los escasos fondos disponibles.

El cuadro del desvío del ICL es igualmente preciso. Mazzitelli detalló que de los 1.601.364 millones de pesos que debían ingresar al fondo vial, solo ingresaron 530.156 millones; el remanente sin ejecutar asciende a 1.071.208 millones de pesos. Sobre el total de 3,84 billones de pesos recaudados por el tributo, la ejecución real apenas rozó el 2,59%. Con el total recaudado, estimó la representante gremial, podrían haberse construido o mejorado más de 2.000 kilómetros de calzada. La referente de Fepevina vinculó además la falta de mantenimiento con la siniestralidad: el 65% de los accidentes fatales en rutas ocurre en tramos con severos desperfectos.

Katopodis: «Financian la timba pública con los fondos de las rutas»

El ministro de Infraestructura bonaerense y ex ministro nacional de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, fue el vocero político más duro de la jornada. Sostuvo que la actual gestión libertaria va camino a ser la primera administración en no inaugurar una sola obra vial, y acusó formalmente al Gobierno de «financiar la timba pública» con los recursos recaudados del ICL en lugar de volcarlos a la reparación de las carreteras.

Katopodis remarcó una contradicción que el Gobierno no puede explicar: el gravamen a los combustibles sufrió un incremento del 1.200% desde el inicio de la gestión, mientras los combustibles subieron un 500% y la inflación acumulada fue del 300%. La conclusión es que la ciudadanía paga un impuesto cuya alícuota creció cuatro veces más que la propia inflación, pero no recibe la obra pública que ese tributo financia por ley. Katopodis advirtió además que el colapso vial pone en riesgo sectores estratégicos como el desarrollo productivo en Vaca Muerta y la ejecución de obras hidráulicas contra inundaciones, y anticipó acciones tanto en la vía parlamentaria como judicial.

Amparo colectivo y acumulación de presión judicial

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) informó la presentación de un amparo colectivo ante la Justicia Federal de La Plata para intimar al ministro de Economía, Luis Caputo, al titular del Banco Nación, Darío Wasserman, y a las autoridades de Vialidad Nacional a brindar precisiones sobre las partidas no ejecutadas. Los fondos retenidos, según la diputada, rondan el billón de pesos, monto que permitiría recuperar entre 20.000 y 25.000 kilómetros de calzada.

Esta acción judicial se enmarca en una acumulación de presión legal sobre el esquema de desvío del ICL que el medio viene documentando desde mayo de 2026, cuando el gremio de Vialidad presentó una denuncia penal contra Caputo, Adorni y Sturzenegger por malversación de aproximadamente 400.000 millones de pesos, y se profundizó a mediados de agosto cuando el vocero presidencial Adrián Ravier admitió públicamente, en declaraciones a El Diario de La Pampa, que el Ministerio de Economía retiene una porción de esos recursos para el equilibrio fiscal.

«Apagón estadístico» y rutas intransitables

Silvia González, representante de la organización Estrellas Amarillas, alertó ante la comisión sobre la magnitud de los fallecidos en siniestros viales y denunció el corte de asistencia logística por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para el traslado de víctimas. González también denunció un «apagón estadístico» sostenido: desde 2022 no se publican informes oficiales sobre siniestralidad vial, lo que impide dimensionar con datos propios del Estado la tragedia que ocurre en las rutas. Citó como caso testigo el estado intransitable de la Ruta 152.

En el encuentro también expusieron la intendenta de Catriel, Río Negro, Daniela Salzotto; los intendentes Daniel Stadnik (Carlos Casares), Pablo Garate (Tres Arroyos), Waldemar Giordano (Colón), Lucas Fanelli (Chabás), Jorge Salomón (Gral. Ocampo), Marcelo Limarieri (Gualjaina), Héctor Ingram (Trevelin) y Mario Rebolledo (Puelén); la senadora santafesina Leticia Di Gregorio; la diputada bonaerense Ayelén Rasquetti; y representantes de Fepevina y CONADUV. La reunión dejó al descubierto el nivel de alcance territorial del problema: el deterioro vial no es un dato abstract de planilla presupuestaria, sino una realidad cotidiana que los intendentes de todo el país enfrentan sin los recursos que el propio sistema tributario ya generó y el Gobierno se niega a volcar al destino que la ley le asigna.

Puntos clave

• Los fondos del ICL retenidos por el Ministerio de Economía superan el billón de pesos, con una ejecución vial real del 2,59% del total recaudado.
• Los recursos para rutas cayeron un 85% en términos reales desde 2017, según Fepevina, que también denunció 3.300 desvinculaciones de técnicos en Vialidad Nacional.
• Katopodis acusó al Gobierno de ser la primera administración sin obras viales inauguradas y de usar los fondos del ICL para «la timba pública».
• Victoria Tolosa Paz presentó un amparo colectivo en La Plata para obligar a Caputo y Vialidad a rendir cuentas sobre las partidas no ejecutadas.
• El 65% de los accidentes fatales en rutas nacionales ocurre en tramos con severos desperfectos, según la representante de Fepevina.