Presidencia
Ajuste para todos… menos para el Gabinete: el Gobierno se sube el sueldo por decreto
Mientras los estatales son los más golpeados en las paritarias, la medida se publicará en el Boletín Oficial el 2 de enero y alcanzará desde el propio Presidente hasta los subsecretarios.
El Gobierno libertario encontró el límite a su discurso de la austeridad: el sueldo propio. Tras dos años de congelamiento, Javier Milei firmará un decreto para aumentar las remuneraciones de los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo. La decisión llega después de despedir estatales, recortar programas sociales, ajustar jubilaciones y defender que “no hay plata”.
Según fuentes oficiales, el Gobierno justifica la decisión en la fuerte pérdida del poder adquisitivo acumulada desde 2023, que estiman en torno al 60% por efecto de la inflación. El incremento previsto, aclaran, dejará los haberes “alrededor de un 30% por debajo” de ese índice.
Cuánto cobran hoy los funcionarios
Actualmente, las remuneraciones son las siguientes:
Presidente: $4.066.018
Vicepresidenta: $3.764.820
Ministros: $3.584.006
Secretarios: $3.282.709
Subsecretarios: $2.981.510
El Gobierno sostiene que la recomposición busca “alinear” los sueldos políticos con los aumentos que recibieron los estatales bajo el régimen SINEP.
Del discurso de la austeridad al aumento por decreto
El congelamiento había sido dispuesto por el propio Milei como gesto político en medio del ajuste. En marzo de 2024, un intento de recomposición impulsado por el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, fue frenado mediante el Decreto 235/2024, con el argumento de que “los políticos debían dar el ejemplo”.
Pero en los últimos meses el reclamo interno creció. Funcionarios de segunda y tercera línea advertían dificultades para retener equipos técnicos y competir con el sector privado. La decisión ya cuenta con el aval de Karina Milei, Manuel Adorni y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.
La comparación que incomoda
La suba vuelve a poner el foco en la brecha salarial dentro del Estado y en relación con la ciudadanía:
En el Senado, los sueldos brutos superan los $10 millones El salario mínimo en diciembre fue de $334.800 El salario promedio en octubre fue de $1.483.740
El mismo Gobierno que hace un año bloqueó un aumento por “dar el ejemplo”, ahora reconoce que sin recomposición es difícil “retener talento”. Lo curioso es que ese razonamiento no se extiende a docentes, investigadores, trabajadores de la salud o estatales despedidos.
La medida, que cuenta con el aval de Karina Milei, Manuel Adorni, Caputo y Sturzenegger, confirma que el ajuste nunca fue horizontal. Mientras una parte de la sociedad enfrenta tarifas dolarizadas, caída del consumo y deterioro salarial, la casta política del oficialismo se autoriza un alivio por decreto.
Islas Malvinas
Polémica por el RIGI: denuncian que una petrolera sancionada por operar en Malvinas recibió beneficios
El diputado Maximiliano Ferraro cuestionó la participación de Harbour Energy en Southern Energy, un proyecto gasífero de Río Negro aprobado por el Gobierno. La compañía británica posee el 15% de la iniciativa, según la denuncia.
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que la petrolera británica Harbour Energy participa de un proyecto que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pese a sus antecedentes vinculados con operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.
Según planteó el legislador, la empresa posee el 15% de Southern Energy, una iniciativa destinada al desarrollo de actividades vinculadas con la producción y exportación de gas desde Río Negro.
El proyecto fue aprobado por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025.
Ferraro vinculó a Harbour Energy con una empresa sancionada
Uno de los principales puntos de la denuncia apunta a la identidad societaria de Harbour Energy.
Ferraro sostuvo que la compañía es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo la denominación Premier Oil PLC, nombre que fue modificado en 2021.
Según la denuncia del diputado, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 a través de una resolución basada en la Ley 26.659, a raíz de actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.
Las operaciones cuestionadas se desarrollaban en cercanías de las Islas Malvinas.
¿Qué es el RIGI?
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es un esquema creado por el Gobierno argentino para promover inversiones de gran escala mediante un conjunto de beneficios y condiciones especiales.
En este caso, la controversia planteada por Ferraro se centra en que una empresa británica que, según su denuncia, mantiene un vínculo societario con una compañía previamente sancionada por actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la zona de Malvinas forme parte de un proyecto alcanzado por ese régimen.
El planteo apunta específicamente a la participación de Harbour Energy en Southern Energy.
La denuncia se conoció en medio de una nueva ofensiva por Malvinas
El cuestionamiento de Ferraro trascendió después de que el Gobierno anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
En ese contexto, el diputado puso bajo la lupa la situación de Harbour Energy y su participación en el proyecto gasífero de Río Negro.
La denuncia instala así un debate sobre la aplicación del régimen de inversiones y los antecedentes de empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área de las Islas Malvinas.
Qué cuestiona el diputado Ferraro
El planteo de Ferraro se concentra en la participación accionaria de Harbour Energy en Southern Energy y en el vínculo que establece entre la actual compañía y la antigua Premier Oil.
Según su denuncia, Premier Oil fue sancionada por actividades de exploración realizadas sin autorización argentina y posteriormente cambió su denominación a Harbour Energy.
El legislador cuestiona que, pese a ese antecedente, la compañía participe actualmente de una iniciativa alcanzada por los beneficios del RIGI.
La denuncia se suma a la discusión política sobre las empresas que intervienen en actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas Malvinas y sobre las condiciones bajo las cuales pueden participar de proyectos en territorio argentino.
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