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Buenos Aires

Kicillof desmintió operación de Clarín: la detenida en la causa de $27.000 M no es funcionaria provincial

El gobernador bonaerense salió a cruzar públicamente a Clarín y al periodista Daniel Santoro por vincular a Albertina Mangini, imputada por lavado de activos y defraudación, con la estructura del Ejecutivo provincial. Kicillof afirmó que Mangini es empleada del Poder Judicial y no tiene ni tuvo vínculo con el Ministerio de Justicia de la Provincia.

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El Argentino Diario-Axel Kicillof.
"Se nota mucho, Clarín": Kicillof fue a fondo contra Santoro por una fake news sobre la causa de lavado de $27.000 millones.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a desmentir este miércoles una publicación de Clarín que presentó a Albertina Mangini, detenida en el marco de una investigación por lavado de activos, como una «funcionaria de Kicillof». A través de su cuenta de X, el mandatario denunció que la información fue difundida sin consultar con ninguna fuente oficial de la Provincia y exigió una rectificación pública.

Quién es Albertina Mangini y por qué la detuvieron

Mangini fue detenida en el marco de una causa que investiga un presunto circuito de lavado de dinero por unos $27.000 millones. Según la investigación, la mujer habría formado parte de una organización que utilizó identidades y datos biométricos de personas en situación de vulnerabilidad, a quienes les ofrecían $80.000 a cambio de entregar sus documentos, tomarse fotografías y someterse a un «escaneo del ojo». Con esos datos, la organización habría abierto cuentas en billeteras virtuales para operar con identidades ajenas.

La fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, la imputó por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos. Su condición de abogada e integrante de la Procuración General bonaerense podría constituir un agravante, según la acusación.

Junto con Mangini también fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes; este último ya se encontraba imputado en la causa Sur Finanzas. Los operativos incluyeron allanamientos en domicilios de La Plata y Córdoba, con secuestro de millones de pesos en efectivo y un automóvil BMW. En las indagatorias, Mangini y Perrota se negaron a declarar, mientras Marchioni alegó dedicarse al «corretaje y las inversiones».

La aclaración de Kicillof y el cruce con Clarín

El nudo de la polémica pasó por la adscripción institucional de Mangini. Clarín la presentó como funcionaria del Ministerio Público Fiscal que cumplía tareas en una oficina de enlace dentro del Patronato de Liberados, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia. Sin embargo, Kicillof fue categórico: «La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia».

El gobernador apuntó directamente contra el periodista Daniel Santoro y el diario al señalar que publicaron la información «maliciosamente» y «sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial». Kicillof también denunció que, pese a la desmentida oficial, el medio eligió «continuar titulando en tapa del diario de hoy de manera ambigua para sostener la mentira». Cerró su mensaje con una acusación directa y sin rodeos: «Se nota mucho, Clarín».

La disputa no es menor en un contexto electoral que ya se calienta. El intento de instalar un vínculo entre la gestión bonaerense y una causa de lavado de activos, sin verificación de fuentes oficiales, es una operación que el kirchnerismo denuncia como patrón recurrente en los medios del Grupo Clarín, históricamente alineados con sectores opositores al peronismo.

El contexto de la causa: vínculos con Sur Finanzas y la AFA

La investigación que derivó en las detenciones tiene ramificaciones que van más allá de Mangini. Ignacio Marchioni, uno de los detenidos, ya estaba imputado en la causa Sur Finanzas, cuyo titular, Maximiliano Vallejo, mantiene vínculos con el presidente de la AFA, lo que añade una dimensión que los investigadores también estudian.

Puntos clave

  • Albertina Mangini, integrante de la Procuración General bonaerense, fue imputada por asociación ilícita, defraudación y lavado de activos en una causa de $27.000 millones.
  • Kicillof desmintió en X que Mangini sea funcionaria de su gobierno y la identificó como empleada del Poder Judicial provincial.
  • El gobernador acusó a Clarín y al periodista Daniel Santoro de difundir la información sin consultar fuentes oficiales y exigió una rectificación pública.
  • También fueron detenidos Mauro Perrota e Ignacio Marchioni, este último ya imputado en la causa Sur Finanzas.
  • En los allanamientos se secuestraron millones de pesos en efectivo y un BMW.

Buenos Aires

Kicillof le compró baterías a Huawei antes del escándalo Lamelas y PBA sale a defender la decisión

Mientras el embajador de Estados Unidos amenazaba a cooperativas por usar tecnología china, la provincia de Buenos Aires ya había adjudicado a Huawei un contrato por $31.200 millones para baterías energéticas. El subsecretario bonaerense Gastón Ghioni rechazó cualquier cuestionamiento: «No creemos que ese debate deba interferir en las decisiones de la Provincia».

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El Argentino Diario-Axel Kicillof.
Soberanía energética: Milei calla ante Lamelas mientras Kicillof ya tiene firmado un contrato millonario con Huawei.

El escándalo diplomático desatado por las amenazas del embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, contra la cooperativa neuquina CALF por su contrato con Huawei dejó al descubierto una contradicción que el gobierno nacional no puede ignorar: antes de que Lamelas pusiera en jaque a los directivos de la cooperativa con la revocación de sus visas, la provincia de Buenos Aires, conducida por Axel Kicillof, ya había adjudicado formalmente a la tecnológica china la provisión de equipamiento para un sistema de almacenamiento de energía en baterías. El contrato, cuya licitación se aprobó en junio, asciende a $31.200 millones y está en proceso de implementación.

La información, que había pasado desapercibida, adquirió una relevancia política inusitada a partir de las declaraciones del embajador en el foro de AmCham, donde Lamelas sostuvo que la presencia de Huawei en infraestructura energética argentina desalienta la inversión extranjera y que el Partido Comunista Chino exigiría acceso a los datos que transitan por esa tecnología.

La Provincia defiende la adjudicación y rechaza la injerencia

El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, salió a respaldar la decisión con argumentos técnicos y políticos. «Huawei presentó la mejor oferta en el proceso de adjudicación y, en función de eso, no tenemos nada que objetar respecto de la decisión adoptada. Se trata de una empresa con una trayectoria reconocida, que viene trabajando desde hace años en Argentina con distintas empresas del sector privado y que tiene, además, una presencia importante a nivel internacional», declaró el funcionario ante una consulta periodística.

Ghioni fue más lejos al cuestionar el trasfondo del veto estadounidense: «Los cuestionamientos planteados por la Embajada de Estados Unidos dan cuenta de una intromisión que expresa, por un lado, la obediencia del gobierno nacional para con Estados Unidos; y por otro, la disputa comercial y tecnológica de este país con China». El funcionario concluyó que ese debate «no debe interferir en las decisiones que toma la Provincia de Buenos Aires en función de sus propias necesidades y prioridades».

Al mismo tiempo, Ghioni procuró separar la decisión de cualquier lectura de alineamiento geopolítico automático: «Nuestra posición no responde a una alineación automática con una potencia u otra. Lo que hacemos es evaluar, en cada caso, qué alternativa resulta más conveniente para la Provincia, con criterios técnicos, económicos y de eficiencia. En este caso, Huawei presentó la mejor oferta y fue adjudicataria conforme al procedimiento correspondiente».

Qué compraron y para qué sirve

El programa bonaerense contempla una potencia de 25 megawatts (MW) y una capacidad de almacenamiento de 125 MWh, distribuidos en cuatro nodos: Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento. La inversión se financia con recursos del Adicional de Costo de Generación Distribuida. El equipamiento, una vez instalado, quedará en manos de la Provincia durante entre 15 y 20 años. La operación estará a cargo de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA), la empresa estatal provincial del sector.

El sistema reemplaza el esquema utilizado en veranos anteriores, basado en generación móvil a gasoil, que resultaba más costoso e ineficiente. Según Ghioni, las baterías se activarán cuando TRANSBA, concesionaria del transporte de energía bonaerense, detecte saturación en las líneas de media tensión o en las subestaciones de 132 kV. La licitación se dividió en dos tramos: el de equipamiento, ya adjudicado a Huawei, y el de la obra civil, aún en proceso. La puesta en operación formal está prevista para enero de 2027.

Un esquema provincial que se inscribe en el plan nacional

El programa bonaerense no es un hecho aislado. Se inscribe en el marco de la convocatoria nacional AlmaSADI y de las estimaciones de CAMMESA sobre nodos con riesgo de saturación en el sistema eléctrico argentino. AlmaSADI es la continuación del plan AlmaGBA, la primera experiencia de almacenamiento a escala del país, que en 2025 adjudicó 713 MW en nodos críticos del AMBA con una inversión cercana a los USD 540 millones, hoy en obra. En julio de 2026, la Secretaría de Energía de la Nación formalizó además la adjudicación de otros 700,5 MW distribuidos en 20 proyectos de cinco empresas para el resto del país.

La lógica en ambos casos es la misma: reemplazar generadores a combustible por baterías de almacenamiento, más eficientes y de menor costo operativo a mediano plazo. La decisión bonaerense de adjudicar ese equipamiento a Huawei, en ese contexto, no fue una excepción sino el resultado de un proceso licitatorio en el que la empresa china compitió y ganó.

La contradicción que Milei no puede tapar

El caso pone en evidencia la doble vara con la que opera la política energética argentina en tiempos de disputa geopolítica entre potencias. Mientras el gobierno nacional de Javier Milei guarda silencio ante las amenazas de Lamelas, o incluso las convalida con su postura de alineamiento con Washington, la provincia de Buenos Aires ejecuta contratos con la misma empresa cuestionada por la embajada estadounidense, sin que eso haya generado hasta ahora ningún conflicto diplomático formal.

La pregunta que queda en el aire es inevitable: si la tecnología de Huawei representa un riesgo para la «seguridad de datos» en Vaca Muerta, como sostiene Lamelas, ¿qué explicación da la embajada sobre los nodos bonaerenses de Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento, donde esa misma tecnología estará operativa desde 2027? La respuesta de la Embajada de los Estados Unidos, hasta el momento, es el silencio.

Puntos clave

  • La provincia de Buenos Aires adjudicó a Huawei la provisión de baterías de almacenamiento energético por $31.200 millones antes de que estallara el escándalo Lamelas-CALF.
  • El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, defendió la decisión y calificó las presiones de la embajada de EE.UU. como una «intromisión» que expresa la «obediencia del gobierno nacional» a Washington.
  • El sistema contempla 25 MW y 125 MWh distribuidos en cuatro nodos de la provincia; estará operativo en enero de 2027 y será administrado por BAESA.
  • La adjudicación a Huawei fue el resultado de un proceso licitatorio en el que la empresa china presentó la mejor oferta técnica y económica.
  • El gobierno nacional de Milei no cuestionó la compra bonaerense, lo que expone la inconsistencia de su posición frente a las presiones de Lamelas contra la cooperativa neuquina CALF.
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