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El clan Clarín en el Ministerio de Justicia: Milei nombró a un imputado por el escándalo de Lago Escondido

El Gobierno libertario designó a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro, un fiscal implicado en el escándalo de Lago Escondido y con vínculos documentados con el Grupo Clarín. Su padre, el juez Carlos «Coco» Mahiques, integra la Cámara de Casación Penal.

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El Argentino Diario-Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia

★ El presidente Javier Milei anunció este miércoles 4 de marzo a través de su cuenta de X el nombramiento de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Lo que el comunicado oficial omitió mencionar es que el flamante funcionario lleva años en el centro de polémicas que combinan vínculos con el Grupo Clarín, un viaje financiado por ese conglomerado mediático a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido y una imputación formal de la Fiscalía de Bariloche por presunta admisión de dádivas.

El hombre de la «familia judicial»

Desde finales de 2019, Mahiques ocupa la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, la jefatura de los fiscales porteños. Es además presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) desde 2022 y fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

Su padre es Carlos «Coco» Mahiques, responsable de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los tribunales más sensibles del sistema judicial argentino. Esa combinación, padre en Casación e hijo al frente de las fiscalías porteñas, es lo que varios sectores de la política y el derecho denominan como «familia judicial», un fenómeno de concentración de poder en redes de parentesco dentro del Poder Judicial.

Mahiques fue número dos del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri y ascendió en la política de la mano de Daniel Angelici.

El vuelo a Lago Escondido y el escándalo con Clarín

El capítulo más oscuro del currículum del ahora ministro de Justicia comenzó a conocerse en octubre de 2022. Carlos «Coco» Mahiques y su hijo Juan Bautista viajaron a Bariloche junto a jueces, un exespía, fiscales, funcionarios del Gobierno de la Ciudad y directivos del Grupo Clarín.

La revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia coordinaron a través de la aplicación Telegram una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche, más una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis, abrió un escándalo sobre la presunta recepción de dádivas por parte de magistrados y funcionarios.

Según la investigación de la Fiscalía de Bariloche, confirmada por la entonces fiscal subrogante María Cándida Etchepare, el día 13 de octubre de 2022 se trasladaron desde Buenos Aires en un avión privado los pasajeros Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alessandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials.

Los anfitriones del viaje no viajaron en ese vuelo porque ya estaban esperando en Bariloche: se trató de Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, y el CEO del grupo Jorge Rendo.

Los chats y el intento de encubrimiento

Lo que transformó el episodio en un escándalo mayúsculo fue la filtración de conversaciones en grupos de Telegram donde los involucrados coordinaron una estrategia para ocultar el viaje. En uno de esos audios, Juan Bautista Mahiques señaló a sus interlocutores que ya habló con la fiscal de Bariloche y que esta «ofreció mandar la causa a Py», en alusión a una buena predisposición para no comprometer a los investigados, para cerrar el expediente enviándolo a Comodoro Py.

En los grupos de chat, los involucrados propusieron y descartaron coartadas; entre ellas, argumentar que habían viajado a hacer pesca con mosca, aunque no era temporada. También acordaron adulterar pruebas y proponer comprar recibos o facturas antedatados para sostener que los pasajes y la estadía no eran un regalo.

La fiscal Etchepare confirmó además que las facturas de la estadía en Lago Escondido tenían fecha 28 de octubre cuando la estadía fue del 13 al 15 de ese mes, y que en todos los casos los pagos figuraron como efectuados en la modalidad «contado» y el mismo día del vuelo, lo que llamó la atención del dictamen.

El convenio con Clarín, un mes antes del viaje

Lo que agrava el cuadro es la secuencia temporal entre los vínculos institucionales y el viaje recreativo. El acuerdo fue suscripto por Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, y Pablo Casey, Director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom Argentina, el 13 de septiembre de 2022, exactamente un mes antes del viaje a Lago Escondido. Se trató de un convenio rubricado entre la Fiscalía General de la Ciudad y Telecom, es decir, el Grupo Clarín, «para agilizar la información en las investigaciones penales».

Dicho de otro modo: el fiscal firmó un convenio institucional con el abogado del Grupo Clarín y, treinta días después, ambos compartieron un vuelo privado y una estadía de lujo en la Patagonia que los anfitriones del holding habrían solventado.

Las disputas internas del oficialismo y las claves del nombramiento

La danza de nombres llegó a 14 candidatos en medio de los vetos cruzados del ala karinista y caputista. Karina Milei y Santiago Caputo se disputaron el control del área. El asesor presidencial tenía preeminencia sobre Justicia a través del viceministro Sebastián Amerio, un amigo de Caputo que llevaba gran parte de las relaciones con magistrados y fiscales.

Mahiques es visto como un hombre de Karina Milei, pero en rigor es parte del mismo esquema de poder judicial de raíz radical que tributa a Angelici.

El futuro titular de Justicia tendrá un rol clave en la definición de ternas para cubrir más de 300 vacantes en la justicia federal, un proceso demorado, y en la eventual designación de dos nuevos jueces de la Corte Suprema y del Procurador General. Ese poder de fuego sobre la arquitectura judicial del país es lo que estaba en disputa entre las distintas facciones del gobierno libertario.

La imputación formal que nadie mencionó en el anuncio

Milei presentó a Mahiques como garante de la independencia judicial y del Estado de Derecho. Lo que el comunicado presidencial no incluyó es que la fiscal subrogante de Bariloche María Cándida Etchepare imputó a Juan Bautista Mahiques, junto a los jueces Ercolini, Yadarola, Carlos Mahiques, Cayssials, al ministro D’Alessandro, al empresario Reinke y al exfuncionario de la SIDE Bergroth, y le pidió a la jueza federal Silvina Domínguez que activara medidas de prueba para investigar las circunstancias del viaje.

Para la fiscal, entre los cargos posibles figuraba la presunta admisión de dádivas, prevista en el artículo 259 del Código Penal, que castiga a quienes reciben obsequios «en consideración de su oficio» durante el ejercicio de un cargo público.

Puntos clave

  • Juan Bautista Mahiques fue imputado formalmente en 2022 por la fiscal de Bariloche por el escándalo de Lago Escondido.
  • Viajó en vuelo privado junto a su padre, el juez «Coco» Mahiques, jueces federales, el entonces ministro porteño D’Alessandro y directivos del Grupo Clarín.
  • Un mes antes del viaje firmó un convenio institucional con Pablo Casey, el mismo directivo de Clarín que fue anfitrión del viaje.
  • En los chats filtrados, Mahiques coordinó con la fiscal de Bariloche para derivar la causa a Comodoro Py.
  • Milei lo designó el 4 de marzo de 2026 para cubrir más de 300 vacantes judiciales federales y designar dos jueces de la Corte Suprema. ★

Legislativo

“Para vender el país”: el mensaje de Villarruel a Bullrich que sacudió al oficialismo la noche del pase a la final

La vicepresidenta se opone a sesionar este jueves y protagonizó un fuerte intercambio con la jefa del bloque de LLA en el Senado. Radicales, Provincias Unidas y bloques de Santa Cruz también amenazan con no dar quórum. En la agenda: el proyecto que habilita la venta de tierras a extranjeros y más de treinta pliegos judiciales.

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La soberanía como grieta interna: el chat entre Villarruel y Bullrich desnuda las contradicciones del oficialismo en el Senado.

La Argentina derrotó a Inglaterra en Atlanta y se clasificó a la final del Mundial 2026. Pocas horas después, mientras el país festejaba, se desató en el Senado un conflicto político de consecuencias impredecibles. La vicepresidenta Victoria Villarruel, eufórica por el triunfo de la Selección, intentó suspender la sesión convocada por La Libertad Avanza para este jueves con el objetivo de debatir el proyecto de Propiedad Privada y más de treinta pliegos judiciales. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, se negó y el resultado fue un intercambio vía WhatsApp que, según trascendió, escaló hasta el insulto y la ruptura.

El chat que lo dijo todo

El cruce comenzó con una queja de Villarruel que tenía doble sentido: «¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?». Bullrich respondió sin dudar: «Para festejarlo». Pero lo que siguió mostró que el trasfondo era político, no futbolístico.

Villarruel redobló la apuesta: «Para vender el país». Y agregó que nadie quería festejar en el Senado, que cada legislador debía celebrar en su provincia, y no «votando una ley que es indignante», en referencia directa al proyecto que elimina restricciones para la compra de tierras por extranjeros. Bullrich no cedió: «Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío».

La vicepresidenta fue al hueso: «Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada». Y remató: «Ustedes nos quieren rifar, no sean hipócritas. Igual, no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina».

Bullrich escaló: «Si no te gusta, renunciá. Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís». Villarruel respondió: «A mí también me votaron y no te votaron a vos, así que agua y ajo». La senadora intentó responder con una chicana electoral, recordando que obtuvo 6.600.000 votos y después el 51% de la Ciudad. La réplica final de la vicepresidenta fue la más cruda del intercambio: «Andá a chuparle las medias a Karina».

El episodio no es un exabrupto aislado. Expone en tiempo real, con una crudeza inusual incluso para los estándares de la política argentina, la profundidad de las fracturas internas del espacio gobernante. La vicepresidenta acusa al ala dura del oficialismo de actuar en nombre de Karina Milei y de priorizar la agenda económica por encima de la soberanía territorial. Bullrich le responde que no está a la altura del proyecto político que integra.

La arquitectura del quórum incierto

Más allá del escándalo político, el problema aritmético es concreto. Al menos tres senadores radicales confirmaron que no asistirán este jueves a la Cámara alta. A eso se suma la ausencia anunciada de un legislador de Provincias Unidas y de los dos senadores de Santa Cruz, que rechazan aspectos centrales del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Para sesionar, el oficialismo necesita reunir 37 presentes sobre los 72 miembros totales del cuerpo. Cada ausencia cuenta y el margen se estrecha.

El proyecto ya tiene una historia larga en el Senado. Impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, obtuvo dictamen de comisión en mayo de 2026 con el respaldo de LLA, sectores de la UCR, el PRO y aliados provinciales. Desde entonces, el oficialismo intentó sesionar en más de una oportunidad sin conseguir el quórum necesario ni los votos para garantizar la aprobación sin sobresaltos.

Qué dispone el proyecto sobre tierras y extranjeros

El eje del proyecto es la eliminación de los límites establecidos por la Ley 26.737 de 2011, que restringió la venta de tierras rurales a extranjeros al 15% del total del territorio nacional. El texto en debate no prohíbe la venta a privados extranjeros; solo exige autorización provincial para las operaciones. Quedan expresamente prohibidas las adquisiciones por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal foránea, salvo que el gobierno nacional y la provincia donde esté ubicado el inmueble autoricen la operación.

En las zonas de frontera, las ventas requerirán el aval conjunto de los gobiernos nacional y provincial, y también del Congreso. Un punto que generó controversia es la figura del silencio administrativo: si transcurren 180 días sin que el Estado nacional o provincial se expidan sobre la operación, el comprador extranjero quedará reconocido como propietario de pleno derecho.

Estudios del CONICET y la UBA publicados a comienzos de 2026 revelaron que ya hay 13 millones de hectáreas en manos de propietarios extranjeros en la Argentina, con 36 departamentos del país que superan el tope legal actualmente vigente. La eventual sanción del proyecto convertiría en legal esa concentración territorial y abriría la puerta a nuevas adquisiciones sin límite cuantitativo.

Desalojos exprés: el otro frente de conflicto

La segunda pata del proyecto introduce un mecanismo de desalojo acelerado para inmuebles usurpados o en situación de tenencia precaria. El juez podrá intimar la devolución del inmueble en un plazo de 72 horas desde la presentación del propietario con prueba documental. Para inquilinos con deudas, el procedimiento contempla una notificación previa por carta documento o correo electrónico con un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación; vencido ese plazo sin respuesta, el propietario podrá iniciar la acción de desalojo, que tramitará en 10 días hábiles.

En los casos donde haya menores de edad o adultos en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, con un plazo que no podrá exceder los 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria.

Los pliegos: Pesino, el amparo preventivo y el exsecretario de Lijo

La sesión también tiene en agenda la aprobación de más de treinta pliegos judiciales. El más urgente es el del camarista Víctor Pesino, cuyo mandato vence el 27 de julio cuando cumple 75 años, la edad de retiro obligatorio para los magistrados. Ante la posibilidad de que el Senado postergue nuevamente el debate, Pesino presentó un recurso de amparo para continuar en funciones más allá de esa fecha.

En la lista también figura Juan Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo, propuesto para el juzgado de Lomas de Zamora. Su eventual designación es políticamente sensible: ese juzgado tendrá competencia sobre la causa del exintendente Martín Insaurralde y la modelo Jésica Cirio. De aprobarse la tanda completa, el oficialismo habrá cubierto 110 cargos de los 300 que permanecen vacantes en el Poder Judicial.

Una grieta interna que el Mundial tampoco cierra

El trasfondo del episodio excede la lógica parlamentaria. La Argentina llegó a la final del Mundial en el momento de máxima euforia colectiva, y el oficialismo eligió exactamente esa noche para que sus propias figuras airearan en público sus contradicciones más profundas. Villarruel puso en palabras lo que sectores amplios de la sociedad piensan sobre el proyecto: que habilitar la venta de tierras a extranjeros sin tope es rifar soberanía, no modernizarla.

La Libertad Avanza no controla el Senado, no tiene garantizada su propia vicepresidenta y tampoco puede contar con sus aliados cuando la agenda legislativa choca con intereses provinciales, disputas internas o simplemente con la presión de la calle. Este jueves pondrá a prueba, una vez más, si tiene los números para avanzar.

Puntos clave

  • Victoria Villarruel intentó suspender la sesión del Senado y protagonizó un encendido cruce de WhatsApp con Patricia Bullrich, en el que acusó al oficialismo de «vender el país» y de no valorar la integridad territorial.
  • Al menos tres radicales, un legislador de Provincias Unidas y los dos senadores de Santa Cruz anticiparon su ausencia, poniendo en riesgo el quórum de 37 miembros necesario para sesionar.
  • El proyecto de Propiedad Privada elimina el límite del 15% a la compra de tierras rurales por extranjeros establecido por la Ley 26.737 de 2011, delegando la autorización en las provincias.
  • El camarista Víctor Pesino presentó un amparo preventivo para continuar en funciones si el Senado no trata su pliego antes del 27 de julio, cuando cumple 75 años.
  • De aprobarse los pliegos pendientes, el oficialismo habrá cubierto 110 cargos judiciales de los 300 vacantes en el Poder Judicial.
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