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Buenos Aires

Caputo intenta boicotear el financiamiento a Kicillof, mientras Economía se prepara para emitir deuda

El ministro de Economía bloqueó la autorización para que Buenos Aires acceda a USD 3.685 millones, bajo el argumentó de incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. La maniobra llega en un nuevo intento de asfixia financiera a la provincia más poblada del país, mientras el Gobierno nacional prepara su retorno al mercado de capitales para refinanciar sus propios vencimientos.

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★ El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó que no autorizará el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires pese a que la Legislatura bonaerense aprobó ayer una Ley de Financiamiento por USD 3.685 millones. El funcionario nacional justificó la decisión alegando que el gobernador Axel Kicillof «no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal».

El argumento del Gobierno nacional

«Hay una ley de responsabilidad fiscal, de 2004, donde las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla», explicó Caputo según declaraciones reproducidas por medios nacionales.

El ministro profundizó su postura: «Técnicamente, lo que es deuda nueva, hoy no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley». Y agregó que el distrito bonaerense «está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación», un señalamiento que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, «ha venido repitiendo a las provincias», según afirmó Caputo.

Qué aprobó la Legislatura bonaerense

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley de Financiamiento tras una sesión extendida de más de 14 horas. La norma autoriza al Ejecutivo provincial a:

  • Refinanciar pasivos por USD 1.990 millones
  • Realizar operaciones en el sector público por USD 1.045 millones
  • Otorgar fondos a empresas estatales como AUBASA y Buenos Aires Energía

El financiamiento aprobado busca hacer frente a compromisos financieros en un contexto de fuerte restricción de recursos, agravado por la retención de fondos coparticipables por parte del Gobierno nacional.

La contradicción: Nación vuelve al mercado de deuda

La postura de Caputo para bloquear el financiamiento bonaerense contrasta con el anuncio oficial de que la Argentina regresará al mercado de capitales internacional para emitir nueva deuda. Según confirmó el propio ministro de Economía en declaraciones recientes, el Gobierno nacional busca colocar bonos soberanos con el objetivo de refinanciar vencimientos de deuda existente.

Esta estrategia, tomar deuda para pagar deuda, se da en un contexto donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige al país acumular reservas como condición para liberar desembolsos del programa vigente. La situación plantea una paradoja: mientras Nación justifica endeudarse para honrar compromisos externos, impide que la provincia más poblada del país acceda a herramientas similares para sostener servicios esenciales.

El contexto de asfixia financiera a Buenos Aires

La decisión de Caputo se inscribe en una estrategia más amplia de presión fiscal sobre la administración de Kicillof. Según datos oficiales y denuncias del gobierno bonaerense, la Nación mantiene una deuda de miles de millones de pesos con la provincia por fondos coparticipables no transferidos.

La coparticipación federal de impuestos es el mecanismo constitucional mediante el cual la recaudación nacional se redistribuye automáticamente entre las provincias. La retención de estos recursos representa una violación de obligaciones constitucionales que viene siendo denunciada sistemáticamente por el gobierno bonaerense ante la Corte Suprema de Justicia.

A esta deuda se suma ahora el bloqueo al financiamiento aprobado por la Legislatura provincial, lo que completa un cuadro de restricción de recursos que dificulta la gestión de salud, educación, seguridad e infraestructura en el distrito que concentra casi el 40% de la población argentina.

Antecedentes de la Ley de Responsabilidad Fiscal

La Ley de Responsabilidad Fiscal N° 25.917, sancionada en 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner, establece pautas de disciplina fiscal para las provincias que adhieran al régimen. Entre sus disposiciones, fija límites al crecimiento del gasto corriente provincial en relación a la evolución de los ingresos.

Sin embargo, especialistas en finanzas públicas señalan que la aplicación discrecional de esta norma por parte del Gobierno nacional —bloqueando endeudamiento provincial mientras la propia Nación expande su deuda— plantea cuestionamientos sobre la equidad en la aplicación de reglas fiscales.

Puntos clave

  • Caputo bloqueó el acceso de Buenos Aires a USD 3.685 millones aprobados por la Legislatura provincial
  • El ministro argumentó incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal por aumento del gasto corriente
  • La Nación prepara emisión de deuda en mercados internacionales para refinanciar vencimientos propios
  • Buenos Aires enfrenta retención de fondos coparticipables por miles de millones de pesos
  • La provincia concentra el 40% de la población argentina y requiere financiamiento para servicios esenciales

Buenos Aires

Inundaciones: Caputo declaró la emergencia agro cinco días antes de que termine

El Gobierno nacional convalidó la emergencia y el desastre agropecuario en Nueve de Julio y parte de Necochea por un período que va del 1 de mayo al 31 de octubre. La provincia la había decretado a fines de agosto.

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El Gobierno nacional reconoció la emergencia de los productores inundados de Nueve de Julio y Necochea cuando al período le quedan cinco días. La Resolución 1850/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre de 2026.

La medida alcanza a las explotaciones afectadas por inundación en el partido de Nueve de Julio y en las circunscripciones II, III, IV y XII del partido de Necochea, en la provincia de Buenos Aires. La firmó el ministro Luis Caputo el 22 de octubre.

Casi dos meses de demora

La provincia había declarado la emergencia por el Decreto 1270 del 31 de agosto, y la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios la trató recién el 8 de octubre. La resolución nacional se firmó dos semanas después y llegó al Boletín Oficial este lunes.

La norma fija el 31 de octubre como fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas.

Qué tienen que hacer los productores

Para acceder a los beneficios de la Ley 26.509, los productores deberán presentar un certificado de la autoridad provincial que acredite que sus campos están comprendidos en la emergencia. La provincia enviará el listado de afectados a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional.

Los bancos nacionales, oficiales o mixtos, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberán arbitrar los medios para que los productores accedan a los beneficios crediticios e impositivos de los artículos 22 y 23 de la ley. La resolución instruye además a la Secretaría de Agricultura a firmar convenios para ejecutar la medida.

Lo que tenés que saber:

  • La Resolución 1850/2026 declaró la emergencia agropecuaria en Nueve de Julio y parte de Necochea.
  • Rige desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre de 2026, por inundaciones.
  • La provincia la había decretado el 31 de agosto; Economía firmó el 22 de octubre.
  • Los productores necesitan un certificado provincial para acceder a los beneficios.
  • Bancos oficiales y ARCA deben aplicar los alivios previstos en la Ley 26.509.
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