Legislativo
“Para vender el país”: el mensaje de Villarruel a Bullrich que sacudió al oficialismo la noche del pase a la final
La vicepresidenta se opone a sesionar este jueves y protagonizó un fuerte intercambio con la jefa del bloque de LLA en el Senado. Radicales, Provincias Unidas y bloques de Santa Cruz también amenazan con no dar quórum. En la agenda: el proyecto que habilita la venta de tierras a extranjeros y más de treinta pliegos judiciales.
La Argentina derrotó a Inglaterra en Atlanta y se clasificó a la final del Mundial 2026. Pocas horas después, mientras el país festejaba, se desató en el Senado un conflicto político de consecuencias impredecibles. La vicepresidenta Victoria Villarruel, eufórica por el triunfo de la Selección, intentó suspender la sesión convocada por La Libertad Avanza para este jueves con el objetivo de debatir el proyecto de Propiedad Privada y más de treinta pliegos judiciales. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, se negó y el resultado fue un intercambio vía WhatsApp que, según trascendió, escaló hasta el insulto y la ruptura.
El chat que lo dijo todo
El cruce comenzó con una queja de Villarruel que tenía doble sentido: «¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?». Bullrich respondió sin dudar: «Para festejarlo». Pero lo que siguió mostró que el trasfondo era político, no futbolístico.
Villarruel redobló la apuesta: «Para vender el país». Y agregó que nadie quería festejar en el Senado, que cada legislador debía celebrar en su provincia, y no «votando una ley que es indignante», en referencia directa al proyecto que elimina restricciones para la compra de tierras por extranjeros. Bullrich no cedió: «Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío».
La vicepresidenta fue al hueso: «Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada». Y remató: «Ustedes nos quieren rifar, no sean hipócritas. Igual, no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina».
Bullrich escaló: «Si no te gusta, renunciá. Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís». Villarruel respondió: «A mí también me votaron y no te votaron a vos, así que agua y ajo». La senadora intentó responder con una chicana electoral, recordando que obtuvo 6.600.000 votos y después el 51% de la Ciudad. La réplica final de la vicepresidenta fue la más cruda del intercambio: «Andá a chuparle las medias a Karina».
El episodio no es un exabrupto aislado. Expone en tiempo real, con una crudeza inusual incluso para los estándares de la política argentina, la profundidad de las fracturas internas del espacio gobernante. La vicepresidenta acusa al ala dura del oficialismo de actuar en nombre de Karina Milei y de priorizar la agenda económica por encima de la soberanía territorial. Bullrich le responde que no está a la altura del proyecto político que integra.
La arquitectura del quórum incierto
Más allá del escándalo político, el problema aritmético es concreto. Al menos tres senadores radicales confirmaron que no asistirán este jueves a la Cámara alta. A eso se suma la ausencia anunciada de un legislador de Provincias Unidas y de los dos senadores de Santa Cruz, que rechazan aspectos centrales del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Para sesionar, el oficialismo necesita reunir 37 presentes sobre los 72 miembros totales del cuerpo. Cada ausencia cuenta y el margen se estrecha.
El proyecto ya tiene una historia larga en el Senado. Impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, obtuvo dictamen de comisión en mayo de 2026 con el respaldo de LLA, sectores de la UCR, el PRO y aliados provinciales. Desde entonces, el oficialismo intentó sesionar en más de una oportunidad sin conseguir el quórum necesario ni los votos para garantizar la aprobación sin sobresaltos.
Qué dispone el proyecto sobre tierras y extranjeros
El eje del proyecto es la eliminación de los límites establecidos por la Ley 26.737 de 2011, que restringió la venta de tierras rurales a extranjeros al 15% del total del territorio nacional. El texto en debate no prohíbe la venta a privados extranjeros; solo exige autorización provincial para las operaciones. Quedan expresamente prohibidas las adquisiciones por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal foránea, salvo que el gobierno nacional y la provincia donde esté ubicado el inmueble autoricen la operación.
En las zonas de frontera, las ventas requerirán el aval conjunto de los gobiernos nacional y provincial, y también del Congreso. Un punto que generó controversia es la figura del silencio administrativo: si transcurren 180 días sin que el Estado nacional o provincial se expidan sobre la operación, el comprador extranjero quedará reconocido como propietario de pleno derecho.
Estudios del CONICET y la UBA publicados a comienzos de 2026 revelaron que ya hay 13 millones de hectáreas en manos de propietarios extranjeros en la Argentina, con 36 departamentos del país que superan el tope legal actualmente vigente. La eventual sanción del proyecto convertiría en legal esa concentración territorial y abriría la puerta a nuevas adquisiciones sin límite cuantitativo.
Desalojos exprés: el otro frente de conflicto
La segunda pata del proyecto introduce un mecanismo de desalojo acelerado para inmuebles usurpados o en situación de tenencia precaria. El juez podrá intimar la devolución del inmueble en un plazo de 72 horas desde la presentación del propietario con prueba documental. Para inquilinos con deudas, el procedimiento contempla una notificación previa por carta documento o correo electrónico con un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación; vencido ese plazo sin respuesta, el propietario podrá iniciar la acción de desalojo, que tramitará en 10 días hábiles.
En los casos donde haya menores de edad o adultos en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, con un plazo que no podrá exceder los 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria.
Los pliegos: Pesino, el amparo preventivo y el exsecretario de Lijo
La sesión también tiene en agenda la aprobación de más de treinta pliegos judiciales. El más urgente es el del camarista Víctor Pesino, cuyo mandato vence el 27 de julio cuando cumple 75 años, la edad de retiro obligatorio para los magistrados. Ante la posibilidad de que el Senado postergue nuevamente el debate, Pesino presentó un recurso de amparo para continuar en funciones más allá de esa fecha.
En la lista también figura Juan Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo, propuesto para el juzgado de Lomas de Zamora. Su eventual designación es políticamente sensible: ese juzgado tendrá competencia sobre la causa del exintendente Martín Insaurralde y la modelo Jésica Cirio. De aprobarse la tanda completa, el oficialismo habrá cubierto 110 cargos de los 300 que permanecen vacantes en el Poder Judicial.
Una grieta interna que el Mundial tampoco cierra
El trasfondo del episodio excede la lógica parlamentaria. La Argentina llegó a la final del Mundial en el momento de máxima euforia colectiva, y el oficialismo eligió exactamente esa noche para que sus propias figuras airearan en público sus contradicciones más profundas. Villarruel puso en palabras lo que sectores amplios de la sociedad piensan sobre el proyecto: que habilitar la venta de tierras a extranjeros sin tope es rifar soberanía, no modernizarla.
La Libertad Avanza no controla el Senado, no tiene garantizada su propia vicepresidenta y tampoco puede contar con sus aliados cuando la agenda legislativa choca con intereses provinciales, disputas internas o simplemente con la presión de la calle. Este jueves pondrá a prueba, una vez más, si tiene los números para avanzar.
Puntos clave
- Victoria Villarruel intentó suspender la sesión del Senado y protagonizó un encendido cruce de WhatsApp con Patricia Bullrich, en el que acusó al oficialismo de «vender el país» y de no valorar la integridad territorial.
- Al menos tres radicales, un legislador de Provincias Unidas y los dos senadores de Santa Cruz anticiparon su ausencia, poniendo en riesgo el quórum de 37 miembros necesario para sesionar.
- El proyecto de Propiedad Privada elimina el límite del 15% a la compra de tierras rurales por extranjeros establecido por la Ley 26.737 de 2011, delegando la autorización en las provincias.
- El camarista Víctor Pesino presentó un amparo preventivo para continuar en funciones si el Senado no trata su pliego antes del 27 de julio, cuando cumple 75 años.
- De aprobarse los pliegos pendientes, el oficialismo habrá cubierto 110 cargos judiciales de los 300 vacantes en el Poder Judicial.
Legislativo
Represión frente al Congreso: balas de goma, gases y camiones hidrantes durante la protesta contra la Ley de Propiedad Privada
La protesta contra la Ley de Propiedad Privada frente al Congreso terminó con un operativo policial que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. Organizaciones sociales, gremiales y políticas rechazaron la iniciativa mientras el Senado debatía el proyecto con modificaciones al texto original.
La protesta frente al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada terminó este jueves con un operativo policial que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma y el avance de camiones hidrantes sobre manifestantes.
Durante la tarde, efectivos de la Policía Federal y Gendarmería avanzaron en las inmediaciones del Parlamento mientras el Senado debatía la iniciativa impulsada por el oficialismo. Organizaciones sociales, gremiales y políticas denunciaron una situación de represión estatal durante la movilización.
Los incidentes se concentraron principalmente en la intersección de Avenida Callao y Bartolomé Mitre, además de otros puntos cercanos al Congreso.
Efectivos avanzaron detrás de las vallas y dispararon balas de goma
Caída la tarde, efectivos de Gendarmería salieron detrás del vallado instalado en la zona del Congreso y avanzaron hacia los manifestantes.
Según los reportes del lugar, el operativo incluyó disparos con balas de goma, gases lacrimógenos y la intervención de camiones hidrantes.
También se registraron momentos de tensión cuando efectivos avanzaron sobre personas que se encontraban en las inmediaciones de la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís.
La movilización fue convocada contra la Ley de Propiedad Privada
La protesta había sido anunciada para rechazar el proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada impulsado por La Libertad Avanza.
La convocatoria se mantuvo pese a que el oficialismo había decidido retirar del proyecto el capítulo relacionado con modificaciones a la Ley de Tierras, una medida tomada para facilitar el tratamiento legislativo.
Además, las condiciones climáticas adversas, con lluvias y tormentas sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires, redujeron la cantidad de personas esperadas inicialmente en la concentración.
El operativo policial incluyó restricciones en el área del Congreso
La zona del Palacio Legislativo permaneció con un fuerte despliegue de seguridad, vallados y cortes de tránsito.
Los sectores con mayores complicaciones estuvieron ubicados en las calles y avenidas cercanas al Congreso, donde permanecieron manifestantes mientras avanzaba la sesión del Senado.
Durante el operativo, trabajadores de prensa que cubrían la movilización también denunciaron dificultades para realizar su tarea en medio del avance de las fuerzas de seguridad.
Qué puntos del proyecto siguen generando rechazo
Aunque el oficialismo retiró el capítulo vinculado a la Ley de Tierras, organizaciones opositoras y sociales mantienen cuestionamientos sobre otros aspectos de la iniciativa.
Uno de los puntos señalados es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, que según sus críticos flexibilizaría restricciones sobre tierras rurales, pastizales y zonas agrícolas afectadas por incendios.
También hubo críticas de organizaciones de inquilinos por los cambios relacionados con los procesos de desalojo.
Inquilinos cuestionaron los cambios sobre desalojos
El presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz, cuestionó la iniciativa y sostuvo que las modificaciones podrían reducir las garantías para quienes enfrentan procesos judiciales de desalojo.
“Lo que hace esta ley es quitar garantías para que los inquilinos puedan defenderse en un juicio por desalojo”, expresó Muñoz.
Además, afirmó que el proyecto permitiría acelerar procedimientos en los que los ocupantes de una vivienda podrían tener menos herramientas para presentar una defensa judicial.
El Senado debatió la iniciativa mientras continuaban los incidentes
La represión denunciada por manifestantes ocurrió mientras la Cámara alta avanzaba con el tratamiento del proyecto oficialista.
La jornada quedó marcada por la tensión entre la movilización social frente al Congreso y el operativo desplegado por las fuerzas de seguridad.
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