Investigación 🔎
Sandra Pettovello presentó su DDJJ: su patrimonio creció 223% y le ganó a la inflación
La ministra de Capital Humano se adelantó al plazo del 31 de agosto y declaró bienes por $194.345.904. Su patrimonio se triplicó en términos nominales desde que asumió, aunque el salto más llamativo ocurrió en 2024 con una rectificativa que incorporó más de $34 millones en una caja de ahorro que no figuraba en la presentación original.
Sandra Pettovello presentó su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción antes del vencimiento del plazo extendido hasta el 31 de agosto. Al cierre de 2025, la ministra de Capital Humano declaró bienes, depósitos y dinero por $194.345.904,27, lo que representa un incremento nominal del 223% respecto de su patrimonio al momento de asumir el cargo. Considerando que la inflación acumulada en el mismo período fue del 186,5%, el aumento real de su patrimonio fue del 12,7%: le ganó a la inflación.
La presentación cobra un peso político particular en el contexto del escándalo patrimonial que envuelve al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, cuya causa por enriquecimiento ilícito instruye el juez Ariel Lijo e investiga un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares. Precisamente, la polémica desatada por las inconsistencias en las declaraciones de Adorni y su esposa Bettina Angeletti fue la que empujó al Gobierno a extender los plazos para que los funcionarios completaran sus presentaciones.
Tres departamentos, dos autos y $66 millones en efectivo
El patrimonio de Pettovello descansa sobre tres inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires: uno de 70 metros cuadrados y otros dos de 46 metros cuadrados cada uno. Al cierre de 2025, el conjunto fue valuado en $87.567.893,09, frente a los $66.566.749,36 del período anterior, lo que implica un incremento de unos 21 millones de pesos. Las propiedades también figuraban en sus declaraciones previas.
La ministra también declaró dos vehículos. El Mini Cooper Sedan 2012 fue valuado en $15.280.000, el mismo monto que en 2024. En cambio, el Volkswagen Fox 2017, que el año anterior figuraba en $8.855.300, esta vez aparece valuado en $0: el vehículo está amortizado patrimonialmente por tener más de cinco años de antigüedad, conforme los criterios de valuación previstos para este tipo de declaraciones.
El cambio más llamativo de la presentación está en el dinero en efectivo. Al cierre de 2024, Pettovello declaraba apenas $63.500 en billetes y ningún dólar. Un año después, la cifra saltó a $66 millones en efectivo más US$6.000 en moneda extranjera. También mantiene dinero en cuentas bancarias: una caja de ahorro con $6,65 millones y otra con $28.509,83. Sus bienes del hogar pasaron de $2.780.122 a $8.145.657.
La rectificativa de 2025 que cambió todo
La evolución patrimonial de Pettovello tiene un punto de inflexión que merece atención. Su primera declaración correspondiente al cierre de 2023 registraba un patrimonio de $60.159.721. Al cierre de 2024, esa cifra trepó a $130.704.785. Un año después llegó a $194.345.904.
Sin embargo, el dato de 2024 no fue el que figuró en la presentación original. El 22 de agosto de 2025, Pettovello presentó una rectificativa que incorporó, entre otros cambios, una caja de ahorro con $34.645.361,28, que no constaba en la primera versión. Ese movimiento explica prácticamente toda la diferencia entre los $96 millones que aparecían en el documento inicial y los $130,7 millones de la rectificativa. La omisión original nunca fue explicada públicamente.
En la declaración 2025, los ingresos declarados contribuyen a sostener el crecimiento patrimonial: $46.592.078 en ingresos brutos por su actividad como funcionaria, $22.500.000 por alquileres de sus departamentos y $16.800.000 recibidos por herencia, legado o donación. Los ingresos totales netos de gastos ascienden a $49.701.382,66 de rentas gravadas y $15.657.937,47 de ingresos no alcanzados por Ganancias. La ministra no declaró deudas.
La DDJJ como escenario político: Pettovello se adelanta mientras el Gabinete demora
La presentación anticipada de Pettovello no es un dato menor en el tablero interno de La Libertad Avanza. El presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y la gran mayoría de los ministros del Gabinete todavía no presentaron sus declaraciones, a pesar de que el plazo ordinario ya venció y fue extendido de forma excepcional hasta el 31 de agosto, una prórroga que la oposición interpretó como una maniobra para atenuar el impacto político del caso Adorni.
Las declaraciones juradas tienen, además, una limitación estructural que cualquier análisis riguroso debe considerar: los inmuebles, vehículos y demás activos se valúan según criterios técnicos propios del régimen de presentación ante la Oficina Anticorrupción y no reflejan los precios reales de mercado. Es un mecanismo que sistemáticamente subestima la riqueza declarada y que, en el caso de funcionarios con activos inmobiliarios en Buenos Aires, puede implicar una brecha significativa con los valores efectivos.
En ese marco, el crecimiento del 12,7% real en el patrimonio de Pettovello puede leerse de dos maneras: como un dato dentro de la normalidad para una funcionaria en actividad, o como una señal que vale la pena monitorear a la luz del contexto en que se inserta. Un gobierno que extendió plazos para proteger a funcionarios con patrimonios inexplicables, con una ex ministra de Capital Humano que ya acumula antecedentes propios, desde el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hasta investigaciones por contrataciones irregulares en su cartera, no puede reclamar que sus declaraciones juradas sean leídas con ingenuidad.
Puntos clave
- Pettovello declaró bienes por $194.345.904 al cierre de 2025, un aumento nominal del 223% desde que asumió.
- En términos reales, su patrimonio creció un 12,7% por encima de la inflación del período.
- El salto más notable se produjo en la rectificativa de agosto de 2025, que incorporó una caja de ahorro de $34,6 millones no declarada originalmente.
- El efectivo en billetes pasó de $63.500 a $66 millones entre el cierre de 2024 y el de 2025.
- El presidente Milei, su hermana Karina y la mayoría del Gabinete aún no presentaron sus declaraciones juradas, con plazo extendido hasta el 31 de agosto.
Investigación 🔎
Sin acuerdo en la Corte: conjueces definirán si el DNU de Milei puede derogar la Ley de Tierras
El máximo tribunal no alcanzó unanimidad para resolver la causa de la Asociación Civil Árbol de Pie, que impugnó el artículo 154 del DNU 70/23 basándose en el derecho constitucional a la protección del ambiente. Con el sorteo de dos conjueces previsto para las próximas horas, el debate sobre la soberanía territorial enfrenta una nueva etapa de incertidumbre institucional.
La Corte Suprema de Justicia no logró ponerse de acuerdo. Luego del acuerdo de este martes, el máximo tribunal resolvió convocar a dos conjueces para que integren el cuerpo y definan si el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 de Javier Milei, que derogó la Ley de Tierras, es constitucional o no. El sorteo de esos conjueces estaba previsto para realizarse en las próximas horas.
La causa que llegó a esta instancia lleva el número FGR 20213/23 y fue impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, una organización ambiental que cuestionó la derogación de la norma que limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros. El argumento central de la presentación se apoyó en el derecho a la protección del ambiente que garantiza la Constitución Nacional.
Un expediente que la Justicia no quiso tocar
La causa de Árbol de Pie acumula un historial de desvíos institucionales que ilustra, con precisión, cuánto incomoda este debate en los tribunales federales. El expediente fue presentado originalmente ante la Justicia Federal de Bariloche, que se negó a tratarlo. Derivado luego a la Cámara Federal de La Plata, esa instancia tampoco lo tramitó. Fue la Corte la que finalmente debió recibirlo en su propio ámbito, y aún así no logró resolverlo con sus propios integrantes.
El contexto inmediato de esta convocatoria es el fallo anterior de la Corte que rechazó por falta de legitimación la presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), una de las organizaciones que habían cuestionado la derogación de la ley. Tras ese rechazo, el tribunal aclaró que la decisión respondía exclusivamente a una cuestión procesal, que nada impedía analizar otros expedientes sobre la misma temática. El expediente de Árbol de Pie era el siguiente en la línea.
Procesos colectivos y la lógica del agrupamiento
El tratamiento se encuadra dentro del régimen de procesos colectivos, un mecanismo por el cual causas con objetos similares se agrupan para ser resueltas en conjunto o en forma coordinada. Una vez cerrado el capítulo del CECIM, el expediente de Árbol de Pie quedó habilitado para avanzar. Pero la falta de unanimidad entre los ministros del tribunal obstaculizó una resolución directa y derivó en la solución excepcional de incorporar conjueces.
La incorporación de conjueces no es un trámite menor: implica que la Corte, en su composición actual, no logró construir los votos necesarios para resolver la cuestión por sí sola. Se desconoce la naturaleza de los desacuerdos internos, pero la decisión revela fisuras en el cuerpo sobre uno de los debates jurídicos más sensibles de la gestión libertaria: si un decreto de necesidad y urgencia puede derogar una ley que protege la soberanía sobre el territorio.
Qué decía la Ley de Tierras y qué hizo el DNU
La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, fue sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Establecía un límite estricto: los extranjeros no podían ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, y cada persona o empresa extranjera no podía superar el 1.000 hectáreas en zonas núcleo equivalente. También prohibía la venta de tierras en zonas de frontera o con recursos estratégicos como el agua.
El artículo 154 del DNU 70/23, firmado por Milei en diciembre de 2023 al inicio de su gestión, derogó esa ley de un plumazo, sin debate parlamentario. El gobierno argumentó que la normativa era un obstáculo para la inversión extranjera y que la soberanía no se juega con restricciones a la propiedad privada. Para las organizaciones sociales, sindicales y ambientales que cuestionaron el decreto, la derogación equivale a poner el territorio nacional a disposición del mercado global sin ningún resguardo.
Ese enfrentamiento de visiones es el fondo político del expediente que ahora resolverán, al menos en parte, dos conjueces cuyas identidades dependerán del sorteo que se realizará en las próximas horas.
Lo que tenés que saber:
- La Corte Suprema no alcanzó unanimidad para resolver la causa FGR 20213/23 y convocó a dos conjueces; el sorteo se realizaría en las próximas horas.
- La causa fue impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, que impugnó el artículo 154 del DNU 70/23 con base en el derecho constitucional a la protección del ambiente.
- El expediente había sido rechazado previamente tanto por la Justicia Federal de Bariloche como por la Cámara Federal de La Plata antes de llegar a la Corte.
- La Corte derogó la causa del CECIM por razones procesales y aclaró que otros expedientes sobre la misma temática podían avanzar por separado.
- La Ley de Tierras (26.737), derogada por el DNU, limitaba la compra de suelo rural por extranjeros al 15% del total nacional y protegía zonas de frontera y recursos estratégicos.
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