Medios
ENACOM: el Gobierno designó un nuevo interventor con rango de secretario
El Decreto 1149/2026 formalizó la salida de Juan Martín Ozores y la llegada del ingeniero Andrés Michelazzo, con rango de secretario bajo la Jefatura de Gabinete. El cambio se produce a tres meses del vencimiento formal del período de intervención, que rige desde enero de 2024 y fue prorrogado hasta enero de 2027.
Un decreto publicado en el Boletín Oficial puso fin a la gestión de Juan Martín Ozores al frente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y nombró en su lugar al ingeniero Andrés Michelazzo, quien asumirá la conducción del organismo con rango y jerarquía de secretario, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. El reemplazo se formalizó mediante el Decreto 1149/2026 y se produce cuando faltan apenas tres meses para que venza el plazo formal de intervención, prorrogado hasta el 4 de enero de 2027.
La administración de Javier Milei intervino el ENACOM desde los primeros días de 2024, cuando desplazó a las autoridades del organismo regulador de las telecomunicaciones y la comunicación audiovisual que habían quedado del gobierno anterior. En este contexto, el Poder Ejecutivo había extendido ese esquema a través del Decreto 938/2025, fijando el vencimiento de la intervención para inicios de 2027. Ese plazo continuará vigente ahora bajo la conducción de Michelazzo.
Ozores se despidió con un balance en LinkedIn
Antes de que el decreto se publicara en el Boletín Oficial, el propio Ozores anunció su salida a través de su perfil personal de LinkedIn, donde realizó un balance de su paso por el organismo. En su despedida, destacó que durante su gestión se impulsó un esquema orientado a la apertura e inversiones privadas, con eje en el despliegue de infraestructura de conectividad, la banda ancha satelital y la modernización del espectro radioeléctrico. El uso de una red social para anticipar una decisión de gobierno antes de su publicación oficial volvió a mostrar el estilo de comunicación informal que caracteriza a la administración libertaria.
Un organismo estratégico con gestión discrecional
El ENACOM es la autoridad regulatoria que supervisa el funcionamiento de las telecomunicaciones, los servicios de internet, la telefonía y la comunicación audiovisual en todo el país. Su mantenimiento bajo el régimen de intervención, en lugar de reconstituir un directorio plural con representación sectorial como lo establece la ley, es una decisión que el gobierno libertario ha sostenido de manera ininterrumpida durante casi tres años. La conducción unipersonal y sin contrapesos del organismo facilita la toma de decisiones de alto impacto regulatorio sin los mecanismos de debate y transparencia que prevé la norma vigente.
La designación de Michelazzo se inscribe además en un período de fuerte presión sobre el sector: el gobierno de Milei ha avanzado en la desregulación de varios segmentos del mercado de las comunicaciones, en línea con la orientación general del decreto de desregulación económica (Decreto 70/2023) y la Ley Bases. Esas medidas beneficiaron principalmente a las grandes empresas del sector y redujeron las obligaciones de cobertura y servicio universal que los operadores debían garantizar a los sectores más vulnerables de la población.
Lo que tenés que saber:
- El Decreto 1149/2026, publicado en el Boletín Oficial, aceptó la renuncia de Juan Martín Ozores y designó a Andrés Michelazzo como nuevo responsable del ENACOM.
- Michelazzo asume con rango y jerarquía de secretario, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- El período de intervención del organismo, prorrogado mediante el Decreto 938/2025, se extiende hasta el 4 de enero de 2027 y continúa vigente.
- Ozores anticipó su renuncia en su perfil de LinkedIn antes de la publicación oficial del decreto.
- El ENACOM permanece intervenido desde los primeros días de 2024, sin reconstitución del directorio colegiado que prevé la normativa vigente.
Libertad de prensa
El Senado vota el ascenso del general que denunció periodistas y tomó Olivos
El pliego de Sebastián Ibáñez, jefe de la Casa Militar y hombre de máxima confianza de Karina Milei, figura en el temario de la sesión de hoy. Llega con una denuncia contra periodistas que la Justicia desestimó, una investigación por compras en la flota presidencial y una interna abierta con el ministro de Defensa, Carlos Presti.
El militar que firmó la denuncia penal contra dos periodistas de televisión, que dejó sin acceso a la Casa Rosada a todo el cuerpo de prensa acreditado y que se quedó con la custodia de la Quinta de Olivos está a un paso de una nueva estrella. El Senado tiene previsto tratar este jueves el pliego que lo convertiría en general de división, a un solo escalón del grado máximo del Ejército.
Se trata de Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar, el organismo que depende de la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei. El Poder Ejecutivo pidió el acuerdo de la Cámara alta mediante el Mensaje 138/26, que solicita promoverlo de general de brigada al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2025. El pliego quedó incluido en el temario que acordaron los jefes de bloque en la reunión de Labor Parlamentaria presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, para la sesión convocada desde las 11, junto con las leyes de discapacidad, propiedad privada y el Tratado sobre Patentes.
Un pliego que viajó con los jueces
El expediente no ingresó con el paquete habitual de ascensos militares, sino junto a un lote de pliegos de jueces enviados por el Ejecutivo para cubrir vacantes. En junio obtuvo dictamen en la Comisión de Acuerdos en un trámite exprés. Su presidente, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, explicó entonces que la reunión fue breve porque «ningún senador pidió la palabra, nadie se opuso».
Ibáñez llegó a la Casa Militar en marzo de 2024, elegido por Karina Milei tras la salida de Alejandro Guglielmi. Antes había comandado la V Brigada de Montaña, con asiento en Salta. Si el recinto aprueba el pliego, solo le restaría el grado de teniente general, el más alto de la fuerza. La promoción funciona, en los hechos, como el reconocimiento político a uno de los hombres más leales del círculo íntimo de la secretaria general de la Presidencia.
La denuncia contra periodistas que la Justicia desestimó
En abril, Ibáñez firmó la denuncia penal contra la conductora Luciana Geuna y el periodista acreditado Ignacio Salerno, del programa «¿Y mañana qué?», por un informe emitido el 19 de abril con imágenes de pasillos y despachos de Balcarce 50. La presentación encuadró el caso en los artículos 222 y 223 del Código Penal, que prevén penas de uno a seis años de prisión por obtención o revelación de secretos políticos o militares, y quedó en el juzgado federal de Ariel Lijo.
Al día siguiente, el Gobierno quitó las huellas dactilares a todos los periodistas acreditados y cerró la sala de prensa durante diez días, una medida que afectó a unos 60 trabajadores de prensa. El presidente Javier Milei llamó a los periodistas «basuras repugnantes» y «delincuentes» desde sus redes sociales. Cuando la sala reabrió, lo hizo bajo un nuevo protocolo diseñado por la Casa Militar, con vidrios esmerilados y prohibición de circular por áreas comunes del edificio.
Meses después, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió desestimar la denuncia. El argumento de la «seguridad de la Nación» con el que se justificó el veto más amplio a la prensa acreditada desde el regreso de la democracia no resistió el examen judicial.
Olivos, bajo control militar
En septiembre, Milei desplazó al intendente de la Quinta de Olivos, Osvaldo Sosa, y la Casa Militar asumió la seguridad y la administración integral de la residencia presidencial. El Gobierno lo justificó por razones de seguridad y por filtraciones sobre la intimidad del Presidente. En la misma reestructuración quedó afuera María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y cercana a Karina Milei, luego reubicada en el Correo Argentino.
El reordenamiento dejó 12 trabajadores despedidos, que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) logró reincorporar días después. La diputada Marcela Pagano denunció públicamente que Agudiez había ubicado a familiares en distintas áreas de la residencia con la colaboración de Ibáñez; se trata de una acusación de la legisladora, sin determinación judicial. Hoy la administración diaria de Olivos está a cargo de Fernando Tereso, pero la custodia sigue en manos del jefe de la Casa Militar.
La investigación por las compras de la flota presidencial
El ascenso llega mientras la Justicia investiga presuntas irregularidades en compras y contrataciones de la Agrupación Aérea Presidencial, que pasó a depender de la Casa Militar. Según una investigación periodística basada en testimonios, documentos y audios, bajo la lupa están Ibáñez, la exresponsable de la Dirección General de Logística Florencia Gastaldi y el expiloto presidencial Juan Pablo Pinto.
De acuerdo con esa versión, se habrían pagado sobornos de al menos el 10% en licitaciones de repuestos, mantenimiento de aviones, vehículos y alquiler de vallas para actos presidenciales. Uno de los casos señalados es la compra de un Embraer ERJ-140LR a la firma Regional One Inc. por 4.085.000 dólares, cuando una aeronave similar fue cotizada después en 2.300.000. El Senado se dispone a premiar a un funcionario cuya área está bajo sospecha judicial, sin que se haya informado ningún avance que lo despeje.
La interna con Presti
El pliego también expone una disputa dentro del área militar del Gobierno. Según trascendió, tras la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa a fines de 2025 para asumir su banca en Diputados, Ibáñez buscó quedarse con la jefatura del Ejército. El nuevo ministro, Carlos Presti, habría frenado esa jugada y puesto al frente de la fuerza al general Oscar Zarich, su compañero de promoción en el Colegio Militar.
Con el ascenso a general de división, Ibáñez quedaría mejor posicionado en esa pulseada. La carrera de un oficial que debería definirse por los mecanismos de la fuerza aparece atada, otra vez, a la lealtad personal con la hermana del Presidente.
Lo que tenés que saber:
- El Senado tiene en el temario de este jueves el pliego para ascender a Sebastián Ibáñez, jefe de la Casa Militar, de general de brigada a general de división.
- El pedido (Mensaje 138/26) ingresó junto a pliegos de jueces y obtuvo dictamen en junio sin objeciones en la Comisión de Acuerdos.
- Ibáñez firmó en abril la denuncia penal contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno, que derivó en el cierre de la sala de prensa; el fiscal Gerardo Pollicita pidió desestimarla.
- Desde septiembre, la Casa Militar controla la seguridad de la Quinta de Olivos tras el desplazamiento de su intendente.
- La Justicia investiga presuntas irregularidades en compras de la Agrupación Aérea Presidencial, que depende de la Casa Militar.
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