Política 📢
El clan Clarín en el Ministerio de Justicia: Milei nombró a un imputado por el escándalo de Lago Escondido
El Gobierno libertario designó a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro, un fiscal implicado en el escándalo de Lago Escondido y con vínculos documentados con el Grupo Clarín. Su padre, el juez Carlos «Coco» Mahiques, integra la Cámara de Casación Penal.
★ El presidente Javier Milei anunció este miércoles 4 de marzo a través de su cuenta de X el nombramiento de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Lo que el comunicado oficial omitió mencionar es que el flamante funcionario lleva años en el centro de polémicas que combinan vínculos con el Grupo Clarín, un viaje financiado por ese conglomerado mediático a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido y una imputación formal de la Fiscalía de Bariloche por presunta admisión de dádivas.
El hombre de la «familia judicial»
Desde finales de 2019, Mahiques ocupa la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, la jefatura de los fiscales porteños. Es además presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) desde 2022 y fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.
Su padre es Carlos «Coco» Mahiques, responsable de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los tribunales más sensibles del sistema judicial argentino. Esa combinación, padre en Casación e hijo al frente de las fiscalías porteñas, es lo que varios sectores de la política y el derecho denominan como «familia judicial», un fenómeno de concentración de poder en redes de parentesco dentro del Poder Judicial.
Mahiques fue número dos del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri y ascendió en la política de la mano de Daniel Angelici.
El vuelo a Lago Escondido y el escándalo con Clarín
El capítulo más oscuro del currículum del ahora ministro de Justicia comenzó a conocerse en octubre de 2022. Carlos «Coco» Mahiques y su hijo Juan Bautista viajaron a Bariloche junto a jueces, un exespía, fiscales, funcionarios del Gobierno de la Ciudad y directivos del Grupo Clarín.
La revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia coordinaron a través de la aplicación Telegram una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche, más una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis, abrió un escándalo sobre la presunta recepción de dádivas por parte de magistrados y funcionarios.
Según la investigación de la Fiscalía de Bariloche, confirmada por la entonces fiscal subrogante María Cándida Etchepare, el día 13 de octubre de 2022 se trasladaron desde Buenos Aires en un avión privado los pasajeros Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alessandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials.
Los anfitriones del viaje no viajaron en ese vuelo porque ya estaban esperando en Bariloche: se trató de Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, y el CEO del grupo Jorge Rendo.
Los chats y el intento de encubrimiento
Lo que transformó el episodio en un escándalo mayúsculo fue la filtración de conversaciones en grupos de Telegram donde los involucrados coordinaron una estrategia para ocultar el viaje. En uno de esos audios, Juan Bautista Mahiques señaló a sus interlocutores que ya habló con la fiscal de Bariloche y que esta «ofreció mandar la causa a Py», en alusión a una buena predisposición para no comprometer a los investigados, para cerrar el expediente enviándolo a Comodoro Py.
En los grupos de chat, los involucrados propusieron y descartaron coartadas; entre ellas, argumentar que habían viajado a hacer pesca con mosca, aunque no era temporada. También acordaron adulterar pruebas y proponer comprar recibos o facturas antedatados para sostener que los pasajes y la estadía no eran un regalo.
La fiscal Etchepare confirmó además que las facturas de la estadía en Lago Escondido tenían fecha 28 de octubre cuando la estadía fue del 13 al 15 de ese mes, y que en todos los casos los pagos figuraron como efectuados en la modalidad «contado» y el mismo día del vuelo, lo que llamó la atención del dictamen.
El convenio con Clarín, un mes antes del viaje
Lo que agrava el cuadro es la secuencia temporal entre los vínculos institucionales y el viaje recreativo. El acuerdo fue suscripto por Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, y Pablo Casey, Director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom Argentina, el 13 de septiembre de 2022, exactamente un mes antes del viaje a Lago Escondido. Se trató de un convenio rubricado entre la Fiscalía General de la Ciudad y Telecom, es decir, el Grupo Clarín, «para agilizar la información en las investigaciones penales».
Dicho de otro modo: el fiscal firmó un convenio institucional con el abogado del Grupo Clarín y, treinta días después, ambos compartieron un vuelo privado y una estadía de lujo en la Patagonia que los anfitriones del holding habrían solventado.
Las disputas internas del oficialismo y las claves del nombramiento
La danza de nombres llegó a 14 candidatos en medio de los vetos cruzados del ala karinista y caputista. Karina Milei y Santiago Caputo se disputaron el control del área. El asesor presidencial tenía preeminencia sobre Justicia a través del viceministro Sebastián Amerio, un amigo de Caputo que llevaba gran parte de las relaciones con magistrados y fiscales.
Mahiques es visto como un hombre de Karina Milei, pero en rigor es parte del mismo esquema de poder judicial de raíz radical que tributa a Angelici.
El futuro titular de Justicia tendrá un rol clave en la definición de ternas para cubrir más de 300 vacantes en la justicia federal, un proceso demorado, y en la eventual designación de dos nuevos jueces de la Corte Suprema y del Procurador General. Ese poder de fuego sobre la arquitectura judicial del país es lo que estaba en disputa entre las distintas facciones del gobierno libertario.
La imputación formal que nadie mencionó en el anuncio
Milei presentó a Mahiques como garante de la independencia judicial y del Estado de Derecho. Lo que el comunicado presidencial no incluyó es que la fiscal subrogante de Bariloche María Cándida Etchepare imputó a Juan Bautista Mahiques, junto a los jueces Ercolini, Yadarola, Carlos Mahiques, Cayssials, al ministro D’Alessandro, al empresario Reinke y al exfuncionario de la SIDE Bergroth, y le pidió a la jueza federal Silvina Domínguez que activara medidas de prueba para investigar las circunstancias del viaje.
Para la fiscal, entre los cargos posibles figuraba la presunta admisión de dádivas, prevista en el artículo 259 del Código Penal, que castiga a quienes reciben obsequios «en consideración de su oficio» durante el ejercicio de un cargo público.
Puntos clave
- Juan Bautista Mahiques fue imputado formalmente en 2022 por la fiscal de Bariloche por el escándalo de Lago Escondido.
- Viajó en vuelo privado junto a su padre, el juez «Coco» Mahiques, jueces federales, el entonces ministro porteño D’Alessandro y directivos del Grupo Clarín.
- Un mes antes del viaje firmó un convenio institucional con Pablo Casey, el mismo directivo de Clarín que fue anfitrión del viaje.
- En los chats filtrados, Mahiques coordinó con la fiscal de Bariloche para derivar la causa a Comodoro Py.
- Milei lo designó el 4 de marzo de 2026 para cubrir más de 300 vacantes judiciales federales y designar dos jueces de la Corte Suprema. ★
CABA
Menos psicopedagogos, más policías: la escuela porteña deja de ser un lugar de cuidado
El protocolo porteño habilita el ingreso de la Policía de la Ciudad a las escuelas a pedido de los directivos, por orden judicial o por fuerza mayor. Ninguna ley lo impedía, pero la comunidad educativa lo defendió como una conquista democrática.
La Policía de la Ciudad tiene, desde este lunes, una puerta formal para entrar a las escuelas porteñas. El nuevo protocolo del gobierno de Jorge Macri convierte en norma escrita lo que durante décadas la comunidad educativa resistió: la presencia de uniformados dentro de las aulas como respuesta a los conflictos escolares. La intervención policial podrá darse a pedido del propio colegio a través del 911, por orden judicial o por razones de fuerza mayor ante un riesgo inminente.
La habilitación forma parte de la Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26, publicada en el Boletín Oficial porteño con la firma de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad de la Ciudad y del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma adapta las escuelas al nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), vigente desde el 5 de septiembre, e impone a los directivos el deber de denunciar ante la Justicia a estudiantes desde los 14 años por hechos que pudieran constituir delitos, incluso fuera del establecimiento. El documento trascendió el fin de semana, cuando Federico Puy, secretario general adjunto de Ademys, lo difundió en su cuenta de X.
Un límite sin ley, pero con memoria
La frontera entre la escuela y la policía nunca estuvo escrita en una ley para los niveles obligatorios. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo explicó en sus recomendaciones sobre policías en las escuelas: a diferencia de lo que ocurre con las universidades públicas, no existen normas en la Ciudad ni en la provincia de Buenos Aires que impidan a la policía ingresar a un establecimiento escolar, aunque sí hubo proyectos de ley que nunca fueron tratados. La única prohibición expresa es el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, que veda el ingreso de la fuerza pública a las universidades nacionales sin orden judicial o pedido de sus autoridades.
Lo que sostuvo ese límite fue otra cosa: la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 de Protección Integral y un consenso político y pedagógico construido desde 1983. La escuela democrática se pensó como un espacio de cuidado, justamente porque la dictadura la había convertido en territorio de vigilancia. El régimen militar difundió en 1977 el folleto “Subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo)”, que ordenaba a docentes y directivos detectar al “enemigo” entre sus alumnos; y en septiembre de 1976, en La Plata, un grupo de estudiantes secundarios que habían reclamado por el boleto estudiantil fue secuestrado en lo que se conoce como la Noche de los Lápices.
La escalada porteña
El protocolo actual no nació de la nada. El 28 de marzo de 2018, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, el Ministerio de Seguridad porteño aprobó mediante la Resolución 86/2018 un “Protocolo de Ingreso a los Establecimientos Educativos de la Ciudad de Buenos Aires”, que nunca se publicó en el Boletín Oficial.
Según el texto filtrado por UTE, su primer artículo establecía que “el personal policial podrá ingresar a los edificios o inmuebles escolares cuando sea requerida su presencia por alguno de los miembros del equipo de conducción del establecimiento”.
Llegó apenas 40 días después del protocolo antitomas impulsado por la entonces ministra de Educación, Soledad Acuña, y el entonces secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, se negó a hacer público su anexo con el argumento de que solo servía a los efectos “de la comunicación interna” de la fuerza.
Ese mismo año, Ademys denunció que, el día previo al tratamiento del aborto legal en Diputados, la policía entró a una escuela secundaria tomada para desalojar a los estudiantes. En 2022, frente a nuevas intervenciones, el secretario adjunto de UTE, Eduardo López, lo resumió en una frase: “La escuela no es un lugar para la Policía”.
El paso siguiente llegó en abril de este año. Tras la ola de amenazas de tiroteos que se multiplicó en todo el país después del ataque en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, el 30 de marzo, el gobierno porteño activó un protocolo que dispuso que, ante una denuncia realizada por la escuela o por un tercero, el equipo directivo deberá permitir el ingreso de la Policía al establecimiento. La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, lo justificó así: “La respuesta tiene que ser, al mismo tiempo, seguridad y formación. Protocolo y acompañamiento. Consecuencia y reparación”. Estudiantes, familias y docentes respondieron entonces con una consigna que hoy vuelve a circular: “No a la policía en las escuelas”.
Qué cambia ahora
La diferencia con los antecedentes es de escala y de lógica. El ingreso policial ya no aparece como una excepción ante un arma o una amenaza puntual, sino como una pieza dentro de un circuito que empieza con la obligación de denunciar a adolescentes de 14 años.
El nuevo texto exige que los efectivos se identifiquen, actúen “respetando los derechos” de niñas, niños y adolescentes y procuren “cesar el riesgo”; también prohíbe a las escuelas interrogar a los alumnos.
Las salvaguardas contrastan con los estándares que organismos de derechos humanos promovieron durante años. El CELS recomendó atender a la policía en la puerta mientras se evalúa la situación, sobre todo si los efectivos están armados y hay chicos en el edificio.
Y recordó una pauta de la guía elaborada por la provincia de Buenos Aires junto a UNICEF: no deben brindarse nombres de estudiantes a ninguna autoridad policial sin un oficio judicial, y la policía no puede tomar contacto con ningún menor de edad, aun cuando se presuma que tiene un arma, hasta que llegue un familiar o adulto responsable.
“Una antesala de las cárceles”
Puy advirtió que el protocolo “obliga a las directoras a denunciar a estudiantes que ‘podrían estar cometiendo un delito’”, sostuvo que “constituye una clara persecución a los jóvenes” y alertó que busca convertir a las escuelas en una “antesala de las cárceles”. UTE, por su parte, rechazó “que las escuelas se conviertan en puertas de entrada al sistema penal” y advirtió “sobre el riesgo de estigmatización y criminalización de niñas, niños y adolescentes”; el gremio reclamó equipos especializados, formación y recursos para abordar los conflictos sin judicializarlos.
Ninguna ley impedía que un patrullero estacionara frente a una escuela y sus agentes cruzaran el portón; lo impedía una idea de la democracia sobre qué lugar ocupan los chicos en la sociedad. Con este protocolo, el gobierno porteño elige reemplazar gabinetes, psicopedagogos y equipos de orientación por el 911, y deja la resolución de los conflictos adolescentes en manos de quienes están entrenados para otra cosa.
Lo que tenés que saber del Protocolo
- La Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26 habilita el ingreso policial a las escuelas porteñas a pedido del colegio, por orden judicial o por fuerza mayor.
- No existe una ley que prohíba el ingreso policial a escuelas; la única prohibición expresa rige para las universidades nacionales, por el artículo 31 de la Ley de Educación Superior.
- En 2018, la Resolución 86/2018 del Ministerio de Seguridad porteño aprobó un protocolo de ingreso a escuelas que nunca se publicó en el Boletín Oficial.
- En abril de 2026, tras las amenazas de tiroteos, la Ciudad ya había dispuesto que los directivos permitieran el ingreso policial ante una denuncia.
- Ademys y UTE rechazaron el nuevo protocolo por criminalizar a las adolescencias.
Menos psicopedagogos, más policías: la escuela porteña deja de ser un lugar de cuidado
Di Liscia, en terapia intensiva: otro golpe para una Discapacidad en crisis
Milei lleva a la Corte su venganza contra Barrionuevo por el control de UTHGRA
Juicio por Maradona: los acusados se culpan entre sí y nadie se hace cargo
Osprera: la plata de los peones terminó en la firma del ex socio de Menem
Democracia ¿en riesgo?: Corte de EEUU le dio luz verde a Trump para revisar la ciudadanía de los votantes
Le dijeron no al GCBA: la Justicia frenó el cobro de Ingresos Brutos a una empresa porteña
Cortes en el tren este fin de semana: qué ramales de Mitre y Sarmiento no van a circular
“Volví por estas alegrías”: la emoción de Di María tras consagrarse campeón con Rosario Central
Récord de suicidios: estudiantes secundarios escriben la ley que el Estado no da
VIDEO: así emboscaron a balazos al custodio de Monteoliva en la puerta de su casa
Un colectivo de la línea 29 atropelló a cuatro personas en Palermo
El Senado sesiona este jueves por la reforma del Banco Central: claves del acuerdo
Un paciente cayó de la camilla al medio de la calle mientras era trasladado en Mar de Ajó
Agenda oficial: día a día, todo lo que hará el Papa León XIV durante su visita a la Argentina
-
DDHH1 díaDemocracia ¿en riesgo?: Corte de EEUU le dio luz verde a Trump para revisar la ciudadanía de los votantes
-
CABA3 díasLe dijeron no al GCBA: la Justicia frenó el cobro de Ingresos Brutos a una empresa porteña
-
Transporte5 díasCortes en el tren este fin de semana: qué ramales de Mitre y Sarmiento no van a circular
-
Fútbol & Goles!3 días“Volví por estas alegrías”: la emoción de Di María tras consagrarse campeón con Rosario Central
-
CABA4 díasRécord de suicidios: estudiantes secundarios escriben la ley que el Estado no da
-
Geopolítica 🌎6 díasEn su viaje a Nueva York, Kicillof le dijo al mundo que el milagro de Milei no existe: “Es una catástrofe”
-
Espectáculos 🎭3 díasEster Expósito habló sobre los rumores de crisis con Kylian Mbappé: “No puedo pasarme la vida desmintiendo todo”
-
CABA7 díasMacri le baja las patentes a la clase media porteña: quién paga menos y quién queda exento
Pingback: Un ministro Clarín, Debate Mendoza