Legislativo
Una diputada del bloque de Lemoine propone castigar los insultos en Diputados
La diputada mendocina Mercedes Llano (LLA) presentó un proyecto para suspender por un mes la dieta de los diputados que insulten en la Cámara. La iniciativa llega después de que Milei llamara «chorros» y «golpistas» a opositores en el Congreso y de las agresiones verbales de Lilia Lemoine.
Un mes de sueldo suspendido para el diputado que insulte en el recinto y dos meses si hay reincidencia, amenazas o agresión física. Eso propone la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Mercedes Llano, en un proyecto que llega con una ironía de hierro: la fuerza política que encabeza los rankings de agresividad verbal en Argentina quiere ahora poner límites al lenguaje parlamentario.
Llano, legisladora mendocina, presidenta del Partido Demócrata e integrante del bloque de LLA, presentó la iniciativa el lunes 5 de octubre en la Cámara de Diputados de la Nación. El proyecto de resolución, que incorpora el artículo 188 bis al reglamento de la Cámara baja, apunta a suspender la dieta de los diputados que profieran «insultos o expresiones injuriosas, soeces o denigrantes» en el recinto, en las comisiones o en cualquier otro ámbito de la Cámara. En sus fundamentos, Llano establece una distinción que el propio oficialismo incumple de manera sistemática: «La crítica política es parte esencial del debate democrático. Lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal».
El mayor infractor está en la Casa Rosada
El elefante en el cuarto de cualquier debate sobre insultos en la política argentina tiene nombre y apellido. El 1° de marzo de 2026, en el discurso de apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei protagonizó lo que múltiples fuentes describieron como un show de agravios en cadena nacional. Frente a legisladores, gobernadores e invitados, el mandatario llamó a diputados y senadores opositores «chorros», «ignorantes», «delincuentes», «parásitos», «fascistas», «cavernícolas», «asesinos», «deshonestos» y «golpistas». El discurso, que llevaba el título paradójico de «La moral como política de Estado», derivó en un cruce de gritos con la bancada peronista presente en el recinto. La oposición presentó un proyecto de repudio y exigió retractación pública. El Poder Ejecutivo nunca se disculpó.
No fue un episodio aislado. Milei lleva acumulado un extenso historial de agravios que arranca mucho antes de llegar a la presidencia. En su etapa como diputado, llamó al entonces ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas «pedazo de mierda» y al gobernador Axel Kicillof «enano diabólico». Lejos de moderar su estilo al asumir, profundizó la dinámica de confrontación: su discurso inaugural de sesiones en 2025 ya había generado reacciones dentro del propio Congreso, y el de 2026 escaló hasta el punto en que varias diputadas opositoras, entre ellas Andrea Freites, describieron públicamente haber presenciado «al Presidente de la Nación perdiendo el control».
Lemoine, la otra cara de la moneda libertaria
Si Milei encabeza el ranking presidencial, Lilia Lemoine le disputa el podio dentro del bloque legislativo. La diputada nacional de LLA, figura histórica del espacio libertario, lleva meses protagonizando cruces de alta temperatura dentro y fuera del recinto. Entre sus episodios más resonantes se cuenta una campaña de ataques sostenidos contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, que incluyó la generación de imágenes mediante inteligencia artificial con contenido ofensivo y el uso de expresiones como «domadora de bombillas», en noviembre de 2024. Las agresiones contra Villarruel derivaron en una denuncia de la vicepresidenta en Comodoro Py contra la propia legisladora, en agosto de 2025. Lemoine también tuvo cruces con la diputada Marcela Pagano, acusaciones públicas contra figuras de la oposición y enfrentamientos dentro del propio bloque.
La misma Lemoine, consultada en julio de 2026 sobre los insultos que Milei le propinó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, lejos de rechazarlos, los defendió: «Es esperable que dos presidentes se insulten», sostuvo. La frase condensa la paradoja central: el espacio político que ahora propone castigar los insultos tiene entre sus figuras más visibles a quienes normalizaron el agravio como herramienta de comunicación.
Lo que dice el proyecto y lo que no dice
El proyecto de Llano traza una distinción que, sobre el papel, tiene sentido: proteger las opiniones, críticas y juicios de valor como expresiones cubiertas por la libertad parlamentaria, mientras sanciona el insulto y el agravio personal. La diferencia entre criticar una política pública y llamar «chorro» a un legislador es real y jurídicamente relevante. El problema es el contexto de enunciación.
«La sociedad está cansada de ver a dirigentes que convierten el Congreso en un escenario de agresiones y descalificaciones», afirmó Llano en los fundamentos de la iniciativa. La frase es exacta. La pregunta que el proyecto no responde es cómo se aplica hacia arriba en la jerarquía institucional: ¿un mecanismo de sanción a legisladores resuelve el problema si el principal emisor de insultos institucionales es el propio Poder Ejecutivo y no el parlamento? Milei no es diputado; el proyecto de Llano no lo alcanza.
La otra tensión que el proyecto no resuelve es interna. Llano forma parte de la alianza que sostiene a un gobierno cuya máxima figura convirtió la descalificación en estrategia deliberada de comunicación política. Presentar la iniciativa sin una posición explícita sobre los insultos presidenciales deja la propuesta a mitad de camino entre una genuina preocupación institucional y un gesto de corrección de imagen.
El doble estándar en el espejo
El proyecto de Llano tiene el mérito de plantear un debate que la Argentina política necesita. La degradación del lenguaje en los espacios institucionales no es un fenómeno exclusivo del libertarismo, pero en los últimos años encontró en LLA a sus exponentes más ruidosos y sistemáticos. Proponer reglas de convivencia parlamentaria desde un espacio que lidera el deterioro discursivo no invalida la propuesta, pero sí la carga de una contradicción difícil de sostener.
El Congreso argentino tiene mecanismos disciplinarios propios, establecidos en sus reglamentos internos, que históricamente se han aplicado con escasa contundencia. La iniciativa de Llano, si avanza, deberá superar no solo los votos sino también el escrutinio de credibilidad: resulta complejo instalar una cultura de respeto institucional cuando la conducción política del espacio propio construyó una marca electoral basada, en parte, en la ruptura de esas mismas reglas.
Lo que tenés que saber:
- La diputada mendocina de LLA Mercedes Llano presentó un proyecto para suspender por un mes la dieta de los diputados que insulten en la Cámara, con sanción de dos meses para reincidentes.
- El presidente Javier Milei utilizó la apertura de sesiones ordinarias 2026 para llamar a legisladores opositores «chorros», «parásitos», «delincuentes», «fascistas» y «golpistas», entre otros términos.
- La diputada Lilia Lemoine, figura central de LLA, protagonizó reiterados episodios de agresiones verbales desde 2024, incluidos ataques a la vicepresidenta Villarruel y a otros legisladores.
- El proyecto de Llano alcanza a los diputados pero no al Poder Ejecutivo, lo que excluye al principal emisor de insultos institucionales del esquema sancionatorio propuesto.
- En julio de 2026, la propia Lemoine defendió los insultos presidenciales a Lula da Silva con el argumento de que «es esperable que dos presidentes se insulten».
Legislativo
Discapacidad: el Senado sancionó con 71 votos la ley que reemplaza la emergencia
El Senado aprobó con 71 votos afirmativos, tras nueve horas de debate, el régimen permanente que sustituye a la Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre. La ley fija plazos para saldar deudas con prestadores, pero la discusión sobre los fondos quedó abierta.
A poco más de un mes del vencimiento de la Emergencia en Discapacidad, el Senado sancionó con 71 votos afirmativos una ley que la reemplaza por un régimen permanente, aunque la discusión sobre cómo se va a financiar quedó abierta.
La Cámara alta convirtió en ley, tras un debate de nueve horas, el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que Diputados había aprobado en octubre con más de dos tercios (237 votos afirmativos y 9 negativos). El Senado había firmado el dictamen sin cambios respecto del texto de la Cámara baja, lo que permitió la sanción definitiva.
Qué establece la nueva ley
La norma mantiene los ejes principales de la emergencia vigente, pero elimina su carácter transitorio y establece un régimen permanente. También explicita la forma de financiamiento, el motivo por el cual el oficialismo acompañó el proyecto.
Entre los puntos centrales, la ley garantiza la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la actualización de las prestaciones. Además, permite cobrar una pensión no contributiva y tener un empleo registrado, siempre que el sueldo no supere dos salarios mínimos, vitales y móviles. A los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad les reconoce el derecho a un programa médico que garantice las prestaciones básicas de la Ley 24.901.
Otro capítulo sensible es el de las deudas con los prestadores: la norma obliga a notificar un cronograma dentro de los 30 días corridos desde su entrada en vigencia y a prever el pago total dentro de los 90 días corridos para quienes completaron el trámite administrativo.
Un recorrido que empezó con un veto
La emergencia que ahora se reemplaza es la Ley 27.793, que el Congreso sancionó contra la voluntad del Gobierno. El presidente Javier Milei la vetó por completo el 4 de agosto de 2025 y el Senado rechazó el veto el 4 de septiembre de ese año, con 63 votos a favor y 7 en contra. Fue la primera vez desde 2003 que el Congreso rechazaba un veto total. Esa ley declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
El nuevo texto replica casi todo el esquema de aquella norma, pero le quita la fecha de vencimiento. El colectivo de Discapacidad recibió el proyecto con cautela, y en Diputados ocho de los nueve votos negativos fueron de Córdoba, donde organizaciones del sector reclamaron que no fueron consultadas.
La pregunta por los fondos
La senadora radical Mariana Juri advirtió que el Presupuesto 2027 debería tener previstos los fondos para la ley, aunque recordó que ese proyecto fue emitido antes de su sanción. Por eso pidió que la Cámara de Diputados incluya los recursos en el Presupuesto 2027. «No nos conformemos con sancionar esta ley», sostuvo la legisladora.
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), había anticipado que esperaban que Diputados incluyera los fondos en el presupuesto antes de enviarlo al Senado. El proyecto dispone que las partidas del Ministerio de Salud destinadas al sistema no podrán caer en términos reales respecto del ejercicio anterior. Sin esos recursos asegurados en el Presupuesto, la letra de la ley corre el riesgo de quedar en una promesa.
Lo que tenés que saber
- El Senado sancionó con 71 votos afirmativos, tras nueve horas de debate, la ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.
- La norma reemplaza a la Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre, y establece un régimen permanente.
- Garantiza la continuidad del CUD y la actualización de las prestaciones, y permite combinar una pensión no contributiva con un empleo registrado hasta dos salarios mínimos.
- Fija 30 días corridos para notificar un cronograma de pagos a los prestadores y 90 días corridos para el pago total a quienes completaron el trámite.
- La senadora Mariana Juri pidió que Diputados incluya los fondos en el Presupuesto 2027.
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