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Buenos Aires

Kicillof desmintió operación de Clarín: la detenida en la causa de $27.000 M no es funcionaria provincial

El gobernador bonaerense salió a cruzar públicamente a Clarín y al periodista Daniel Santoro por vincular a Albertina Mangini, imputada por lavado de activos y defraudación, con la estructura del Ejecutivo provincial. Kicillof afirmó que Mangini es empleada del Poder Judicial y no tiene ni tuvo vínculo con el Ministerio de Justicia de la Provincia.

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El Argentino Diario-Axel Kicillof.
"Se nota mucho, Clarín": Kicillof fue a fondo contra Santoro por una fake news sobre la causa de lavado de $27.000 millones.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a desmentir este miércoles una publicación de Clarín que presentó a Albertina Mangini, detenida en el marco de una investigación por lavado de activos, como una «funcionaria de Kicillof». A través de su cuenta de X, el mandatario denunció que la información fue difundida sin consultar con ninguna fuente oficial de la Provincia y exigió una rectificación pública.

Quién es Albertina Mangini y por qué la detuvieron

Mangini fue detenida en el marco de una causa que investiga un presunto circuito de lavado de dinero por unos $27.000 millones. Según la investigación, la mujer habría formado parte de una organización que utilizó identidades y datos biométricos de personas en situación de vulnerabilidad, a quienes les ofrecían $80.000 a cambio de entregar sus documentos, tomarse fotografías y someterse a un «escaneo del ojo». Con esos datos, la organización habría abierto cuentas en billeteras virtuales para operar con identidades ajenas.

La fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, la imputó por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos. Su condición de abogada e integrante de la Procuración General bonaerense podría constituir un agravante, según la acusación.

Junto con Mangini también fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes; este último ya se encontraba imputado en la causa Sur Finanzas. Los operativos incluyeron allanamientos en domicilios de La Plata y Córdoba, con secuestro de millones de pesos en efectivo y un automóvil BMW. En las indagatorias, Mangini y Perrota se negaron a declarar, mientras Marchioni alegó dedicarse al «corretaje y las inversiones».

La aclaración de Kicillof y el cruce con Clarín

El nudo de la polémica pasó por la adscripción institucional de Mangini. Clarín la presentó como funcionaria del Ministerio Público Fiscal que cumplía tareas en una oficina de enlace dentro del Patronato de Liberados, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia. Sin embargo, Kicillof fue categórico: «La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia».

El gobernador apuntó directamente contra el periodista Daniel Santoro y el diario al señalar que publicaron la información «maliciosamente» y «sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial». Kicillof también denunció que, pese a la desmentida oficial, el medio eligió «continuar titulando en tapa del diario de hoy de manera ambigua para sostener la mentira». Cerró su mensaje con una acusación directa y sin rodeos: «Se nota mucho, Clarín».

La disputa no es menor en un contexto electoral que ya se calienta. El intento de instalar un vínculo entre la gestión bonaerense y una causa de lavado de activos, sin verificación de fuentes oficiales, es una operación que el kirchnerismo denuncia como patrón recurrente en los medios del Grupo Clarín, históricamente alineados con sectores opositores al peronismo.

El contexto de la causa: vínculos con Sur Finanzas y la AFA

La investigación que derivó en las detenciones tiene ramificaciones que van más allá de Mangini. Ignacio Marchioni, uno de los detenidos, ya estaba imputado en la causa Sur Finanzas, cuyo titular, Maximiliano Vallejo, mantiene vínculos con el presidente de la AFA, lo que añade una dimensión que los investigadores también estudian.

Puntos clave

  • Albertina Mangini, integrante de la Procuración General bonaerense, fue imputada por asociación ilícita, defraudación y lavado de activos en una causa de $27.000 millones.
  • Kicillof desmintió en X que Mangini sea funcionaria de su gobierno y la identificó como empleada del Poder Judicial provincial.
  • El gobernador acusó a Clarín y al periodista Daniel Santoro de difundir la información sin consultar fuentes oficiales y exigió una rectificación pública.
  • También fueron detenidos Mauro Perrota e Ignacio Marchioni, este último ya imputado en la causa Sur Finanzas.
  • En los allanamientos se secuestraron millones de pesos en efectivo y un BMW.

Buenos Aires

Ley Ema: qué cambia en las escuelas bonaerenses y por qué Nación sigue sin tratar violencia digital

La Legislatura bonaerense sancionó la Ley Ema, que crea el Programa EMA y obliga a las escuelas públicas y privadas a prevenir y abordar la violencia digital. Santa Fe fue la primera provincia con una ley similar y el proyecto nacional de Mónica Macha no tuvo dictamen en Diputados.

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El Argentino Diario-Mónica Macha.
Dos años después de la muerte de Ema, la Provincia legisló y la Nación todavía no tiene una ley para las escuelas.

La Legislatura bonaerense sancionó la Ley Ema, que obliga a todas las escuelas de la Provincia, públicas y privadas, a prevenir y actuar ante la violencia digital entre estudiantes. La Cámara de Diputados le dio sanción definitiva el martes 20 de octubre, en su sexta sesión ordinaria del año, al aceptar las modificaciones que había introducido el Senado.

La ley lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que murió por suicidio el 24 de agosto de 2024, un día después de que un compañero de su escuela difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento. Su madre, Laura Sánchez, impulsó la iniciativa junto a la diputada Mayra Mendoza, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja, y a las organizaciones Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales. Pasaron dos años y dos meses hasta la sanción.

Qué crea la ley

La norma crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, llamado Programa EMA, destinado a estudiantes, docentes, personal no docente, equipos directivos y familias de escuelas públicas y privadas. También incorpora la formación en ciudadanía digital a la Ley de Educación provincial 13.688, con contenidos transversales y progresivos sobre consentimiento, privacidad, derechos digitales y uso crítico de la tecnología. El objetivo es garantizar el derecho de los estudiantes bonaerenses a una convivencia digital segura.

El texto define como violencia digital las conductas que, mediante tecnologías, puedan causar daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales a niños, niñas y adolescentes. Entre ellas incluye la obtención o difusión sin consentimiento de material íntimo, incluso el producido o editado con inteligencia artificial, el acoso, las amenazas, la extorsión, el control o espionaje de la actividad virtual, los accesos no autorizados a dispositivos o cuentas y la difusión de datos personales. También contempla los discursos de odio misóginos.

Otro eje es la capacitación del personal del sistema educativo, que será obligatoria y continua para docentes, no docentes, equipos de orientación escolar y directivos, con herramientas para detectar a tiempo situaciones de violencia digital y actuar. La ley prevé además la actualización de los protocolos de intervención y un rol específico para las familias, los centros de estudiantes y los referentes juveniles. El texto definitivo se conocerá con su promulgación y publicación en el Boletín Oficial.

Un recorrido con idas y vueltas

El proyecto de Mendoza obtuvo media sanción en Diputados a fines de agosto. El Senado bonaerense, que preside la vicegobernadora Verónica Magario, lo aprobó el 6 de octubre con modificaciones, luego de unificarlo con un proyecto de la senadora Laura Clark, también de Fuerza Patria. Del texto de Mendoza se tomó el enfoque de convivencia digital segura, la ciudadanía digital, la capacitación y los protocolos; del de Clark, la creación del Programa EMA. Esos cambios obligaron a una nueva votación en Diputados.

Cuando el proyecto obtuvo la media sanción, Mendoza apuntó contra La Libertad Avanza: denunció que sus integrantes en la Comisión de Educación votaron en contra y rechazaron el dictamen necesario para avanzar con la ley. “Es lamentable que algunos contraten granjas de trolls”, dijo la legisladora, en referencia a quienes alimentan la violencia digital. En esa sesión también citó un dato de UNICEF: el 61% de los niños, niñas y adolescentes de América Latina manifestó haber sufrido alguna violencia a partir del uso de pantallas, incluidos los grupos de WhatsApp.

Santa Fe abrió el camino y la ley nacional no avanzó

Buenos Aires llega después de Santa Fe, que el 30 de julio se convirtió en la primera provincia en sancionar una ley específica contra la violencia digital en las escuelas, a partir de un proyecto de la diputada provincial Celia Arena. Esa norma alcanza a todos los establecimientos educativos, estatales y privados, y se elaboró en consonancia con el proyecto nacional de Mónica Macha, hoy senadora bonaerense, junto a Laura Sánchez y organizaciones que publicaron la Guía Ema.

Ese proyecto nacional, que crea un programa nacional de prevención e invita a las provincias a adherir, no había obtenido dictamen en la Cámara de Diputados de la Nación a fines de julio. El marco nacional vigente es la Ley Olimpia (27.736), sancionada en 2023, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género. Según las fuentes consultadas, no existe una ley nacional específica para el ámbito escolar.

Del dolor a la política pública

Mendoza celebró la sanción en sus redes con un “¡TENEMOS LEY EMA!” y la definió como el fruto del trabajo de Laura Sánchez, “la mamá de Ema, que convirtió su dolor en lucha”. Sánchez había anticipado semanas atrás, al celebrar la unificación de los proyectos en el Senado, que “seguro a fin de año” tendrían la ley.

La Ley Ema desplaza el eje del problema: la violencia digital deja de ser un asunto que cada familia o cada equipo directivo resuelve como puede y pasa a ser una responsabilidad del sistema educativo. El desafío que queda abierto es la implementación: la ley sirve si llega a cada escuela con capacitación y recursos, algo que recién se verá en la reglamentación.

Lo que tenés que saber:

  • Diputados bonaerense sancionó la Ley Ema el martes 20 de octubre, al aceptar los cambios del Senado.
  • La ley crea el Programa EMA para escuelas públicas y privadas e incorpora la ciudadanía digital a la Ley de Educación 13.688.
  • Incluye como violencia digital la difusión sin consentimiento de material íntimo, también el creado con inteligencia artificial.
  • Establece capacitación obligatoria y continua para docentes, no docentes, equipos de orientación y directivos.
  • Santa Fe fue la primera provincia en sancionar una ley específica, el 30 de julio.

Si vos o alguien cercano atraviesa una situación de crisis, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida: la línea 135 es gratuita desde la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y el (011) 5275-1135 funciona desde todo el país.

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